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Preocupación en la CIDH por falta de garantías ciudadanas

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Vincent

El Estado venezolano debe garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de seguir de cerca los graves hechos violentos en el país después de las elecciones presidenciales del 14A, así como los ataques del 30 de abril en la Asamblea Nacional contra diputados de la oposición. En un comunicado, lo cual es poco habitual, el organismo manifiesta preocupación e insta al Gobierno a que adopte de manera urgente las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, lo mismo que los políticos y a la libertad de expresión.Agresiones por razones po líticas, ataques a sedes de instalaciones publicas y privadas, represión de manifestaciones públicas a través del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; arrestos presuntamente arbitrarios, prohibición de realizar manifestaciones publicas, amedrentamiento a funcionarios públicos con base en sus opiniones políticas y restricciones a la libertad de expresión son las razones que reunió la CIDH para declarar sobre la situación, cinco días antes de cumplirse un mes de esos hechos.Investigación imparcial . Al co nocer los hechos de violencia tras las elecciones del 14 de abril la CIDH solicitó información al Estado, con fundamento en las facultades del organismo dispuestas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pidió la identificación de las personas que habrían muerto y sobre las investigaciones penales que se estarían llevando a cabo; la identidad de las personas que habrían sido detenidas y la base legal sobre la cual se habrían llevado a cabo esas detenciones.Además, información acerca de la existencia de investiga ciones por el presunto uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones el 15 y el 16 de abril; también por presuntas agresiones sufridas por periodistas, la destrucción de material y la violencia contra medios de comunicación, así como sobre garantías laborales para evitar cualquier tipo de represalia laboral por el ejercicio de la libertad de expresión.La CIDH recibió el miércoles la respuesta, en la que, de acuerdo con la Fiscalía General, nueve personas resultaron muertas y 78 lesionadas. Información distinta de la que manejan organizaciones de la sociedad civil, que han informado de 13 personas muertas como consecuencia del presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, así como detenciones...

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