Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 23 de Noviembre de 2011

- Se inició la presente causa mediante escrito contentivo de la demanda de Nulidad de acto administrativo de efectos particulares, recibido en fecha 20 de Diciembre de 2010, ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

- Con fecha diecinueve (19) de Septiembre de dos mil once (2011); este Juzgado Segundo (2°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, da recibido el presente asunto signado con el No. AP21-R-2011-000847, contentivo del Recurso de Apelación interpuesto en fecha 27 de Mayo de 2011, por el abogado W.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 82.929, en su condición de apoderado judicial de la empresa COLUMBIA SAMBIL CARACAS, C.A., contra la decisión publicada en fecha 25 de Mayo de 2011, por el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, que declaró: “…PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de Acción Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesta por el abogado W.A.R., en su carácter de apoderado judicial de la empresa COLUMBIA SAMBIL CARACAS, C.A., en contra de la P.A. de fecha 14 de julio de 2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, la cual declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos incoado por la ciudadana M.T.L..- SEGUNDA: INADMISIBLE el Recurso Extraordinario de A.C. interpuesto por los recurrentes.- TECERO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas…”;

- Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 del capítulo III, referido al procedimiento en segunda instancia, previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se concede a la parte apelante el lapso de diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la presente fecha para que consigne el escrito que contenga los fundamentos de hecho y derecho que dieron origen al presente recurso de apelación, en el entendido que de no cumplir con dicho requerimiento se considerará desistido el recurso de apelación a tenor de lo establecido en el último aparte del referido artículo. Cumplidas las formalidades legales, el ciudadano Juez procede decidir la presente causa con base a las consideraciones siguientes:

3. ALEGATOS DE LA PARTES.

- ALEGATOS DE LA PARTES DEMANDANTE EN EL TRIBUNAL DE JUICIO: La representación legal de la parte actora, en el Juzgado octavo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, alego lo siguiente:

“..En fecha 14 de julio de 2010, la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, mediante P.A. N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos, (…), en los términos expuestos: “…Visto los alegatos expuestos en la contestación de la presente solicitud en aras de garantizar el fiel cumplimiento del Decreto de Inamovilidad Laboral 6.603 de fecha 29 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial N° 39.030 en fecha 02 de enero de 2009, emanado del Ejecutivo Nacional en virtud que ha quedado reconocida la condición de trabajador (a), la inamovilidad laboral y no haber efectuado el despido, esta Inspectoría del trabajo, en uso de sus atribuciones legales, (…), declara con lugar la presente solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el (la) ciudadano (a) M.T.L.…”; como se advierte, el Inspector del trabajo, fundamentó la decisión contenida en la P.A. aquí recurrida, por una parte, en total violación a las normas Constitucionales y Legales que consagran el derecho a la defensa y el debido proceso que debe existir en todo procedimiento y por la otra, basándose en un Decreto de Inamovilidad Laboral, (…), que nada tiene que ver con el procedimiento administrativo de reenganche intentado por (…); se observa de la P.A. recurrida, que la misma fue dictada en fecha 14 de julio de 2010, en la misma acta en donde se estaba realizando el acto de contestación al procedimiento de reenganche y consecuente pago de salarios caídos para el cual había sido citada la empresa, de conformidad con el artículo 454 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo; al momento de la contestación al fondo, se realizan preguntas a la representación patronal, (…), TERCERA: Y se le contestó textualmente lo siguiente: “No, en ningún momento mi representada a despedido, ni trasladado, ni desmejorado a la trabajadora. Siendo por el contrario en la fecha arriba indicada la ciudadana M.L., dejó de asistir a su puesto de trabajo; como se puede observar de las repuestas indicadas por la representación patronal, específicamente al tercer particular, se realizó una inversión de la carga de la prueba, toda vez que se alegó un hecho nuevo al señalar que la ciudadana había dejado de asistir a su puesto de trabajo y en ese sentido señala el artículo 72 de la LOT., (…); en efecto, tal como dispone la norma supra transcrita mi representada tenía la carga de la prueba al haber contradicho el despido alegado por la accionante y sin embargo la Inspectoría del Trabajo, sin importar tal situación y violentando normas procesales, ordenó de inmediato el reenganche de la ciudadana, sin permitir que se ejerciera el sagrado derecho Constitucional a la defensa; el funcionario administrativo del trabajo, ha debido aperturar el procedimiento a pruebas a los fines de que las partes probaran sus dichos y de esa forma garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, desconociendo normas de orden público, impidió, con su P.A., que las lograron promover y evacuar los elementos necesarios para probarlos alegatos y defensas; considerando que las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienen a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar, siendo decretadas por el órgano jurisdiccional una vez verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus b.i.); y que, además, tenga una función por finalidad evitar perjuicios irreparable o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (peliculum in mora), (…); además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad, (…); al igual que el resto de las medidas cautelares, el efecto que se persigue con este amparo es estrictamente cautelar. Se trata de proteger temporalmente al presunto agraviado, hasta tanto se decida el juicio principal, que en este caso es el juicio de nulidad de la P.A. (…); cuando se intenta el ejercicio conjunto del recurso de nulidad contra actos administrativos, con solicitud de a.c., las pretensiones de ambas acciones son distintas; en la primera, se solicita la nulidad del acto que se impugna, que de ser declarada con lugar por el órgano jurisdiccional conllevaría a la satisfacción del derecho subjetivo, en este caso pretensión de nulidad, ordenándose en consecuencia, la reparación del daño causado por el acto administrativo; en la segunda, la pretensión en el a.c. es la de solicitar la protección temporal del presunto agraviado, es decir, mantenerlo en la misma situación fáctica que tenía antes de la violación o amenaza de violación, de un derecho o garantía constitucional, hasta tanto se decida el juicio principal. Este carácter anticipado de la pretensión cautelar, tiene un fin preventivo que trata de evitar un daño causado por el acto administrativo dictado y no un fin de reparación del daño o fin ejecutivo, (…); con fundamento en el artículo 585 y parágrafo primero del artículo 588, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicito la medida cautelar mediante la cual suspende los efectos del acto impugnado, por demostrarse el peliculum in mora, es decir, la necesidad de que suspenda la p.a. recurrida, hasta que se decida éste recurso de nulidad, lo cual se lograría mediante el decreto de una providencia anticipada, aunado al hecho evidente del Fumus B.I., es decir, el buen derecho que se reclama, (…); es por lo que requerimos sea decretada con carácter de urgencia la medida innominada aquí solicitada, suspendiendo los efectos de la P.A. de efectos particulares aquí recurrida, (…)”.-

- ALEGATOS DE LA PARTES DEMANDANTE EN EL TRIBUNAL SUPERIOR: Igualmente, la representación legal de la parte actora, en el Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en su escrito de fundamentación del recurso de apelación, alego que el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión de fecha 25 de mayo de 2011, violenta “el contenido de los artículos 454, y 455 de la Ley Organiza del Trabajo, así como el desconocimiento o falta de aplicación del articulo 72, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Jurisprudencia Pacifica y Reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y aplicada por todos lo tribunales de la Republica”

- ALEGATOS DEL TRABAJADOR, EN SU CONDICIÓN DE TERCERO CON INTERES Y BENEFICIARIO DE LA DEMANDA EN CUESTIÓN. El trabajador, en su condición de tercero interesado y beneficiario de la demanda en cuestión, y quien fue notificado de la presente causa, argumento lo siguiente: Visto que trabajador en cuestión, no consignó documental alguna a fin de exponer sus

4. DE LAS PRUEBAS.

- DE LAS PRUEBAS DEL DEMANDANTE: Con el escrito de Subsanación del recurso de Nulidad promovió las siguientes documentales: Promovió copias certificadas de fecha 11 de noviembre de 2010, correspondiente a el Expediente Administrativo N° 027-2010-01-01256, emanada de la Inspectoría en el Este del Área Metropolitana de Caracas, y dada su naturaleza y por no haber sido atacado en su oportunidad legal correspondiente, en consecuencia, se le otorga valor probatorio.

- DE LAS PRUEBAS DE LA DEMANDADA. Promovió el merito favorable a los autos.- Sobre estos alegatos reitera este Juzgador el criterio doctrinal sentado en la sentencia Nº 460, proferido por la Sala de Casación Social en fecha 10-07-2003, y reiterado en fallos sucesivos como el Nº 829 de fecha 17-02-2004 de la misma Sala, en cuanto a que este no constituye un medio de prueba válido de los estipulados por ley, sino que forma parte del principio de comunidad de las pruebas o principio de adquisición que rige nuestro sistema procesal y que el juez esta en el deber de aplicar de oficio sin necesidad de alegación de parte y el cual se analizara en los términos contenidos en el presente fallo. Promovió la prueba de cotejo, y por cuanto la misma fue negada, en consecuencia, se deja constancia que no hay materia que analizar en este punto. Promovió las testimoniales de los ciudadanos J.J.R., M.G.G. y M.A.G., de los cuales solamente compareció el ciudadano M.G.G., y a preguntas y repreguntas formuladas, el mismo se mostró totalmente parcializado, por lo que esta Juzgadora no le otorga valor probatorio. En cuanto al resto de los testigos, los mismos no comparecieron a rendir declaración, por lo que se deja constancia que no hay materia de que analizar en este punto.

5. DE LOS INFORMES

- Por su parte los recurrentes, promovieron informes y señalaron lo siguiente:

“…Se intentó el Recurso de Nulidad debida a que en fecha 14 de julio de 2010, la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, mediante P.A. N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos, (…), en los términos expuestos: “…Visto los alegatos expuestos en la contestación de la presente solicitud en aras de garantizar el fiel cumplimiento del Decreto de Inamovilidad Laboral 6.603 de fecha 29 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial N° 39.030 en fecha 02 de enero de 2009, emanado del Ejecutivo Nacional en virtud que ha quedado reconocida la condición de trabajador (a), la inamovilidad laboral y no haber efectuado el despido, esta Inspectoría del trabajo, en uso de sus atribuciones legales, (…), declara con lugar la presente solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el (la) ciudadano (a) M.T.L.; ahora bien, el Inspector del Trabajo fundamentó la decisión contenida en la P.A. aquí recurrida, por una parte, en total violación a las normas Constitucionales y Legales que consagran el derecho a la defensa y el debido proceso que debe existir en todo procedimiento y por la otra, basándose en un Decreto de Inamovilidad Laboral, (…), que nada tiene que ver con el procedimiento administrativo de reenganche intentado por (…); se observa de la P.A. recurrida, que la misma fue dictada en fecha 14 de julio de 2010, en la misma acta en donde se estaba realizando el acto de contestación al procedimiento de reenganche y consecuente pago de salarios caídos para el cual había sido citada la empresa, de conformidad con el artículo 454 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo; al momento de la contestación al fondo, se realizan preguntas a la representación patronal, (…), TERCERA: Y se le contestó textualmente lo siguiente: “No, en ningún momento mi representada a despedido, ni trasladado, ni desmejorado a la trabajadora. Siendo por el contrario en la fecha arriba indicada la ciudadana M.L., dejó de asistir a su puesto de trabajo; como se puede observar de las repuestas indicadas por la representación patronal, específicamente al tercer particular, se realizó una inversión de la carga de la prueba, toda vez que se alegó un hecho nuevo al señalar que la ciudadana había dejado de asistir a su puesto de trabajo y en ese sentido señala el artículo 72 de la LOT., (…)”.-

- Igualmente los terceros llamados por ser beneficiario del acto administrativo impugnado, y con interés particular en las resultas, consignaron su escrito de informes y alegaros lo siguiente:

… en recurrente pretende escudarse en un error de transcripción de un funcionario del trabajo quien colocó un decreto y fecha que no coincidían con la fecha del decreto de ese año; periqueen la práctica ese es un decreto que lleva años y lo único que hace el ejecutivo es actualizar fechas, cambiar el numero del decreto y la Gaceta Oficial, pero no la esencia como lo es el Decreto de Inamovilidad, que ha perdurado en el tiempo. Utilizar el Recurso de Nulidad para esta situación no tiene cabida ya que no se violaron alguna disposición legal, el debido proceso o garantías constitucionales, toda vez que el recurrente si estaba conteste, ya que con su presencia a los actos convalidó los hechos; de las actuaciones y pruebas aportadas al proceso, podemos inferir que el que viola flagrantemente normas de rango constitucional ha sido el patrono con su proceder, al negarle a la trabajadora su derecho constitucional del derecho al trabajo, como hecho social y adicionalmente por encontrarse amparada por el fueron maternal, tal como quedó demostrado en su solicitud de amparo ante la Inspectoría del Trabajo, (…)

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CAPITULO SEGUNDO.

1. THEMA DECIDENDUM:

- Corresponde a este juzgador decidir si efectivamente la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, mediante P.A. N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, cuando declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos, incoado por la ciudadana antes mencionadas, que fundamentó la decisión contenida en la P.A. aquí recurrida; violentó o infringió normas Constitucionales y Legales, el derecho a la defensa y el debido proceso que debe existir en todo procedimiento, tal como lo expresa la parte recurrente.

2. Consideraciones para decidir.

- En tal sentido, en tal sentido, corresponde a este Juzgador de Alzada, la revisión de la sentencia en la medida del agravio sufrido por la parte actora recurrente, conforme al principio de la “NO REFORMATIO IN PEIUS”, el cual implica estudiar en que extensión y profundidad puede el Juez Superior conocer de la causa, es decir, determinar cuáles son los poderes respecto al juicio en estado de apelación. Al respecto, sostiene el maestro CALAMANDREI, en su obra: “Estudios sobre el Proceso Civil”, traducción de S.S.M., lo siguiente:

El Juez de apelación está obligado a examinar la controversia sólo en los límites en que en primer grado el apelante ha sido vencido y en que, es posible en segundo grado, eliminar tal vencimiento; porque si él se determinare a reformar IN PEIUS la primera sentencia, esto es, a agravar el vencimiento del apelante, convirtiéndolo en vencido, allí donde en primer grado era vencedor, vendrá con esto a examinar una parte de la controversia, en relación a la cual faltando al apelante la cualidad de vencido, o sea, la legitimación para obrar, la apelación no habrá tenido ni podrá tener efecto devolutivo

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A).- La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio reiterado, mediante sentencia de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil cuatro (2004), con ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, en el procedimiento de cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano J.M.S., contra CERÁMICAS CARABOBO S.A.C.A., estableció sobre el vicio de la REFORMATIO IN PEIUS, y del TANTUM APELLATUM QUANTUM DEVOLUTUM lo siguiente:

“…Dicho vicio (Reformatio in peius), se soporta en la obligación que se impone a los Jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, y en tal sentido, las facultades o potestades cognitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante.

La configuración del vicio en referencia se cimienta en la vulneración del principio “tantum apellatum quantum devolutum” y tradicionalmente el Tribunal de Casación ha investido su categorización en el ámbito de los errores in procedendo o vicios de actividad, ello, al lesionar el derecho a la defensa…”

B).- Así mismo, el doctrinario A. RENGEL ROMBERG, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría General del Proceso, afirma:

…Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro p.c., y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (Tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en autoridad de cosa juzgada…

C).- El autor R.R., en su libro DERECHO PROCESAL CIVIL, Doctrina – Jurisprudencia – Legislación Argentina y Comparada, Tomo II, al conceptualizar el principio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, sostiene:

…La regla fundamental es la que el Tribunal de apelación no puede conocer sino de aquellos puntos que hubiere sido objeto del recurso…

D).- En decisión de fecha Siete (07) de M.d.D.M.D. (2.002), dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., la cual ratifica la de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil uno (2001), se establece:

…Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación…

- para decidir advierte este juzgador, que la representación legal de la parte actora, en el Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en su escrito de fundamentación del recurso de apelación, alego que el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión de fecha 25 de mayo de 2011, violenta “el contenido de los artículos 454, y 455 de la Ley Organiza del Trabajo, así como el desconocimiento o falta de aplicación del articulo 72, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Jurisprudencia Pacifica y Reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y aplicada por todos lo tribunales de la Republica”. Asimismo corresponde a este juzgador decidir si efectivamente la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, mediante P.A. N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, cuando declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos, incoado por la ciudadana antes mencionadas, que fundamentó la decisión contenida en la P.A. aquí recurrida; violentó o infringió normas Constitucionales y Legales, el derecho a la defensa y el debido proceso que debe existir en todo procedimiento, tal como lo expresa la parte recurrente.

- Así las cosas, señala este jurisdicente que el recurrente en su libelo de demanda de nulidad, fundamentó su recurso aduciendo que la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, mediante P.A. N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos, que fundamentó la decisión contenida en la P.A. aquí recurrida, en total violación a las normas Constitucionales y Legales que consagran el derecho a la defensa y el debido proceso que debe existir en todo procedimiento y por la otra, basándose en un Decreto de Inamovilidad Laboral, que nada tiene que ver con el procedimiento administrativo de reenganche, que se ordenó el reenganche sin permitir que se ejerciera el derecho Constitucional a la defensa, entre otros alegatos.

- Consta en autos de manera cierta, que la Inspectora del Trabajo Jefe en el Este del Área Metropolitana de Caracas, por medio de Providencia de fecha 14 de julio de 2010, declaró lo siguiente:

…En este estado el Inspector del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, vistos alegatos expuestos en la contestación de la presente solicitud, en aras de garantizar el fiel cumplimiento del Decreto de Inamovilidad Laboral 6.603 de fecha 29 de Diciembre de 2008, (…), emanado del Ejecutivo Nacionales virtud que ha quedado reconocida la condición de trabajador (a), la inamovilidad laboral y no haber efectuado el despido, esta Inspectoría del Trabajo, en uso de sus atribuciones legales, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, interpuesto (…)

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- Con fines meramente ilustrativos, se cita a continuación el contenido de los el Artículos 454, y 455, de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales alega el recurrente fueron desconsiderados y no utilizados por la jueza sentenciadora en Primera Instancia, los cuales son del tenor siguiente:

Ley Orgánica del Trabajo.

Artículos: 454, “Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará al patrono que debe comparecer al segundo día hábil, por sí o por medio de representante. En este acto el Inspector procederá a interrogarlo sobre:

1. Si el solicitante presta servicio en su empresa;

2. Si reconoce la inamovilidad; y

3. Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante.

Si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la condición de trabajador y el despido, el traslado o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos.

Artículo: 455, “Cuando de este interrogatorio resultare controvertida la condición de trabajador de quien solicita el reenganche o la reposición, el Inspector abrirá seguidamente una articulación de ocho (8) días hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales, los tres (3) primeros serán para la promoción y los cinco (5) siguientes para su evacuación”

- Aprecia este Juzgador; que del contenido e interpretación de la normativa antes expuesta, de las normas antes transcritas se evidencian dos supuestos. En primer supuesto establece: “si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la condición de trabajador y el despido, el traslado o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos”. En segundo supuesto establece: “Cuando del interrogatorio resultare controvertida la condición de trabajador de quien solicita el reenganche o la reposición, el Inspector abrirá una articulación Probatoria”. En tal sentido, este juzgador, comparte el criterio asumido por la jueza A-quo, cuando señala, que: “la declaratoria con lugar de la solicitud de reenganche peticionada por el trabajador, concretizada en la p.a., en el presente caso la nombrada supra, reconoce la existencia dentro de su esfera jurídica del derecho a permanecer en su cargo, vale decir, la declaratoria de inamovilidad. De manera que, por haber quedado reconocida la condición de trabajador, y no haber quedado controvertida la condición de trabajador de quien solicita el reenganche, y el Inspector al haber declarado que si procede la inamovilidad, al ordenar el reenganche y el pago de los salarios caídos a la ciudadana M.T.L., sentenció ajustado a derecho, ya que como fue señalado al haber quedado reconocida la condición de trabajador, y no haber quedado controvertida la condición de trabajador de quien solicita el reenganche, no era necesario abrir la articulación probatorio establecida en el artículo 455 ejusdem, y a fin de garantizar así, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. ASI SE ESTABLECE.

- Vale destacar, que en el presente caso no se dan supuestos ni indicadores relacionados con la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, visto el hecho cierto y cursante en autos, que desde la: “la apertura del procedimiento administrativo, la notificación y demás actuaciones suscritas por el Inspector Jefe del Trabajo, así como por la Jefe de Servicio de Fuero Sindical, en todo momento lograron su fin, pues fue debidamente notificada a la parte quien hoy recurre en nulidad para que ejerciera sus derechos, ésta compareció en la oportunidad pertinente, etc.”, por lo que no se encuentra evidenciado el supuesto de violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Aprecia este Juzgador; como acertado lo siguiente: “la violación del debido proceso y derecho a la defensa, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concreta a través de diversas manifestaciones, tales como: el derecho a ser oído; a ser notificado del procedimiento que se le sigue; a tener acceso al expediente; a presentar pruebas; a ser informado de los recursos y medios de defensa de que dispone frente a los actos dictados por la Administración”. Asimismo, aprecia este juzgador, que “el debido proceso, encuentra su expresión en un grupo de garantías procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia, presunción de inocencia y a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley, en función del cual las partes deben tener las mismas oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos”. ASÍ SE DECIDE.

- Por los razonamientos antes expuestos, resulta forzoso para este juzgador, declarar sin lugar el presente recurso de apelación de la sentencia del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 25 de mayo de 2011, y consecuentemente declarar sin lugar la demanda de nulidad del acto administrativo de efectos particulares contenidos en la (P.A. Nº 004/10 de fecha 14 de Julio de 2010, emanada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, (Sede Este), interpuesto por la empresa recurrente COLUMBIA SAMBIL CARACAS, C.A., y así se hará en el dispositivo del presente fallo. ASI SE ESTABLECE.

- En cuanto a la Acción de A.C., el cual no fue sujeto de recurso alguno, este Juzgador considera no tener elementos sobre los cuales deba pronunciarse, habida cuenta que esta acción guarda relación con la decisión del fondo del presente recurso. ASI SE ESTABLECE.

DISPOSITIVO

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Superior Segundo de del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado W.A.R., en su carácter de apoderado judicial de la empresa COLUMBIA SAMBIL CARACAS, C.A., contra la sentencia del Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio, del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 25 de mayo de 2001. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de Nulidad de Acto administrativo de efectos particulares, interpuesta por el abogado W.A.R., en su carácter de apoderado judicial de la empresa COLUMBIA SAMBIL CARACAS, C.A., en contra de la P.A. de fecha 14 de julio de 2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Distrito Capital, N° 00304/10, expediente distinguido con el N° 027-2010-01-01256, la cual declaró con lugar el Procedimiento de Reenganche y consecuente pago de salarios caídos incoado por la ciudadana M.T.L.. TERCERO: INADMISIBLE la acción de A.C., interpuesto por los recurrentes.- CUARTO: No hay condenatoria en costas.

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PUBLIQUESE, REGISTRESE Y REMITASE

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO, DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los veinte y tres (23) días del mes de Noviembre de dos mil Once (2011).

DR. J.M.F.

JUEZ

EL SECRETARIO

ABG. OSCAR ROJAS

NOTA: En esta misma fecha se dio cumplimiento a las formalidades legales, se dicto, público y diarizó la anterior decisión.

EL SECRETARIO

ABG. OSCAR ROJAS