Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 12 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 203° y 154°
PARTE RECURRENTE: SAVERIO BONIELLO y M.O., venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V-7.247.422 y V- 230.670, en su carácter de Presidente y Gerente de la Compañía Mercantil ESTACIONAMINETO JESVO C.A., debidamente constituida por ante el Registro Mercantil del Estado Aragua en fecha 16 de Octubre de 1984, bajo número 135, Tomo 129-B.
APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA PARTE RECURRENTE: Abogados G.G.Q. y J.H.V., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 5259 y 22.157, respectivamente.
PARTE RECURRIDA: CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO GIRARDOT.
APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA PARTE RECURRIDA: No tiene acreditado en autos.
TERCERO PARTE INTERESADO: BANCO CARACAS, BANCO UNIVERSAL S.A.
APODERADO JUDICIAL DEL TERCERO PARTE INTERESADO: O.B.H. y F.C.C., Abogados en libre ejercicio
Motivo: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de NULIDAD
ASUNTO DE01-G-1990-000001
ANTIGUO 3195
Sentencia Interlocutoria.
I
En fecha 26 de Enero de 1989, fue presentado por ante el JUZAGDO DEL DISTRITO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, el presente escrito por la SAVERIO BONIELLO y M.O., venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V-7.247.422 y V- 230.670, en su carácter de Presidente y Gerente de la Compañía Mercantil ESTACIONAMIENTO JESVO C.A., debidamente constituida por ante el Registro Mercantil del Estado Aragua en fecha 16 de Octubre de 1984, bajo número 135, Tomo 129-B, asistidos por los abogados G.G.Q. y J.H.V., Abogados, Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 5.259 y 22.157, respectivamente, contentivo del recurso contencioso administrativo de Nulidad incoado contra la EL CONCEJO MUNCIPAL DEL MUNICIPIO GIRARDOT.
En fecha 31 de enero de 1989, el JUZGADO DEL DISTRITO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, mediante auto ordenó solicitar mediante oficio al Concejo Municipal del Distrito Girardot las actuaciones administrativas del caso y una vez recibidos los recaudos el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad del presente recurso.
Por auto de fecha 28 de Febrero de 1989, ese Juzgado del Distrito Girardot del Estado Aragua, por cuanto fueron recibidas las actuaciones administrativas, admitió el presente recurso y ordeno notificar a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
En fecha 15 de Marzo de 1989, el Alguacil de ese Juzgado dejó constancia de haber practicado la Notificación del Fiscal Primero del Ministerio Público.
En fecha 20 de Marzo de 1989, el Alguacil de ese Juzgado dejó constancia de haber practicado la Notificación del Presidente del Concejo Municipal del Estado Aragua.
En fecha 30 de Marzo de 1989, ese Tribunal del Distrito mediante auto razonado negó la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo solicitado por la parte recurrente.
En fecha 28 de Abril de 1989, el Tribunal del Distrito Girardot mediante auto deja constancia que vencido el lapso de quince (15) días se oirán los informes.
En fecha 28 de Septiembre de 1989, el Juzgado del Distrito Girardot del Estado Aragua difiere la sentencia a dictarse para dentro de los 30 días de despacho siguiente de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30 de Octubre de 1989, el Juzgado del Distrito Girardot del Estado Aragua, dicto sentencia definitiva y declaró SIN LUGAR el presente recurso.
En fecha 09 de Julio de 1990, el apoderado Judicial de la parte recurrente mediante diligencia apeló de la decisión emitida por Juzgado del Distrito Girardot del Estado Aragua.
En fecha 13 de Febrero de 1990, el Juzgado del Distrito Girardot del Estado Aragua, mediante auto oyó la apelación formulada y ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo del Estado Aragua.
En fecha 14 de Febrero de 1990, Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo del Estado Aragua, dio por recibido el presente expediente y se le dio cuenta al Juez, ordenó darle entrada y se abocó al conocimiento de la presente causa , fijó para el Décimo (10) día de despacho siguiente para la Relación de la causa
En fecha 08 de marzo de 1990, comparece el apoderado Judicial de la parte recurrente y consigna escrito de formalización de la Apelación y siendo agregado a los autos en fecha esa misma fecha.
En fecha 25 de Abril de 1990, comparece el apoderado Judicial del recurrente y consigna copia simple de Transacción que fue efectuado entre las partes, manifestando que en su oportunidad presentara el Original.
En fecha 27 de Octubre de 2008, el Dr. D.E.Z.N., en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo del Estado Aragua, se avoca al conocimiento de la presente causa y da un plazo de 30 días continuos para que la parte interesada manifieste su interés en que se decida la presente causa.
Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, acordó el traslado de quien suscribe el presente auto, Dra. M.G.S., como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, del cual tomó posesión en fecha 17 de enero de 2011, con este carácter se aboca al conocimiento de la presente causa
Verificado el estudio de las actas procesales que anteceden, corresponde a este Juzgado Superior hacer las siguientes consideraciones:
II
DE LA COMPETENCIA:
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio del presente año, debe este Juzgado Superior reexaminar su competencia para conocer de la presente causa, dado que el referido texto normativo contiene disposiciones expresas al respecto (cfr., artículo 25).
En tal sentido, considera procedente reiterar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la aplicación del principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.
En efecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:
Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.
Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En ese orden, el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:
Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:
1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
(…omissis…)
.
De la misma forma el artículo 98 eiusdem establece:
Artículo 98. Al recibir la querella, bien sea en su primera oportunidad si se encuentra ajustada a la ley, o bien después de haber sido reformulada, el tribunal competente la admitirá dentro de los tres días de despacho siguientes, si no estuviese incursa en algunas de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…omissis…)
.
Al respecto, la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 25 numeral 3º, prevé:
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley
.
Visto así, en observancia a lo dispuesto en los artículos 26, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, entiende que al no haber establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disposición expresa que afecte la competencia de las causas que actualmente conoce, en aplicación de las premisas expuestas y conforme al principio de la perpetuatio fori, reafirma su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Se observa que desde el día 25 de Abril de 1990, oportunidad en que el abogado J.H.V., en su carácter de apoderado judicial de la Compañía Mercantil ESTACIONAMIENTO JESVO C.A., parte actora, ambos plenamente identificados, se hizo presente en esa fecha por última vez en autos a los fines de consignar copia simple de la transacción efectuadas entre las partes, se pude constatar que dicha copia de la transacción no esta suscrita por ninguna de las partes y es por ello que el Tribunal no homologó dicha transacción y por cuanto han transcurrido veintitrés (23) años, sin que conste en el expediente judicial actuación alguna de su parte tendiente a impulsar el presente juicio. Y desde la oportunidad en que la presente causa entró en estado de sentencia para decidir de la apelación formulada por el apoderado judicial del recurrente, han transcurrido los Veintitrés (23) años, sin que conste en autos que, durante todo ese tiempo, se realizara alguna actuación procesal de la parte demandante como impulso del juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló. Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte recurrente que manifieste su interés en la continuación del proceso.
Es de destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado el criterio conforme al cual resulta improcedente declarar la perención de la instancia en las causas en las cuales se ha dicho “Vistos”; no obstante, ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Asimismo, ha sostenido la aludida Sala que “…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva-, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos”. (Vid., Sentencia de la Sala Constitucional N° 1.153 del 8 de junio de 2006. En igual sentido, el fallo Nº 00302 del 21 de abril de 2010, dictado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anterior se concluye, que este Tribunal Superior no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
Concretamente, la M.I.C. por decisión de fecha 9 de 2007, con ponencia del MAGISTRADO: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, señaló:
Respecto a procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, la Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción –ha entendido la Sala– no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido este Alto Tribunal, extinguida la acción.
Ello así, como quiera que han transcurrido casi tres años desde que se dijo «vistos» en la presente causa, sin que la demandante haya efectuado pedimento alguno, en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva, se ordena notificar a los apoderados judiciales de la parte actora, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- a objeto de que en un lapso de treinta (30) días continuos a partir de su notificación ratifique su interés en que se decida el presente proceso. En caso de que la accionante no haga constar en el expediente su interés en el mismo, esta Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal (cf. Sent. n° 1017/2001 de 12 de junio, caso: Asociación Bancaria Nacional). De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ordena el archivo del expediente, habilitándose al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo. Así se decide (…)”.
Por tanto, de conformidad con el precedente jurisprudencial antes referido y siendo que ha transcurrido un largo período desde la oportunidad en que la parte actora actuó por última vez en este juicio y, asimismo, desde la oportunidad que la presente causa entró en estado de decisión, esta Sentenciadora ordena notificar a la parte recurrente, para que informe en un plazo máximo de quince (15) días continuos, contados a partir de que conste en autos su debida notificación, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional antes referido.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su deseo de continuar la presente causa, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. TSJ/SPA. Sentencias Nros. 00740 y 01402 de fechas 19 de junio y 6 de noviembre de 2008, respectivamente).
Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en su decisión N° 4294 de fecha 12 de diciembre de 2005, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.
De esta manera, esta Juzgadora estima necesario ordenar la notificación de la parte recurrente en su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, para que manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa, y así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena NOTIFICAR a los ciudadanos SAVERIO BONIELLO y M.O., venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V-7.247.422 y V- 230.670, en su carácter de Presidente y Gerente de la Compañía Mercantil ESTACIONAMIENTO JESVO C.A., debidamente constituida por ante el Registro Mercantil del Estado Aragua en fecha 16 de Octubre de 1984, bajo número 135, Tomo 129-B, y/o a los ciudadanos G.G.Q. y J.H.V., Abogados, Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 5.259 y 22.157, respectivamente, en su carácter de apoderados Judiciales, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de Quince (15) días continuos, contados a partir de la fecha en que se verifique la notificación ordenada, manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa. En consecuencia, transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Juzgado Superior declarará extinguido de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, el recurso contencioso administrativo de querella funcionarial, contra EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA.
Publíquese, regístrese, diarícese, y déjese copia certificada. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, a los doce (12) días del mes de JUNIO del año DOS MIL TRECE (2013) Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR.,
DRA. M.G.S.
LA SECRETARIA,
ABG. R.S.
En esta misma fecha, 12 de Junio de 2013, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABG. R.S.
ASUNTO DE01-G-1990-000001
ANTIGUO 3195
MGS/cejor
