Decisión nº 011-12 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 19 de Enero de 2012
| Fecha de Resolución | 19 de Enero de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Nohelia Cristina DÃaz GarcÃa |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 1471-10
El 22 de enero de 2010, el abogado J.C.L.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 46.167, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSIGNACIÓN TAMAYO S.A., (CONTASA), inscrita bajo el Nº 428, Tomo 2-C de fecha 24 de septiembre de 1954; consignó ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de los Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES DIRECCION ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO CAPITAL Y VARGAS (INPSASEL), con ocasión de la P.A.N.. 062-2009 de fecha 4 de septiembre de 2009, mediante la cual se certifica Discopatía Cervical C3-C4, C4-C5 más Discopatía Comprensiva mínima, Síndrome de Receso Laterales L5-S1 y Síndrome de Recesos Laterales L4-L5 (COD. CIE10-M51.0-M40-M54), presuntamente agravada con ocasión del trabajo a la ciudadana D.D.V.G.D.G., titular de la cédula de identidad N° V.-11.637.765, que le ocasionó una Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual.
El 16 de junio del mismo año, el abogado J.C.L.P., actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, consignó escrito de reforma parcial de la demanda de nulidad.
Previa distribución de la causa, efectuada en fecha 26 de enero de 2010, correspondió su conocimiento este Órgano Jurisdiccional, siendo recibida el 27 de enero de 2010. La causa quedó signada bajo el Nº 1471-10, según nomenclatura interna de este Órgano Jurisdiccional
Sustanciada la presente demanda de nulidad conforme a las prescripciones del procedimiento común contenido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante auto del 1º de junio de 2011, se fijó el lapso de treinta (30) días para dictar sentencia definitiva en la presente causa. Dicho lapso fue prorrogado por treinta (30) días más, mediante auto del 9 de agosto de 2011.
Luego, por diligencia del 20 de septiembre de 2011, el abogado J.C.L.P., antes identificado y actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSIGNACIÓN TAMAYO S.A., (CONTASA), solicitó a este Tribunal se declarase incompetente para conocer de la presente causa.
Visto el estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal en la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre la solicitud hecha por la parte accionante en la presente causa, estima necesario realizar las siguientes consideraciones:
ÚNICO
El apoderado judicial de la empresa recurrente, mediante diligencia del 20 de septiembre de 2011 solicitó a este Tribunal Superior que declarase su incompetencia en razón de la materia, “(…) por cuanto la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 25-05-2011 (sic), estableció en sentencia (sic) que los Recursos de Nulidad interpuesto (sic) contra Actos Administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), corresponde la competencia a los Juzgados Superiores del Trabajo, siendo el presente caso un Recurso de Nulidad interpuesto en contra de una P.A. emanada del referido instituto, corresponde en este caso el conocimiento de la causa a los Juzgados Superiores del Trabajo (…)”. En apoyo a lo expuesto, consignó copia de la sentencia Nº 27 del 26 de julio de 2011, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, caso: “Agropecuaria Cubacana, C.A.”.
En ese sentido, conviene precisar que la pretensión procesal se centra en obtener la declaratoria jurisdiccional de nulidad de la P.A.N.. 062-2009 de fecha 4 de septiembre de 2009, mediante la cual se certifica Discopatía Cervical C3-C4, C4-C5 más Discopatía Comprensiva mínima, más Síndrome de Receso Laterales L5-S1 y Síndrome de Recesos Laterales L4-L5 (COD.CIE10-M51.0-M40-M54), presuntamente agravada con ocasión del trabajo a la ciudadana D.d.V.G.d.G., que le ocasionó una Discapacidad Total Permanente para el Trabajo Habitual. De igual manera, solicitó la suspensión cautelar de los efectos de la providencia antes referida.
Con el propósito de establecer la competencia de este Órgano Jurisdiccional, para conocer de las demandas de nulidad contra los actos administrativos dictados por el ente de control previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es menester indicar que el 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.447, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.451, en fecha 22 de junio de 2010, la cual, regula en su articulado, desde el punto de vista procesal, las disposiciones que deben regir las acciones incoadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. La referida Ley Orgánica en su artículo 25, numeral 3, establece, con relación a los actos dictados por la Administración Laboral lo que sigue:
Artículo 25.- Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
(Destacado añadido).
Como se observa, la ley procesal especial nada indica respecto de la competencia específica de estos órganos contencioso administrativo regionales para conocer de los actos dictados por las autoridades administrativas de seguridad y prevención de medio ambiente y condiciones del trabajo. Empero la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo señala a texto expreso que: “(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (…)”. Ello así, pese a que se trata del control de actos que formalmente son de Derecho Administrativo, priva a nivel legislativo el interés material -que es de Derecho Laboral- subyacente en esta específica manifestación de la actividad administrativa de policía.
Siendo lo anterior así, es pertinente traer a colación el criterio que ha sentado la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto Sala natural para dirimir los conflictos negativos de competencia que se susciten entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia afín entre los tribunales declarados incompetentes (Vid. Artículo 24.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), con relación al órgano jurisdiccional competente para realizar el control judicial antes descrito. En ese sentido, en sentencia Nº 27 del 25 de mayo de 2011 -subida a la página web del Tribunal Supremo de Justicia el 26 de julio de 2011- recaída en el caso: “Agropecuaria Cubacana C.A.”, invocada por el apoderado judicial de la actora, la Sala Plena estableció en un caso análogo al aquí planteado que:
(…) en el caso bajo estudio, la demanda fue propuesta contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), dictado con ocasión del procedimiento administrativo instruido contra la empresa Agropecuaria Cubacana C.A., que determinó la imposición de una sanción pecuniaria por el accidente laboral sufrido por el ciudadano J.R.C., como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, supuesto de hecho previsto en el artículo 129 la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo .
Al respecto, se advierte que el referido dispositivo legal prevé, expresamente, que las acciones derivadas ‘(…) de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiera lugar (…)’; asimismo, la Disposición Transitoria Séptima eiusdem, establece que ‘(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (…)’.
En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen -de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.
Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.
En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el tribunal competente para conocer de la presente causa es el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se declara
.
Conforme al criterio que antecede, la mencionada Sala, siguiendo el hilo de razonamiento que apunta hacia la protección jurisdiccional integral del trabajo como hecho social a través de sus órganos especializados, incorporó dentro del elenco de competencias de los órganos jurisdiccionales laborales, además del control de los actos administrativos dictados en el marco de procedimientos de reenganche y pago de salarios caídos tramitados ante las Inspectorías del Trabajo, en tanto órganos desconcentrados del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, también a los actos dictados por los órganos desconcentrados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En razón de lo anterior, quien suscribe concluye que no tiene competencia para conocer y decidir la presente demanda de nulidad, en consecuencia, declara su incompetencia y declina su competencia en el Juzgado de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que resulte asignado en virtud de su distribución. Así se decide.-
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
-
- SU INCOMPETENCIA para entrar a conocer y decidir la demanda de nulidad ejercida por el abogado J.C.L.P., actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSIGNACIÓN TAMAYO S.A., (CONTASA), ya identificados, contra el acto administrativo contenido en la de la P.A.N.. 062-2009 de fecha 4 de septiembre de 2009, dictada el 4 de septiembre de 2009, por la DIRECCIÓN ESTATAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DISTRITO CAPITAL Y VARGAS a través de la Coordinación de S.L. del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), a través del cual calificó la enfermedad que padece la ciudadana D.D.V.G.D.G., titular de la cédula de identidad N° V.-11.637.765, como Enfermedad Contraída y Agravada por las condiciones de trabajo.
-
- Se DECLINA LA COMPETENCIA ante los Juzgados de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ordena la remisión del expediente a los órganos jurisdiccionales laborales antes mencionados, a los fines de su distribución.-
Remítase el expediente a la Unidad de Recepción, Distribución y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese y regístrese. Notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
LA SECRETARIA,
N.C.D.G.
RAYZA VEGAS MENDOZA
En fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), siendo las nueve y treinta antes meridiem (9:30 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia, bajo el Nº 011-2012.-.-
LA SECRETARIA,
RAYZA VEGAS MENDOZA
Exp. Nro. 1471-10 NCDG/RVM/OM
