Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Agosto de 2007

197° y 148°

PARTE DEMANDANTE: J.E.C.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.214.253, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.040, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira.

DOMICILIO PROCESAL: Carrera 4, entre calles 5 y 6, Centro Comercial “Casa Francesa”, Oficina Nº 5-56, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: C.U.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.148.982, parte demandante en el juicio Nº 5880 de DESLINDE.

APODERADOS JUDICIALES DEL

DEMANDADO: Abogados G.E.D.R., M.S.P.d.D., y M.G.G.B., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.504.726, V-6.243.272 y V-10.176.164, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 71.668, 48.353 y 59.580, en su orden, según Poder Apud Acta fechado 24.11.2006. J.A.E.M. y E.D.C.V., inscritos en el inpreabogado bajo los Nros.- 89.584 y 35.141 en su orden, según Poder Apud Acta fechado 12.07.2007.

DOMICILIO PROCESAL: Calle 4, con Octava Avenida, Parroquia La Concordia, Fondo de Comercio denominado “Repuestos Táchira TELETACA, Nº 7-96, San Cristóbal, Estado Táchira.

MOTIVO: PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.

EXPEDIENTE: Civil Nº 5880/06

I

Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda presentado por el Abogado J.E.C.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.214.253, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.040, abriéndose la respectiva incidencia, en fecha 06 de Octubre de 2006.

Alega el intimante lo siguiente:

1. - Que cursa por ante este Tribunal el Expediente signado con el Nº 5880, de fecha 22 de Mayo de 2003, en el cual la ciudadana C.U.V., demandó por DESLINDE DE PROPIEDADES CONTIGUAS A LOS Ciudadanos J.E.V.O., J.H. Y N.L.V..

2. - Que dicho proceso concluyó en primera instancia según decisión proferida por este Despacho en fecha 25.05.2004, inserta a los folios 104 al 111 del Expediente.

3. - Que posteriormente él ejerció el Recurso de Apelación en contra de dicha sentencia iniciándose el procedimiento de Segunda Instancia el cual concluyó mediante Sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Agrario de esta Circunscripción Judicial en fecha 18.10.2004, la cual riela a los folios 202 al 225 de este expediente. Contra este fallo los co-demandados no ejercieron recurso alguno, por lo que fue remitido el expediente a este Juzgado nuevamente declarándose DEFINITIVAMENTE FIRME y ORDENÓ SU EJECÚTESE.

4. - Que como consta en autos, el Abogado demandante tuvo a su cargo el patrocinio de la acción ejercida, durante casi tres años, siendo diligente en la realización de todos y cada uno de los actos, actuaciones y diligencias de este proceso, y como consecuencia de haber quedado definitivamente firme la sentencia proferida por este Juzgado, nace su derecho de percibir HONORARIOS PROFESIONALES.

5. - Citó algunos criterios jurisprudenciales al respecto.

6. - Fundamentó su pretensión en la siguiente normativa:

- Artículo 22 y 23 de la Ley de Abogados.

- Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados.

- Artículo 167 del Código de Procedimiento Civil.

II

Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la parte intimada en Escrito de fecha 27 de Noviembre del 2006 . ( Folios 24 al 29).

En fecha 22 de Enero de 2007, el Tribunal dicta sentencia y con fundamento en los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de Abogados, DECLARÓ la pretensión del Aforante con Lugar y en consecuencia de lo anterior DECLARÓ EL DERECHO del Abogado en ejercicio J.E.C.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.214.253, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.040, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira, A COBRAR los honorarios profesionales estimados e intimados. E igualmente ejercido el derecho de retasa, por la intimada C.U.V., ya identificada, acordó procederse al juicio de retasa respectivo en la siguiente etapa procesal. Será función de los jueces retasadores en la segunda fase del procedimiento toda cuantificación respecto al monto de los mismos. ( Folios 47 al 65).

Notificadas las partes como consta a los folios 66 y 69, en fecha 12 de Febrero de 2007, el abogado J.E.C.C., con el carácter de autos, presentó escrito de solicitud de aclaratoria. ( Folios 71 al 76).

En fecha 20 de Marzo de 2997, el Tribunal dictó sentencia a la Aclaratoria solicitada. ( Folios 77 al 09). Y consta en autos la notificación de las partes a los folios 93 y 95).

Por auto de fecha 21 de Junio de 2007, se fijó el tercer día de despacho siguiente a las 11:00 de la mañana, para el nombramiento de los Jueces Retasadores.

( Folio 96).

Corre al folio 97, acta de fecha 26 de Junio de 2007, mediante la cual tuvo lugar el nombramiento de los Jueces Retasadores en la presente causa.

Corre al folio 100, acta de fecha 28 de Junio de 2007, mediante la cual tuvo lugar el Juramento de los Jueces Retasadores.

Corre al folio 101, diligencia de fecha 03 de Julio de 2007, suscrita por el abogado J.E.C.C., con el carácter de autos, mediante la cual por cuanto han quedado firmes los honorarios profesionales, en virtud de que la parte intimada no consignó los honorarios de los jueces Retasadores, se proceda como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y en consecuencia, se decrete la ejecución.

Corre al folio 102, diligencia de fecha 06 de Julio de 2007, suscrita por el abogado J.E.C.C., con el carácter de autos, mediante la cual solicita se ordene y disponga lo conducente para la práctica de la indexación de la suma demandada.

Corre al folio 105, diligencia de fecha 12 de Julio de 2007, suscrita por la ciudadana C.U.V., con el carácter de autos, mediante la cual otorgó poder apud acta a los abogados J.A.E.M. y E.D.C.V..

III

Ahora bien, la estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado, debe ser tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone:

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias

.

Ahora bien como se ha dejado sentado por sentencia de fecha 22 de Enero de 2007, esta Juzgadora declaró el derecho del abogado J.E.C.C., identificado a cobrar los honorarios profesionales estimados e intimados. E igualmente, se acordó proceder a Jueces de Retasa. El cual una vez fijado y nombrados los Jueces Retasadores como consta al folio 96, la parte interesada no consignó los emolumentos.

Ahora bien, el último aparte del artículo 28 de la Ley de Abogados establece:

(…) Los honorarios de los retasadores los pagará la parte interesada cuyo monto determinará el Tribunal prudencialmente, fijando fecha para su consignación y en caso de que esta no se produzca en su oportunidad se entenderá renunciado el derecho de retasa… Las decisiones sobre retasa son inapelables.”

Establece el artículo 28 de la Ley de Abogados, que los honorarios de los Retasadores corresponde pagarlos la parte interesada, en este caso se refiere a quien solicita la retasa que es precisamente la parte intimada, indica la referida norma que el monto de los honorarios los determinará el Tribunal, prudencialmente fijando fecha para su consignación, y en caso de que esta no se produzca en esa oportunidad, se entenderá renunciado el derecho de retasa, con la excepción de la retasa obligatoria a la que hace referencia el artículo 26 de la referida Ley.

Ahora bien, la fijación de la cantidad para los Jueces Retasadores no es en sí fijada caprichosamente por el Tribunal puesto que para determinar el monto se tomó en consideración las actuaciones que debían ser revisadas y analizadas por los Retasadores.

En el presente caso, la parte intimada no consignó los honorarios fijados por el Tribunal a los Jueces Retasadores, lo que determina que su derecho a retasar los honorarios de la parte intimante ha sido renunciado, en conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Abogados; Razones por las cuales la parte intimada deberá cancelar al abogado intimante la cantidad de CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.190.000.000, 00), por concepto de honorarios extrajudiciales. Y así de decide.-

Por otro lado el Tratadista F.Z., en su obra Condena en Costas y Cobro Judicial de Honorarios de Abogado, Pagina 284, asentó:

Al tercer día de despacho siguiente al nombramiento de los Retasadores por las partes o por el juez, según el caso, y a la hora fijada, -dispone el artículo 28 de la Ley de Abogados-los nombrados deberán concurrir al Tribunal a prestar el juramento de desempeñar fielmente su cargo…

Los honorarios de los retasadores los pagará la parte interesada cuyo monto determinará el Tribunal prudencialmente, fijando fecha para su consignación, y en caso que ésta no se produzca en su oportunidad, se entenderá renunciado el derecho de retasa, quedando por lo tanto, firmes los honorarios estimados e intimados…

(Negrillas del Tribunal).

De los criterios jurisprudenciales doctrinarios y legales, así como de las actuaciones antes referidas, este Juzgador puede establecer que al entender que el demandado estaba renunciando al derecho de retasa, al cual como se pudo verificar se había acogido, en consecuencia quedan firmes los honorarios A QUE tiene derecho y que fueron estimados e intimados por el Abogado J.E.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.214.253, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.040 contra la Ciudadana C.U.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.148.982, por la cantidad establecida por este Tribunal en CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.190.000.000,00).

En otro orden de ideas, advierte este Juzgado que la demandante solicitó además de la declaratoria de firmeza de los honorarios estimados, la indexación del monto determinado.

Al respecto nuestra máxima instancia judicial ha establecido:

Como se podrá apreciar de las precedentes transcripciones, no cabe duda, que la recurrida incurre en el vicio de ultrapetita, conforme a los conceptos doctrinarios que se han dejado expuestos en este fallo; y ello se configura por conceder el juez mas de lo que el demandante pidió en el libelo de la demanda al ordenar la indexación, la cual no le fue solicitada, ajuste que sólo es permitido otorgarlo de oficio cuando se trata de materia de orden público y no en casos como el que aquí se analiza donde lo litigado son derechos privados. En este sentido se ha pronunciado en forma reiterada esta Sala, y así en sentencia Nº. 36, de fecha 11 de mayo de 2000, en el juicio seguido por Autocamiones Corsa C.A. contra Fiat Automotores de Venezuela C.A., expediente Nº. 99-903, donde se reiteró:

...Ahora bien, de la comparación que hiciere la Sala de lo solicitado por la parte actora en el libelo de la demanda y de lo decidido por el ad-quem en su dispositivo, se constata que efectivamente el juzgador se pronunció sobre algo no pedido por el accionante, como lo fue la corrección monetaria de las sumas demandadas.-

Asimismo, observa la Sala que el impugnante en su contestación alega que el juzgador sí debía pronunciarse sobre la corrección monetaria de oficio por cuanto se tratan de derechos indisponibles, los reclamados por el actor.-

Es menester precisar lo que se entiende por derechos disponibles e indisponibles, según el autor P.C. en su obra de Derecho Procesal Civil INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I, expresa lo siguiente:

‘Esta situación, en virtud de la cual la entrada en vigor de ciertas normas jurídicas se hace depender de la voluntad individual, constituye al individuo en una posición de señorío sobre las normas jurídicas dispuestas para tutela directa de sus intereses, y, por consiguiente, también sobre las obligaciones que de estas normas puedan nacer a cargo de otras personas: el deudor podrá ser constreñido al cumplimiento de su obligación sólo si tal cumplimiento es querido por el acreedor, con la invocación de la norma establecida para tutela de su crédito. En este sentido, el derecho subjetivo señorío del querer: se forma en torno al individuo una esfera de autonomía, y se podría decir que de soberanía individual, dentro de la el poder de disponer de los propios intereses y de exigir la satisfacción de los propios intereses y de exigir la satisfacción de los propios derechos, está reconocido por la ley solamente a él, de un modo exclusivo: dentro de estos límites, la ley quiere lo que el individuo quiere, y el Estado no tiene razón para reaccionar contra la inobservancia de las normas jurídicas, sino en cuanto el individuo haya reclamado su observancia en tutela del propio interés’.

‘A este poder soberano de disposición que el individuo tiene sobre la propia "esfera jurídica", que es, además, la esfera de la libertad individual dentro de la cual el individuo puede, para tutela de los propios intereses, querer o no querer sin que otro pueda intervenir para imponerle un diverso comportamiento, hace alusión al nuevo Código cuando habla de ‘derechos disponibles’ (ej. Art. 114) y cuando en varios lugares, que a su tiempo recordaremos, contrapone a las causas sobre ‘derechos o relaciones disponibles’ (que se podrían considerar como causas de derecho privado en sentido estricto) todas aquellas otras causas civiles que conciernen a relaciones no disponibles, o también (como tradicionalmente se dice) atinentes al orden público; esto es, relaciones reguladas por normas jurídicas cuya observancia es sustraída, en medida más o menos amplia, según los casos, a la libre voluntad de las partes y a la valoración discrecional que las mismas pueden hacer de sus intereses individuales...’

Aplicando la doctrina supra transcrita al caso de autos, se observa que los derechos reclamados tienen que ver con una acción de resolución de contrato de concesión y daños y perjuicios, la cual pertenece al denominado derecho privado, que configura un derecho disponible, pues el Estado no tiene ninguna potestad sobre los derecho reclamados, motivo por el cual el juez no podía pronunciarse de oficio sobre la corrección monetaria de las sumas demandadas, pues sólo, lo puede hacer siempre que la parte actora lo hubiere solicitado en su escrito libelar, y que se trate de derecho privado o disponible según quedó asentado en sentencia fecha 26 de mayo de 1999, en el juicio de M.V.P. y otra contra M.O.G.d.A., que dice:

‘Por otra parte, si bien la corrección monetaria puede ser acordada incluso de oficio por el Tribunal, tal cuestión depende directamente de la naturaleza de la obligación que se reclama, es decir, si en la misma están contenidos valores que afecten de alguna forma el orden público o se trate de derechos disponibles. El asunto referente a la oportunidad y posibilidad de solicitar la indexación, se encuentra vinculado con el tipo o la clase de derecho, que se encuentran debatido en el juicio donde se requiere la indexación. Así, dependerá, sí se trata de derechos disponibles o de carácter privado, o de derechos indisponibles, de orden público o irrenunciables.’

‘La respuesta a tal asunto la encontramos desarrollada en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en fallo de fecha 3 de agosto de 1994, en el caso Banco Exterior de los Andes y España (extebandes) contra C.J.S.L., se señaló que:

‘En primer término, en todas las causas, donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresamente y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de ultra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlos de oficio, aún cuando no haya solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia’.

‘Asimismo, ha expuesto la Corte Suprema, cuándo se puede acordar de oficio la indexación judicial, y en tal sentido ha sostenido que:

‘...se señaló al inicio del presente fallo, que su acordatoria de oficio, dependerá de si se trata de materia de orden público, o si se trata derechos disponibles, e irrenunciables o no . En efecto, no cabe duda a esta Sala que la indexación no puede ser acordada de oficio por el sentenciado cuando se trate de intereses o derechos privados y disponibles, lo cual implica que el actor tendrá que solicitarla expresamente en su libelo de demanda. Con ello se evita dejar a la parte contraria en un en un estado de indefensión, al estado de indefensión, al no poder contradecir y comprobar oportunamente contra la misma, e igualmente se libra al sentenciador de producir un fallo incongruente, por otorgar más de lo pedido u otorgar algo no pedido e incurrir en ultra petita, según sea el caso’.

(...Omissis...)

‘Distinto es el caso de los intereses de orden público o de derechos no disponibles o irrenunciables. En estos casos, el sentenciador sí puede acordar de oficio la indexación, ya que por mandato de ley, es un deber tutelar esos derechos...’

En consecuencia, como se trata de una indexación judicial de un procedimiento de orden privado la misma tenía que ser solicitada por el actor en el libelo de la demanda,....

(Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil dos. Exp. NºAA20-C-2001-000232).

En el sub-iudice trátase de la reclamación de Honorarios de Un abogado cuyo monto va a satisfacer las necesidades básicas tanto de quien los percibe como de su familia, esto es, resultante de las relaciones entre cliente y profesional liberal. El EJERCICIO LIBRE de una profesión que realiza cualquier abogado, en líneas generales no está sometido a horarios ni a fijación de salario por parte del cliente, no debe a éste dedicación exclusiva, pues el profesional en esta situación es libre y autónomo.

Dicho lo anterior es evidente que, habiendo sido solicitada la misma en el libelo de la demanda y tomando en cuenta la pérdida progresiva del valor adquisitivo de la moneda al momento de decidir sobre el monto de los honorarios reclamados, debe acordarse la indexación monetaria de los honorarios establecidos en el monto de CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.190.000.000, 00). Y ASI SE DECIDE.

En mérito de las precedentes consideraciones este Juzgado De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Agrario De La Circunscripción Judicial Del Estado Táchira, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE:

PRIMERO

SE ENTIENDE RENUNCIADO el derecho a retasa ejercido por la parte intimada de autos.

SEGUNDO

SE DECLARA FIRME el monto en dinero que por honorarios EXTRAJUDICIALES ha aforado el Abogado J.E.C.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.214.253, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.040, en la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.190.000.000,00).

TERCERO

En consecuencia queda firme el Decreto Intimatorio dictado por este Juzgado en fecha 22 de Enero de 2007 (folios 47 al 65). Procédase a la ejecución del mismo una vez firme la presente decisión.

CUARTO

Se acuerda la corrección monetaria del monto estimado en CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.190.000.000, 00), lo cual se hará en Experticia complementaria del fallo aplicando los índices establecidos por el Banco Central de Venezuela.

QUINTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, notifíquense a las partes de la presente decisión.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y Déjese copia certificada para el archivo del tribunal conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria en la Sala de Despacho del Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los Nueve (09) días del mes de Agosto del ańo dos mil siete. Ańos 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Juez Temporal

Abog. Yittza Y. Contreras B.

La Secretaria

Abg. Jeinnys Contreras P.