Decisión nº PJ0032012000221 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 18 de Diciembre de 2012

“Vicio por Infracción de Ley, en el sentido de que hubo falsa aplicación de la norma, en cuanto a la aplicación del artículo 1 de la Cláusula 20 establecida en la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008”.

Durante su intervención oral, la representación judicial de la demandada recurrente esgrimió que los hechos narrados en la sentencia no se subsumen en la cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, por cuanto en el presente caso no nos encontramos en presencia de una discapacidad absoluta, tampoco nos encontramos en presencia de la muerte del actor, ni mucho menos de una gran discapacidad, ya que esta cláusula se aplica en el caso de un accidente que genere discapacidad absoluta o por muerte del trabajador, no indicando en ninguna de sus partes alguno de los motivos que señala el reclamante en su libelo de demanda, ya que el trabajador demandante de autos obtuvo el Beneficio de Jubilación y como consecuencia de ello paso a formar parte de la nómina de Pensionados de la empresa CADAFE, con lo cual se afirma que en ningún momento este trabajador fue despedido de su trabajo. Por otra parte, es necesario analizar lo que establece el artículo 78 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, cuando clasifica los tipos de discapacidades que existen, dentro de los cuales se encuentran la discapacidad temporal, la discapacidad parcial y permanente, discapacidad total y permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de actividad, gran discapacidad y muerte, dentro de las cuales no se encuentra la causal establecida por el actor en su libelo de demanda, ya que la discapacidad que presenta el actor, es una discapacidad total y permanente según el diagnostico 1 y 2 señalado en la Certificación del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laborales.

Al respecto, el Tribunal ha considerado parcialmente con lugar este primer motivo

de apelación, en virtud de que el Juez de Instancia ha condenado a la empresa demandada CADAFE al pago de la Indemnización Doble de la Antigüedad en el presente asunto. Sin embargo observa el Tribunal que la norma que utilizó la recurrida no es el numera 1 del artículo 20 de la Convención Colectiva de CADAFE como erróneamente se ha denunciado por la representación de la parte demandada. La condenatoria de esa indemnización doble de antigüedad la ha basado la recurrida en el numeral 3 de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE. 2006-2008, y el Tribunal encuentra que siendo así las cosas, se esta de acuerdo con los argumentos hechos por la representación de la parte demandada, ya que efectivamente el numeral 3 de la cláusula 19 no es aplicable al presente caso ya que dicha norma establece:

…cuando un trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, accidente o enfermedad común, sufra una discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad para cualquier tipo de actividad que lo inhabilite para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral, el contrato de trabajo celebrado por la empresa se extinguirá concediéndose en este caso su finiquito con el pago de sus indemnizaciones de conformidad con lo establecido en la cláusula 20 de esta convención y/o los artículos 210 y 211 del Plan de Jubilaciones que como anexo D forman parte integral de esta convención según fuere el caso.

Pues bien, en el presente caso no estamos en presencia de una discapacidad absoluta y permanente, ni estamos en presencia de una gran discapacidad. Ya que si nos vamos al artículo 78 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCIYMAT), encontraremos la clasificación de las discapacidades que hace esta ley, y las dos discapacidades a que se contrae el numera 3 de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE, son las que están distinguidas con los números 4 y 5 en el referido articulo 78, vale decir, discapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de actividad, que es mucho más grave que la total y permanente para el trabajo habitual y la gran discapacidad.

Pues bien, en el presente caso se está en presencia de una Discapacidad Parcial y Permanente, de modo que el tipo de discapacidad que no esta discutida y que ha sido derivada de una enfermedad ocupacional no le es aplicable las consecuencias del numeral 3 de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE y en consecuencia ha errado en la aplicación de dicha norma la el Juez A quo a través de la decisión dictada, y por tanto resulta improcedente la indemnización doble de antigüedad por cuanto ha habido una infracción de ley, pero no la señalada por la representación judicial de la parte demandada. Y en consecuencia, resulta forzoso para esta Alzada declarar parcialmente con lugar este primer motivo de apelación. Y así se declara.

“Hay contradicción en la fecha efectivamente laborada por el actor”.

Siguiendo con su exposición, la representación judicial de la demandada considera como bien lo dice el actor en su demanda, la relación de trabajo se suspende el 02 de mayo de 2007, por cuanto allí comienza ha presentar el trabajador reposos médicos, y por ende de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, el salario que deberá tomarse para efectuar los cálculos correspondientes para pagar sus beneficios laborales, es el devengado por el trabajador en el último mes efectivamente laborado por él, por lo que en el caso concreto, debería ser el salario correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de abril al 02 de mayo de 2007, lo cual también fue admitido por la representación judicial de la parte demandante en el libelo de la demanda.

Observa esta Alzada, que el actor en su libelo original alegó que la relación laboral había concluido el 17 de enero del año 2008, y la parte demandada cuando contesta la demanda indica que no es el 17/01/2008, sino el 27/04/2008, tres meses y 10 días después. Luego en la audiencia de juicio, a la que por cierto no compareció la parte demandada, la parte actora por una muestra de sagacidad o de honestidad y alega haberse equivocado en su libelo en lo que respecta a la fecha de terminación de la relación de trabajo, y se adhiere a la fecha indicada por la parte demandada en su contestación, esto es, el 27 de abril de 2008, y que esto fue corroborado por el actor ante el cuestionamiento que le hiciere su apoderado judicial.

Ante estos alegatos, esta Superioridad observa que partiendo del supuesto de que hubo un acto de honestidad de la parte demandada al reconocer que la fecha de la terminación de la relación de trabajo fue el 27/04/2008, sin embargo, el A quo establece como fecha de la terminación de la relación de trabajo la fecha indicada por el actor en su libelo, es decir, 17/01/2008, como es que luego apela de esta decisión. Debe destacarse que en el acto de promoción de pruebas de la parte demandada se establece como ultimo mes efectivamente laborado por el actor el mes de junio del año 2007 y no el mes de abril del 2007 como se había alegado con anterioridad y como muestra de ello acompaña el recibo de pago correspondiente a ese mes. Y al revisar este recibo de pago que obra en las actas procesales en original, el cual no fue impugnado por ninguna de las partes, el cual es completamente inteligible y que tiene toda su valoración como documental, se observa que el salario indicado en ese recibo, que ha dicho la demandada es el último mes trabajado por el actor, es significativamente superior al salario que había dicho el actor en su libelo.

Por lo tanto, y tomando en consideración todas las contradicciones antes mencionadas, este Tribunal declara este segundo motivo de apelación procedente en el sentido de que la fecha de la terminación de la relación de trabajo no es la fecha que indicó el actor, sino que entre las dos fechas que alegó la representación judicial de la demandada aplicando el principio In dubio Pre Operario contemplado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que señala que en caso de duda sobre la apreciación de unos hechos, en el caso que nos ocupa, la fecha de terminación de la relación de trabajo, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador, y como consecuencia de ello se establece como fecha de terminación de la relación de trabajo el 27 de abril de 2008, como la demandada expresamente lo expreso en su contestación de la demanda, y por ende el tiempo de la relación de trabajo se establece en 29 años, cuatro meses y un día. Y así se decide.

“Falta de motivación de la recurrida en cuanto a la determinación del salario establecido como salario devengado por el actor durante el mes inmediatamente anterior a la suspensión de la relación laboral, y que sirvió como base de cálculo, no hay soporte para determinar el salario normal e integral del actor”.

Al respecto considera este juzgador, que lejos de la apreciación de la representación judicial de la parte demandada, el salario determinado por el A quo en su sentencia, si fue explicado, si fue justificado, suficientemente motivado, basado fundamentalmente en la determinación del último mes efectivamente laborado por el trabajador. Sin embargo, la propia parte demandada alegó en su contestación que el último mes efectivamente laborado por el actor fue el mes de junio del mismo año 2007, y para que no quede dudas de ello acompañó recibo de pago, y el salario indicado en ese recibo de pago es superior al indicado por el actor en su libelo de la demanda, lo cual fue aceptado por la representación judicial de la parte demandante durante la celebración de la audiencia de juicio, por lo que siendo este salario más beneficio al trabajador por ser superior al alegado por el actor en su libelo, es el salario que este Tribunal Superior toma para que se pague la diferencia prestacional derivada de la relación laboral que unió al actor R.N. con la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE. No obstante, existiendo estos elementos de pruebas en las actas procesales, existiendo la aceptación y la indicación expresa por escrito de la parte demandada que el salario indicado en el mencionado recibo de pago (Bs. 5.068,62), fue su último salario, este Tribunal condena una diferencia de Prestaciones Sociales a favor del actor, derivado del hecho de que sus prestaciones sociales fueron calculadas con un salario que no se corresponde con el que establece la Convención Colectiva de Trabajo de CADAFE como el favorable, y por ende se modifica la sentencia en ese sentido. En consecuencia este motivo de apelación se declara parcialmente con lugar por este juzgador. Y así se declara.

“El Preaviso no debió ser condenado ya que en el presente caso no se está en presencia de un Despido Injustificado sino del Beneficio de Jubilación que se le otorgó al trabajador, por llenarse los extremos legales establecidos en la Convención CADAFE 2006-2008”.

Alega la representación judicial de la empresa demandada que el trabajador goza de todos los beneficios que le otorga el Beneficio de Jubilación tal y como lo establece la Convención CADAFE 2006-2008. De igual forma la fecha de terminación de la relación laboral no es como indica el actor en su libelo de demanda, quien indica que su tiempo de servicio para la empresa fueron 30 años y 22 días, lo cual no es correcto, puesto que son 29 años, cuatro meses y un día ya que la fecha de ingreso del trabajador fue el 26/12/1978 y la relación laboral concluyo el 27/04/2008.

En relación con este cuarto motivo de apelación de la parte demandada recurrente, considera útil y oportuno este Juzgador transcribir las normas delatadas, con el objeto de determinar el alcance de las mismas y la interpretación que de ellas se deriva, aplicadas a los hechos de autos, habida consideración de los alegatos expuestos por la representación judicial de la demandada. Así, el numeral 3 de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, dispone lo siguiente:

“CLÁUSULA No. 19. DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Cuando un Trabajador quede discapacitado permanentemente, en forma total o parcial, a causa de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, o por una enfermedad común o accidente no laboral, y esta discapacidad, total o parcial le impida continuar desempeñando sus funciones habituales, la Empresa y el Sindicato respectivo signatario de la Convención Colectiva de Trabajo convienen en lo siguiente:

O..

3. Cuando un Trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, accidente o enfermedad común, sufra una discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad para cualquier tipo de actividad, que lo inhabilite para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral, el contrato de trabajo con la empresa se extinguirá, procediéndose en este caso a su finiquito con el pago de sus indemnizaciones, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 20 de esta Convención y/o los artículos 2, 10 y 11 del Plan de Jubilaciones que como Anexo “D” forma parte integrante de esta Convención, según fuere el caso”. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Por su parte, el numeral 5 de la Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, establece:

CLÁUSULA No. 60. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES Y/O PRESTACIONES CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Omisis …

5.- Cuando la relación de trabajo termine por fallecimiento o discapacidad total y permanente del Trabajador a consecuencia de una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones correspondientes se pagarán de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Nro. 20 de esta Convención Colectiva de Trabajo

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Finalmente, la Cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, es del siguiente tenor:

CLÁUSULA No. 20. PAGOS POR DISCAPACIDAD TEMPORAL O ABSOLUTA A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O POR MUERTE DEL TRABAJADOR.

La Empresa conviene en pagar al Trabajador que sufra un accidente de trabajo, que lo discapacite absoluta y permanentemente para el trabajo, además del Seguro Colectivo de Vida previsto en la Cláusula 46 de esta Convención, las prestaciones sociales que puedan corresponderle calculadas como si se tratara de un despido injustificado y la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo; así como gestionar los pagos correspondientes ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por concepto de discapacidad

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Ahora bien, se observa que entre los hechos no controvertidos y entre los hechos demostrados en el presente asunto, destaca que la relación laboral entre las partes terminó con ocasión de una enfermedad profesional, la cual le originó al trabajador demandante una discapacidad total permanente de un 67%.

Ahora bien, analizadas las reclamaciones efectuadas por la parte demandada recurrente, en lo que se refiere a la condenatoria del pago Doble de Preaviso, pasa este Tribunal a estudiar ¿si el concepto de preaviso (inicialmente reclamado en el libelo como “doble preaviso” y más recientemente esgrimido como motivo de apelación de la sentencia del Juez de Juicio, es un concepto de las prestaciones sociales que correspondía pagar al trabajador demandante, o por el contrario no le correspondía? Desde luego, conteste con los razonamientos precedentes, si la respuesta a esta interrogante es positiva, entonces el pago de este concepto de las prestaciones sociales (el preaviso), debía realizarse “como si se tratara de un despido injustificado”, pero si la respuesta a esta pregunta es negativa, entonces no sólo no corresponde el pago de este concepto “como si se tratara de un despido injustificado”, sino que tampoco corresponde, ni correspondía el pago del concepto mismo, bajo ninguna forma, ni siquiera en su más simple y llana expresión.

Ahora bien, estudiada esta figura jurídica se tiene que el preaviso es un concepto que corresponde al trabajador única y exclusivamente cuando la relación de trabajo ha terminado por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”, conforme lo establece el encabezamiento del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. En otras palabras, la procedencia del preaviso como parte de las prestaciones sociales de un trabajador es privativa de los casos de finalización de la relación de trabajo por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”.

Luego, se observa de autos como un hecho no controvertido inclusive, que la relación de trabajo entre las partes en juicio terminó por “enfermedad profesional” del trabajador, la cual no es una de las causas de terminación de la relación de trabajo contempladas en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y por tanto, a este motivo de terminación de la relación de trabajo no le corresponde el preaviso.

En consecuencia, resulta forzoso concluir que al trabajador demandante, dado el motivo por el cual terminó la relación de trabajo (“enfermedad profesional”), no le correspondía el concepto de preaviso al momento de pagarle sus prestaciones sociales y por tal razón, mucho menos le corresponde actualmente una diferencia por el “pago doble” de dicho concepto, llamado por su representación judicial “doble preaviso”, como erróneamente lo ha solicitado en su demanda y lo condenó la recurrida, por lo que ha solicitado la declaración de su improcedencia la empresa demandada en la Audiencia de Apelación. Por tanto, se declara improcedente la indemnización de “doble preaviso” y en consecuencia, la improcedencia de la obligación de la demandada a pagarlo. Y así se decide.

Por lo tanto, se declara procedente este cuarto motivo de apelación de la parte demandada recurrente. Y así se establece.

QUINTO: “El Actor alega haber trabajo durante el lapso de 30 años y 22 días lo

cual no es correcto, ya que el lapso efectivamente laborado por él fue 29 años

.

Observa esta Alzada, que este motivo de apelación esta muy relacionado con el segundo y tercer motivo de apelación, el cual esta relacionado con la fecha efectiva de la terminación de la relación laboral. En este sentido al analizar las actas procesales advierte esta Superioridad que el actor en su libelo original alegó que la relación laboral inició el 26/12/1978 y había concluido el 17 de enero del año 2008, y la parte demandada cuando contesta la demanda indica que la fecha de terminación de la relación laboral no es el 17/01/2008, sino el 27/04/2008, tres meses y 10 días después. Sin embargo en el acto de promoción de pruebas la representación judicial de la parte demandada modifica la fecha alegada en su contestación como fecha de la terminación de la relación de trabajo, y esgrime que el ultimo mes efectivamente laborado por el trabajador había sido el mes de junio del año 2007 y no el mes de abril, y que para muestra de ello, acompañó recibo de pago correspondiente a ese mes. Luego en la audiencia de juicio, a la que no compareció la parte demandada, la parte actora alega haberse equivocado en su libelo en lo que respecta a la fecha de terminación de la relación de trabajo, y se adhiere a la fecha indicada por la parte demandada en su contestación, esto es, el 27 de abril de 2008. Sin embargo, el A quo establece como fecha de la terminación de la relación de trabajo la fecha indicada por el actor en su libelo, es decir, 17/01/2008. Sin embargo luego de un análisis exhaustivo este juzgador estableció en el segundo motivo de apelación de la parte demandada de esta sentencia como fecha de la terminación de la relación laboral el 28 de abril de 2008, como la demandada expresamente lo expresó en su contestación de la demanda, y como consecuencia lógica de ello se establece el lapso de duración de la relación laboral en veintinueve (29) años, cuatro (04) meses y un (01) día, por lo que este motivo de apelación se declara parcialmente con lugar. Y así se decide.

“El Juez A quo condenó a la empresa al pago de costas procesales, lo cual no es correcto de acuerdo a la jurisprudencia reiterada que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia, ya que se trata de una empresa propiedad del estado venezolano y por ende no susceptible de condena en costas”.

Con relación a este motivo de apelación, este Tribunal Superior observa al analizar la sentencia recurrida que el A quo nunca condenó en costas a la empresa demandada, de hecho, de manera expresa dice que “no se condena en costas”, porque le asisten las prerrogativas procesales por ser la empresa demandada una empresa del estado venezolano, criterio que comparte esa Alzada. Y siendo que la denuncia formulada como sexto y último motivo de apelación no se corresponde con la realidad expresada en el texto de la sentencia recurrida, este Tribunal lo declara

improcedente. Y así se decide.

MOTIVOS DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE RECURRENTE:

En este estado es importante aclarar que esta apelación es una apelación adherida efectuada por la representación judicial de la parte actora.

“El Tribunal A quo condenó la Indexación o Corrección Monetaria en su sentencia definitiva solamente en el tiempo señalado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, solamente la indexación o corrección monetaria en la fase de ejecución de sentencia. “

Durante su intervención oral, la representación judicial de la demandada recurrente esgrimió como primer motivo de apelación que el Tribunal a quo condenó la corrección monetaria únicamente en la fase de ejecución, lo cual debe ser modificado por el Tribunal Superior en virtud de que esto violenta flagrantemente el orden público laboral, por cuanto la indexación o corrección monetaria debe ser condenada conforme a lo establecido en el criterio jurisprudencial establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo cuando se calcule la indexación para la antigüedad del trabajador, y para los demás conceptos derivados de la relación de trabajo, la indexación o corrección monetaria debe ser calculada desde la fecha de la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de estos conceptos laborales.

Observa este Tribunal que en relación con la Indexación o Corrección Monetaria, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio incurrió en un error, por cuanto, se condenó su pago (lo cual es correcto), pero iniciando su cómputo a partir deL decreto de ejecución, tal y como lo establece el articulo 185 de nuestra ley adjetiva laboral, desconociendo así el criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre este particular, el cual dispone que la Indexación o Corrección Monetaria, debe ser calculada en caso de la prestación de antigüedad desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos en los cuales la causa se ha paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Y para los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada. Y en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así lo ha dispuesto la Sala de Casación Social de nuestro Máximo Tribunal, entre otras decisiones, en la Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, la cual acoge la Sentencia emanada de la misma Sala de fecha 11 de Noviembre de 2008, distinguida con el No. 1.841 y que señala lo que a continuación se transcribe:

Para decidir, la Sala observa:

La sentencia Nº 1841 dictada por esta S. en fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S. contra M. & Cía. C.A.), estableció:

(Omissis).

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

(Omissis)

En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Del criterio jurisprudencial transcrito, se colige que la prestación de antigüedad, constitucionalmente está definida como una deuda de valor, por tanto, genera el pago de intereses de mora e indexación judicial, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo; asimismo, se estableció el pago de la corrección monetaria de los demás conceptos laborales (vacaciones, utilidades, etc), contados a partir de la fecha de citación o notificación de la demandada -nuevo régimen o régimen derogado-, ambos conceptos hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme, toda vez que en ambos casos puede discurrir un período considerable que afecte los intereses del trabajador; y finalmente, se establece que en caso de no cumplimiento voluntario, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por su parte, la sentencia objeto del recurso de casación, en su motiva estableció:

De la lectura detallada de los párrafos que preceden, advierte la Sala que el Juez de Alzada, ordenó el pago de la corrección monetaria de la prestación de antigüedad y demás conceptos laborales, contadas a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo y de la fecha de notificación de la demandada -respectivamente-, “hasta la fecha en que se dictó el dispositivo oral” y no “hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme”.

En tal sentido, advierte la Sala que entre la fecha de la lectura del dispositivo oral del fallo y la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme -agotamiento de la vía recursiva-, ciertamente puede discurrir un período considerable que afecte los intereses del trabajador.

Ahora bien, observa la Sala que el Juez de Alzada ordenó que en caso de no cumplirse voluntariamente la sentencia, se deberá pagar la corrección monetaria de conformidad con los términos establecidos en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, desde el decreto de ejecución hasta su materialización, ordenando calcular el monto correspondiente a la corrección monetaria transcurrida “entre la fecha en que se dictó el dispositivo del fallo y el día del pago efectivo”, período que comprende el tiempo transcurrido en que la sentencia quedó definitivamente firme, con lo cual colige esta S. que el ad quem subsanó en su propia motiva el vicio denunciado por la parte actora recurrente, empero, bajo una redacción ambigua -que la parte habría podido subsanar mediante la solicitud de aclaratoria-, y que eventualmente podría generar incidencias en fase de ejecución del fallo.

Consecuente con lo expuesto, y en aplicación del principio finalista de la casación, advierte esta S., que la corrección monetaria de los conceptos ordenados a pagar serán computados en lo que respecta a la prestación de antigüedad, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo -31 de mayo de 2005- y los demás conceptos desde la fecha de notificación de la demandada -8 de diciembre de 2006- hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme y en caso de no cumplimiento voluntario se aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece

. (Subrayado de este Tribunal).

Por lo tanto evidenciado el error denunciado y siguiendo el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, el cual comparte íntegramente esta Alzada, quien suscribe actuando en segunda instancia ratifica la condena a la Indexación o Corrección Monetaria que acertadamente acordó el A quo, pero modifica la fecha de inicio del cálculo, debiéndose pagar en caso de la prestación de antigüedad desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos en los cuales la causa se ha paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Y para los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada. Y en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se declara con lugar este primer motivo de apelación. Y así se decide.

SEGUNDO: “El Tribunal A quo no se pronunció debidamente sobre los intereses moratorios”.

Continuando con su exposición, la representación judicial de la demandada recurrente alegó que los intereses moratorios debían calcularse desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo en base a lo establecido en la Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, o en su defecto aplicar lo establecido en el articulo 111 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 concatenado con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte la representación judicial de la parte demandada recurrente arguye que

dentro de las evidencias que conforman el expediente, a saber: P. de Pagos de lo cancelado al trabajador en su oportunidad deben existir evidencias de la cancelación de los intereses de mora ya que siempre hay un lapso de pago que cubre hasta la fecha efectiva del pago que hace la demandada por parte de su representada, que lo establece la convención.

En relación con este motivo de apelación esta Alzada lo ha considerado procedente, por ser éste un concepto que se generó por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las prestaciones sociales completas, una vez culminada la relación de trabajo. Por tanto, se condena a pagar sobre la cantidad condenada, los Intereses de Mora de las Prestaciones Sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, los mismos deberán ser calculados desde la fecha en que terminó la relación laboral, hasta la fecha de su pago definitivo. Del mismo modo, en caso de incumplimiento voluntario del presente fallo por la demandada, se ordena adicionalmente el pago de los Intereses de Mora a que se contrae el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo ello conforme a lo establecido por la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras decisiones, en la Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P. de R.. Y así se decide.

II.6) DE LOS MONTOS CONDENADOS A PAGAR A LA EMPRESA DEMANDADA.

Este Tribunal Superior del Trabajo, antes de establecer los conceptos y montos que debe pagar la demandada de autos al actor, estima pertinente hacer las siguientes consideraciones:

1ro) Ha sido declarado por esta Alzada la existencia de una diferencia en el pago de las prestaciones sociales del actor, producto de la utilización de un salario inadecuado para el cálculo de sus beneficios laborales, como quedó establecido en la decisión proferida sobre el tercer motivo de apelación de la parte demandada recurrente. Asimismo, esta Superior Instancia advierte que la diferencia declarada obedece única y exclusivamente al error que se deriva por la no utilización del salario que más beneficiaba al trabajador.

2do) También fue declarado por este juzgador, que el salario indicado por el actor como base para el cálculo de sus Prestaciones Sociales el cual asciende a Bolívares Cuatro Mil Ochocientos Doce con Sesenta y Siete (Bs. 4.812,67), no es monto de lo devengado por él en el mes inmediatamente anterior a la culminación de la relación laboral, ya que del escrito de constelación de la demanda se observa que el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior a la culminación de la relación laboral es la cantidad de Bolívares Cinco Mil Sesenta y Ocho con Sesenta y Dos céntimos (Bs. 5.068,62), tal y como quedó establecido al decidirse el tercer motivo de apelación de la parte demandada recurrente de la presente causa, todo ello tal y como se evidencia de documento que corre inserto en el folio 122 de la I pieza de este expediente.

3ero También fue declarado por este juzgador, que quedó ratificada la condenatoria a la Indexación o Corrección Monetaria que acertadamente acordó el A quo, pero modificando la fecha de inicio del cálculo, debiéndose pagar en caso de la prestación de antigüedad desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos en los cuales la causa se ha paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Y para los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada. Y en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

4to También fue declarado por este juzgador la condena a pagar por parte de la empresa demandada sobre la cantidad condenada, los Intereses de Mora de las Prestaciones Sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, los mismos deberán ser calculados desde la fecha en que terminó la relación laboral, hasta la fecha de su pago definitivo. Del mismo modo, en caso de incumplimiento voluntario del presente fallo por la demandada, se ordena adicionalmente el pago de los Intereses de Mora a que se contrae el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En consecuencia, con base en las siguientes consideraciones, se condena a pagar los conceptos que más adelante se indican:

Antigüedad (Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE en concordancia con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo): La cantidad de Bolívares Bs. 215.402,42, por concepto de diferencia de antigüedad, la cual resulta de multiplicar el Salario Integral Diario del trabajador por el doble de la cantidad de días que le corresponden, los cuales en el caso que nos ocupa son 1.740 días, para luego a este total restarle la cantidad recibida por el trabajador por concepto de anticipo de Prestaciones Sociales de conformidad con los medios probatorios que obran en autos y que rielan a los folios 113 y 114 de la I Pieza del expediente, lo cual asciende a la

cantidad de Bs. 119.634,58.

Entonces le corresponde:

Total a pagar = Antigüedad menos la cantidad recibida como adelanto en fecha 22/04/2008

T.P. = 335.037,00 - 119.634,58 = 215.402,42

Salario Integral = Salario Normal Mensual más alícuota de vacaciones, más Monto en dinero alícuota de utilidades

S.I. = 5.068,62 + 63,73 + 644,17 = 5.776,52

Antigüedad = Salario Integral entre 30 días por la cantidad doble de días que le corresponden

A= 5.776,52 / 30 x 1.740 = 335.037,00

Alícuota de Vacaciones Convención Colectiva CADAFE 2006-2008

Cláusula 29

No. Concepto Salario mínimo vigente a la terminación de la Relación Laboral Más Días establecidos cláusula Total salario mínimo más días cláusula Entre 12 meses Total Alícuota

1 Alícuota Bono Vacacional 614,79 150 764,79 63,73 63,73

Alícuota de Utilidades Convención Colectiva CADAFE 2006-2008

Cláusula 30

No. Concepto Días de Utilidades Entre meses del año Total Alícuota Salario Básico Mensual Entre 30 Por la Alícuota Monto en Dinero Alícuota de Utilidades

1 Alícuota de Utilidades 135 12 11,25 1717,88 57,26 11,25 644,17

Igualmente se CONDENA a la parte demandada a pagar al actor, los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre los montos condenados a pagar, a partir “del tercer mes ininterrumpido de servicio”, hasta la oportunidad del pago efectivo. Y así se decide.

Asimismo, se condena a pagar sobre dicha cantidad, los Intereses de Mora de las Prestaciones Sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser éste un concepto que se generó por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las prestaciones sociales, una vez culminada la relación de trabajo. Los mismos deberán ser calculados desde la fecha en que terminó la relación laboral, hasta la fecha de su pago definitivo. Del mismo modo, en caso de incumplimiento voluntario del presente fallo por la demandada, se ordena adicionalmente el pago de los Intereses de Mora a que se contrae el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.. Y así se decide.

Igualmente siendo que en la presente causa se demandó el pago de la diferencia de antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con la Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, concepto éste confirmado por esta Alzada, se acuerda la Indexación o Corrección Monetaria sobre dicho concepto desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos en los cuales la causa se ha paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Y para los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada. Y en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.. Y así se decide.

Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, Intereses Moratorios y la Indexación, se calcularán mediante Experticia Complementaria del Fallo, siguiendo los parámetros que se indican a continuación:

1. - Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, sede Coro, que resulte competente, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. - Los I.M. se calcularán de la siguiente forma:

   2.1.- Los causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el perito considerará para su avaluó, la tasa del 3% anual, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil. Se debe tomar en consideración la fecha de inicio de la relación laboral.

   2.2. Los generados con posterioridad a la vigencia del exto constitucional, el perito

   se servirá de la tasa promedio entre la activa y la pasiva fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

3. - Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales se calcularán tomando en cuenta la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, computados desde cuando comenzó a generarse la antigüedad, hasta su definitivo pago.

4. - Para el cálculo de los enunciados Intereses de Mora e Intereses Sobre Prestaciones Sociales, no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, la capitalización de los propios intereses.

5. - La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

6. - El Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente podrá ordenarle al experto designado, que para determinar con precisión el monto de los conceptos antes indicados y condenados a pagar (con excepción de la Corrección Monetaria, por cuanto ya se estableció su cálculo), que la experticia se realice desde la oportunidad indicada en esta sentencia para cada concepto, hasta la fecha que ese Tribunal declare en estado de ejecución la presente causa y en caso de que la parte condenada a pagar no cumpla voluntariamente con la sentencia, aplique el contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   III) DISPOSITIVA:

   Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicadas, los criterios jurisprudenciales utilizados, así como todas las razones y motivos que anteceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, interpuesto por el abogado ADOLFO CUICAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 108.988, sostenida en la audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Apelación por la abogada R.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 89.768, ambos en su condición de apoderados judiciales de la parte demandada recurrente.

CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, interpuesto por el abogado A.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 103.204, contra la sentencia de fecha 01 de noviembre de 2010, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo.

Se MODIFICA la sentencia recurrida por los motivos y razones expuestos en la parte motiva de la presente decisión.

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano R.N., contra la COMPAÑÍA ANONIMA DE ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), por concepto de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se ordena remitir el presente asunto a la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esa Circunscripción Judicial para su prosecución procesal.

Se ordena notificar de la presente sentencia al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo.

No hay Condenatoria en Costas por la naturaleza del presente fallo.

P., regístrese y agréguese. N. a la ciudadana Procuradora General de la República y a las partes en el presente asunto.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 18 de diciembre de 2012, a las nueve y cinco minutos de la mañana (09:05 a.m.). Se dejó copia certificada en el Libro Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en Santa Ana de Coro en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..