Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 3 de Octubre de 2013

El objeto del presente recurso, señala el recurrente, lo constituye la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control número 02 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 28 de noviembre de 2012, mediante la cual prescindió de la realización de la audiencia oral establecida en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, y decretó el sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos E.I.C.M., C.M.C.d.C. y C.H.C.M., solicitado por la Fiscalía Primera del Ministerio Público.

Fundamenta su recurso en los numerales 1, 2, y 5 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal (violación de normas relativas a la oralidad e inmediación, concentración y publicidad del juicio, al no realizar la audiencia oral con el fin de escuchar a la víctima, existiendo suficientes elementos de prueba para haber celebrado la audiencia preliminar, debiendo la víctima ser oída, así como en la audiencia oral que resuelve el sobreseimiento de la causa.

Alega el apelante que es criterio reiterado tanto la Sala Constitucional, como la Sala de Casación Penal, que la audiencia de sobreseimiento no debe celebrarse en forma obligatoria, pero si el Juez considera que debe prescindir de su celebración, debe en forma motivada señalar por qué no se realiza, en caso de no estar motivada se deberá convocar y realizar una audiencia especial para que las partes tengan la oportunidad para la exposición de los alegatos y defensas que estimen pertinentes, violando así el derecho constitucional contenido en el artículo 49 en su numeral 3, y el artículo 26 eiusdem al no obtener la tutela efectiva.

Así mismo, denuncia el recurrente ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, alegando que la decisión impugnada es copia fiel y exacta de lo presentado y transcrito por el Ministerio Público, en su escrito corriente a los folios 765 al 781 de autos, aplicando erróneamente lo contenido en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal al no dar razones de hecho y derecho en las que fundamentó la decisión.

Agrega que de las resultas corrientes desde los folios 767 al 771, se demostró que el ciudadano E.I.C. es medio hermano de A.D., persona que se ofreció para vender la casa por intermedio de un poder y con astucia se ofreció para interceder en la venta, lo cual conforme al artículo 77 del Código Penal, es un agravante; refirió que el poder corriente a los folios 196, 260 y 261 pretende hacer ver un convenio privado de compra y venta y otras series de circunstancias que en el derecho no son aplicables, aprovechándose de la avanzada edad de su representante, quedando según el recurrente demostrado el engaño y fraude que pretendía al comprar el inmueble la señora C.H.C.M., tía del imputado E.I.C., y posteriormente esta ciudadana le vende al esposo de E.I.C., sin que medie prueba alguna de que hayan cancelado precio alguno, señaló el recurrente que quedó demostrado desde los folios 271 al 409, a través de los informes de la Superintendencia de Bancos, que no existía fondo suficiente para realizar negociaciones del valor que tiene este inmueble y crea más suspicacia el cual el Ministerio Público debió tomar en cuenta que el valor que le dan a la casa en el año 1999, es el mismo valor en el año 2003.

Sostiene el apelante, que en reiteradas oportunidades al Ministerio Público se le solicitó que emitiera el acto conclusivo, incluso siendo necesario acudir ante el Tribunal Segundo de Control conforme al artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, situación que jamás se llevó a cabo, expresó que es evidente de las actas que el imputado E.I.C., sus argumentos de defensa son desechados al aplicar una sana lógica jurídica; que es inconcebible que exista un escrito falso y el Fiscal del Ministerio Público con su anuencia justifique su presencia en la causa, cuando fue introducido por estos ciudadanos ante la Fiscalía y de las experticias realizadas a los folios 694 y 696 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y posteriormente por la Guardia Nacional Bolivariana en los folios 706 al 710, no le dio ningún valor a dichas resultas.

Finalmente, denuncia violación de ley por inobservancia o falsa aplicación de una norma jurídica, al considerar que se realizó una errónea aplicación de los artículos 313, 323 y 324 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando finalmente se anulará la sentencia, se ordenará la celebración de la audiencia oral, se dictará decisión propia sobre el asunto con base a las comprobaciones de hecho, y se declare con lugar la presente apelación de sentencia.

Ahora bien, de las denuncias presentadas por el recurrente, se aprecia que en primer lugar, sostiene que la sentencia recurrida adolece del vicio de ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, señalando al fundamentar su denuncia, que la decisión impugnada es copia fiel y exacta de lo presentado y transcrito por el Ministerio Público, en su escrito corriente a los folios 765 al 781 de autos, que el Juzgador a quo aplicó erróneamente lo contenido en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, al no dar razones de hecho y derecho en las que fundamentó la decisión, y que si el Juez consideró que se debía prescindir de su celebración, debía en forma motivada señalar por qué no se realizó, violando según su criterio el derecho constitucional contenido en el artículo 49 en su numeral 3, y el artículo 26 eiusdem al no obtener la tutela efectiva.

En torno a lo manifestado por el recurrente, ha expresado esta Corte de Apelaciones en oportunidades anteriores, que el Código Orgánico Procesal Penal, en relación a los recursos, señala que los mismos deben ser interpuestos mediante escrito debidamente fundado, en el cual se debe expresar concreta y separadamente cada uno de los motivos de impugnación, con su debida fundamentación y la solución que se procura, lo cual lógicamente no es dable de considerarse como un simple formalismo que pueda ser desechado, ya que de lo inteligible y preciso del escrito recursivo depende la cabal comprensión, por parte de la Alzada, de los motivos de apelación esgrimidos por quienes recurren, a fin de procurar una respuesta pertinente y oportuna.

Así mismo, estima necesario esta Corte de Apelaciones recordarle al recurrente, que como también se ha señalado en anteriores ocasiones, el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé cinco causales de impugnación de la sentencia definitiva, a saber: (1) Por falta de motivación en la sentencia, (2) por contradicción en la motivación de la sentencia, (3) por ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, (4) por estar fundada la sentencia en prueba obtenida ilegalmente, y (5) por estar la sentencia fundada en prueba incorporada con violación a los principios del juicio oral.

Por tanto, si la sentencia proferida por el Tribunal a quo, según el dicho del recurrente, es copia fiel y exacta de lo presentado y transcrito por el Ministerio Público, y no indicó las razones de hecho y derecho en las que fundamentó para prescindir de la celebración de la audiencia, tal actuación debe considerarse como falta de motivación en la sentencia recurrida, no pudiendo calificarse de ilógicos o contradictorios los fundamentos que no han sido expresados, por lo que al ser excluyentes entre sí estos dos motivos de impugnación, no pueden ser aducidos conjuntamente en una misma denuncia.

No obstante lo anterior, también se ha establecido que la falta de técnica recursiva no es obstáculo para que la Alzada, a la luz del derecho constitucional a obtener una tutela judicial efectiva sin sacrificio de la justicia por formalismos no esenciales (atendiendo a los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), y en relación al principio de la doble instancia en el marco del derecho al recurso, entre a conocer el fondo del asunto planteado (si este puede desentrañarse del escrito presentado), ya que como lo expresó la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 25 de fecha 05 de febrero de 2004, “(…) las C.d.A. en su función de garantes del principio de la doble instancia, deben esmerarse en comprender lo solicitado por el recurrente para ofrecerle una respuesta lógica y razonada al fondo, en lugar de referirse a la forma como fue interpuesto el recurso”, siendo el anterior criterio reiterado en sentencia número 33 de fecha 11 de febrero de 2004 y número 12 de fecha 08 de marzo de 2005.

Con base en lo anterior, entiende esta Corte de Apelaciones, y sobre esto versará el pronunciamiento respectivo, que el recurrente alega, por una parte, la falta de motivación de la recurrida, en cuanto a que el Tribunal se limitó a transcribir idénticos fundamentos señalados por el Representante del Ministerio Público, en su solicitud de sobreseimiento y no indicó las razones por las cuales prescindió de la audiencia oral contenida en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la fecha del pronunciamiento de la decisión recurrida). Y así se decide.

Precisado lo anterior, y una vez efectuada revisión a las causales de apelación invocadas por la defensa, considera esta Alzada que a los fines de realizar un análisis exhaustivo a la totalidad de la sentencia recurrida, se hace necesario entrar a abordar en primer lugar el mérito de la denuncia relativa a la falta en la motivación de la sentencia, prevista en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de precisar la labor efectuada por el Juzgador de Primera Instancia, para entrar a abordar el mérito de las demás denuncias presentadas; y al respecto, en torno a la motivación de la sentencia, es preciso destacar que esta Corte de Apelaciones acoge el criterio sostenido de la Sala de Casación Penal de nuestro M.T., el cual establece:

(…) no es más que la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, eso si, una solución racional, clara y entendible que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables (…)

, señalando que motivar una sentencia significa que la misma “(…) debe contener la exposición concisa de los fundamentos de hecho y derecho, conforme el artículo 364 eiusdem, con el objeto de verificar la racionalidad del fallo impugnado (…)”; sentando igualmente que, por el contrario, adolecerá de inmotivación el fallo, “(…) cuando las razones de hecho y de derecho, en las que se han basado, conforme a lo probado por las partes, para establecer una decisión, no han sido expresadas.” (Sentencias N° 564 y 571, de fechas 14 y 18 de diciembre de 2006, respectivamente).

Así mismo, es preciso señalar, que en cuanto a la motivación que debe observar toda decisión por mandato del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, en diversas sentencias, ha establecido lo siguiente:

Por otra parte, en decisión de fecha 31-12-02, en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, estableció:

La Sala observa que, tal y como lo ha dicho la sala en otras oportunidades, la inmotivación de los fallos que se convierten en violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una cuestión casuística que debe ser observada en cada caso… constata la Sala que la Sentencia impugnada del 12 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de los Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, no se pronunció sobre la interrupción de la prescripción alegada, ni sobre la prueba de la misma, lo que a criterio de esta Sala, constituye una inmotivación, violatoria del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Derecho de defensa de la hoy accionante la fue cercenado con respecto a sus alegatos….”.

Tal criterio ha sido reiterado, y al efecto se ha establecido que: “toda omisión judicial que sea lesiva a Derechos o Garantías Constitucionales es objeto inmediato de la acción de amparo”. Así mismo, la sala Constitucional en Sentencia No. 1878 del 12 de agosto del 2002, estableció que: “Una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en Derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: L.E.B.d.O.)… (Omissis)” (Subrayado de la Corte de Apelaciones).

En efecto, la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 288, de fecha 16 de junio de 2009, señaló que:

(…) los jueces al motivar su fallo, tienen la obligación de expresar el pronunciamiento mediante un razonamiento jurídico de forma explícita y directa de los fundamentos de hecho y de derecho en que apoyó su decisión, todo esto, de conformidad con los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, y con lo establecido en los artículos 173 y 364 (numeral 4) del Código Orgánico Procesal Penal.

(Subrayado de esta Alzada).

De lo anterior, se tiene pues que la motivación de la sentencia es esencial a los fines de cumplir con los principios de la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso, por cuanto la misma permitirá a las partes y a la sociedad en general, conocer las razones que ha tenido el juez para adoptar el fallo dictado, lo que a su vez hace viable el control sobre la decisión, al ser posible a.e.r.b. los principios de la lógica y el Derecho, propendiendo a evitar, como se señaló ut supra, el pronunciamiento de sentencias arbitrarias o caprichosas.

Ahora bien, en cuanto a la prueba, ha señalado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias N° 311 y 382, de fechas 12-08-2003 y 23-10-2003, respectivamente, que:

(…) la prueba es el eje en torno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo. En materia penal la prueba está dirigida esencialmente a corroborar la inocencia o a establecer la culpabilidad del procesado (…)

. (Subrayado de la Corte)

Y en sentencia N° 80, de fecha 13-02-2001, con ponencia del Magistrado Dr. A.A.F., señaló:

La motivación del fallo se logra a través del análisis concatenado de todos los elementos concurrentes en el proceso, a fin de que las decisiones que se adopten no aparezcan como producto del descuido, arbitrariedad o capricho del sentenciador

. (Subrayado de esta Alzada).

Así mismo, en sentencia N° 661, de fecha 28-11-2007, emanada de la misma Sala, se estableció que:

(…) la motivación que realiza el Juez de Juicio, proviene de un razonamiento lógico, que se obtiene de la distinción, concatenación y comparación de todos los elementos y circunstancias observadas durante el juicio, a través del cual el sentenciador, conforme a la valoración propuesta en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el hecho y determina el derecho aplicable. Motivar es realizar una explicación detallada y concordada de los fundamentos de hecho y de derecho determinados en el debate, de las condiciones que determinan la culpabilidad del acusado, los elementos probatorios aportados y valorados para su tipificación, los elementos descartables y las circunstancias de la acción, culpabilidad y punibilidad de la conducta asumida por el infractor, pues tales condiciones soportan el fin de la resolución judicial.

Se desprende pues que la motivación de la sentencia comprende la apreciación, por parte del juzgador, de todos los elementos probatorios producidos en el proceso, a fin de lograr su convicción y establecer de manera razonada los hechos que considera acreditados, cuya subsunción en el Derecho será el siguiente paso a seguir para determinar tanto la comisión del punible, como la existencia de responsabilidad penal por parte del acusado.

De otro lado, y visto lo alegado por el recurrente, se hace preciso destacar que respecto de la convocatoria a la audiencia oral para oír los planteamientos en relación con la solicitud de sobreseimiento interpuesta por el Ministerio Público, que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 318 (vigente para la fecha del pronunciamiento de la sentencia recurrida), establece las causales que hacen procedente la solicitud de sobreseimiento como acto conclusivo del Ministerio Público; a saber: 1.- que el hecho objeto del proceso no se haya realizado o no sea posible atribuirlo al imputado o imputada; 2.- que no sea típico o concurra una causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad; 3.- que se haya extinguido la acción penal o se acredite la cosa juzgada; 4.- que no existan suficientes elementos para solicitar el enjuiciamiento del imputado o imputada, no existiendo razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación; y 5.- que lo establezca expresamente la N.A.P..

Así mismo, al ser la solicitud de sobreseimiento lógicamente contraria a la pretensión de las víctimas de los hechos objeto del proceso, el ordenamiento jurídico venezolano le confiere a esta el derecho a ser oída previamente a la decisión que lo declare, a fin de salvaguardar su derecho a ser oída como parte integrante del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Tal derecho se encuentra establecido a nivel constitucional en el artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en rango legal y de forma general, en el numeral 7 del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo específicamente señalado en el caso del sobreseimiento, en el artículo 323 eiusdem al establecer:

Artículo 323. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate.

Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo

.

Se evidencia así, que la víctima tiene el derecho a que se le oiga antes de dictar la decisión que ponga fin al proceso, mediante la declaratoria del sobreseimiento, debiendo – en principio – convocarse a una audiencia oral a fin de escuchar los fundamentos de la solicitud de la Fiscalía actuante y los alegatos que pueda tener la víctima en oposición a dicha solicitud, pues como lo señala la norma in comento, se trata de debatir sobre los fundamentos de la solicitud de sobreseimiento.

Como excepción, el referido artículo señala que el Tribunal de Control, puede prescindir motivadamente de la celebración de la audiencia oral, en caso de considerar innecesaria la realización de la misma a efectos de la comprobación del motivo del sobreseimiento, lo cual atiende a la celeridad y economía procesal, en previsión de aquellos casos en los cuales, aún celebrándose la audiencia y oyendo los alegatos de la víctima, indefectiblemente sería procedente la declaratoria del sobreseimiento (por ejemplo, cuando del estudio de los hechos denunciados se evidencia a todas luces su atipicidad).

En virtud de lo anterior, y como se desprende de la norma citada, el Tribunal de Control, ante una solicitud de sobreseimiento de la causa, debe convocar a las víctimas de autos a una audiencia oral a los fines de oír sus alegatos respecto de la petición propuesta por el Ministerio Público, a fin de garantizar su derecho a ser oída previamente a la decisión que concluya el proceso; o en su defecto, debe expresar motivadamente por qué considera que no es necesaria la celebración de la referida audiencia para la comprobación del motivo del sobreseimiento.

Con base en lo expresado, procede seguidamente esta Alzada a revisar si tal explicación sobre la prescindencia de la audiencia fue o no realizada por el A quo, dado que de autos se desprende claramente que no hubo celebración de la audiencia, y al efecto se aprecia que consta en la decisión objeto de impugnación, lo siguiente:

(Omissis)

Agregan los denunciantes que en virtud que ambos decidieron dar por concluida su relación matrimonial, aunado a ciertos problemas de orden económico, el ciudadano E.I.C., (hermano del denunciante), “… hijo de una relación de su padre a la muerte de su esposa…” se ofreció para ayudar a la venta del referido inmueble, por lo que les propuso, que este último les entregaba a los ciudadanos denunciantes, la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES, comprometiéndose los propietarios del referido inmueble a firmarle un poder al ciudadano E.I.C., en cuyo contenido los primeros facultan a este último para vender la vivienda anteriormente mencionada, dado que sus propietarios, por razones personales se iban a domiciliar en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital. Afirman los denunciantes, haber llegado a un acuerdo con el ciudadano E.I.C., en el sentido de que una vez que dicho ciudadano vendiera la residencia, el ciudadano Emiro, recuperaba los CIEN MIL BOLIVARES, entregados a su propietario, más una parte de ganancia y la cantidad restante le era entregada a los ciudadanos aquí denunciantes.

Afirman los ciudadanos A.D.D. y M.A.P.D.D., en el escrito de denuncia en comento, que una vez que se marcharon hacia la ciudad de Caracas, el ciudadano I.C., tomó posesión del referido inmueble, y bajo engaño les hizo suscribir un poder, “… aprovechándose de nuestra necesidad y de nuestra avanzada edad…”, el cual utilizó con posterioridad para vender el inmueble en cuestión, a su tía C.C., y luego esta última, vende el inmueble en cuestión a la ciudadana C.M.C.D.C., (esposa del denunciado), por lo que el referido bien inmueble ingresa nuevamente al patrimonio de este último.

Ante tal situación, los ciudadanos denunciantes consideran que los denunciados incurrieron en el delito de “… estafa y defraudación…” por lo que solicitan sean declarado los mismos, y de igual manera se verifiquen los movimientos bancarios de la ciudadana C.C., ya que su criterio, esta última, no poseía los suficientes recursos para adquirir el inmueble que aún consideran de su propiedad.

En su descargo, en fecha 01-05-2009, el ciudadano denunciado E.I.C., presentó un escrito y sus anexos, ante esta Representación Física (sic), donde afirma entre otras cosas, haber efectuado la venta de la vivienda propiedad de la familia DELGADO-PATIÑO, bajo las cláusulas establecidas en el documento poder que le fuera otorgado por los propietarios del referido inmueble, de igual manera anexa una serie de documentos que tratan de corroborar cada una de las afirmaciones por el realizadas, tales como los del documento de poder, citado en referencia, los documentos de compra – venta, efectuados como consecuencia del ejercicio de dichas facultades que le fueron conferidas, y las ventas realizadas con posterioridad, en ejercicio de derecho de propiedad de los adquirientes, de igual manera, consignó el referido ciudadano una “carta privada”, de fecha 22-02-1999, que según dicho ciudadano fue dirigida a su persona por parte del ciudadano A.D.D., donde este último le ofrece en venta el referido bien inmueble; por lo que a criterio del ciudadano E.I.C., que dicha negociación no se efectuó mediante presiones ejercidas por su persona, tal como lo alega los denunciantes.

Sobre este último de carácter privado, el cual fue desconocido posteriormente por el ciudadano A.D.D., se logro establecer que efectivamente no fue firmado por este último, como tampoco por el ciudadano denunciado E.I. COLLS…

.

II

De la revisión efectuada a todas y cada una de las actuaciones que conforman la presente causa, se evidencia que el hecho que dio origen a la presente averiguación, lo constituye por una parte, el delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462, del Código Penal, vigente al momento de los hechos, de lo cual se observa que debe tenerse como fecha del hecho, la misma señalada en el instrumento poder debidamente Registro (sic) ante la oficina Subalterna de Registro Público del Municipio San C.d.E. (sic) Táchira, bajo el No 31, tomo 1 de fecha 18 de Mayo de 1999, por lo que hasta la fecha de presentación del escrito de denuncia, transcurrió NUEVE (9) AÑOS, CUATRO (4) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, y desde la primera fecha hasta el día de hoy ha transcurrido TRECE (13) AÑOS, SEIS (6) MESES Y CUATRO (4) DIAS. Luego con respecto al delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y sancionado en el articulo 323 y sancionado en el articulo 322, del Código Penal vigente, al momento de los hechos, ocurrido en fecha 22-02-1999, de lo cual se observa que hasta la fecha de presentación del escrito de la denuncia transcurrió: NUEVE (9) AÑOS, OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS y desde la primera fecha hasta el día de hoy ha transcurrido un tiempo de TRECE (13) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y CERO (0) días.

Lo anterior no deja duda alguna que ha transcurrido el tiempo más allá del indicado para que se produzca la prescripción de las acciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 ordinal 5 del Código Penal, la acción penal en la presente causa se encuentra evidentemente prescrita, siendo en consecuencia, procedente la solicitud Fiscal por encontrarse ajustada a derecho y este Tribunal procede a decretar el Sobreseimiento (sic) de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, y así lo decide.-

(Omissis)”.

Ahora bien, con base en los argumentos alegados por la defensa en torno a este vicio, precisado lo sentado por el Tribunal Supremo de Justicia en torno a la motivación de la sentencia y a la realización de la audiencia o su prescindencia a los fines de resolver la solicitud de sobreseimiento de la causa, de la revisión hecha a las presentes actuaciones, esta Alzada observa que en efecto, y tal como lo aduce el recurrente, el Juez de Control, se limitó a efectuar una serie de consideraciones que como señala la defensa se reducen a indicar los mismos fundamentos a los contenidos en la solicitud de sobreseimiento de la causa, presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, para finalmente efectuar un cálculo matemático del que resulta el tiempo transcurrido desde la denuncia de los hechos que dieron origen a la presente causa, sin expresar luego de efectuar un análisis propio las circunstancias que consideraba quedaban establecidas.

De igual modo, se aprecia tal y como lo señala el apelante, que el Tribunal a quo, antes de emitir el correspondiente pronunciamiento y para excluir la realización de la audiencia, no hizo pronunciamiento alguno, y así cumplir motivadamente con su obligación de explanar debidamente las razones por las cuales prescindía de la misma, pues como resulta demostrado, no expresó motivadamente sus consideraciones sobre el por qué no debía realizarse la audiencia oral establecida en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, (vigente para la fecha del pronunciamiento de la sentencia recurrida), a efectos de la verificación de la causal de sobreseimiento alegada.

De lo anterior, considera esta Corte de Apelaciones, que si bien la víctima ha sido previamente oída ya que sus argumentos reposan en el escrito de denuncia, no convocar a la audiencia oral, prevista en el artículo 323 eiusdem, ni señalar las razones por las cuales se prescinde de su celebración, tergiversa la intención del legislador o la legisladora al establecer ese derecho en el numeral 7 del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al derecho de la víctima a ser oído u oída, previamente al pronunciamiento de la decisión que ponga fin al proceso, y específicamente en el caso de tratarse de una solicitud de sobreseimiento, a debatir sobre los fundamentos presentados por el Ministerio Público en dicha solicitud.

Aunado a ello, si bien es cierto el Tribunal de Control estaba facultado para prescindir de la convocatoria y celebración de la audiencia para oír a las víctimas y decidir sobre el sobreseimiento de la causa, debió ser debidamente motivada (lo que incluye que la misma sea expresa y suficiente), pues lo contrario constituye una violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que acarrea la nulidad de lo actuado, surgiendo la necesidad de reponer la causa a los efectos de sanear el proceso, confiriendo la oportunidad a la víctima de exponer sus alegatos referentes al acto conclusivo fiscal (salvaguardando su derecho a ser oída, como parte del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva), pues es evidente la necesidad de tal debate en el caso particular sub iudice.

Y como se indicó ut supra, se evidencia que el Tribunal a quo no dio cumplimiento de manera alguna a lo señalado en la n.a.p. ni al criterio sostenido por la Sala Constitucional del M.T. de la República, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., en el expediente número 03-1565, la cual señaló:

Ahora, sin perjuicio del contenido del aparte precedente no puede esta Sala omitir pronunciamiento en relación con las formalidades que debieron ser seguidas, dentro de la incidencia que dio lugar al decreto judicial de sobreseimiento antes referida. En efecto, establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal que, luego de la presentación de la solicitud fiscal de sobreseimiento, el Juez deberá, en principio, convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral dentro de la cual serán debatidos los fundamentos de la petición. Es una regla general que constituye una inequívoca manifestación, por parte del legislador, de aseguramiento, en favor de todos los legítimamente interesados en el proceso, de la efectiva vigencia del derecho a la defensa que proclama el artículo 49.1 de la Constitución. Ahora bien, el mismo legislador incluyó la disposición de que el Juez decida prescindir de dicho debate, cuando estime que el mismo no sea necesario para la prueba del motivo del sobreseimiento. Ahora bien, porque se trata, como se acaba de expresar, de una opción excepcional en el trámite del sobreseimiento, la cual, de una u otra manera, afecta el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, en beneficio de la celeridad y simplicidad procesal que también proclama la Constitución a través de sus artículos 26 in fine y 257, la decisión de prescindir del debate y, por tanto, de no dar oportunidad a las partes para la exposición de lo que estimen pertinente en relación con el referido acto conclusivo, debe ser razonada o motivada, so pena de nulidad, de acuerdo con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal. En el presente caso resulta evidente que las partes no debatieron, en audiencia, los motivos del sobreseimiento en cuestión, por lo que, de la decisión que recayó, en relación con el mismo, hubieron de ser notificadas las partes posteriormente, de acuerdo con el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal; mas tampoco consta en el auto por el cual se decretó dicho sobreseimiento, ni en actuación procesal previa alguna, que la Jueza Sexta de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo hubiera decidido, de manera expresa, la no realización de la audiencia que prescribe el artículo 323 de la citada ley adjetiva, ni, como es natural, consta motivación alguna de dicha decisión. Tal omisión constituye una infracción grave al debido proceso, en su concepto genérico, y a su concreción del derecho a la defensa, cuya tutela interesa al orden público y debe ser, por tanto, provista aun de oficio, dado los efectos negativos que el seguimiento de dicha conducta, por parte de otros órganos jurisdiccionales, produciría al interés social, tal como estableció esta Sala, en su fallo n° 1689, de 19 de julio de 2002, el cual, si bien referido al amparo, es, sin duda, de plena pertinencia para el proceso judicial en general. Se concluye, entonces, que la inmotivada decisión, por parte de la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, de prescindir de la audiencia oral para que las partes debatieran sobre los fundamentos de la antes referida solicitud fiscal de sobreseimiento constituye no sólo una infracción al artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que la observada omisión condujo a una seria lesión del derecho fundamental a la defensa, en perjuicio de las partes involucradas en el proceso penal correspondiente, razón por la cual, por razones de orden público constitucional, debe esta Sala decretar, con base en el artículo 191 eiusdem, la nulidad absoluta del auto que, el 26 de junio de 2002, dictó la Jueza Sexta del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante el cual decretó el sobreseimiento de la antes referida causa penal, y la reposición de la misma al estado de que el Tribunal de Control del preseñalado Circuito Judicial Penal, provea en relación con el contenido del primer párrafo del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

(Subrayado y negrillas de esta Corte de Apelaciones).

Criterio sostenido por la Sala de Casación Penal del M.T., en decisión número 533, de fecha 30 noviembre de 2006, señaló lo siguiente:

El artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

(Omissis)

De la norma transcrita se observa que el legislador exigió, como requisito para decretar el sobreseimiento de la causa, la convocatoria y realización de una audiencia especial para que las partes tengan oportunidad para la exposición de los alegatos y defensas que estimen pertinentes. Sin embargo, si el juez, excepcionalmente, decidiere prescindir de dicha audiencia, debe motivar su decisión de no realizar la referida audiencia, es decir, explicar los fundamentos sobre los que basa su decisión, para así garantizar los derechos de las partes.

En este orden, la Sala Constitucional en sentencia No. 1195 del 21 de junio de 2004, con ponencia del Magistrado Doctor P.R.R.H., estableció lo siguiente: (Omissis)

. (Negrillas y subrayado de esta Corte).

Hechas las anteriores consideraciones, esta Alzada arriba a la conclusión que ante la falta absoluta de señalamiento por parte del Juez de la recurrida, sobre los motivos que lo llevaron a prescindir de la convocatoria a la audiencia oral, por considerar que la misma era innecesaria a efectos de la comprobación del motivo de sobreseimiento aducido, a los fines de ofrecer a las partes las razones por las cuales se estimó como innecesario el debate sobre la solicitud de sobreseimiento, esta Corte de Apelaciones, arriba a la conclusión que en el caso de autos es procedente declarar con lugar el recurso interpuesto, por el Abogado J.H.A.C., en su condición de apoderado de los ciudadanos A.D.D. y M.A.P.d.D..

En consecuencia, anula la decisión la decisión dictada en fecha 28 de noviembre de 2012, por el Abogado R.A.C.D., en su condición de Juez del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control número 03 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la causa, a favor de los ciudadanos E.I.C.M., C.M.C.d.C. y C.H.C.M., por la presunta comisión de los delitos de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal vigente, y Uso de Documento Privado Falso, previsto y sancionado en el artículo 323 y sancionado en el artículo 322 eiusdem, vigente al momento de los hechos, de conformidad con lo señalado en el artículo 318.3 en concordancia con el artículo 108 ibidem, debiendo retrotraerse la causa al estado de que un Juez o Jueza de Control, distinto a aquél que dictó la decisión impugnada, provea sobre la solicitud fiscal, en cuanto a lo señalado en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo considerar la necesidad de la realización de audiencia oral a los fines del debate para la comprobación del motivo de sobreseimiento, en virtud de los señalamientos realizados por las víctimas, atinentes al tratamiento dado por el Ministerio Público a los hechos denunciados. Y así se declara.

Declarado con lugar el recurso de apelación por falta en la motivación de la sentencia, conforme al ordinal 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Alzada estima innecesario e inoficioso, pronunciarse respecto a la denuncia relativa a violación de ley por errónea aplicación de una norma jurídica, ya que el efecto deseado por el recurrente se produjo, como es la anulación de la sentencia impugnada. Y así se declara.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado J.H.A.C., en su condición de apoderado de los ciudadanos A.D.D. y M.A.P.d.D..

ANULA la decisión dictada en fecha 28 de noviembre de 2012, por el Abogado R.A.C.D., en su condición de Juez del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control número 03 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, decretó el sobreseimiento de la causa, a favor de los ciudadanos E.I.C.M., C.M.C.d.C. y C.H.C.M., por la presunta comisión de los delitos de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal vigente, y Uso de Documento Privado Falso, previsto y sancionado en el artículo 323 y sancionado en el artículo 322 eiusdem, vigente al momento de los hechos, de conformidad con lo señalado en el artículo 318.3 en concordancia con el artículo 108 ibidem.

ORDENA la reposición de la causa al estado que un Juez o Jueza de la misma categoría y competencia, distinto al que dictó la decisión anulada, resuelva sobre la solicitud de sobreseimiento conforme a lo señalado en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo considerar la necesidad de la realización de audiencia oral a los fines del debate para la comprobación del motivo de sobreseimiento, en virtud de los señalamientos realizados por las víctimas, atinentes al tratamiento dado por el Ministerio Público a los hechos denunciados.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

Los Jueces y la Jueza de la Corte,

Abogada Ladysabel P.R.

Jueza Presidenta

Abogado Rhonald D.J.R.A.M.A.M.S.

Juez Ponente Juez de Corte

Abogada M.N.A.S.

Secretaria

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria

1-As-SP21-R-2013-01/RDJR/ecsr/chs.