Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Trujillo, de 1 de Abril de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, uno de abril de dos mil ocho

197º y 149º

ASUNTO: TP11-L-2007-000067

PARTE DEMANDANTE: J.L.P.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 2.118.310, domiciliado en la Avenida Independencia, calle El Pocito, Betijoque, Municipio R.R.d.E.T..

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: J.A.V.M., titular de la cédula de identidad N° V 10.399.329, inscrito en el IPSA bajo los N° 63.005, en su carácter de Procurador del Trabajo.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO) inscrita en la Oficina de Registro de Comercio que por Secretaria llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de fecha 21/04/1977, bajo el N° 64. Asimismo, solidariamente son codemandados el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN.

REPRESENTANTES LEGALES DE LA PARTE DEMANDADA: En el escrito libelar aparece identificado con tal carácter el ciudadano R.A. PERDOMO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.520.202, de la SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO). Asimismo, el ciudadano Ministro E.J.M. como representante legal del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y el ciudadano R.C. representante legal de la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y demás beneficios derivados de la terminación de la relación laboral sigue el ciudadano J.L.P.C. contra la empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO, C.A. ( PACCA TRUJILLO), en principio representada legalmente por el ciudadano R.A. PERDOMO, y solidariamente contra los organismos MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y contra la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA (C.V.A) adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN, todos ut supra identificados; en fecha 25 de Marzo de 2.008, tuvo lugar la celebración de la audiencia de juicio, la cual concluyó con el pronunciamiento oral del fallo definitivo, de conformidad con el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, reduciéndose de inmediato, en cuanto a su dispositiva, a forma escrita en el acta de la audiencia de juicio levantada al efecto; cuyo texto completo se reproduce a continuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 ejusdem.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE: En el libelo de demanda, el demandante expuso los siguientes hechos: (I) Que el 04/11/1991 ingresó a laborar como vigilante (obrero) para la empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO). (II) Que devengó como último salario mensual la cantidad de Bs. 100.000,00. (III) Que su horario de trabajo era de lunes a Viernes, desde 4:00 p.m. hasta 08:00 a.m. (IV) Que en fecha 01/10/1998 la empresa entró en crisis económica en razón de que el Fondo Nacional del Café (FONCAFE) no proporcionaba a la PACCA Trujillo, los recursos necesarios para cancelar los gastos de administración y pago de personal que allí laboraba, situación ésta que se mantuvo hasta el día 06/06/2002, fecha en que se presentó, en las instalaciones donde funcionaba la PACCA TRUJILLO, el ciudadano J.J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.959.493, quien manifestó ser Delegado Único Interventor en representación de las acciones propiedad del Fondo Nacional del Café (FONCAFE) según carta de autorización otorgada por el ciudadano Ingeniero Agrónomo F.J.Z., titular de la cedula de identidad N° 5.929.801, en su condición de Director de la Unidad Estatal del Ministerio de la Producción y el Comercio; quien actuó a su vez por delegación según oficio emanado de la Comisión Encargada de la Liquidación de CORPOINDUSTRIA, FONCAFE e ICAP; con la finalidad de proceder a la intervención y solicitud de entrega formal de los bienes de la empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO); atribución ésta que fue ejercida de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima de los estatutos de la empresa. V) Que al momento de la intervención de la empresa, el funcionario encargado de dicha actuación “obvió la circunstancia de la existencia de un grupo de trabajadores que permanecían laborando“ en la PACCA TRUJILLO y de la deuda o pasivo laboral que la misma mantenía con éstos; empresa de la cual es accionista FONCAFE; llegando al acuerdo de que permanecerían en dichas instalaciones en condición de custodios o guardianes de las maquinas y equipos que se encontraban en las instalaciones de la empresa, situación ésta que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, sin que se le hubiera hecho efectivo el pago de los salarios correspondientes y demás beneficios de ley, menos aun los conceptos que le corresponde por las prestaciones sociales y demás beneficios laborales. VI) Que en virtud de la referida intervención, han sido varias las personas, instituciones y organismos que pasaron por la posesión y administración de los bienes que conforman el activo de la Empresa Mercantil PACCA TRUJILLO, sin que ninguno de respuesta, atribuyéndole en la mayoría de los casos la titularidad de la propiedad de dichos bienes a los siguientes organismos: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA Y TIERRAS, éstos últimos que procedieron, en representación de las acciones que pertenecían a FONCAFE en dicha empresa, y por último se hace ver que el responsable y propietario de dichos bienes es la CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA ( C.V.A) hoy adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN; estando en presencia de una evidente “sustitución de Patrono”, en virtud de lo cual los entes mencionados son solidariamente responsables del pasivo laboral existente en la empresa. VII) Que acudió por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, en varias oportunidades, para solicitar que se aclarara su situación laboral, sin obtener una respuesta, dirigió comunicaciones y solicitudes ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS, sin obtener respuesta satisfactoria. VIII) Que se retiró justificadamente en fecha 20-10-2006, por lo que procede a demandar a la empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A (PACCA TRUJILLO) y solidariamente a los organismos y solidariamente los organismos MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN a fin de que convenga o en su defecto se les conde a pagar las prestaciones sociales y demás beneficios laborales en los conceptos y montos que se expresan a continuación:

- Fecha de ingreso: 04/11/1991

- Fecha de egreso: 20/10/2006

- Antigüedad: artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde 19/06/1997 hasta 20/10/2007, 665 días = Bs. 6.459.185,52; Intereses sobre prestaciones sociales: Bs. 3.581.911,68; diferencia de salarios: Bs. 29.097.715,99; vacaciones: 126 días = Bs. 2.151.765,00; vacaciones fraccionadas: Bs. 360.050,63; bono vacacional: Bs. 1.195.425,00; bono vacacional fraccionado: Bs. 219.161,25; utilidades: Bs. 1.793.137,50; utilidades fraccionadas: Bs. 234.815,63, para un total de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales de Bs. 45.762.169,18.

Al folio 149 del expediente, cursa acta de fecha 09 de enero de 2008, oportunidad fijada para el inicio de la Audiencia Preliminar, mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial deja constancia que la parte demandada no compareció a la misma ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno; constándose la práctica de la notificación de las codemandadas de autos cursante a los folios 54, 70, 97 y 145.

En el caso bajo análisis se observa que, al ser las codemandadas MINISTERIO POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, entes de carácter público, investido de los privilegios y prerrogativas procesales establecidos en el artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe considerarse que, al no contestar la demanda, “rechazaron y negaron” cada uno de los hechos alegados por la demandante en su libelo, entre éstos su cualidad de trabajador, lo que conlleva a tener la prestación personal del servicio, por parte de éste como igualmente negada y rechazada; derivándose de esta situación que la parte demandada dejó incólume, en cabeza del actor, la carga de la prueba de la prestación personal del servicio; de allí que, en aplicación del criterio sostenido en forma pacífica y reiterada por la Sala de Casación Social del M.T. de la República, entre otras en sentencia de fecha 11 de mayo de 2004, caso: DISTRIBUIDORA DE PESCADO LA PERLA ESCONDIDA, C.A., el demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal, ello por efecto de la ficción jurídica creada por el legislador por virtud de los privilegios procesales que asisten a la demandada.

Ahora bien, en el caso subjudice se observa igualmente que, llegada la oportunidad fijada por este Tribunal para la celebración de la audiencia de juicio, no se hizo presente la parte demandada, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno; constatándose en las actas procesales que tanto la Procuradora General de la República, como el MINISTERIO POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, en su carácter de codemandadas, habían sido debidamente notificadas de conformidad con la ley. Asimismo, de la revisión del expediente, específicamente de los recaudos que corren insertos a los folios 152 al 155, y de la exposición de la parte demandante en la audiencia de juicio, mediante su abogado asistente, se pudo constatar la falta de cualidad del ciudadano R.P., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 3.520.202, para sostener el presente juicio en representación de la demandada principal SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO, C.A. (PACCA TRUJILLO), debido a la intervención de la misma por parte del ciudadano J.J.M., titular de la cédula de identidad N° 4.959.493, en la cual se le suprimieron al ciudadano R.P. todas sus atribuciones como representante legal de la empresa demandada, quien hizo entrega al delegado interventor de todos los bienes y activos de la empresa que se encontraban en su poder y las llaves de sus instalaciones; siendo éstas asumidas por el ciudadano J.J.M., quien actuó en su condición de Delegado Único Interventor en representación de las acciones del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (FONCAFÉ), desde el 06/06/2002, cuando se presentó en las instalaciones de la empresa demandada, acompañado del Juzgado de los Municipios Trujillo, Pampán y Pampanito de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo a materializar dicha intervención.

En el orden indicado, si bien es cierto que las codemandadas MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, son entes que gozan de los privilegios y prerrogativas establecidos en el prenombrado artículo 66, en ausencia de contestación de la demanda, también lo es que tales privilegios y prerrogativas no se extienden al acto central del proceso constituido por la audiencia de juicio, donde las partes tienen la obligación de comparecer bien por si, debidamente asistidas de un profesional del derecho, o mediante su representación judicial debidamente acreditada, en aplicación de la disposición contenida en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin distinción alguna establecida en forma expresa en el ordenamiento jurídico vigente; de allí que, la incomparecencia de las codemandadas MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS y la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, o de su representación judicial constituida por Procuradora General de la República, acarree las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; que se traducen en que debe tenérsele como confesas de los hechos expuestos por la accionante en su escrito libelar, siempre y cuando los mismos se encuentren ajustados a derecho; observado este Tribunal que la prestación del servicio quedó además evidenciada con las documentales promovidas por la parte actora, que corren inserta a los folios 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de las cuales se desprende que el demandante de autos prestaba servicios para la empresa demandada y que luego de la intervención de la misma continuó prestando sus servicios en las instalaciones intervenidas, custodiando las máquinas y demás bienes, teniendo conocimiento de tales hechos tanto el delegado único interventor como el Ministerio de Agricultura y Tierras. Sobre este aspecto referido a las evidencias que cursan en el expediente que este Tribunal analiza aún en ausencia de un debate probatorio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la referida disposición contenida en el artículo 151 de la ley adjetiva laboral, en sentencia de fecha 18-04-2006, estableció lo siguiente:

“Así, lo que el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece es que el Tribunal de Juicio sentenciará sin más dilación, “ateniéndose a la confesión (rectius: ficta) del demandado”, pero en modo alguno dispuso –y en consecuencia mal podría interpretarse restrictivamente el precepto- que los argumentos y pruebas aportadas hasta el momento no pudieran valorarse para tomar esa decisión de fondo. Lo que la presunción iure et de iure de confesión implica es que la parte contumaz no podrá ya probar nada que le favorezca ni que desvirtúe esa condición, y de allí que se pase directamente a la decisión de fondo, mas no implica que los recaudos que hasta el momento consten en autos no puedan valorarse”.

De lo anterior se colige que, habiendo quedado establecida la confesión de la parte demandada por efecto de su incomparecencia a la audiencia de juicio, con relación a los hechos invocados por la parte actora en su escrito libelar, deben tenerse por ciertos los siguientes hechos: (I) que el 04/11/1991 ingresó a laborar como vigilante (obrero) para la empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO). (II) Que devengó como último salario mensual la cantidad de Bs. 100.000,00; que su horario de trabajo era de lunes a Viernes, desde 4:00 p.m. hasta 08:00 a.m. (III) Que en fecha 06-06-2002 se presentó, en las instalaciones donde funcionaba la PACCA TRUJILLO, el ciudadano J.J.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.959.493, quien manifestó ser Delegado Único Interventor en representación de las acciones propiedad del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ (FONCAFE) según carta de autorización otorgada por el ciudadano Ingeniero Agrónomo F.J.Z., titular de la cedula de identidad N° 5.929.801, en su condición de Director de la Unidad Estatal del Ministerio de la Producción y el Comercio; quien actuó a su vez por delegación según oficio emanado de la Comisión Encargada de la Liquidación de CORPOINDUSRIA, FONCAFE e ICAP; con la finalidad de proceder a la INTERVENCIÖN y SOLICITUD DE ENTREGA FORMAL DE LOS BIENES de la Empresa SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A ( PACCA TRUJILLO). IV) Que al momento de la intervención de la empresa, un grupo de trabajadores que permanecían laborando en la PACCA TRUJILLO; llegando al acuerdo de que permanecerían en dichas instalaciones en condición de custodios o guardianes de las máquinas y equipos que se encontraban en las instalaciones de la empresa situación ésta que se mantuvo con respecto al demandante de autos hasta el 20/10/2006, fecha ésta en la cual renunció justificadamente; sin que se le hubiera hecho efectivo el pago de los salarios correspondientes y demás beneficios de ley, menos aun los conceptos que le corresponde por las prestaciones sociales y demás beneficios laborales. V) Que en virtud de la referida intervención, han sido varias las personas, instituciones y organismos los que pasaron por la posesión y administración de los bienes que conforman el activo de la Empresa Mercantil PACCA TRUJILLO, configurándose con ello la sustitución de patrono y la consecuente responsabilidad solidaria prevista en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, por las obligaciones laborales que tenía el patrono sustituido. VI) Que el salario diario base para el cómputo de las vacaciones y las utilidades es de Bs. 22.200,75. Así se decide.

Operada la confesión por efecto de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, corresponde a este Tribunal determinar si los conceptos y montos que integran la pretensión deducida del escrito libelar se encuentran ajustados a derecho, con base a los particulares siguientes:

Fecha de ingreso: 04-11-1991

Fecha de terminación: 20/10/2006

Tiempo de duración de la relación laboral: catorce (14) años, once (11) meses y dieciséis (16) días.

1. Prestación de antigüedad: Bs. 6.459.186,52, incluyendo las alícuotas correspondientes a los bonos de fin de año y vacacional; más la cantidad de Bs. 3.381.911,68, de intereses sobre lo acumulado por concepto de prestación de antigüedad, calculados sobre la base del salario mínimo vigente mes a mes, a partir de tercer mes ininterrumpido de servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; razón por la cual concluye este Tribunal que las referidas cantidades, estimadas por la demandante en su escrito libelar, se encuentran ajustadas a derecho. Así se decide.

2. Vacaciones vencidas, no disfrutadas y bono vacacional vencido, no disfrutado, correspondientes al periodo 1998-2006: Por este concepto le corresponden 15 días de salario por cada año de servicios más un día adicional a partir del primer año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; encontrando este Tribunal ajustada a derecho la cantidad estimada de 126 días, a razón de Bs. 22.200,75 del último salario diario correspondiente, que arroja como resultado la cantidad de Bs.2.151.765,00; mientras que por concepto de bono vacacional, de conformidad con el artículo 223 ejusdem, le corresponden 70 días, a razón de Bs. 22.200,75 del último salario diario correspondiente, arrojan como resultado la cantidad de Bs. 1.195.425,00. Así se decide. Asimismo, para calcular lo adeudado por concepto de vacaciones fraccionadas, se aplica la siguiente fórmula: 22 días correspondientes al año completo, divididos entre los 12 meses del año y multiplicados por los 11 meses de la fracción de los meses completos de servicio prestado en el último año = 20,16 días, a razón del referido último salario diario, arrojan como resultado la cantidad de Bs.360.050,63. Así se decide. Del mismo modo, para calcular lo adeudado por concepto de bono vacacional fraccionado, se aplica la siguiente fórmula: 14 días correspondientes al año completo, divididos entre los 12 meses del año y multiplicados por los 11 meses de la fracción de los meses completos de servicio prestado en el último año = 12,83 días, a razón de Bs. 22.200,75 del último salario diario, arrojan como resultado la cantidad de Bs. 219.161,25; encontrando este Tribunal ajustados a derecho los cálculos presentados por el actor en su escrito libelar para los mencionados conceptos reclamados. Así se decide.

6. Bono de fin de año, calificado por la actora como utilidades: En el escrito libelar se estima por este concepto la cantidad de 105 días, a razón de 15 días por cada año, a razón de Bs. 22.200,75 del último salario diario correspondiente, arrojan como resultado la cantidad de Bs.1.793.137,50; encontrándose ajustado a derecho el monto reclamado. Asimismo, para calcular lo adeudado por concepto de utilidades fraccionadas, se aplica la siguiente fórmula: 15 días correspondientes al año completo, divididos entre los 12 meses del año y multiplicados por los 11 meses de la fracción de los meses completos de servicio prestado en el último año = 13,75 días, a razón de Bs. 22.200,75 del último salario diario, arrojan como resultado la cantidad de Bs. 234.815,63; encontrándose igualmente ajustado a derecho el monto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

8. Diferencia de salarios: Dispone el artículo 66 de la Ley Orgánica del Trabajo que la prestación de servicio en la relación de trabajo será remunerada; de allí que el tiempo durante el cual el demandante de autos prestó sus servicios en las instalaciones de la empresa PACCA TRUJILLO, aún después de la intervención de la misma, debe ser remunerado. En tal sentido, observa este Tribunal que de la documental que corre inserta al folio 9, así como por efecto de la confesión producida por la incomparecencia a la audiencia de juicio por la parte demandada, encuentra este Tribunal que la cantidad de Bs. 29.097.715,99, reclamada por concepto de diferencias salariales, se encuentra ajustada a derecho por cuanto las cantidades percibidas por el demandante de autos durante la relación laboral, que se tienen por ciertas como consecuencia de la confesión en que incurrieron las demandadas, resultaban inferiores a las del salario mínimo vigente decretado por el Ejecutivo Nacional durante la relación laboral; debiendo producirse el ajuste correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 138 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

Asimismo, los montos reclamados por concepto de antigüedad derivada de la aplicación del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de Bs. 450.000,00; sus intereses calculados en Bs. 99.000,00, así como el monto reclamado por concepto de compensación por transferencia, de conformidad con el literal “b” de la referida disposición, por la cantidad de Bs. 120.000,00, se encuentran ajustados a derecho. Así se decide.

Todos los conceptos anteriormente señalados arrojan como resultado la cantidad total de Bs. 45.762.169,18, equivalentes a la cantidad de Bs.F. 45.762,17, los cuales se expresarán en el dispositivo del fallo como bolívares (Bs.), sin el signo monetario de bolívares fuertes (Bs.F.), habida consideración que desde el 01 de enero de 2008 entró en vigencia la conversión monetaria. A la cantidad condenada se sumarán los intereses moratorios constitucionales cuyo cálculo se ordena en el dispositivo del presente fallo y demás conceptos que puedan generarse en fase de ejecución forzosa, en los términos ordenados en dicho dispositivo. Así se decide.

DISPOSITIVA:

Por todas las consideraciones expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: La confesión de la parte demandada ante su incomparecencia a la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano J.L.P.C., titular de la cedula de identidad N° 2.118.310, asistido por el Procurador del Trabajo Abogado J.A.V.M., titular de la cedula de identidad N° 10.399.329, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 63.005; contra la SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORES ASOCIADOS DE CAFÉ TRUJILLO C.A (PACCA TRUJILLO) y solidariamente contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, representado legalmente por el ciudadano Ministro E.J.M. y contra la CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA, representada legalmente por el ciudadano R.C. adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN, representado legalmente por el ciudadano Ministro R.J. OROPEZA. TERCERO: Se condena a la demandada a cancelar al actor la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 45.762,17), por conceptos de prestaciones sociales derivadas de la terminación de la relación laboral por retiro justificado de la parte actora. CUARTO: Se condena a la demandada al pago de los intereses moratorios constitucionales sobre la cantidad total condenada por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios derivados de la terminación de la relación laboral, bajo las condiciones siguientes: a) El cálculo de los referidos intereses moratorios constitucionales se realizará mediante experticia complementaria del fallo ejecutada por un experto contable designado por el Tribunal, si las partes no lo pudieren acordar; b) el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; c) el lapso a comprender para su ponderación será desde la fecha de la terminación de la relación laboral, el 20/10/2006, hasta la ejecución definitiva del presente fallo y d) no operará el sistema de capitalización de los intereses. Igualmente procederá la indexación o corrección monetaria de las cantidades condenadas por concepto de prestaciones sociales, desde la fecha del decreto de ejecución de la sentencia hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, para cuyo cálculo se ordena una experticia complementaria del fallo, a realizarse por un solo experto designado por el Tribunal de la causa; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que establece que la corrección monetaria debe ser fijada sobre la base del promedio de la tasa pasiva de los seis (06) primeros bancos comerciales del país. QUINTO: No se condena en costas a la parte demandada, dada la naturaleza de la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 ejusdem.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación mediante oficio de la presente decisión al ciudadano (a) Procurador (a) General de la República, acompañando al oficio que se libre al efecto copia certificada de la misma.

Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el uno (01) de abril de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación, siendo las 1:15 p.m.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. T.O.

LA SECRETARIA

ABG. MEURIS QUINTALE

En la misma fecha y hora indicada se publicó el presente fallo, previo cumplimiento de las formalidades de ley.

LA SECRETARIA

ABG. MEURIS QUINTALE