Decisión nº 53 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 20 de Marzo de 2012
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con sede en Maracaibo.
Expediente Nº 14.212
Mediante escrito presentado en fecha 17 de mayo de 2011, el ciudadano abogado en ejercicio J.A.C.G., venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.608.299, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el no. 67.631, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MI CHINITA C.A FARMACIA SAN SEBASTIAN, representada por su Gerente General el ciudadano N.M.E.C.F., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no. V-11.609.450, interponen demanda por COBRO DE BOLIVARES en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, generada por la obligación por pago de facturas adeudadas por parte del ente a la orden de la sociedad demandante.
En fecha, 10 de junio de 2011, se le dio entrada asignándosele el numero 14.212.
Posteriormente, en fecha 28 de octubre de 2011, a fin de verificar la admisibilidad de la presente demanda, este Superior Órgano Jurisdiccional, ordenó notificar mediante boleta al ciudadano J.A.C.G., en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, con la finalidad que dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su notificación, consignara documento alguno que deje constancia en actas que fue agotado el Procedimiento Administrativo previo a las Demandas Patrimoniales ejercidas contra la República, los Estados o entes del Poder Publico a los cuales la ley atribuye tal prerrogativa.
En fecha ocho (08) de marzo de 2012, el apoderado judicial de la parte demandante se da por notificado “…del auto de fecha 28 de Octubre de 2011, a los fines legales consiguientes…”.
En fecha, doce (12) de marzo de 2012, el ciudadano J.A.C.G., apoderado judicial de la parte demandante, consigna escribo a los fines de subsanar la demanda a tenor a lo ordenado mediante auto de fecha 28 de octubre de 2011, por este Superior Órgano Jurisdiccional.
Así las cosas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, pasa a revisar los términos en que ha sido planteado el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, a los fines de pronunciarse sobre su admisibilidad, para lo cual observa:
I
DE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE
Fundamenta la representación judicial de la parte actora su demanda en los siguientes argumentos:
Que, “…[es] tenedor legitimo de varios efectos mercantiles, actuando como librado, por la municipalidad ALCALDIA DE MARACAIBO, de este mismo domicilio. Dicha obligación se desprende de la obligación por pago de Facturas adeudadas por parte del ente a la orden de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MI CHINITA C.A y su fondo de comercio, FARMACIA SAN SEBASTIAN, antes identificada. En la Ciudad de Maracaibo, para todos los efectos legales que en esta se encuentran las acciones de cobro de dicha obligación permanecen vigentes según documento debidamente emitidos de manos del deudor la cual es por la cantidad de CINCIENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE 37/100 CTS. (BS. 57.267.942, 37) correspondiente al ejercicio económico 2004 y 2005, los cuales según la conversión monetaria arroja la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON 94/100 CTS. (Bs. 57.267, 94) más los intereses moratorios generados por dicha cantidad hasta la fecha, así como, los honorarios profesionales causados por este proceso siendo la Municipalidad responsable de tales costas…”.
Que “…por cuanto han resultado infructuosas todas las gestiones amistosas realizadas para lograr que la municipalidad ALCALDIA DE MARACAIBO, pagare la cantidad de dinero adeudada…”
Es por lo anteriormente expuesto, que demanda por COBRO DE BOLIVARES a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, para que cancele la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE 37/100 CTS. (BS. 57.267.942, 37), correspondiente al ejercicio económico 2004 y 2005, los cuales según la conversión monetaria arroja la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON 94/100 CTS. (BS. 57.267,94), a fin de que cancele dicha cantidad.
Así mismo, reclama la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON 39/100 CTS. (BS. 2.863,39 CTS.), en razón de intereses cambiarios calculados a la tasa del cinco por ciento (5%) anual; los intereses moratorios calculados a la tasa del cinco (5%) por ciento anual, que suman la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON 39/100 CTS. (2.863,39 CTS); y los intereses que se sigan venciendo hasta la definitiva, lo que asciende a la cantidad total de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (BS. 629.994,62).
II
COMPETENCIA
A los efectos de determinar la competencia de este Juzgado para conocer la presente demanda por cobro de bolívares, resulta necesario hacer las siguientes consideraciones:
En fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.447 de la misma fecha -reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio del mismo año-, la cual establece en su Título III “LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATICA”.
Bajo esta premisa, es de obligatorio examen el artículo 25 de la referida Ley, el cual dispone lo siguiente:
Competencia
Artículo 25. Los Juzgados Superior Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer:
-
Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otro de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. (…)”. (Subrayado del Juzgado)
De conformidad con la norma anteriormente citada, se desprende que los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo son competentes para conocer las demandas interpuestas contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente publico o empresa, en la cual la Republica, los Estados, o los Municipios ejercen un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre si, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), que equivale a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.1.950.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la fecha de interposición de la presente demanda (17-05-2011) a la cantidad de SESENTA Y CINCO BOLÍVARES EXACTOS (Bs.65,00) según P.N.. 0007 dictada en fecha 04 de febrero de 2010 por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en Gaceta Oficial Nº 39.361 de esa misma fecha, y siendo este caso en concreto que las sumas reclamadas por la parte demandante ascienden a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (BS. 629.994,62), es decir, que la cuantía en el caso analizado no excede las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), y que la demanda fue incoada contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA; éste Tribunal se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa. ASÍ SE DECLARA.
III
ADMISIBILIDAD:
Al examinar las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en particular la contenida en el numeral 3, referida al requisito para instaurar demandas contra la República, se advierte que el referido artículo dispone:
Artículo 35. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento Administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencias de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.
(Resaltado de este Juzgado).
Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han permanecido contestes al calificar al mencionado antejuicio administrativo, como una evidente prerrogativa de orden procesal creada a favor de la República, puesto que aun propiciando la conciliación de las partes y la resolución alternativa de los conflictos a suscitarse entre los particulares y ésta, se coloca efectivamente a la Administración en una ostensible posición de ventaja en cuanto al proceso a instaurarse. Prerrogativa procesal plenamente justificada, atendiendo a los evidentes intereses generales que representa la República.
Ahora bien, se precisa resaltar, que dicho requisito ha sido previsto por el legislador, sólo para el caso de demandas contra la República, los estados, contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuya tal prerrogativa.
Al respecto, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, en sus artículos 56 y 62 establece:
“Artículo 56: “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto exponer concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”.
Artículo 62: “Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo”
Respecto a los referidos privilegios y prerrogativas procesales, el artículo 65 eiusdem consagra lo siguiente:
Artículo 65. Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República.
En relación con dicho requisito procesal, resulta pertinente citar la sentencia Nº 05212, de fecha 27 de julio de 2005 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada mediante sentencia Nº 05999, del 26 de octubre de 2005, en la cual la referida Sala se pronunció respecto del antejuicio administrativo, señalando lo siguiente:
“(…)
…el antejuicio administrativo se erige como un elemento de garantía para la Administración, en tanto que en definitiva le permite tener conocimiento exacto acerca de las pretensiones que serán deducidas por el particular, luego del antejuicio, en vía jurisdiccional, (…) interesa precisar en qué sentido debe entenderse dentro de la aludida exigencia, que se reputa como indispensable para la admisibilidad de las demandas contra la República (en la acepción supra indicada), la expresión “manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso”; para lo cual se impone concatenar el precitado artículo 54 con los artículos 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) siendo el Antejuicio Administrativo un requerimiento previo a la instauración de demandas contra la República, previsto con la finalidad de lograr que las pretensiones de los administrados sean estudiadas y resueltas en la propia vía administrativa, su agotamiento debe consistir en un procedimiento fácil y expedito, que le permita al interesado poner en conocimiento de la Administración el contenido de su pretensión, lo cual resulta perfectamente posible con el cumplimiento de los extremos enumerados en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…”. (Resaltado de este Juzgado)
Adminiculando las normas supra citadas con las jurisprudencias anteriormente transcritas, resulta menester para este Juzgado determinar si en la presente demanda el actor agotó el procedimiento previo a las demandas contra la República previsto en el artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, del 31 de julio de 2008.
En el caso de autos, este Juzgado, al analizar íntegramente el expediente, no encontró prueba alguna que evidenciare el cumplimiento del antejuicio administrativo aludido. No existe en los folios que integran la recopilación documentaria judicial ningún instrumento o escrito presentado ante la demandada en el que se exponga los fundamentos de la presente acción, en aras de cumplir con el agotamiento obligatorio de la vía administrativa.
En criterio de este Juzgado, la representación judicial de la demandante, no demuestra en lo consignado que se haya realizado alguna diligencia en aras de cumplir con el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, es decir, manifestar “…previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso”. (Ver. Sala Político Administrativa Sentencia No. 00889 de fecha 17 de junio de 2009, entre otras.)
Por tal razón se debe concluir que la parte actora no dio cumplimiento al requisito de antejuicio administrativo previsto en el artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 35 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, razón por la cual debe declararse INADMISIBLE la demanda interpuesta. ASÍ SE DECLARA.
IV
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
SU COMPETENCIA para conocer la demanda por cobros de bolívares incoada por el ciudadano J.A.C.G., inscrito en el INPREABOGADO bajo el no. 67.631, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MI CHINITA C.A FARMACIA SAN SEBASTIAN, en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA
INADMISIBLE la presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 35 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
SE ORDENA NOTIFICAR a la parte demandante de la presente decisión.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; en Maracaibo, a los siete veinte (20) días del mes de marzo de dos mil doce (2012). Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZ,
DRA. G.U.D.M..
LA SECRETARIA,
ABG. D.P.S..
En la misma fecha y siendo las once horas y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) se publicó el anterior fallo y se registró en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevadas por éste Tribunal bajo el Nº 53.
LA SECRETARIA,
ABG. D.P.S..
Exp. 14.212
GUdeM/DRPS/mcm.
