Decisión nº 1416 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Mayo de 2011

Fecha de Resolución31 de Mayo de 2011
EmisorJuzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario
PonenteGabriel Fernández Rodríguez
ProcedimientoInadmisión De Recurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 31 de Mayo de 2011.

201º y 152º

ASUNTO: AF46-U-2000-000133. SENTENCIA N° 1.416.-

ASUNTO ANTIGUO: 1.499.

Vistos con el sólo Informe de la representación Fiscal.

En fecha diecinueve (19) de Enero de 1997, el ciudadano M.M., titular de las cédula de identidad N° 81.195.704, presuntamente actuando en su carácter de Gerente de Administración de la contribuyente “COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CONEXIONES, C.A. (CO.VE.CO., C.A.)”, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-07507229-4, asistido por el Abogado E.B.A., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 6.585, interpuso Recurso Contencioso Tributario subsidiariamente al Recurso Jerárquico, contra la Resolución N° HGJT-A-99-539 de fecha veintiocho (28) de Abril de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró Inadmisible dicho Recurso Jerárquico ejercido contra la Resolución de Imposición de Multa S/N de fecha dieciocho (18) de Diciembre de 1995, Notificación N° 1000000387-0 por monto de Bs. 51.000,00 equivalente actualmente a Bs. 51,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007, así como también contra las Notificaciones Nos. 000000466-4 y 1000000649-7 de fecha quince (15) de Diciembre de 1995.

En fecha veinticuatro (24) de Febrero 2000, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (DISTRIBUIDOR), le asignó el conocimiento de la presente causa a este Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, recibiéndose por Secretaría en fecha veinticinco (25) de Febrero de 2000, dándosele entrada bajo el N° 1.499, actualmente Asunto N° AF46-U-2000-000133 por auto de fecha primero (01) de Marzo de 2000, y estando las partes a derecho, se admitió el recurso por sentencia interlocutoria S/N de fecha veinticinco (25) de Julio de 2001.

En fecha primero (01) de Agosto de 2001, se dictó auto abriendo la causa a pruebas, venciendo el lapso de promoción en fecha veintiocho (28) de Septiembre de 2001, dejándose constancia que las partes no hicieron uso de ese derecho, declarándose vencido el lapso de evacuación en fecha siete (7) de Diciembre de 2001.

Por auto de fecha catorce (14) de Diciembre 2001, se fijó la oportunidad de informes, la cual se celebró en fecha dieciocho (18) de Febrero de 2002, compareciendo únicamente la ciudadana L.F.M., venezolana, titular de la cédula de identidad N° 11.742.802 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 81.748, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, quien consignó conclusiones escritas constante de siete (7) folios útiles, por lo que el Tribunal pasó a la vista de la causa por auto de fecha trece (13) de Marzo de 2002.

Posteriormente, mediante auto de fecha dieciséis (16) de Mayo de 2011, el ciudadano G.Á.F.R., Juez Provisorio de este Órgano Jurisdiccional, se aboca al conocimiento de la causa a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no encontrándose incurso en causal de inhibición alguna; y así mismo destaca que comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de Octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

En la oportunidad procesal de dictar Sentencia, este Organo Jurisdiccional procede a ello previa exposición de las consideraciones siguientes:

- I -

A N T E C E D E N T E S

En fecha veintiocho (28) de Abril de 1999, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, emitió la Resolución N° HGJT-A-99-539 que declaró Inadmisible el Recurso Jerárquico ejercido contra la Resolución de Imposición de Multa S/N de fecha dieciocho (18) de Diciembre de 1995, Notificación N° 1000000387-0 por monto de Bs. 51.000,00 equivalente actualmente a Bs. 51,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007, así como también contra las Notificaciones Nos. 000000466-4 y 1000000649-7 de fecha quince (15) de Diciembre de 1995, emanadas de la División de Contribuyentes Especiales de la Región Central del SENIAT; en razón de la presentación de las Declaraciones Nos. 430-I.S.V., 411-RET.NAT R-P y 411-RET.NAT R., en un lugar distinto al exigido en el artículo 1 de la Resolución N° 159 de fecha nueve (9) de Octubre de 1995, publicada en Gaceta Oficial N° 35.821 del veinte (20) de Octubre de 1995, y por cuanto los hechos señalados constituyen un incumplimiento de los deberes formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126, numeral 1 del Código Orgánico Tributario, se procedió a imponer la referida multa de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Código Orgánico Tributario.

En su escrito recursivo, la representación judicial de la recurrente alegó que:

Según los artículos # 164 y 185 del vigente código orgánico tributario recurrimos la resolución émitada (sic) por esa respetable entidad, donde nos imponen una multa de Bs. Cincuenta y un mil con 00/100 CTS. (51.000,00), de acuerdo a los artículos # 109 y 142 y del Registro del artículo # 149 del código orgánico tributario, por declaración del mes de octubre.

La declaración # H-94-0067840, correspondiente al mes de octubre de la Compañía Venezolana de Conexiones, C.A. ‘CO.VE.CO., C.A.’ R.I.F. J-07507229-4, fue recibido dentro del plano (sic) legal y sellado por le (sic) Banco Industrial de Venezuela, torre 4 (planta baja) el día 16-11-94, por equivocación de nuestro representante y también del Banco Industrial, quien tiene el listado de los contribuyentes Especiales entregado por el Seniat (sic), para evitar recibir declaración de Contribuyentes Especiales.

También les solicitamos anulación de la multa por declaración y pago del Impuesto resultante de los períodos :

411 - RET NAT-P-P PERIODO 10

411 NET NAT-P-P PERIODO 11

por cuanto por equivocación se presentaron en la taquilla del Banco Industrial, torre 4. Adjuntamos copias.

Por su parte, la representación judicial del Fisco Nacional luego de ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido y actuaciones de los actos administrativos impugnados, solicitó en su escrito de Informes, como punto previo la declaratoria de Inadmisibilidad del recurso incoado por carecer de razones de hecho o de derecho que justifiquen su pretensión; y a todo evento sostiene que la recurrente presentó la declaración correspondiente al período de imposición Octubre 1994, en un lugar distinto al exigido, por lo que incumplió con el deber formal de pagar los tributos administrados por el SENIAT ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Central.

Que la contribuyente reconoció haber incumplido con el deber formal señalado, pues por error, y no desconocimiento presentó las declaraciones referidas, en un lugar distinto al previsto por la Administración Tributaria, con lo cual afirma que, la recurrente tenía conocimiento del acto que establecía el lugar donde ella debía presentar y pagar el impuesto, razón por la cual se encontraba en plena disposición de cumplir con el deber que tenía establecido, conforme lo previsto en el artículo 40 del Código Orgánico Tributario aplicable, siendo en consecuencia procedente la sanción impuesta conforme al artículo 103 ejusdem.

Solicita finalmente sea declarado Sin Lugar el recurso interpuesto, y en su defecto se exonere al Fisco Nacional del pago de las costas procesales.

- II -

MOTIVACION PARA DECIDIR

Planteada la controversia en los términos antes expuestos, este Órgano Jurisdiccional debe pronunciarse sobre una cuestión preliminar, referida a una causal de inadmisibilidad del recurso con el cual se incoa la presente causa.

A tal efecto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el nueve (09) de Febrero de 1994, en Sentencia Nº 94-81, con ponencia del Magistrado Jesús Caballero Ortiz, en el caso F.A. y otros vs. UCAB, dejó sentado lo siguiente:

Por constituir las causales de inadmisibilidad de los recursos previstos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia materia de orden público, tal como lo tiene decidido la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Política Administrativa, y de esta Corte, la circunstancia de que una determinada acción haya sido admitida in limine litis no impide a la Corte, en la sentencia definitiva, revisar dichas causales a objeto de determinar si la acción es efectivamente admisible

.

En igual sentido, ha manifestado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que las causales de inadmisibilidad pueden ser advertidas por el sentenciador “en cualquier estado y grado de la causa, pues la naturaleza de orden público de las mismas así lo admite” (ver sentencias Nos. 00336 y 00515 del 06-03-2003 y 28-03-2007).

Así las cosas, en estos procesos donde las partes son siempre y en todo caso el Fisco, bien sea Nacional, Estadal o Municipal, o cualquier otro ente público acreedor del tributo, por una parte, y por la otra el contribuyente o responsable, aquellas decisiones que declaren admisible el Recurso Contencioso Tributario no causan perjuicio alguno que no sea reparable por la sentencia definitiva; debiéndose destacar que el Juez de la causa puede revisar de oficio nuevamente en esta etapa del proceso, si se cumplieron los requisitos necesarios para la admisión del recurso, como punto previo antes de entrar a conocer del fondo de la causa.

Visto lo anterior, tenemos que los ordinales 3° y 8° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a estos procesos por disposición expresa del artículo 223 del Código Orgánico Tributario aplicable, establecen:

El libelo de la demanda deberá expresar:

...Omissis...

3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

...Omissis...

8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder

...Omissis...

.

Así mismo, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone:

Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:

...Omissis...

2.- La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad;

...Omissis...

Por su parte, los artículos 185 y 192 del Código Orgánico Tributario aplicable ratione temporis, estipulaban lo siguiente:

Artículo 185: “El Recurso Contencioso Tributario procederá:

1º. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el Recurso Jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso.

2º. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado Recurso Jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 171 de este Código.

3º. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el Recurso Jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.

Parágrafo Único:

El Recurso Contencioso Tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita, de dicho Recurso Jerárquico.”

Artículo 192: “Recibido el Recurso y una vez que la Administración Tributaria y el recurrente estén a derecho, el Tribunal, dentro de los diez (10) días continuos siguientes, lo admitirá o declarará inadmisible.

Son causales de inadmisibilidad del Recurso:

  1. Caducidad del plazo para ejercer el Recurso;

  2. Falta de cualidad o interés del recurrente; y

  3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para comparecer en juicio o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

Esta decisión será apelable dentro de los diez (10) días continuos.

La apelación será oída en ambos efectos y deberá ser decidida en el término de treinta (30) días continuos.” (Subraya el Tribunal).

Ahora bien, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, a los cuales les toca decidir sobre la legalidad o no de los actos administrativos de naturaleza tributaria que sean sometidos a su consideración, en particular cuando se denuncia la violación a disposiciones de rango constitucional, deben analizar el carácter de las disposiciones aplicadas en los supuestos de hecho presentados y determinar si estas son normas cuyo contenido es de estricto cumplimiento por los particulares, es decir, si son normas de orden público.

Este Tribunal observa que los artículos 185 y 192 del Código Orgánico Tributario, constituyen indudablemente normas de orden público, esto es, que no pueden ser relajadas ni desconocidas por los particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Civil, por tanto, mal pueden ser contrarias a los principios constitucionales, pues dichas normas establecen los requisitos esenciales para la interposición del Recurso Contencioso Tributario bajo análisis y las causas por las cuales resulta inadmisible.

De manera tal que dichas normas constituyen e integran la regulación que debe seguirse a los fines de garantizar el cumplimiento, precisamente, de la garantía del derecho a la defensa, pues la exigencia de demostrar la legitimidad con el que actúan los representantes de las personas tanto naturales como jurídicas, en efecto, garantiza la mejor defensa del recurrente; y por otra parte, también garantiza otro principio igual de importante, que no es otro que el principio del debido proceso.

A su vez consideramos conveniente transcribir lo establecido en el artículo 84 numeral 7, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia aplicable ratione temporis:

No se admitirá ninguna demanda o solicitud que se intente ante la Corte:

…omissis…

7.- Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuya el actor;

…omissis…

.

Así, tenemos que la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, al referirse a la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 7 del artículo 84 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:

Sólo debe declararse inadmisible el recurso contencioso-tributario cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuyen el actor, esto es, cuando no exista en la documentación agregada al expediente ninguna prueba de la representación que se atribuya el actor, o que el mismo poder resulte insuficiente, de manera que sea manifiesta la falta de representación de quién, haciendo uso de él, pretenda concurrir ante el órgano jurisdiccional en sustitución del otro

. (Sentencia del 12/11/87. Caso: Corpoven; citada a su vez en la sentencia N° 1.408 publicada el 03/11/99. Caso: Laboratorios Vargas, S.A. Sala Especial Tributaria II).

De los artículos parcialmente transcritos, se puede evidenciar que, cuando la parte actora ejerce un Recurso, se debe hacer mención tanto a los datos de identificación de la misma, como a los datos que identifiquen plenamente a quien actúe como su representante, datos éstos que igualmente deben hacerse constar, mediante la consignación, conjuntamente con el escrito recursivo, del original o copia del Poder, y/o documento constitutivo estatutario de la empresa, acta de asamblea, o cualquier otro documento válido que acredite tal representación.

De la lectura de las actas que conforman el presente expediente, tomando en consideración las disposiciones legales antes transcritas que regulan el procedimiento que se debe seguir para que se cumpla la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, dentro del marco del procedimiento tributario, y de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 270 del Código de Comercio, el Tribunal observa que el Recurso Contencioso Tributario fue interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico ejercido por el ciudadano M.M., quien se identifica como Gerente de Administración de la contribuyente “COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CONEXIONES, C.A. (CO.VE.CO., C.A.)”, sin embargo, no existe en el expediente documentación alguna de la que se deriven las facultades otorgadas al ciudadano en cuestión, es decir, no demostró en forma fehaciente mediante instrumentos idóneos, la facultad recaída en él para representar legalmente a la recurrente e intentar el referido recurso, de manera que no se encuentra demostrada en autos la legitimidad del ciudadano para actuar en nombre e interés de la recurrente “COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CONEXIONES, C.A. (CO.VE.CO., C.A.)”, al ser manifiesta en el caso bajo análisis su falta de representación, razón por la cual deviene la inadmisibilidad del Recurso Contencioso Tributario incoado, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 192 del Código Orgánico Tributario aplicable. Así se decide.

- III -

F A L L O

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico ejercido por el ciudadano M.M., ya identificado, presuntamente actuando en su carácter de Gerente de Administración de la contribuyente “COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CONEXIONES, C.A. (CO.VE.CO., C.A.)”, contra la Resolución N° HGJT-A-99-539 de fecha veintiocho (28) de Abril de 1999, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró Inadmisible dicho Recurso Jerárquico ejercido contra la Resolución de Imposición de Multa S/N de fecha dieciocho (18) de Diciembre de 1995, Notificación N° 1000000387-0 por monto de Bs. 51.000,00 equivalente actualmente a Bs. 51,00 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007, así como también contra las Notificaciones Nos. 000000466-4 y 1000000649-7 de fecha quince (15) de Diciembre de 1995; en consecuencia queda firme el acto administrativo recurrido.

- IV -

C O S T A S

Dispone el artículo 327 del Código Orgánico Tributario lo siguiente:

Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el Tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá de diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo, según corresponda. Cuando el asunto no tenga cuantía determinada, el tribunal fijará prudencialmente las costas.

Cuando, a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo. Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria.

Los intereses son independientes de las costas, pero ellos no correrán durante el tiempo en el que el juicio esté paralizado.

Parágrafo Único: El Tribunal podrá eximir del pago de las costas, cuando a su juicio la parte perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa de estos motivos en la sentencia

.

Por su parte, el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil prevé:

A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas.

Así pues, declarado Inadmisible el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente “COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CONEXIONES, C.A. (CO.VE.CO., C.A.)”, este Tribunal actuando de conformidad con los artículos precedentes impone en el presente juicio a la recurrente, del pago de las Costas, calculadas en el diez por ciento (10%) de la cuantía del presente recurso. Así se declara.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Dada, firmada y sellada en horas de despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.-

El Juez Provisorio,

G.A.F.R.. La Secretaria,

A.O.D.A.F..

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.).--------------------La Secretaria,

A.O.D.A.F..

ASUNTO: AF46-U-2000-000133.

ASUNTO ANTIGUO N° 1.499.

GAFR.-

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