Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Cleopatra del Valle Avgerinos Pineda |
| Procedimiento | Calificación De Flagrancia |
AUTO QUE DECIDE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA
Y MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
Vista la Audiencia de Calificación de Flagrancia, este Tribunal oídas las partes pasa a hacer las siguientes consideraciones:
DE LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA
En relación a las circunstancias, que rodearon la aprehensión de los ciudadanos COLMENARES G.R.A., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad Nº V.-10.903.266, de 36 años de edad, nacido el 19 de julio de 1977, profesión u oficio taxista, de estado civil soltero, residenciado en Urbanización Vega de Aza, calle 6, casa N° 511, Vega de Aza, Estado Táchira y I.A.M., quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de C.d.B., República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 95918508, de 30 años de edad, nacido el 29 de octubre de 1979, profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en Socopó, Barrio Libertador, casa S/N, Estado Barinas, cabe señalar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, refiere:
Artículo 248. Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado.
De manera que, la flagrancia debe entenderse como una forma de evidencia procesal en cuanto a los participes, derivada de la oportunidad que han tenido una o varias personas de presenciar la realización del hecho o apreciar el delincuente con objetos instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su participación en el hecho punible. Son dos entonces los requisitos fundamentales que concurren a la formación conceptual de la flagrancia, en primer término la actualidad, esto es la presencia de personas en el momento de la realización del hecho o momentos después percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor.
Considera esta Juzgadora que están llenos los extremos del mencionado artículo, por cuanto los referidos imputados fueron aprehendidos por Funcionarios del Destacamento de Fronteras N° 13 del Comando Regional Número Uno de la Guardia Nacional, quienes dejan constancia en acta policial, que siendo aproximadamente la una de la tarde, cuando se encontraban de servicio en el Punto de Control Fijo del sector S.E.d.M.C., Estado Táchira, observaron el arribo de un vehículo automotor, en el cual viajaban dos ciudadanos, quienes quedaron identificados como R.A.C.G., quien era el conductor del vehículo y el ciudadano I.A.M., acto seguido procedieron a practicarle una inspección minuciosa al vehículo, incautando debajo del puesto del copiloto, un arma de fuego, tipo pistola, de color negro, la cual, al ser chequeada por el sistema policial, se determinó que la misma estaba solicitada por los delitos de Hurto Genérico y Homicidio Intencional, manifestando ambos ciudadanos que no sabían de quien era ese armamento, procediendo en consecuencia a la detención de ambos ciudadanos, participando de la misma a la Fiscalía del Ministerio Público.
Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, se hace procedente Calificar como Flagrante la aprehensión de los imputados COLMENARES G.R.A., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad Nº V.-10.903.266, de 36 años de edad, nacido el 19 de julio de 1977, profesión u oficio taxista, de estado civil soltero, residenciado en Urbanización Vega de Aza, calle 6, casa N° 511, Vega de Aza, Estado Táchira y I.A.M., quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de C.d.B., República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 95918508, de 30 años de edad, nacido el 29 de octubre de 1979, profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en Socopó, Barrio Libertador, casa S/N, Estado Barinas, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal, por cuanto fue aprehendidos durante la comisión del delito sindicado por el Ministerio Público, al llevar en el vehículo en el que se transportaban, un arma de fuego sin la debida permisología, arma que se encuentra solicitada, por la comisión de los delitos de Hurto Genérico y Homicidio Intencional, por lo tanto se encuentran satisfechos los extremos exigidos en el artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la disposición 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.
DEL PROCEDIMIENTO A APLICAR
En cuanto a la solicitud de aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que del contenido del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende que la solicitud de dicha aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal. De allí entonces, que habiéndose calificado la flagrancia, se ordena la prosecución de la presente causa por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Remitiéndose la presente Causa a la Fiscalía Primera del Ministerio Público, a los fines legales consiguientes, vencido el lapso de Ley. Y así se decide.
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
En cuanto a la solicitud Fiscal de imposición de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para los imputados COLMENARES G.R.A. e I.A.M., y la correlativa solicitud de imponer medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad por parte de la defensa, aduciendo la buena fe, la cooperación y la verdad de los hechos. Este Tribunal para decidir al respecto considera lo siguiente:
Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias: 1) La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal para perseguirlo no se encuentre prescrita. 2) La existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible. 3) Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, sobre un acto concreto de la investigación.
El Juzgamiento en Libertad es un Derecho y una Garantía establecida en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto, la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción.
Corresponde a quien decide revisar sí están o no satisfechos los extremos del artículo 250 del código adjetivo penal, a los efectos de decretar una medida privativa de libertad como lo peticionó la Fiscalía o si es procedente otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad a los imputados de autos, como lo peticionó la Defensa. En primer lugar estamos en presencia de dos delitos como lo son los delitos de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal. Ahora bien, en el presente caso, las actuaciones ponen en evidencia la comisión de un hecho punible imputable a los ciudadanos aprehendidos el cual merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, constando en el actuaciones producidas por el representante fiscal elementos de convicción que hacen presumir que el imputado tiene comprometida su responsabilidad penal en tal hecho ilícito. Debiendo concluirse que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los numerales 1 y 2 del referido artículo 250 del Código adjetivo penal; ahora bien en opinión de esta juzgadora, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
En el caso que nos ocupa presente caso, respecto del tercer requisito, esto es, una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, para quien decide considera que existen circunstancias que le hacen considerar que ciertamente en el caso de marras existe el peligro de fuga, sobre todo en relación al ciudadano I.A.M., por las siguientes razones:
Si bien es cierto que en la audiencia la precalificación hecha por el Ministerio Público, fue por los delitos de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal, prevé una pena que excede de los TRES AÑOS DE PRISION, lo que hace presumir la existencia del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, aunado a la gravedad del delito, además, es necesario considerar que se trata de un hecho punible que atenta contra la sociedad en general, considerando asimismo que mediante este tipo de hechos se afecta el bienestar de la colectividad, siendo necesario salvaguardar el proceso, como única vía para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, en virtud de la garantía social de la instrumentalidad del proceso penal, por tanto, se aprecia la debida proporcionalidad, entre los delitos imputados y su sanción probable con la medida cautelar decretada, y por ende, la pena probablemente aplicable, desde luego, en el evento de resultar culpable del hecho que se le imputa.
Ante estas circunstancias, quien aquí decide, en estricto cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás Tratados, Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, considera que en el presente caso y atendiendo las circunstancias que obran en autos, lo procedente es DECRETAR MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para el imputado I.A.M., designando como su sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente. Y así se decide.-.
Ahora bien, en relación al ciudadano R.A.C.G., quien decide considera que al tratarse de una persona venezolana, con residencia fija en la jurisdicción del Tribunal y sin ningún tipo de antecedente policial, con el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva restrictiva, se satisfacen las exigencias de orden procesal para garantizar el sometimiento del imputado a los demás actos del proceso, en consecuencia se otorga MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. 2.- Presentar dos custodios de nacionalidad venezolana, con residencia en la jurisdicción del Tribunal, debiendo permanecer recluido en la sede de la Policía del Estado Táchira, hasta tanto se materialice la medida decretada.
DISPOSITIVO
En consecuencia, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO CUATRO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTI¬CIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORI¬DAD DE LA LEY, RESUELVE:
CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión de los ciudadanos COLMENARES G.R.A., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad Nº V.-10.903.266, de 36 años de edad, nacido el 19 de julio de 1977, profesión u oficio taxista, de estado civil soltero, residenciado en Urbanización Vega de Aza, calle 6, casa N° 511, Vega de Aza, Estado Táchira y I.A.M., quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de C.d.B., República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 95918508, de 30 años de edad, nacido el 29 de octubre de 1979, profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en Socopó, Barrio Libertador, casa S/N, Estado Barinas, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal, al encontrarse satisfechos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se acuerda el trámite de la presente causa por el Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Primera del Ministerio Público, a los fines de la presentación del correspondiente acto conclusivo.
DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado I.A.M., quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de C.d.B., República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 95918508, de 30 años de edad, nacido el 29 de octubre de 1979, profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en Socopó, Barrio Libertador, casa S/N, Estado Barinas, por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, designando como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente.
DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano COLMENARES G.R.A., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad Nº V.-10.903.266, de 36 años de edad, nacido el 19 de julio de 1977, profesión u oficio taxista, de estado civil soltero, residenciado en Urbanización Vega de Aza, calle 6, casa N° 511, Vega de Aza, Estado Táchira, por los delitos OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previstos y sancionados en los artículos 274 y 470 del Código Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. 2.- Presentar dos custodios de nacionalidad venezolana, con residencia en la jurisdicción del Tribunal, debiendo permanecer recluido en la sede de la Policía del Estado Táchira, hasta tanto se materialice la medida decretada, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
ABG. C.D.V.A.P.
JUEZ CUARTO DE CONTROL
ABG. E.L.F.P.
SECRETARIA
CAUSA 4C-10771-10
