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Colectas no alcanzan para preservar el patrimonio eclesiástico

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Vincent

El 2 de agosto de 1960 hubo una declaratoria presidencial, publicada en la Gace ta Oficial Nº 26320, en la que de forma colectiva se dio una mención de Monumento Histórico Nacional a todas las iglesias y capillas, terminadas o no, que datan de 1830, para que no se destruyeran.Esta etiqueta no es más que una protección para que el patrimonio no sea demolido, pero no garantiza que haya dolientes gubernamentales que estén obligados a preservar estas estructuras.Estos templos que son patri monio de la época colonial, de la cual hay poco registro en el país, son propiedades privadas que pertenecen a la arquidiócesis o diócesis donde se encuentran, por lo que deben ser refaccionadas y cuidadas por ellas mismas, según la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, pero no tienen fondos para hacerlo. El dinero que los fieles dan durante las misas no es sufiente para acometer estos trabajos.El gobierno no está en la obligación de mantener estas sedes patrimoniales, aunque la declaratoria presidencial de Monumento Histórico Nacional quiere decir que el Ejecutivo nacional delega la inversión en preservación a criterio subjetivo de cada gobierno estadal o municipal, pero solo 25% de las alcaldías tienen fondos para estos trabajos, según explicó una fuente del IPC.En San Diego de los Altos, en el estado Miranda, está la iglesia San Diego de Alcalá que data del siglo XVIII. En su fachada hay una placa en la cual se informa que el escritor Cecilio Acosta fue bautizado en el lugar, el 23 de febrero de 1818. Junto con la fe de bautismo de este pensador venezolano también se archivan las de indígenas, hombres blancos y amos de esclavos, pero su estructura no le hace justicia a la memoria histórica que reposa en la sede.Los techos, contruidos en madera de cedro, tienen goteras y están cediendo, plantas que fueron naciendo sobre las tejas atraviesan las paredes de bahareque y otras bajan a modo de lianas y las filtraciones corroen la estructura.El párroco de San Diego, Wilmer Zambrano, explicó que en 2011 la Vicepresidencia de la República tomó la denuncia, acudieron ingenieros y aprobaron un proyecto de recuperación, pero después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez más nunca acudieron al lugar. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski...

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