Crisis de Cicpc debe servir para revisar funcionamiento y recursos
Para Juan Martín Echeverría, ex ministro de Justicia y ex director del antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial, debe existir una articulación funcional entre el Cicpc, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial que dé resultados.
Echeverría fue consultado sobre la crisis actual en el Cicpc a raíz de la muerte de Rubén Arnal, William Pérez y Pedro Cipriano Rivero en el Departamento de Aprehensión de ese organismo policial, y señaló que cuando ocurrió este hecho no se produjo una reacción inmediata de las autoridades y que luego fueron aparecieron evidencias, grabaciones y declaraciones.
El ex ministro de Justicia no opinó sobre la muerte de los tres presos en Aprehensión, porque no posee información interna de lo que ocurrió en los calabozos de esa dependencia.
Al hacer una reflexión indicó que tanto las cárceles, la policía, la Fiscalía y los tribunales funcionan cada uno por su lado. "El problema no es sólo policial", dijo. Agregó que esta crisis que confronta el Cicpc debe ser aprovechada para determinar si el Estado suministra suficientes recursos para el funcionamiento de ese organismo, si los cuerpos policiales cuentan con funcionarios bien entrenados y para saber si funciona la seguridad interna de esas instituciones, refiriéndose a la Inspectoría General, organismo que impone la disciplina y sanciona las faltas cometidas por sus integrantes.
A Echeverría, ministro de Justicia en 1978, le correspondió tomar decisiones a raíz de la muerte del penalista Ramón Carmona Vásquez y suspender de sus cargos a más de 20 funcionarios de la PTJ que estaban directa o indirectamente vinculados a ese hecho. Manuel Molina Gásperi, director de esa policía, fue uno de los destituidos y estuvo preso por la presunta autoría intelectual del suceso que conmovió a la opinión pública. Fue la primera vez que la policía, creada en 1958, se vio involucrada en un escándalo.
Juan Martín Echeverría fue el séptimo director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
Excluir la política. Javier Gorriño, abogado y criminólogo, también funcionario de la antigua PTJ, señaló que durante el tiempo que prestó servicios en la institución, la participación de policías en la política era sancionada hasta con destitución.
Aseguró que nunca lo obligaron a ir a marchas ni vestir franelas de ningún color, ni a dejar a un lado la pesquisa de un caso para asistir a actos de partidos políticos.
Indicó que es importante que la administración de justicia y la investigación se...
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