Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 22 de Enero de 2008
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Edgar José Moya Millán |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REGIÓN CAPITAL
Mediante escrito presentado en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007), ante el Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Distribuidor), recibido en este Tribunal en fecha siete (07) de enero de dos mil ocho (2008), en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada YLENY DURAN MORILLO, titular de la cédula de identidad N°.11.935.843, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº.91.732, actuando en representación de la ciudadana N.C.A., venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 5.137.009, en contra de las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A. en la persona de los ciudadanos M.R. CARVALHO, AGOSTINHO DOS S.S., J.A.G.C. y J.G., en su carácter de Directores y el ultimo de los nombrados en su condición de Gerente.
ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE
Comienza señalando la representación parte accionante que en fecha 21 de noviembre de 1997, ingresó como MAESTRE, a la orden y subordinación de las empresas “INVERSIONES HEPTAEDRO Y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A., hasta la fecha 11 de marzo de 2005, en la cual es despedida de ambas empresas, sin encontrase incursa en alguna causal de despido de las contenidas en fecha en articulo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, por virtud a encontrase amparada por la inamovilidad laboral prevista en los artículos94 y 96 literales “A” y “B”.
Refiere igualmente que fue dictada providencia administrativa Nº 114-2006 de fecha 26 de junio de 2006, por la Inspectoria del Trabajo en Guarenas Municipio Plaza y Z.d.E.M. (Servicio de Fuero Sindical), a favor de su representada que ordeno el reenganche de su representada, en las mismas condiciones en que se encontraba para el momento en que ocurrieron los despidos, llevados a cabo el día 11 de marzo de 2005, hasta la definitiva readmisión (sic), en base a un salario mensual alegado en su solicitud de Bolívares UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL exactos (Bs.1.149.000,oo), actualmente (UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES), mensual, a lo que es igual a bolívares TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTO CON CERO CENTIMOS actualmente (TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES) diarios.
Arguye que las referidas empresas se negaron a dar cumplimiento a la providencia administrativa emitida por la Inspectoria del Trabajo en Guarenas Municipio Plaza y Z.d.E.M. (Servicio de Fuero Sindical), en virtud de lo cual se oficia a la jefatura de sanciones de dicha Inspectoria del Trabajo, con el fin que se le aperture el procedimiento de multas a las empresas Sociedad Mercantil INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A., de los cuales fueron impuestas las correspondientes multas a las agraviantes en fecha 13 de agosto de 2007, siendo sancionadas las infractoras según providencia administrativa de fecha 22 de septiembre de 2007, anexa planilla de liquidación de multas, sanción pecuniaria de la cual fueron impuestas las presuntas agraviantes, en fecha 18 de octubre de 2007, a la hora dos de la tarde (2:00pm).
Fundamentan su pretensión de conformidad con lo establecido en los artículos 94, 96, 453, 639, 642, y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto las presuntas agraviantes han desacatado la orden de reenganche y el pago de salarios caídos, en los términos en que les fueron ordenadas conforme al mandato de reenganche y pago de salarios caídos emanado de la Inspectoria del Trabajo y siendo procedente dicha inmovilidad, el inspector del trabajo debe ordenar la reincorporación inmediata del trabajador, a su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su ilícito despido hasta su definitiva reincorporación a su puesto de trabajo.
Que las empleadoras INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A., y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A., se colocó en rebeldía contumaz frente a la orden de reenganche y pago de salarios caídos infringiendo el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 131 de nuestra Carta Magna.
Solicita se decrete de forma inmediata, medida de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela a los fines de que sean restablecidas la situación jurídica infringida por las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A., y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A.
Finalmente intima y estima la presente acción de amparo en la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.300.000.000) lo que es TRESCIENTOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.300.000), a los fines de que el Tribunal que conozca de la presente acción condene a cancelar a las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A., y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A.
DE LA COMPETENCIA
Este Juzgado a los fines de decidir sobre la admisión de la presente acción debe previamente determinar si tiene atribuida la competencia para conocer de la misma, y al efecto observa:
Ha sido indicado reiteradamente por este Juzgado que, la competencia de los Tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia.
Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al cual corresponde el conocimiento de la acción.
Asimismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº.1700 de fecha 07 de agosto de 2007, dictada en el expediente Nº.2007-0787, estableció un cambio de criterio atributivo de competencias en materia de amparos constitucionales, la cual señala lo siguiente:
Al respecto, la aplicación del criterio orgánico siempre se ha ceñido al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional.
En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia.
Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas.
En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas –vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa.
En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de “disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos “corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…” (resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del M.T. de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución
Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.
En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo.
Establecido el anterior criterio de manera vinculante, esta Sala Constitucional ordena la publicación en Gaceta Oficial del presente fallo, y hacer mención del mismo en el portal de la Página Web de este Supremo Tribunal. Asimismo, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a las Cortes de lo Contencioso Administrativo y a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las distintas regiones. Así se decide.
Ahora bien, establecidas las competencias en materia de amparo constitucional, se observa, que en el presente caso se evidencia que se ejerce acción de amparo constitucional contra de las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A. en la persona de los ciudadanos M.R. CARVALHO, AGOSTINHO DOS S.S., J.A.G.C. y J.G., en su carácter de Directores y el ultimo de los nombrados en su condición de Gerente, alegando la violación de las normas de rango constitucional contempladas en los artículos 94, 96, 453, 639, 642, y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 27,87, 89, 97 y 131 de nuestra Carta Magna, por cuanto las presuntas agraviantes han desacatado la orden de reenganche y el pago de salarios caídos, en los términos en que les fueron ordenadas conforme al mandato de reenganche y pago de salarios caídos emanada de la Inspectoria del Trabajo, que en el caso bajo análisis se inserta dentro de una relación jurídico administrativa funcionarial, razón por la cual su conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que este órgano jurisdiccional es el Tribunal de Primera Instancia competente para conocer de la presente acción de amparo, y así se decide.
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Determinado lo anterior pasa el tribunal a revisar los requisitos de admisibilidad de la presente acción y al respecto observa que no están dadas las causales de inadmisibilidad establecidas en el articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena iniciar el trámite previsto en la sentencia de fecha 1º de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y por tanto se ADMITE la acción de amparo constitucional, en consecuencia, se ordena notificar a la parte presuntamente agraviante, a las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A. en la persona de los ciudadanos M.R. CARVALHO, AGOSTINHO DOS S.S., J.A.G.C. y J.G., con el carácter de Directores y el ultimo de los nombrados en su condición de Gerente, igualmente, notifíquese al Fiscal del Ministerio Público, Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, para que concurran al Tribunal, y se informen del día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última de las notificaciones ordenadas, anexándoles copias certificadas del escrito y demás recaudos producidos a dichas notificaciones.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:
Se ADMITE la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada YLENY DURAN MORILLO, titular de la cédula de identidad N°.11.935.843, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº.91.732, actuando en representación de la ciudadana N.C.A., venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 5.137.009, en contra de las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A. en la persona de los ciudadanos M.R. CARVALHO, AGOSTINHO DOS S.S., J.A.G.C. y J.G., en su carácter de Directores y el ultimo de los nombrados en su condición de Gerente, por la presunta violación de los artículos 94, 96, 453, 639, 642, y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 27,87, 89, 97 y 131 de la Constitución de la Republica Bolivariana, en virtud a la negativa de dar cumplimiento a la providencia administrativa Nº 114-2006 de fecha 26 de junio de 2006, por la Inspectoria del Trabajo en Guarenas Municipio Plaza y Z.d.E.M. (Servicio de Fuero Sindical).
Se ordena la notificación de las empresas INVERSIONES HEPTAEDRO, C.A. y PROMOCIONES BINGO AVENTURA, C.A. en la persona de los ciudadanos M.R. CARVALHO, AGOSTINHO DOS S.S., J.A.G.C. y J.G., su carácter de Directores y el ultimo de los nombrados en su condición de Gerente, para que concurran al Tribunal, y se informen del día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la consignación hecha por el Alguacil de este Juzgado de la última de las notificaciones ordenadas.
notifíquese al Fiscal del Ministerio Público, Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo y a la ciudadana Procuradora General de la Republica, anexándoles copias certificadas del escrito y del auto de admisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LO ORDENADO
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes enero de dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
JUEZ PROVISORIO
E.M.M..
LA SECRETARIA,
M.G.J.
En esta misma fecha, siendo las 1:30 p.m; se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
M.G.J.
Exp. 5902/EMM
