Decisión nº 07.021-INT(MED)-CONST de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Enero de 2007
| Fecha de Resolución | 25 de Enero de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Frank Petit Da Costa |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en sede constitucional.-
Caracas, 25 de enero de 2007.
196° y 147°
Por recibida la presente acción de a.c., junto con los recaudos acompañados, interpuesta por el ciudadano L.L.L., asistido de abogado, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil CHAMPION MARINE C.A. Se le dio entrada y se formó expediente. Y por cuanto se observa que solicita la protección del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que considera amenazado por la conducta asumida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 30.10.2006, en el juicio de Ejecución de Hipoteca seguido por la sociedad mercantil PROMOTORA RAZETTI C.A. contra la sociedad mercantil CHAMPION MARINE C.A., al haber dictado decisión interlocutoria mediante la cual declaró con lugar la impugnación efectuada el 26.06.2006 contra el justiprecio presentado por los expertos designados sobre el inmueble objeto de la controversia, y en consecuencia, se ordenó librar nuevo exhorto a los fines de que se proceda a la realización del acto de nombramiento de peritos, actuando fuera de su jurisdicción, por cuanto, a su decir, el único competente es el Juzgado donde se encuentren los bienes, lo cual –dice- consta en el expediente N° 95.5382 (nomenclatura de dicho Tribunal).
ESTE TRIBUNAL PARA PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN OBSERVA:
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De la admisión
Se denuncia como agraviante del derecho al debido proceso, la conducta asumida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por cuanto –a decir de la accionante- dicho juzgado dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar la impugnación efectuada el 26.06.2006 contra el justiprecio presentado por los expertos designados sobre el inmueble objeto de la controversia, y en consecuencia, se ordenó librar nuevo exhorto a los fines de que se proceda a la realización del acto de nombramiento de peritos, actuando fuera de su jurisdicción, por cuanto, a su decir, el único competente es el Juzgado donde se encuentren los bienes, lo cual –dice- consta en el expediente N° 95.5382 (nomenclatura de dicho Tribunal).
Luego, tratándose de una causa constitucional contra la conducta asumida por un Juez de Primera Instancia con las mismas competencias que este Juzgado Superior y del cual este tribunal constituye su Alzada; y tratándose que los derechos reclamados forman parte de los denominados derechos neutros, es evidente que la naturaleza de lo reclamado es civil, afín con la competencia de este tribunal.
De conformidad con los artículos 27 de la Constitución Nacional y 4 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ADMITE A SUSTANCIACIÓN la presente acción, por cuanto ha sido denunciada la amenaza de violación del artículo 49 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, notifíquese por oficio al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en la persona de su Juez, Abg. L.S.P., mayor de edad y domiciliada en Caracas, o de quien se encuentre a su cargo, o en su defecto, en la persona del Secretario o Secretaria del Tribunal, quien tiene el deber de imponer al juez, de inmediato, de la notificación que se le hace, a fin de que tenga conocimiento de que, una vez que consten en autos todas las notificaciones que se ordenen hacer y de la constancia que la copia de la solicitud fue agregada al expediente 95.5382, se fijará la audiencia constitucional, dentro del lapso de las 96 horas siguientes, en la que podrá exponer todo lo que cree conducente. NOTIFÍQUESE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de su Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el oficio número DGAJ-DCCA-D-2002-47280, de fecha 22 de octubre de 2002. Líbrese oficio y boleta de notificación, y compúlsese la solicitud de amparo y del presente auto de admisión, autorizando a la Secretaria de este Tribunal, conforme lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Timbres Fiscales, para que elabore y certifique las copias.
Se ORDENA a la Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, o a quien haga sus veces, que deje constancia en el expediente donde se dictó la sentencia recurrida (N° 95.5382), de la mencionada notificación y copia de la solicitud del amparo y del auto que la admite.
Y asimismo, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional de fecha 24 de abril de 2003, se ordena la notificación de la sociedad mercantil PROMOTORA RAZETTI C.A., domiciliada en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 29.01.1990, bajo el N° 27, Tomo A-3, modificados sus Estatutos Sociales según acta inscrita por ante el Registro Mercantil señalado, en fecha 10.07.1990, bajo el número 18, tomo A-33; parte actora en el juicio principal, por medio de su apoderados judiciales, abogados J.B. MADRIZ VALERY y J.R.S.R., mediante Boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil de este Tribunal en el siguiente domicilio procesal, cursante al folio 235 de la primera pieza del expediente: “Oficina 61, piso 6, Centro Profesional del Este, Final Calle Villa Flor, Sabana Grande, Municipio Libertador, Distrito Federal”.
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De la medida cautelar.
En cuanto a la solicitud de la quejosa de que este Tribunal dicte medida preventiva cautelar innominada, de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de evitar que se ejecute lo dispuesto en la decisión interlocutoria proferida en fecha 30 de octubre de 2006, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
La decisión cuestionada como generadora de violaciones de derechos constitucionales es la proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha 30 de octubre de 2006, al haber declarado con lugar la impugnación efectuada el 26.06.2006 contra el justiprecio presentado por los expertos designados sobre el inmueble objeto de la controversia, y en consecuencia, ordenó librar nuevo exhorto a los fines de que se proceda a la realización del acto de nombramiento de peritos.
Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia de fecha 09.04.2002, al referirse al decreto de medidas innominadas en materia de amparo, señaló:
En sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 (caso Corporación L’Hotels C.A.) dejó sentado esta Sala que el peticionante no está obligado a probar la existencia del fumus boni iuris ni del periculum in mora, sino que debido a la celeridad y brevedad que caracterizan al procedimiento de a.c., depende únicamente del sano criterio del Juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias del caso sometido a su consideración y de los alegatos en que se fundamentan. En el caso de autos, esta Sala observa que los hechos descritos por el actor hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización de sus amplios poderes cautelares.
Ahora bien, dada la naturaleza de la aludida decisión cuestionada, esto es, que es susceptible de ser ejecutada inmediatamente, pone de manifiesto que, para el caso de que el solicitante del amparo le asista algún derecho, si no se suspenden los efectos de la decisión recurrida mientras se dilucida la pretensión constitucional ejercida, podrán generarse daños de difícil o imposible reparación para la querellante, por lo que, para quien aquí decide, tales circunstancias hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización del poder cautelar, por lo que en atención a la sentencia anteriormente transcrita, así como los hechos descritos por la accionante, hasta tanto se decida la presente acción, se decreta medida cautelar innominada.
A mayor abundamiento cabe señalar, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuya doctrina es vinculante para este Juzgador, ha considerado que en casos como el de autos:
Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no pueden exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado, mientras que por otra parte el periculum in mora está consustanciado con la naturaleza de la acción de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere urgentemente se le restablezca o repare la situación (…) quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente. (Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de marzo de 2000, Corporación L’Hotels C.A. contra la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui)
Hechas las consideraciones anteriores y revisadas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior Primero, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA la medida innominada solicitada en los siguientes términos:
Se ordena la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2006 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, la cual declaó con lugar la impugnación efectuada el 26.06.2006 contra el justiprecio presentado por los expertos designados sobre el inmueble objeto de la controversia, y en consecuencia, ordenó librar nuevo exhorto a los fines de que se proceda a la realización del acto de nombramiento de peritos, hasta tanto se decida el presente A.C..
Con fundamento en el anterior pronunciamiento, se ordena librar oficio con copia del presente decreto cautelar, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que sea incorporado en el expediente correspondiente llevado por ese Juzgado, y se abstenga de efectuar el acto de nombramiento de peritos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente p.d.a. constitucional. Cúmplase de inmediato.
Se autoriza a la Secretaria de este Tribunal, conforme lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Timbres Fiscales, para que elabore y certifique las copias. Cúmplase.
EL JUEZ
DR. FRANK PETIT DA COSTA
LA SECRETARIA
ABOG. FLOR CARREÑO AGUIAR
Exp. N° 07.9767
Admisión Amparo/Interlocutoria
FPD/fc/jc
En esta misma fecha se libraron Boletas de Notificación y Oficios y se le entregaron al Alguacil del Tribunal.
LA SECRETARIA
ABOG. FLOR CARREÑO
