Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 2 de Marzo de 2006
| Fecha de Resolución | 2 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo |
| Ponente | Nohel Alzolay |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, dos de marzo de dos mil seis
195º y 147º
ASUNTO: BP02-L-2005-001117.
PARTE ACTORA: C.M., portador de las cédula de identidad nº V-11.909.570 y de este domicilio.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Los abogados GUAICO LA ROSA, Z.R. y J.F. inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 109.070, 106.427 y 95.374 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Las empresas SUMECON C.A. y FERTILIZANTES NITROGENADOS (FERTINITRO).
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: La abogada C.G.M., inscrita en el INPREABOGADO bajo el n º 71.620, apoderada de SUMECON CCA. y la demandada FERTILIZANTES NITROGENADOS no tiene apoderado constituido.
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales
En fecha 21 de Febrero de 2006, este Tribunal dictó en forma oral el dispositivo del fallo, declarando la presunción de los hechos alegados por el demandante, en consideración a que los demandados no asistieron a la audiencia preliminar y difirió la publicación de la sentencia dentro del quinto día hábil siguiente a la fecha en que dicto en forma oral el dispositivo del fallo.
Este Tribunal antes de publicar la sentencia se percata que en la codemandada FERTILIZANTES NITROGENADOS (FERTINITRO C.A.), tiene intereses patrimoniales la República.
En autos no consta que el Procurador General de la República fuera notificado conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Ahora bien, la Sala Constitucional en sentencia nº 2231 del 18 de Agosto de 2003, con ponencia del Magistrado Antonio J. García, estableció:
“(…) La previsión constitucional contenida en el artículo 334, señala:
Artículo 334.- Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución
.
El encabezamiento de la norma transcrita no sólo supone la potestad del juez para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino además expresa la obligación en que aquél se encuentra. Pero es más, el primer aparte de esa misma disposición, que contempla lo que la doctrina ha denominado el control difuso de la constitucionalidad, confirma el anterior aserto.
Por otra parte, se advierte que el artículo 206 del aludido Código adjetivo, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales, la cual debe proceder cuando así lo permita la ley, o cuando el acto no haya cumplido una formalidad esencial para su validez.
De la norma se desprende, sin embargo, por argumento en contrario, que, en principio, sólo aquellas decisiones no sujetas apelación pueden revocarse. Lo que queda confirmado por la disposición contenida en el artículo 310, que señala expresamente:
Artículo 310.-Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo
.
Observa la Sala, al respecto, que aun cuando las decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación no pueden modificarse ni revocarse por el tribunal que las haya pronunciado e, igualmente, la revocatoria por contrario imperio sólo es procedente contra aquellas actuaciones o providencias de mera sustanciación o mero trámite cuando atentan contra principios de orden constitucional, aunque no estén sometidas a apelación, si el propio juez advierte que ha incurrido en este tipo de violaciones está autorizado y obligado a revocar la actuación lesiva.
Por otra parte, el artículo 212 eiusdem establece:
Artículo 212.-No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad
.
De lo anterior se colige que, al ser la sentencia interlocutoria un acto procesal, la lesión que la misma origine al orden público, daría lugar a la declaratoria de nulidad aun por el mismo juez que la emitió, no obstante la inicialmente mencionada prohibición.
En efecto, razones de economía procesal; la responsabilidad, idoneidad y celeridad que debe garantizar el Estado cuando imparte justicia se imponen para permitirle al Juez revocar una decisión no sólo irrita, desde el punto de vista legal, sino también constitucional. Desde este punto de vista el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto. (…)”
Este Juzgador comparte plenamente la doctrina jurisprudencial transcrita y consecuente con ella en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REVOCA el dispositivo del fallo dictado en forma oral en fecha 21 de Febrero de 2006, que además contiene la declaratoria de la presunción de admisión de los hechos y REPONE la causa al estado de NOTIFICACION de la ciudadana Procuradora General de la Republica, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por ser la codemandada FERTILIZANTES NITROGENADOS (FERTINITRO C.A.) una empresa donde tiene intereses patrimoniales la República, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide. Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de esta decisión. Dada, firmada, sellada y refrendado en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona al segundo (2°) día del mes de febrero de dos mil seis (2006). Años 195 de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez,
Abg. N.A..
La Secretaria,
Abg. F.P..
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (09:50 a.m.).
La Secretaria,
Abg. F.P.
