Decisión nº J2-068-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio |
| Ponente | Dubrawska Pellegrini |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, veintinueve (29) de noviembre de 2010
200º-151º
ASUNTO: LH22-X-2010-000010
ASUNTO PRINCIPAL: LP21-N-2010-000009
En fecha 23 de noviembre de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, escrito contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, interpuesto por el Abogado J.A.V.Q., titular de la cédula de identidad N° 17.766.825 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 130.224, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTONOMO C.N.D.D.D.N., NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENA), ente adscrito al Poder Ejecutivo Nacional, creado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.859, del 10 de diciembre de 2007; en contra de la P.A. Nº 00073-2010, de fecha 08 de junio de 2010, dictada por el INSPECTOR EN JEFE DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA.
En fecha 24 de noviembre de 2010, se recibió el presente asunto en este Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, y posteriormente en fecha 26 de noviembre de 2010, se dictó auto admitiendo cuanto ha lugar en derecho el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente con Suspensión de Efectos, ordenándose practicar las citaciones y notificaciones de Ley.
Estando en la oportunidad para pronunciarse este Tribunal de la solicitud de suspensión de efectos, se pasa a decidir en los siguientes términos:
I
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
Que, en razón de lo expuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se solicita que se declare la suspensión de los efectos de la P.A. N° 00073-2010, de fecha 08 de junio de 2010, suscrita por el ciudadano Inspector Jefe del Trabajo del Estado Mérida, notificada en fecha 16 de junio de 2010 que resuelve la causa contenida en el expediente N° 046-2009-01-00112, mediante la cual se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por la ciudadana M.B.R.H., titular de la cédula de identidad N°. 9.101.508.
Que, en este sentido es necesario señalar que para que proceda toda medida cautelar es necesario que se configuren de forma conjunta dos supuestos a saber: 1. El peligro inminente. 2. La apariencia de buen derecho.
Que, en lo que respecta a la apariencia de buen derecho es necesario señalar que la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, violó el debido proceso y el derecho a la defensa consagrado en la Constitución vigente, en razón de no haber otorgado a su representada el término de la distancia contenido en el Código de Procedimiento Civil, tal como fue argumentado en el capítulo III del escrito.
Que, es preciso señalar que el órgano administrativo admite que le da valor probatorio a un documento privado que no fue ratificado por la persona del cual emana. Así mismo, notificó al Procurador General de la República de un procedimiento administrativo, supuesto de hecho que no es regulado por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Que, del contenido de la citada Providencia se advierte que el mencionado documento no está en sintonía con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues existe vicios en el elemento causa.
Que, de igual manera este acto jurídico aplica erróneamente normas legales, lo cual implica omisiones al artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Que, en lo que respecta al peligro inminente es necesario señalar que al constreñir el pago a su representado el Instituto Autónomo C.N.d.D.d.N., Niñas y Adolescentes (IDENA), de una sanción que no tiene causa a razón, se estaría ordenando un pago sin causa, lo cual es contrario a lo previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 56 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, puesto que se estaría constriñendo a este a quebrantar normas de control interno, sin contar el hecho de que se le estaría causando un perjuicio al patrimonio de un organismo de la Administración Pública Nacional, como lo es su representado.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la posibilidad de suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares:
A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva
.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos y ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante”.
En relación a los requisitos para decretar medidas cautelares innominadas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N°. 00674, de fecha 08 de julio de 2010 señaló:
… Al respecto, la Sala ha advertido en su jurisprudencia que la diferencia fundamental que existe entre las medidas cautelares nominadas e innominadas, es que las primeras se encuentran expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, mientras que la segundas constituyen un instrumento procesal a través del cual el órgano jurisdiccional adopta las medidas cautelares que en su criterio resultan necesarias y pertinentes para garantizar la efectividad de la sentencia definitiva.
Por ello, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren y la providencia cautelar sólo se concede cuando se verifiquen concurrentemente los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010. Dichos requerimientos se refieren a la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y en algunos casos, se impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni).
Con referencia al primero de los requisitos fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Se entiende entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Respecto al periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra.
Así, es reiterado el criterio de la Sala al considerar que la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva. …
Igualmente la Sala Político Administrativa del M.T., en decisión N°. 01038, del 21 de octubre de 2010 señaló:
… Así, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos, como antes se indicó, constituye una medida preventiva típica del contencioso administrativo, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. En consecuencia, revisadas las normas supra transcritas, constata la Sala que el referido principio se encuentra en las exigencias, tanto del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como del aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para acordar la suspensión de efectos
.
En el presente caso, en relación con la apariencia de buen derecho, se alega la violación del debido proceso y el derecho a la defensa por parte de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, en atención a los hechos indicados ut supra. Al respecto, evidencia este Tribunal que ello está en íntima relación con el fondo de lo demandado, es decir, el Recurso de Nulidad del Acto Administrativo contenido en el expediente principal N°. LP21-N-2010-000009, que sólo podrá determinarse al momento de fallar el fondo del recurso, y no en la oportunidad de iniciarse el proceso, pues tales alegatos requieren del análisis de la legalidad del acto administrativo, lo cual no debe ser revisado por el juez en esta etapa cautelar. Así se declara.
De igual forma, el solicitante de la medida cautelar indica que respecta al peligro inminente, que al constreñir el pago a su representado de una sanción que no tiene causa a razón, se estaría ordenando un pago sin causa, lo cual es contrario a lo previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 56 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Tal aseveración no es ilustrada a este Tribunal, ni se aporta prueba alguna de los hechos que se alegan, tal como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
Ahora bien, no constatándose los extremos de obligatoria concurrencia para el acuerdo de cualquier tutela cautelar, debe esta instancia declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada. Así se decide.
III
DECISIÓN
En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por el profesional del derecho J.A.V.Q., titular de la cédula de identidad N° 17.766.825 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 130.224, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTONOMO C.N.D.D.D.N., NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENA), contra la P.A. Nº 00073-2010, de fecha 08 de junio de 2010, Expediente N° 046-2009-01-00112, dictada por el INSPECTOR EN JEFE DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, relativo a la declaratoria con lugar de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana M.B.R.H., titular de la cédula de identidad N°. 9.101.508.
Se acuerda notificar al Procurador General de la República de la presente decisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Cópiese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Dios y Federación
La Juez Titular,
Dubrawska Pellegrini Paredes
La Secretaria
Yurahi Gutiérrez Quintero
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las tres y ocho minutos de la tarde (3:08 PM).
Sria
