Decisión nº PJ0302008000323 de Tribunal Tercero de Control de Yaracuy, de 11 de Mayo de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY

Tribunal Penal de Control de San Felipe

San Felipe, 11 de Mayo de 2008

198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2008-001270

ASUNTO : UP01-P-2008-001270

Visto el escrito presentado por la Fiscal comisionado en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy Abog. Nadexa Camacaro Caruci, donde solicita Audiencia a los fines de presentar a los ciudadanos N.M.R.A., venezolana, titular de la cédula de identidad número: 7.593.717, TSU, asistente, con funciones secretariales del consultor jurídica y J.C.S.A., venezolano, abogado, titular de la cédula de identidad número: 7.885.774, y propondrá se califique como Flagrante su detención, se aplique el Procedimiento Ordinario y se decrete Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de PECULADO DOLOSO, previsto y sancionado en el Art. 52 de la Ley Contra La Corrupción, OCULTAMIENTO, INUTILIZACIÓN, RETENCIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LIBROS U OTROS DOCUMENTOS, previsto y sancionado en el Art. 78 de la Ley Contra la Corrupción, OBSTRUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previsto y sancionado en el Art. 13 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en concordancia con el Art. 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como también el delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el art. 254 del Código Penal en concordancia, en Grado de Autores, se le dio entrada y se fijó la audiencia de ley.

Celebrada audiencia privada para oír a las partes previo el cumplimiento de las formalidades legales estando presentes la representante del Ministerio Público Abog. D.A., los imputados y los Defensores Privados Abog. E.A.d.Q., G.T. y O.G., defensores de los imputados.

La representación del Ministerio Público, ratifica la solicitud presentada, expone: “efectivamente juez nos encontramos acá con el fin de realizar esta audiencia especial donde el ministerio publico en el día de hoy 08 de mayo de 2008 interpuso ante esta instancia escrito de Calificación de Flagrancia, quiero acotar que estoy encargada de la Fiscalia Décima, toda vez que se desprenden de las actas que siendo las 03: 40 horas de la tarde una comisión de funcionarios adscritos a la disip previo el llamado por una persona no identificada se trasladaron a la sede la procuraduría de este Estado a los fines de determinar, hacer una inspección, hacen uso del art. 210 del COPP para evitar la perpetración de un hecho punible irrumpen en el recinto haciéndose acompañar de unos testigos, en donde se percatan siendo precedentemente atendidos por la ciudadana Giménez R.L.R., se percatan y entran a una oficina contigua de ese recinto estadal conocida como Oficina de Unidad de Control de Archivo Administrativo, donde lograron avistar a dos personas que son las presentes en esta sala ciudadano J.C.S.A. y N.M.R.A. es de acotar que la ultima de las mencionada trabaja en el Instituto Autónomo contra la Pobreza y exclusión (IAPESEY), entendiendo que el ciudadano atencio presta sus servicios como profesional del derecho y o consultor jurídico del mismo ente. Así las cosas en ese momentos los funcionarios de la Disip logran incautar una cantidad de elementos y evidencia que están en el escrito de interposición de flagrancia, varias evidencias entre las cuales se encontraban un maletín negro de material sintético con el logo Tardus, que contenía en su interior unos sellos húmedos con la inscripción de Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del Estado Yaracuy, Presidencia FUNDESPY con sus respectivos colores, así mismo se encontró varios sellos con el mismo contenido FUNDESOY un equipo de computación portátil cuyas características se encuentran en el escrito de interposición de flagrancia, haciéndose la salvedad que lo incautado estaba siendo manipulado por el ciudadano S.A.J.C., quien así mismo tenia en su poder tres carpetas, cuyo contenido en una de ellas eran documentos pertenecientes a la Extinta FUNDESOY. Otra carpeta igualmente de color amarillo donde se pudieron evidenciar puntos de cuentas de la misma fundación extinta FUNDESOY, cuyos puntos de cuenta estaba suscritos por el Gobernador de esta Región como por la Ciudadana Presidenta de la misma D.G., otra carpeta cuyo contenido eran oficios sin numero, dirigido a miembros del consejo directivo del IAPESEY, otra carpeta cuyo contenido eran gaceta oficiales correspondientes a este Estado cuyas fechas y demás determinaciones constan en el escrito de interposición de flagrancia, así mismo, se identifica a esas gacetas oficiales con un decreto de emergencia de la misma extinta fundación, por otro lado, se incauta una carpeta con contenido de oficios a nombre de unas personas de una cooperativa que están determinadas en el escrito de interposición de flagrancia acotando esta vindicta publica que la cooperativa referida y a la que se alude corresponde a la Cooperativa LAMEDERO R.L. así mismo se hace mención que se incauto además un libro entre otras cosas relacionados con convenios de mega mercados y la cooperativa in comento. Así como también un organigrama estructural de la extinta fundación, como otra evidencia y elementos que están determinados en el escrito de flagrancia. Así mismo en esa oportunidad en el escrito de la ciudadana presente en sala identificada como Rojas A.M., se lograron incautar entre otros hojas en blanco, unas hojas tamaño carta desplegadas en forma horizontal que contenían junta directiva, dirección general, actividades a realizar, se leen en esas hojas año 2005, etc., y todo ellos esta especificado en el escrito de flagrancia. Asimismo se lograron incautar unos equipos móviles celulares, razón por la cual esta vindicta publica antes de hacer la solicitud que corresponde, pasa a a.a.c.q. creo que es oportuno señalar en esta audiencia. En primer lugar y con relación a los hechos sucedido, sabemos que estamos amparado como organismos publico y funcionarios por la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en tal sentido, ante la presencia de dos funcionarios públicos, presuntamente en el uso de sus funciones y ejecutando presumiblemente la comisión de hechos punibles, tenemos que cualificar que se han trasgredido varias normas, tanto del punto de vista administrativo que no es el punto de debate en esta sala como otros que revisten carácter penal. Así las cosas es un hecho comunicacional, publico y notorio que la vindicta publica llámese y entidades Ministerio Publico del Estado Yaracuy, cursa investigación de la extinta Fundación FUNDESOY, donde el Ministerio Publico esta investigando hechos por evasión en concierto de funcionarios, asociación para delinquir prevista en la ley contra la delincuencia organizada, fraude a fondos públicos, e insisto es un hechos comunicación, por todos conocidos, si bien es cierto los funcionarios publico nos debemos a los que le correspondan se deben a honrar lo establecido en la ley orgánica de la función publica, la carta magna y la ley orgánica de procedimientos administrativos, la ley de la Contraloría de la republica, la ley contra la corrupción que en un solo acápite establece en que los funcionarios publico debemos honrar la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la legalidad, tales principios con estas conductas antijurídicas y atípicas realizadas en detrimento del patrimonio publico fueron vulneradas por las personas presentes en sala, en tal sentido salvo mejor criterio quien aquí expone, estima que estos funcionarios pretendían de manera clandestina evadir los controles y verificaciones que se deben honrar dentro de la administración publica, por otro lado, como ya lo insistía al inicio, es una hecho comunicacional, publico y notorio, que la vindicta publica lleva investigación por casos de corrupción de esta fundación FUNDESOY así mismo ratifico que es publico y notorio por hecho comunicacional que la cooperativa LAMEDERO de la cual se encontraron unos libros que se encontraban en poder de la persona masculina presente en esta sala, en calidad de persona presentada en esta audiencia, esa cooperativa Lamedero esta siendo investigada por el Ministerio Publico y mas aun en la actualidad la vindicta publica imputó al presidente de la referida cooperativa. Así las cosas, esta representación fiscal precalifica tales hechos como los establecidos en los artículos 52 de la Ley contra la corrupción, el cual colige lo establecido como Peculado Doloso, así mismo, establece el Art. 78, ocultamiento inutilización, retención, alteración o destrucción total o parcial de libros u otros documentos previstos en la misma ley. Obstrucción de la Administración de Justicia previsto y sancionado en el Art. 13 numeral 4° de la ley contra la delincuencia Organizada en concordancia con el Art. 110 de la ley orgánica del Poder Judicial, la cual establece la conducta atípica de quien pudiera impedir, obstruir la ejecución de una actuación judicial o del Ministerio Publico será sancionado con prisión de 3 meses a 06 años. Asimismo, el delito de encubrimiento previsto y sancionado en el art. 254 del Código Penal, en grado de autores. En virtud de la exposición que antecede esta representación fiscal solicita respetuosamente se decrete la detención en Flagrancia se aplique el procedimiento ordinario y por cuanto estima quien aquí expone que se encuentra cubiertos los extremos del art. 250 del COPP se decrete la medida Judicial de Privación de Libertad a los ciudadanos que se encuentran presentes en sala, toda vez que se encuentra cubiertos los extremos que establece ese Art. 250 es decir, un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya pena no se encuentre evidentemente prescrita, elementos de convicción para estimar que ambos imputados presentes han sido participes en estos hechos señalados por el Ministerio Publico, el peligro de fuga y evidentemente con la conducta que se demostró en la comisión de estos hechos se evidencio la obstaculización en la búsqueda de la verdad sobre los hechos que investiga la vindicta publica y en lo que atañe al peligro de fuga, evidentemente a tenor de lo que establece el Art. 251 del COPP resalta el ministerio publica la magnitud del daño causado, y pos supuesto la pena que pudiera llegar a imponerse, amen de ellos quisiera resaltar, que cuando hablamos de patrimonio publico y todo lo que esta inmerso dentro del erario publico nacional este tipo de delitos es imprescriptible en el tiempo y esta tutelado por la carta fundamental. Es todo.

Se le concedió la palabra a la imputada ciudadana N.M.R.A., luego de ser impuestos del precepto constitucional del Artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quien manifiesta: “el me llama a mi trabajo, en el IAPESEY y llego a la procuraduría a eso de las 03:30, tengo testigos que yo Salí a esa hora, llego a las 03:30 imposible saber que había en esas mesas, si es verdad estoy sentada, estaban unas hojas blancas y otras hojas ahí pegadas, el solamente me llama para decirme que había que hacer unos oficios para la fiscalia y contraloría, yo soy la que monto, yo hago lo que el jefe me dice, organice y trascriba, y como a las 04 y 10 allanaron y me consiguen en el sitio pero de ninguna manera sabia yo que estaba ahí, todos esos documentos, la verdad que no, el doctor esta autorizado para trabajar en esa área, y yo como su asistente voy porque el me llama, pero realmente estábamos hablando era la nueva ley de contrataciones publicas, y yo trabajo para el IAPESEY. Cuando llegaron los ciudadanos yo le dije que yo tenia media hora ahí, que yo no sabia, si fueron muy fuertes, si quieren yo buscaba un testigo que acababa de llegar yo soy una simple secretaria, el doctor dijo ella no tiene nada que ver, ellos fueron muy muy fuertes, no se porque tomaban esa actitud si yo en mi caso no tengo nada que ver, solamente cumplo ordenes. Rechazo, niego y contradigo todo lo que me están imputado ahí, porque yo en realidad he sido una persona intachable desde hace muchos años, y con respecto a la fiscalia me consta que se les ha contestado todo y me ha tocado ir con el doctor, todo lo que han solicitado me ha tocado llevarlo, organizar contar los oficios. Es imposible que ellos llegaran a las 03:30 porque yo llegue a las 03:30 ellos llegaron como a las 04:05 o 4:10 a esa hora fue que llegaron, yo les dije que si querían yo les buscaba de una vez unos testigos de que yo llegue a las 03:30 y ellos no quisieron. Es Todo”.

Se le concedió la palabra al imputado ciudadano J.C.S.A., luego de ser impuestos del precepto constitucional del Artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quien manifiesta: “mis funciones como consultor desde mi llegada fue atender a los órganos de la contraloría general del republica bolivariana de Venezuela división contra la delincuencia organiza.P. auditoria a los cuales se me autorizó para atenderles y darles el mayor apoyo en cuanto a revisiones in situ, sobre ciertas irregularidades administrativas, quiero dejar claro que fui CO-REDACTOR conjuntamente con el CLEY de la redacción del nuevo instituto IAPESEY, también quiero dejar claro que le organismo y en honrar a lo que es el presidente del instituto profeso N.R.G., de prestar la mayor ayuda, sobre cualquier irregularidades administrativas, siempre con el mejor animo de colaboración, a partir de la fecha 23-01-2008 el IAPESEY fue objeto de un allanamiento, yo atendí a los ciudadanos abogados G.S.F. con competencia nacional 23°, el ciudadano A.V. fiscal nacional 57° los cuales me informaron sobre su misión encomendada a ellos comenzó aproximadamente a las 02 de la tarde y estuvo hasta las 02 de la mañana del día siguiente, en el cual le entregamos mi persona, les organizo 12 archivos plásticos archicomodos, con toda la documentación la cual encontraron en el sitio y la cual iba a ser enviada próximamente hacia esa fiscalia. Conjuntamente los funcionarios de la Disip que también fueron acompañado a los fiscales levantan su acta y organizamos estos archicomodos en total dieron la cantidad de 12. a partir de allí los ciudadanos fiscales antes nombrado siempre mantuvieron comunicación vía telefónica y fax con nuestra institución a través de mi persona como consultor jurídico y la ciudadana administradora TSU T.M. a los cuales hacia siempre requerimiento sobre documentos, luego de ya pasado esta fecha 23 de enero, a partir de ahí empezaron a enviar oficios a través de la fiscalia 2° del Ministerio Publico del Estado Yaracuy a cargo del Fiscal Suplente doctor A.M. al cual yo le hacia entrega personalmente debidamente foliado y de cada vez que me llegaba un oficio de toda la información que ellos estaban requiriendo en los mencionados oficios, todo ellos con la debida foliatura y verificada por los funcionarios. Quiero dejar asentado que he sido uno de los más diligentes de la contraloría el cual he consignado personalmente en la ciudad de caracas cantidad de folios entregados ante esta dependencia. Niego, rechazo y contradigo la imputación, los cargos que el ministerio publico me califica o que recaen sobre mi, sobre un supuesto hecho de allanamiento, en vista de que ellos no dijeron en ningún momento que era una inspección en la procuraduría general del estado Yaracuy y si es verdad se encontraron 6 libro pertenecientes a la Procuraduría General del Estado los cuales ya han sido debidamente consignados, una copia ya que los originales han sido consignados en la Asamblea Nacional de la republica Bolivariana, además copias certificadas entregadas a la fiscalia antes mencionada 23 y 57 se les entrego estos volúmenes de información. La información sobre LAMEDERO que estaba en el mesón, donde estaba yo trabajando, era con el objeto de dar un descargo a una solicitud hecha con anterioridad por los fiscales in comento, quiero dejar claro que en ningún momento estaba manipulando mi equipo de computación ya que estaba dentro de mi maletín personal y sobre las 7 hojas encontradas donde la ciudadana fiscal expreso su contenido en blanco y las hojas en blanco que estaban, era ya que estoy trabajando con la disolución de FUNDESOY hoy en día IAPESEY mis abogados en su debida oportunidad consignaran soporte de ello. Quiero dejar claro que tenía autorización por parte de la procuradora general del estado para trabajar en el sitio indicado por la fiscal del ministerio público. Si tenía unos sellos 2 debidamente identificados por cuanto soy el custodio y garante de toda la normativa legal, gacetas entre otros, y lo cual será entregado en su debido momento. Visto que quedo sin efecto el reglamento de la ley de licitaciones mande a llamar a mi secretaria Nancy Rojas ya que somos los encargados de organizar todo lo que son las licitaciones publicas hoy en día concursos públicos, debidamente montando las comisiones publicas de contratación, cuando irrumpieron estas personas las cuales conozco por cuanto ellos estuvieron en el allanamiento del 23-01-2008, hablaron de un allanamiento no de inspección, quiero dejar claro que se tome en cuenta esto que no son ni sinónimos ni parecidos en su contenido, quiero dejar claro que le comisario machado le decía al funcionario J.M. los atrape en flagrancia, mas dos funcionarios mas que llegaron que desconozco los nombres a los cuales yo les explicaba que aquí no hay nada fuera de los legal, aquí están para preparar los descargos para la fiscalia a cargo de la doctora G.S. y A.V. 23 y 57 respectivamente fiscales con competencia nacional. Yo les dije que podían revisar todo y sin mediar palabras solicitaron que los acompañáramos mi secretaria y mi persona hacia la disip, quiero dejar constancia que en ningún momento se levanto acta del material que yo tenia encima de ese mesón y que llegaron tiempo después que ya estaban, porque cuando llegaron en un horario cuando la procuraduría estaba cerrada, eran aproximadamente las 04:10 de la tarde. Contradigo todas las imputaciones contra mi persona e igualmente contra la señora Nancy la cual es mi secretaria y asistente legal de mi consultaría. Los libros de LAMEDERO si había facturas y convenios que yo estaba analizando para la consignación y descargo ante esta fiscalia. Siempre he tenido comunicación con la Doctora A.S. fiscal auxiliar de la fiscal G.S. fiscal 23 en la cual me hace requerimientos vía telefónica y luego me lo confirma vía fax o comunicación cerrada a través de la fiscal 2° igualmente la ciudadana T.M.A. la cual al llegar los respectivos fax sobre el material requerido me hace llegar para darle prioridad ya que así el presidente de esta institución me lo ha señalado para no entorpecer en ningún momento a la administración verdadera de justicia, quien dejar claro que en ningún momento oculto, fractura o desaparezco material, ya que tengo una hoja intachable como funcionario publico y siempre he acudido a las leyes que preceden ley del estatuto publico, contra la corrupción, he sabido llevar el buen nombre y apellidos que me dieron mis padres, a parte quien dejar claro que soy docente en una institución en este estado con una especialización en Aduanas, como Abogado que honrosamente desempeño en este estado y para terminar mal puede pretender la fiscalia del Ministerio publico presente representada por la ciudadana abogada los delitos ante las leyes contra mi persona y las cuales rechazo. Es todo”.

Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa Privada G.T. quien expuso: hubo caminando desde el año pasado tres investigaciones paralelas en caracas por hechos de corrupción de FUNDESOY tres mese del 2004 y hasta agosto del 2005 estas investigación se hicieron en la Contraloría en la asamblea y fiscalia general de la republica y los tres sobre lo mismo hechos de corrupción de FUNDESOY las tres organizaciones exigían recaudos relacionados con la investigación, de esas investigaciones salieron unas conclusiones, en la asamblea nacional el sometimiento a Juicio del Gobernador, el antejuicio de merito del gobernador, de la fiscalia nacional salieron 9 personas imputadas y que gracias a la documentación que el les entrego y de la procuraduría no salio ninguna sanción sino un informe de pautas para la procuradurías para que no se vuelvan a cometer esos errores administrativos. Todas estas 3 investigaciones se basaron en Evasión de Licitación que es un delito establecido en la ley contra la corrupción este es el principal delito que afloro esa investigación a esos 9 imputados, me imagino que la investigación sigue su curso pero la principal era la evasión de licitación pero no había reglamentación sobre las licitaciones de adjudicaciones de obras y servicios, todo esto al organismo FUNDESOY que tiene los mismos directores, los mismos encargados que ahora se llama IAPESEY, son los mismos todo es igual y el 25 -03-2008 fue publicada la ley de contrataciones publicas que deroga los decretos de emergencia el reglamento de la ley de licitaciones y la ley de licitaciones y tiene que adecuarse el IAPESEY a esta nueva ley que fue creada el 25-03-2008, dejar de trabajar en la forma antigua y empezar a trabajar de la nueva forma. El imputado es el consultor jurídico se van a consignar todos esos soportes. El punto de cuenta donde se le da la asignación del cargo como consultor jurídico, es una copia certificada constante de 02 folios a partir del 06-02-2007, así mismo el punto de cuenta de la señora N.r. Avendaño donde se le da el carácter de asistente del consultor jurídico desde el 30-05-2006. Estos son los antecedentes relacionadas con las investigaciones a nivel nacional, que ya hay un antejuicio para el gobernador que si no fuera sido por el trabajo de el no se hubiese logrado el pronunciamiento de esos tres organismos nacionales. En este estado se deja constancia que consigan Tres (03) folios útiles en copias certificadas. Posteriormente a esto a los fines de que no quedaran dudas que tenían todos los recaudos ellos mismos vinieron y realizaron un allanamiento y se llevaron toda la documentación del años2004, 2005 y 2006 en originales relacionados con las contrataciones de obras y servicios del instituto FUNDESOY actualmente IAPESEY, todos los documentos los tienen en caracas y posteriormente se hace la extinción del FUNDESOY y se crea el IAPESEY por nuestro defendido J.C. y su Secretaria. Es todo”

Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa Privada O.G., quien expuso: “empezando consigno de un folio útil donde se faculta al ciudadano J.C.S. como resguardo y custodia de toda la normativa vigente de toda las documentación legal que guarda relación con la disolución del FUNDESOY incluyendo sellos y formatología esto es copia certificada. Por otra parte y quizás por desconocimiento de la fiscalia consigno copia donde también en fecha 02-05-2008 donde la fiscal 23 pide actas constitutivas, constancia de inscripción en el registro nacional de contratistas convenio firmado por FUNDESOY del ejercicio fiscal 2006 y 2007, expedientes licitatorios, actos motivamos por la máximas autoridades del instituto en el caso de adjudicaciones directas, fianzas de anticipo y fiel cumplimiento, presupuestos, ordenes de compra u ordenes de pago y facturas. Esto es un recibo de fax que se recibió a las 03:10 de la tarde del día 02-05-2008 la actuación realizada por la disip hace constar que mis patrocinados estaban cumpliendo con esta solicitud del ministerio publico, hace pensar que la abogada G.S. actuó de mala fe, al ordenar un allanamiento sin orden, porque se estaban cometiendo un delito, por estos ciudadanos que estaban trabajando y cumpliendo una solicitud fiscal. Con la misma fecha el 02-05-2008 se consigna un oficio del presidente del IAPESEY a la Abogada L.P.P.G.d.E.Y. con el fin de que le suministrara o le cediera un espacio físico ala consultoría jurídica para los trámites inherentes a solicitud realizada por la abogada G.S. Fiscal23 nacional. Todo esto en copias certificadas constante de 03 folios útiles que consigno. Se deja constancia que consigna 03 folios útiles de copias certificadas. Al instituto FUNDESOY en el momento del primer allanamiento realizado el 23-01-2008 se llevaron toda la documentación en original incluyendo los puntos de cuenta, por ellos se le solicita a la procuraduría general del estado porque tienen copia de todo ello, es decir la documentación que se tiene es copia de lo que ya se incauto en caracas, solicito a la fiscalia una experticia de comparación de los ejemplares y documentación entregados y recabados por ella la fiscal 23, con lo incautado el día 06-05-2008 en decir en este caso, esto con el fin de determinar que son idéntico y que no tiene sentido la imputación de obstrucción a la administración de justicia que hace el ministerio publico en esta sala. Por otra parte voy a referirme uno por uno a los delito que imputa el ministerio publico a mis defendidos, Peculado doloso previsto en el Art. 52 de la ley contra la corrupción, se deja constancia que el exponente hace lectura del Articulo 52 de la referida ley. Lo único que tenemos en custodia son los sellos, pero son de un organismo extinto por lo que este delito no se configura, por ninguna parte. De cuales bienes hablamos porque en la imputación no hablo de ningunos bienes, porque esto debe ser antes y no después del delito. El Art.- 78 de la misma ley establece las siguientes acciones: ocultare, no estaban ocultando nada, porque estaban en un archivo, inutilizare, tampoco se evidencia, alteraciones, ni lo alego el ministerio público ni consta en actas, como ya dijimos no tiene sentido destruir retener o alterar copias que son las que hay en la procuraduría del estado no hay originales. En una sobre calificación, la doctora se va al Art. 13 de la ley contra la delincuencia organizada que dice exactamente lo mismo. La acción de destruir, de modificar, alterar, no lo indica el ministerio público y en la computadora a pesar de que le quitaron la clave no dice nada el acta del allanamiento. Y si nos vamos al Art. 110 del Poder Judicial, cual era la actuación del ministerio publico si ahí no estaba presente y de todas maneras hicieron el allanamiento ilegal y por ultimo el encubrimiento, que no se menciona al autor del delito, no dicen a quien esta encubriendo y de que manera se esta haciendo. Ciudadana fiscal, lamentablemente en ustedes, quienes hicieron ese escrito y el procedimiento es totalmente ilegal, y por ellos solicito de conformidad con el Art. 190 y 191 del COPP la nulidad absoluta del allanamiento practicado de manera legal en la sede de una institución publica como lo es la procuraduría general del estado Yaracuy, donde se ingresó sin orden de allanamiento, hoy por hoy dicen que para evitar la perpetración de un delito, pero cual de estos delitos imputados a mis patrocinados se estaban cometiendo si ninguno de mis patrocinado estaba cometiendo delito. Debo hacer del conocimiento del tribunal que en fecha de ayer debido a esta irregularidad se presento denuncia en contra de la fiscal 23 y de los funcionarios que practicaron el allanamiento se solicitó al ministerio publico en la fiscalia superior de este estado se iniciare investigación por los siguientes delitos Ultraje Corporativo previsto en el Art. 225 del Código Penal, Privación Ilegitima de Libertad con abuso de autoridad previsto en el Art. 176 y 175 del Código Penal, Violación de Domicilio previsto en el ARt. 184 del mismo código, asimilando el domicilio de la Procuraduría General del Estado Yaracuy a los establecido en el Art. 27 y 28 del código civil. En relación a la privación judicial preventiva de libertad por supuesto nos oponemos, puesto que se ha verificado en sala que nuestros patrocinados estaban cumpliendo con una orden del mismo ministerio publico, por lo tanto no existe el hecho punible que se les atribuye, los elementos de convicción para estimar la participación en la comisión de cualquiera de esos hechos punibles que les atribuyo el ministerio publico son copias simples o certificadas de los documentos que están en la investigación que cursa por ante la fiscalia 23 en contra de ex funcionarios de FUNDESOY hoy en proceso de liquidación y la presunción razonable al peligro de fuga como se da si en todo caso ya el Ministerio Publico tiene todas la evidencias incluyendo 7 hojas en blanco que se encontraban en un escritorio cuando llego una comisión de la Disip a practicar el allanamiento ilegal y en donde se practico la aprehensión de ellos dos. No hay ninguno de los tres elementos que pretende el ministerio publico señalar para que se de la imposición de la medida de privación judicial de libertad, por lo cual solicitamos la libertad plena y en todo caso que el tribuna considere necesario someter a estas personas al proceso que se les imponga una medida menos gravosa de las previstas en el Art. 256 del COPP, aun y cuando los elementos del Art. 250 son imprescindibles que se den conjuntamente para poder emitir una resolución donde se limite la libertad de las personas. Es todo”.

Oídos los alegatos de las partes, este Tribunal para decidir, observa: