Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 31 de Octubre de 2012

Previa distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, correspondió el conocimiento del presente asunto a este Tribunal Superior a los efectos de decidir el recurso de apelación, oído en ambos efectos, interpuesto por las abogadas PATRICIA GRUS Y MINDI DE OLIVEIRA, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la parte actora, contra la decisión de fecha 03 de febrero de 2010 emanada del JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual declaró desistida la acción en el juicio seguido por los ciudadanos M.C.G., C.C., E.C.C.C., A.E.C., L.C.R., L.A.C.M., M.D., G.D., R.D., R.J.C., J.D., R.D., MORA J.D., J.D., BARRETO DELGADO, F.D., J.D.C.F., L.H. Y C.A.M.R. contra la empresa C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Por auto de fecha 07 de marzo de 2012 se dio por recibido el expediente y, se ordenó las notificaciones de las partes, bajo el entendido que el secretario procedería a dejar constancia de haberse realizado las notificaciones, lo cual fue realizado el 18 de abril de 2012, luego de lo cual comenzarían a transcurrir diez días hábiles para que el proceso siga su curso y luego tres días hábiles a los fines de dictar auto expreso fijando la oportunidad de la audiencia oral, el cual fue dictado el 09 de mayo de 2012, fijándose la oportunidad para la audiencia oral el día 06 de junio de 2012, lo cual no pudo ser realizado con motivo del permiso debidamente otorgado por la Presidencia de este Circuito a la Juez del Tribunal con motivo del fallecimiento de su señora madre, desde el 18 de mayo hasta el 22 de mayo del 2012, ambos inclusive, así como el reposo clínico debidamente avalado por el Servicio Médico adscrito a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, desde el 23 de mayo hasta el 24 de septiembre de 2012, ambos inclusive, y trascurrido como fue el receso judicial decretado por el Tribunal Supremo de Justicia, tiempo durante el cual no fue posible realizar actuaciones procesales en la presente causa, por lo que siendo que la ciudadana Juez de este Tribunal Superior procedió a reincorporarse a sus labores judiciales habituales, procedió a dictar auto el 27 de septiembre de 2012 ordenando las notificaciones de las partes y, una vez debidamente notificadas, se procedió a certificar las mismas y en fecha 11 de octubre de 2012 se fijó la celebración de la audiencia oral y pública de apelación para el día 26 de octubre de 2012, para las 11:00 AM, oportunidad en la cual se dio la lectura del dispositivo oral. En tal sentido, encontrándose esta Alzada dentro de la oportunidad prevista para la publicación íntegra del contenido de esa decisión, pasa a hacerlo con base a las siguientes consideraciones:

III

DE LOS ALEGATOS ESGRIMIDOS

EN LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA DE APELACION

En la oportunidad prevista por esta Alzada para la celebración de la audiencia Oral y Pública de Apelación, la representación judicial de la parte actora recurrente, expone como fundamento de dicho recurso, lo siguiente:

Que recurre por la declaratoria de desistimiento de la acción, lo cual no debió ser acordado por el Juez de la Primera Instancia, según sus dichos, porque … “el día de la apertura de la audiencia de juicio teníamos un recurso de apelación pendiente por la negativa de una prueba y cuya audiencia de juicio se celebró el 27 de enero de 2012 y el Juzgado Primero Superior ese mismo día estaba publicando la sentencia en el asunto AP21-R-2009-001717”…, sin embargo, continua expresando la apoderada qu, … “el Juez aperturó la audiencia y ese es el motivo por el cual no comparecimos a la audiencia”.

De igual forma manifiesta la representante judicial de la parte actora que, el juez declaró el desistimiento de la acción lo cual no debió declarar pues hay sentencias de la Sala Constitucional que establecen la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador de interponer sus reclamos ante el Circuito Judicial, aduciendo además que, una acción es la exteriorización del querer del sujeto, es decir, el poder judicial que se le da al trabajador para que acuda a esta vía jurisdiccional a los efectos que presente sus reclamaciones posteriores y el desistimiento es alejarse de ese procedimiento pero ello no implica a que renuncie a sus derechos,.

Adicionalmente, expresó que la Sala de Casación Social trata de flexibilizar que si el actor no comparece a la audiencia de juicio no debe aplicarse el desistimiento de la acción sino de procedimiento, porque el 151 de la LOPTRA contraviene el artículo 89.2 de la Constitucional Nacional sobre la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, y el desistimiento de la acción merma el derecho que acuda a la vía jurisdiccional y lo está obligando a renunciar a un derecho que por Ley le corresponde y que es tutelado por la Constitución; en consecuencia, solicita se revoque la sentencia no incumpliendo la sanción del 151 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino flexibilizando el criterio de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 1184 de la Sala Constitucional del 22 de septiembre de 2009 donde se dice que no se desiste de la acción sino del procedimiento y se le da la facultad de interponer la demanda dentro de los 90 días siguientes y la sentencia de la Sala de Casación Social del 20 de enero 2012 en el caso contra el Banco Industrial; en razón de todo lo expuesto, solicita se revoque la sentencia en cuanto a que no es el desistimiento de la acción sino del procedimiento pues se ha flexibilizado el criterio para no violar los derechos de los trabajadores.

Por su parte la representación judicial de la parte demandada expuso en su defensa que, la sentencia está ajustada a derecho porque se produjo el efecto de la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio pautada para el 27 de enero de 2012 y la parte actora no aduce causal que le impidió acudir a la audiencia por lo que se debe aplicar la consecuencia establecida en el artículo 151 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde ante la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio conlleva al desistimiento de la acción; al tiempo que manifiesta que, la apelación pendiente de pruebas no tiene efectos suspensivos y por tanto la causa principal sigue su curso normal y la audiencia de apelación se llevó a cabo el 25 de enero de 2012 con anterioridad a la audiencia de juicio del 27 de enero de 2010, por lo que ya se sabía que había sido declarada sin lugar la apelación y era del conocimiento de la parte y no suspendía la causa principal; solicita se confirme la sentencia.

Durante la oportunidad concedida a las partes por esta Alzada para hacer uso de su derecho a réplica y contrarréplica, la representante de la parte actora recurrente expuso que el motivo aquí no es la audiencia que estaba en el superior sino lo del desistimiento de la acción.

Por su parte, la abogada representante de la parte demandada haciendo uso a su derecho a contrarréplica expuso que se debe aplicar la consecuencia establecida en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es una normativa que se encuentra vigente.

IV

ANALISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE APELACION

ALEGADOS EN LA AUDIENCIA

Expuestos los argumentos de apelación de la parte actora recurrente y las defensas opuestas por la parte demandada, este Tribunal Superior para decidir el mismo desciende al estudio de las actas procesales que contienen el presente juicio, de la forma que sigue:

Se observa que la parte actora presenta diligencia en fecha 03 de febrero de 2010, por la cual apela de la decisión publicada en esa misma fecha, mediante la cual el Tribunal de la Primera Instancia declaró desistida la acción, vista la incomparecencia de la parte actora al inicio de la audiencia de juicio pautada para el día 27 de enero de 2010, en los siguientes términos:

DESISTIDA LA ACCION en la demanda que incoaran los ciudadanos C.G.M., CARRASQUEL CECILIO, CHIRINOS C.E. COROMOTO, CHACÓN A.E., CHACÓN R.L., CHIRINOS MELENDEZ L.A., DABOIN MARÍA, DELGADO GUIDO, DELGADO RAFAEL, C.R.J., DÍAZ JOSÉ, DÍAZ JOSÉ, D.R., DURÁN MORA JAIRO, DUARTE JOSÉ, DELGADO BARRETO, DELGADO FLORENTINO, F.J.D.C., H.L. y M.R.C.A., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad N° V- 5.566.758, V- 3.837.314, V- 5.601.236, V- 4.849.750, V- 5.123.688, V- 3.094.215, V- 5.501.345, V- 4.822.848, V- 4.922.799, V- 8.750.000, V- 3.369.811, V- 5.978.276, V- 3.734.694, V- 10.472.114, V- 3.808.602, V- 5.516.029, V- 7.929.326, V- 4.360.057, V- 3.060.738, respectivamente, en contra de la empresa C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, bajo el N° 1, Tomo 1 de fecha siete (07) de enero de 1921, por motivo de COBRO DE DÍAS DOMINGOS Y FERIADOS, todo ello como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora a la Audiencia de Juicio.

No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en la norma del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Al respecto, se observa:

El artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.

Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.

En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal.

En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. (...)

Como bien se aprecia de la norma precedente transcrita, el legislador ante la incomparecencia de las partes a la audiencia de juicio dio al Juez Superior la facultad de decidir los casos en que debía realizarse nuevamente la audiencia de juicio, por existir motivos de caso fortuito o fuerza mayor comprobables a criterio del Tribunal, que justifican la incomparecencia a una audiencia de juicio.

Y, por otra parte estableció una mayor consecuencia jurídica-procesal, cuando no se comparece a la audiencia de juicio, acarreando incluso la pérdida definitiva del derecho para reclamar los conceptos que incluyó el demandante en el proceso en el cual se declara el desistimiento de la acción, sin embargo, esta consecuencia ha sido analizada por la Sala Constitucional y Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia a la luz del derecho constitucional a la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

En el presente caso, pasa esta Alzada en primer lugar si existen motivos justificados de incomparecencia de la parte actora a la audiencia de juicio que pudieran conllevar a la realización de una nueva audiencia y, en caso de no resultar dichos motivos como justificados a juicio de esta alzada, se pasará a analizar la consecuencia prevista por el legislador sobre el desistimiento de la acción y con ello la pérdida definitiva del derecho para reclamar del actor.

Se observa que la parte actora aduce como motivos de su incomparecencia a la audiencia de juicio pautada para el 27 de enero de 2010 que tenían un recurso de apelación pendiente ante el Juzgado Superior por la negativa de una prueba y el mismo día de la audiencia de juicio el Superior estaba publicando la respectiva sentencia y, sin embargo, el Juez aperturó la audiencia.

Al respecto, se desprende de las actas procesales que en fecha 27 de noviembre de 2009 la parte actora apeló del auto por el cual el a quo procedió a negar las pruebas promovidas en su escrito de promoción, asignándose el número del recurso de apelación AP21-R-2009-001717. De la revisión del cuaderno que contiene las actuaciones realizadas ante el Juzgado Primero Superior se evidencia que en fecha 25 de enero de 2010 se llevó a cabo la audiencia de parte a la cual compareció la apoderada judicial de la parte actora recurrente y, en ese acto el Juez procedió a dar lectura del dispositivo oral por el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de fecha 25 de noviembre de 2009 que negó las pruebas de exhibición e informes, confirmándose el referido auto, procediendo el 27 de enero de 2010 a publicar el fallo en forma escrita con la respectiva motivación.

De forma que, el día de la audiencia de apelación la parte actora estaba en conocimiento de la decisión del Juzgado Superior en cuanto a la declaratoria sin lugar de su apelación y, no se evidencia que la intención de la parte actora haya sido la de recurrir contra la referida sentencia pues la misma quedó definitivamente firme, por lo que, al resultar la apelación oída en un solo efecto, la causa principal continuaba su curso estando obligada la parte accionante a comparecer a la audiencia de juicio 27 de enero de 2010, en consecuencia, los motivos alegados por la parte no justifican su incomparecencia a la misma al no tratarse de la ocurrencia de un hecho imprevisto e imprevisible que le haya impedido acudir a la misma, lo que impone declarar sin lugar la apelación en este punto y confirmar la sentencia en cuanto a la declaratoria del desistimiento. ASI SE DECIDE.

Por otra parte, observa esta Juzgadora que la presente apelación también se encuentra dirigida a revisar el fallo apelado en cuando a la declaratoria del desistimiento de la acción del actor, que a decir de la parte recurrente, no debió ser acordada en esos términos, por lo que corresponde es la declaratoria del desistimiento del procedimiento, a fin de que no se produzca la pérdida definitiva del derecho del actor para reclamar sus pretensiones.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1184 de fecha 22 de septiembre de 2009, con ocasión a la acción de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad, contra los artículos 42, 48, 151, 170, 178 y 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el 13 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial Nº 37.504, Extraordinario, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, procedió a declarar sin lugar la referida acción de nulidad, sin embargo, procedió a realizar un análisis de la normativa que nos atañe en este caso como es el artículo 151 ejusdem, de la manera que sigue:

SOLICITUD DE NULIDAD PARCIAL DEL CONTENIDO DEL PRIMER APARTE DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO

(…)

Ahora bien, para a.e.p.l. nulidad solicitada, es indispensable hacer algunas consideraciones en torno a instituciones fundamentales del derecho, tales como, el desistimiento, la acción, la pretensión y el derecho.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra desistimiento significa la “acción y el efecto de desistir”, es decir, “apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado”.

Por su parte, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.

El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal

.

Grosso modo, siguiendo a Cabanellas, puede decirse que el desistimiento en el ámbito procesal implica el “abandono, deserción o apartamiento de la acción, demanda, querella, apelación o recurso”, en fin, implica la renuncia o abandono de algunas de ellas.

A decir de este autor, “...muy diferentes son los efectos de este desistimiento en el enjuiciamiento civil y en el criminal (...) en el procedimiento ordinario, el desistimiento del actor, apelante o recurrente, de manera expresa o tácita (...) determina el decaimiento de la acción o recurso, o la absolución del demandado...”.

En tal sentido, puede decirse que, específicamente, el desistimiento de la acción implica la abdicación o abandono de ésta, con la consiguiente imposibilidad de volver a intentarla en razón de la cosa juzgada que ella genera y, consiguientemente, del principio general non bis in idem.

Asimismo, hay que señalar que ese desistimiento de la acción puede ocurrir en virtud de una manifestación expresa de voluntad del actor en tal sentido, o en virtud de cualquier otra conducta del mismo que la Ley considere como un acto de desistimiento, tal como ocurre en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En efecto, el referido artículo establece que si la parte demandante no comparece a la audiencia de juicio, se entenderá que desiste de la acción, institución que extingue el proceso pendiente, que compone la litis y, en fin, que pone fin al juicio.

Como se afirmó ut supra, tal conducta implica la abdicación o renuncia de la acción (p. ej. “renuncio al derecho de acudir a la jurisdicción para hacer valer mi pretendido derecho a la propiedad”), y no precisamente la renuncia al derecho pretendido en ella (p. ej. “renuncio al derecho a la propiedad que pretendía hacer valer en este juicio”), y mucho menos la renuncia aislada y general de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico (p. ej. “renuncio para siempre a mi derecho a la propiedad en general”).

En palabras de Celso: “nihil aliud est actio quam ius persequendi in indicio quod sibi debetur” (“la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe”).

Generalmente, sin pretender ahondar en el tema, la acción se concibe como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, generalmente, la pretensión de que se tiene un derecho válido.

De allí que, aunque también puede entenderse la acción como un derecho subjetivo procesal y, por consiguiente, autónomo, instrumental (Véscovi), o, de otra manera, el derecho a elevar ante la jurisdicción la pretensión, no es menos cierto que, como lo afirma Couture, por acción debe entenderse no ya el derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea tutelado por la jurisdicción, sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales.

En otras palabras, aunque son términos estrechamente vinculados, no debe confundirse la acción con el derecho alegado que sustenta la pretensión.

La acción per se puede apreciarse como un derecho, pero en ningún momento debe confundirse ese derecho a la acción, con el supuesto derecho o derechos contenidos en la pretensión que sustenta la acción.

En tal sentido, ante todo, no debe confundirse la acción a que se refiere el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, con él o los derechos materiales pretendidos que se alegan a través de ella.

(…)

De allí que, una cosa es el desistimiento de la acción, otra, la renuncia del derecho material pretendido, y otra muy distinta, la renuncia general de un derecho reconocido por el orden jurídico.

En todo caso, el derecho pretendido por el accionante (p. ej. “tengo derecho a la propiedad sobre este inmueble”), es simplemente eso, un derecho alegado, un derecho supuesto que no se reconoce hasta que así lo haga el órgano jurisdiccional encargado de resolver la litis; no es entonces, una facultad material per se, no es efectivamente, por ende, un derecho, y, en fin, no es un derecho material al que se pueda renunciar.

Así pues, la pretensión del trabajador no se traduce en si misma en un derecho (otra cosa es el derecho a la acción, vid. ut supra), es sólo la pretensión de un supuesto derecho, de un “derecho” alegado, concepto que excede los términos y la finalidad del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de nuestra Carta Magna. Se renuncia de lo que se tiene, si no se tiene un efectivo derecho material, no se puede renunciar a él (mucho menos luego de iniciada la litis, en la que simplemente se discute un derecho pretendido).

No es igual acordar con el patrono la renuncia de un derecho laboral al inicio o en el curso de una relación de trabajo, a que el trabajador se quede sin acción frente a una pretensión, como consecuencia impuesta por el ordenamiento jurídico en virtud de una conducta injustificada de su parte, dentro del proceso que él mismo ha activado.

El mencionado artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

…omissis…

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

…omissis…

La renuncia se entiende como la dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee; si no se posee ese algo no se puede renunciar a él, si no se tiene un derecho, no se puede renunciar a él, si no se tienen un derecho laboral, no se puede renunciar a él. Aparte que se puede renunciar a todos los actos del juicio o procedimiento, y sin embargo, proponer nuevamente la demanda. De manera que los derechos quedan incólumes.

De lo antes expuesto, se colige que el trabajador puede no ejercer e, incluso, abdicar a su derecho a la acción, pues nadie está legitimado a obligarlo a que lo ejerza, nadie puede conminarlo a que despliegue el poder de acudir ante los órganos jurisdiccionales, y mucho menos obligarlo a ejercer tal o cual pretensión, o alegar tal o cual derecho, en otras palabras, el trabajador puede disponer de su acción y de su pretensión, pero no puede renunciar a los derechos laborales que le reconoce el ordenamiento jurídico, en el sentido de que no puede, a través de un acto voluntario, llegar a un acuerdo o convenio con el patrono que implique la renuncia o menoscabo de los derechos laborales que le asisten (p. ej. “renuncio a mi derecho a obtener el salario que me corresponde por ley”). La norma laboral se impone por encima de su voluntad, incluyendo la voluntad del patrono. El Derecho del Trabajo es un derecho heteronómico. Es un ius cogens.

Así pues, debe señalarse que una cosa es que el trabajador no pueda renunciar a sus derechos laborales, y, en consecuencia, sea nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos, y sólo sea posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la ley, y otra distinta que, en virtud del propio funcionamiento del sistema jurídico, la Ley no tolere que el demandante no concurra a la audiencia de juicio que se ha originado en virtud de su acción, y fije como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal que se deriva de ello, la consideración de que el demandante desistió de la acción concreta que ejerció, y más específicamente, en este contexto, que desistió del proceso, que es como debe entenderse en aquellos casos en los que el demandante sea el trabajador, para salvaguardar su derecho a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación [según el cual una Ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución (vid. sentencia N° 962 del 09 de mayo de 2006, caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A)]. Es de advertir que la renuncia no es un acto procesal sino sustancial, que en materia laboral su efecto autocompositivo no se extiende a las renuncias de los derechos laborales por ser el derecho del trabajo protectorio.

De otra parte, una cosa son los derechos del trabajador y otra la sanción de la cual se hace acreedor cuando incumple con el deber de comparecer a la audiencia de juicio, la cual se convocó en virtud de la acción que él mismo interpuso. Una cosa es el derecho a la acción y otra la consecuencia jurídica resultante del inadecuado comportamiento procesal de quien ha ejercido ese derecho, situación que no debe entenderse como la renuncia, por parte del trabajador, a sus derechos laborales.

Si el demandante trabajador no concurre a la audiencia de juicio, la Ley le suprime su derecho a la acción respectiva, lo cual no implica la renuncia por parte del mismo a sus derechos laborales, al menos en los términos del artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De todo lo expuesto hasta este punto, se desprende que el desistimiento de la acción previsto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene relación, al menos directa y suficiente, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de la Constitución. En este último sentido, podría intentar nuevamente la acción si no hay caducidad o prescripción de la misma, y aún habiéndola tendría que ser alegada en juicio.

De otra parte, el desistimiento deshace la relación procesal surgida entre el actor, el demandado y el Estado, pero no involucra la renuncia unilateral del derecho sustantivo que le asiste al trabajador, porque allí sí entra en juego el principio de la irrenunciabilidad.

El desistimiento de la acción previsto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se erige como un instrumento jurídico fundamental para evitar que la función de impartir justicia se vea empañada por comportamientos contrarios a su naturaleza y finalidad, por conductas contrarias a la correcta marcha de aquella y, en fin, para evitar la utilización del sistema de administración de justicia de una forma contraria a derecho, lo cual evidencia palmariamente el interés colectivo que lleva en su seno.

Si el legislador no establece una carga procesal al demandante de asistir a un acto procesal tan relevante como lo es la audiencia de juicio, especialmente en el ámbito de un proceso como el laboral, regido fundamentalmente por el principio de oralidad, le estaría dejando en manos del trabajador la suerte del proceso laboral en general y, por ende, la suerte de la justicia en el caso concreto.

Así, si no se estableciera el desistimiento como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal de asistir a la audiencia de juicio, el demandante podría utilizar a su antojo el proceso que ha originado, por ejemplo, dilatando en el tiempo este último con el fin de mantener al patrono con el peso de un proceso que podría afectar sustancialmente sus intereses, todo ello en detrimento de todas las demás personas que también acuden a la jurisdicción laboral para elevar sus pretensiones, de la celeridad procesal general, de la tutela judicial efectiva y, en fin, del adecuado desenvolvimiento de la función de impartir justicia y, en definitiva, de la propia justicia, toda vez que los tribunales laborales se abarrotarían de causas que se estancarían a voluntad de los propios accionantes, circunstancia que lo haría ineficaz. De allí que el interés colectivo en que eso último no ocurra, estaría por encima del interés del trabajador en un caso concreto.

En ese orden de ideas, en caso de considerarse que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales encuentra una excepción en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, supuesto negado, no podría sostenerse válidamente, en ningún momento, que ese principio se encuentra por encima del valor de la justicia, consagrado expresamente en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el ámbito de un proceso regido por el principio de oralidad, como el que acoge la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta indispensable que, en la audiencia de juicio, el demandante exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda, no sólo para honrar el principio de oralidad, sino para velar por el eficaz cumplimiento de otros principios que también informan al nuevo proceso laboral venezolano, tales como el de inmediación, publicidad, celeridad, concentración, entre otros (vid. artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo).

(…)

Al respecto, el principio de inmediación puede entenderse como la relación directa entre el juzgador y las partes, y la presencia personal de aquél en las fases, no sólo de prueba, sino también de alegación, lo cual garantizará, como lo señalan Montoya Melgar y otros, “...el más exacto conocimiento posible del supuesto litigioso...” (Montoya, Alfredo y otros. Curso de Procedimiento Laboral. Sexta edición, Tecnos, Madrid, 2001, p. 75), circunstancia a la que sólo se podrá arribar eficazmente a través de la oralidad.

Expuesto lo anterior, no cabe lugar a dudas que, en el ámbito de un procedimiento fundamentalmente oral, como el consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es esencial que en una oportunidad tan trascendental del mismo, como lo es la audiencia de juicio, el demandante concurra junto a su apoderado para que exponga oralmente los alegatos contenidos en la demanda, circunstancia que le brindará la eficacia que, bajo una comprensión cada vez más justa del derecho procesal, exigen otros principios previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tales como los de inmediación, publicidad, celeridad y concentración.

Evidentemente, tal circunstancia está estrechamente vinculada a la consecuencia jurídica prevista en el 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el supuesto de incomparecencia del demandante a la audiencia de juicio, pues es claramente imposible que en un procedimiento regido realmente por la oralidad, inmediación, publicidad, celeridad y concentración, como lo es el previsto en la prenombrada ley, pueda realizarse la audiencia de juicio sin la presencia del demandante y sin que este exponga oralmente en esa oportunidad, los alegatos expuestos en la demanda, incluso por la propia ratio legis de la norma y del proceso laboral.

En consecuencia, se desestiman los alegatos de inconstitucionalidad del primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sostenidos por los accionantes. Así se decide.”

De acuerdo con la sentencia copiada supra, en la Ley se establece una carga procesal al demandante de asistir a un acto procesal tan relevante como lo es la audiencia de juicio, a fin de garantizarse el principio de oralidad, celeridad procesal y la tutela judicial efectiva para el adecuado desenvolvimiento de la función de impartir justicia y, en caso de incumplimiento, se establece el desistimiento como consecuencia jurídica de la carga procesal de asistir a la audiencia de juicio.

Sin embargo, al referirse al desistimiento, en este caso de la acción, indica que por acción debe entenderse como el poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales y no el derecho material del actor, es decir, no debe confundirse la acción a que se refiere el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, con los derechos materiales pretendidos a los cuales no se puede renunciar, el trabajador puede disponer de su acción y de su pretensión y acudir ante los órganos jurisdiccionales, pero no puede renunciar a los derechos laborales que le reconoce el ordenamiento jurídico.

De forma que, cuando el demandante no concurra a la audiencia de juicio que se ha originado en virtud de su acción, incumplimiento con ello su carga procesal, debe entenderse que desistió del proceso, para salvaguardar su derecho a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación.

De esta manera, concluye la Sala Constitucional que el desistimiento de la acción previsto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene relación, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previsto en el artículo 89.2 de la Constitución y el trabajador podría intentar nuevamente la acción si no hay caducidad o prescripción de la misma, y aún habiéndola tendría que ser alegada en juicio.

Este criterio ha sido acogido más recientemente por la Sala de Casación Social quien, en sentencia N° 09 de fecha 20 de enero de 2012 bajo la ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, expuso lo siguiente:

De otra parte, si en salvaguarda del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación, el efecto de la incomparecencia del trabajador a la audiencia de juicio se traduce en un desistimiento del proceso; y, no de la acción, acogiendo la doctrina de la Sala Constitucional parcialmente transcrita, menos podría declararse el desistimiento de la acción por incomparecencia de la actora a la audiencia para dictar el dispositivo del fallo, que no requiere la presencia de las partes, por cuanto el debate oral ha concluido y lo único que falta es la actuación del Juzgador quien debe dictar su decisión, no siendo el caso de autos, en el que la demandante tiene representación judicial acreditada con anterioridad a la audiencia.

De acuerdo con el párrafo copiado supra la incomparecencia del trabajador a la audiencia de juicio se traduce en un desistimiento del proceso y no de la acción, en salvaguarda del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación.

En el presente caso, la parte actora no compareció al inicio de la audiencia de juicio pautada para el 27 de enero de 2010, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno y sin que alegara en la audiencia de apelación motivos justificados que justificaran su incomparecencia, siendo su carga de asistir a la misma, lo que impone ante tal incumplimiento aplicar la consecuencia jurídica que se deriva del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como es la declaratoria de desistimiento, sin embargo, en aplicación al criterio anteriormente expuesto por el m.T., el a quo no obró ajustado a derecho al declarar el desistimiento de la acción, sino lo que correspondía es la declaratoria de desistimiento del procedimiento en salvaguarda del derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, lo cual queda establecido en el presente fallo, lo que impone declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora, modificándose la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de desistimiento de la ACCIÓN, en consecuencia, al ser injustificada la incomparecencia de la parte actora al inicio de la audiencia de juicio, lo procedente es declara DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO, lo cual se indicará en la parte dispositiva.

V

DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: