Sentencia nº 00364 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2004

Se condene a la resolución del contrato de concesión otorgado entre mi representada y el estado (sic) Anzoátegui a través de su gobernador ...

... omissis ...

Se condene al pago de la cantidad de MIL CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 1.109.959.822,36) cantidad que según el último estado de cuenta con corte al día 28 de marzo de 2.001, por concepto de daños y perjuicios consistentes en el pago de la totalidad del crédito en la partida correspondiente al estado (sic) Anzoátegui, así como todos los intereses convencionales y de mora, que se sigan venciendo a partir del día 28 de marzo de 2.001, del crédito otorgado a mi representada por el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. ...

... omissis ...

Se condene al pago de los daños y perjuicios consistentes en el reintegro de la inversión realizada por mi representada en las obras de puesta a punto de la vialidad, en efecto, el monto total de las obras realizadas, debidamente sustentadas en diecisiete (17) valuaciones aceptadas por el Estado Anzoátegui, fue de setecientos sesenta millones, seiscientos noventa y ocho mil, cuatrocientos sesenta y cinco bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 760.698.465,75), del referido monto, el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., otorgó en crédito la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (631.760.000,00), y el saldo, es decir, la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 128.938.465,00) fue aportada directamente por mi representada, razón por la cual, estos daños y perjuicios consisten en que deben reintegrarse la referida cantidad que no pudo ser pagado (sic) con la recaudación del peaje ...

... omissis ...

Igualmente se condene al pago de la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 8.524.575.078,00) por concepto de daños y perjuicios consistentes en el LUCRO CESANTE ...

... omissis ...

Al pago de las Costas y Costos del presente proceso (...)". (resaltado de la actora).

II

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. Contestación presentada por la representación judicial del Estado Anzoátegui.

   Mediante escrito consignado en fecha 12 de noviembre de 2002, el apoderado judicial del Estado Anzoátegui procedió a dar contestación a la demanda aquí tratada, oponiendo como punto previo al fondo del asunto debatido "la falta de cualidad del actor para proponer su demanda", fundamentándose en que las acciones interpuestas en contra del Banco Industrial de Venezuela C.A., y su representada no son subsidiarias entre sí, "sino que dependen del resultado de una calificación que le solicita el mismo actor (sic) a la Sala Político Administrativa su pronunciamiento, y esa calificación no es otra sino la declaratoria de cualidad del actor para intentar su acción en contra del Estado Anzoátegui. De manera que irrogarse a priori una atribución o cualidad indispensable para intentar su acción sin que ésta se le haya conferido con carácter erga omnes, como así solicita en su libelo se declare, le imposibilita su legitimación en causa activa por estar sujeta a una condición suspensiva".

   En el mismo sentido, el abogado R.C. sostiene que el contenido del documento de cesión no deja lugar a dudas de la voluntad de la demandante, de ceder pura y simplemente en pago la totalidad del contrato, independientemente de que se haya perfeccionado o no, y de cuales sean sus efectos, planteándose así un problema de legitimación activa para demandar los derechos en él contenidos, contra el Estado Anzoátegui, siendo igualmente claro que ambas partes estaban contestes en el objeto del contrato y en el alcance de sus derechos y obligaciones.

   Luego, el precitado profesional del derecho expresó, con respecto al mismo contrato de cesión, lo siguiente:

   "(...) Por otra parte, este contrato fue otorgado antes del inicio de la obra, tiempo más que suficiente para darse cuenta del error y su consecuencia que tantas veces menciona en su defensa el actor en su libelo "Resolución de pleno derecho". Si esto es así, su deber era la paralización de la obra hasta que se convalidara en forma expresa por el Gobierno del Estado Anzoátegui, el error que supuestamente se cometió en forma involuntaria.

   No podemos llegar sino a la conclusión de que estamos ante un contrato consensual donde una parte le cede a la otra en forma pura y simple, la totalidad de todos su derechos y créditos mediante el pago de un precio que la cesionaria recuperara mediante el cumplimiento de una condición suspensiva contenida en el mismo contrato y aceptada por las partes. Que el único titular de ese derecho es el Banco Industrial de Venezuela quien tiene la facultad de exigir el pago de la cantidad dada como precio de la cesión, una vez cumplida la condición, caso contrario accionar contra su cedente exigiéndole la devolución del precio y la resolución del contrato, y una vez declarado con lugar en la definitiva, el cedente podrá recuperar su titularidad en la relación dada en cesión, salvo que con anterioridad a lo expresado, el Banco hubiese liberado el crédito proveniente del contrato de cesión.(...)".

   Posteriormente, en el mismo escrito de contestación se indicó que no es cierto que las diecisiete valuaciones a que se refiere la demandante fueron aceptadas, mas por el contrario no fueron aprobadas por haberse excedido de la cantidad acordada para la puesta a punto de la vialidad; además, que todas y cada una de dichas valuaciones fueron objetadas por sus precios unitarios y por la mala calidad de los trabajos efectuados, hasta el punto que se ordenó la paralización de la obra y el inicio de un procedimiento administrativo.

   En vista de lo anterior, la demandada procedió a impugnar y desconocer las diecisiete valuaciones que consignó la accionante conjuntamente con el libelo de demanda, "por no estar suscritas ni autorizadas para su pago por el Presidente de V.A.S.A., y por tratarse de copias simples no oponibles a mi representada".

   Luego, con respecto a la indemnización debido a los daños y perjuicios reclamados, la accionada expuso lo que a continuación se indica:

   "(...) Rechazamos y contradecimos que nuestra representada haya generado graves daños y perjuicios con respecto al crédito otorgado al Consorcio Plavin, por el banco (sic) Industrial de Venezuela, a través de un Contrato de Cesión de Derechos y Créditos, como fue el que se celebrara y no un Contrato en Garantía como era al que estaba obligado únicamente a celebrar el Citado (sic) Consorcio ... rechazamos y negamos que mi representada esté en la obligación de indemnizar a la demandante a pagar el monto total del crédito y sus intereses convencionales y de mora al Banco Industrial de Venezuela. Aparte de que el Consorcio Plavin, carece de cualidad para reclamar estos daños por haber subrogado en el Banco Industrial de Venezuela - en el caso de que se rescindieran los contratos de concesión -, todos y cada uno de los derechos que le pudieran corresponder a (sic) Consorcio Plavin provenientes de los citados contratos ...

   ... omissis ...

   Rechazamos y contradecimos los daños y perjuicios que dice se le causaron con motivo (sic) de la cantidad de setecientos sesenta millones, seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 760.698.465,75), invirtiera en las obras de puesta a punto de la vía. El rechazo a que hacemos referencia, lo fundamentamos en lo siguiente: Primero; La cantidad acordada contractualmente para la puesta a punto de la vía, de acuerdo al programa de inversión, tal como se evidencia en la cláusula décima novena del Contrato de Concesión, fue la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON oo/100 (Bs. 631.760.000,00), y no la cantidad que manifiesta el Consorcio accionante. Segundo; No es cierto que el monto con que afirma la actora su pretensión, se encuentra sustentado en diecisiete (17) valuaciones debidamente aceptadas por el Estado Anzoátegui, todas estas valuaciones, - como es del conocimiento del Consorcio que demanda - fueron objetada (sic) tanto en su valor en referencia con los precios que pretendía se le reconociera, como en la calidad de la obra que especificaba en cada valuación ... además el haber optado el Consorcio Actor, la vía del reconocimiento administrativo del monto de esa deuda, le imposibilita a intentar con prescindencia del resultado de éste, un procedimiento distinto al ya escogido ...

   ... omissis ...

   .

   Rechazamos y contradecimos el Lucro Cesante que solicita, por concepto de los ingresos brutos recaudados mensualmente. Estos ingresos dejados de percibir y causantes del lucro que demanda, no son ciertos por no haberse percibido ninguna cantidad con base a ellos, por la particular circunstancia de que al momento de la notificación de la rescisión la estación de peaje no había sido construida ni estaba operando como tal, lo que impide hacer un cálculo de sus ingresos (...)".

   Concluye su escrito el apoderado judicial del Estado Anzoátegui, solicitando que se declare sin lugar la demanda interpuesta y la correspondiente condenatoria en costas.

2. Contestación presentada por la apoderada judicial del Banco Industrial de Venezuela, C.A.

   La abogada Minelma Paredes, actuando como representante judicial del la sociedad de comercio Banco Industrial de Venezuela, C.A., comienza su escrito señalando que la demanda interpuesta fue admitida contra su representada como una acción por daños y perjuicios, siendo que tal circunstancia no existe en el presente caso, toda vez que del propio petitorio del escrito libelar se desprende "la inexistencia de condenatoria alguna contra mi representado (sic) por daños y perjuicios, pues solicita la actora que se declare que ésta dio en cesión a mi representada los contratos de cesión en garantía, y no, en forma pura y simple, y siendo una cesión en garantía aclara la actora que en consecuencia es la única legitimada para demandar los daños y perjuicios contra la Gobernación del Estado Anzoátegui".

   Asimismo, expresó que en el petitorio subsidiario realizado por la actora, "tampoco se indica de que se demanda a mi representada por DAÑOS Y PERJUICIOS, es evidente que de la solicitud del actor se desprende que a pesar de que emplea el término condena de pretensión no configura una resolución de condena a una prestación o transgresión de derecho, sino LA MERA DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA ... no se observa en cuanto al derecho invocado por el actor (sic) disposiciones normativas fundamentadas en DAÑOS Y PERJUICIOS, así como tampoco señala ni explica los elementos generadores del daño y como (sic) pudo producirlos mi mandante ... En consecuencia habiéndose admitido la presente demanda contra mi representado por daños y perjuicios solicitó (sic) se deje sin efecto contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., la demanda admitida por daños y perjuicios y se declare que la acción interpuesta contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. es mero declarativa".

   En cuanto a la naturaleza de la cesión que le efectuare el Consorcio Plavin C.A., a su representada, la precitada profesional del derecho señaló:

   "(...) Ahora bien, ciertamente lo que determinan (sic) a los contratos es la voluntad de las partes, tal como lo expresó la parte demandante en su libelo de demanda, por ello la cesión que hiciera la sociedad mercantil CONSORCIO PLAVIN, C.A. al BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., a través del documento identificado en el párrafo anterior, es una cesión en garantía, pues, a todas luces resulta imposible la cesión pura y simple del contrato de concesión, por un lado estar en conocimiento mi representado de que, de acuerdo al contrato de concesión suscrito entre la actora y la Gobernación del Estado Anzoátegui, a la Sociedad Mercantil Consorcio Plavin, C.A., no le estaba permitido ceder a terceras personas el contrato de concesión, pero sí podía ser dado en garantía, que fue lo que efectivamente aceptó mi mandante ... por otro lado, dada la naturaleza del contrato de concesión, el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., no tiene dentro de sus funciones ejecutar obras, en el caso en concreto, no repara vías, no limpia ni construye alcantarillas, no coloca señales informativas, ni realiza movimiento de tierra, la función de mi representado (sic) como es sabido, es la intermediación financiera ...

   ... omissis ...

   efectivamente el apoderado actor reconoce que las obras las realiza su representado (sic) y que para ello solicitó un préstamo al Banco Industrial de Venezuela, C.A. por ende, a mi mandante jamás le fue cedido un contrato de concesión lo que se le cedió fue el crédito proveniente de ese contrato de concesión (...)".

   Concluye la apoderada judicial del Banco Industrial de Venezuela, C.A., refiriéndose al petitorio subsidiario formulado por la accionante, expresando lo que de seguidas se indica:

   "(...) Niego, rechazo y contradigo, que con la cesión del crédito se haya liberado a la sociedad mercantil CONSORCIO PLAVIN, C.A., de la obligación de pagar, dicha cesión del crédito no se hizo en forma pura y simple, ya que como antes se dijo, el cedente (CONSORCIO PLAVIN, C.A.),garantizó la existencia del crédito así como la solvencia de su deudor, quedando de esta manera obligado para con el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA,C.A., no se debe olvidar que el objeto de la cesión de crédito fue el de garantizar el pago, nunca el de liberar a la sociedad mercantil CONSORCIO PLAVIN, C.A., de su obligación de pagar, por ello afirmamos categóricamente que la actora si (sic) adeuda las cantidades del capital del crédito así como los intereses generados por la cantidad que el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. le entregó en calidad de préstamo a interés ...

   ... omissis ...

   En consecuencia no puede haber liberación de las obligaciones que (sic) CONSORCIO PLAVIN, C.A., adquirió con el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. y por lo tanto no se puede hablar de cesión de crédito pura y simple (...)".

   III

   DE LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO

   En la oportunidad legal para promover pruebas, la apoderada judicial de la sociedad de comercio Banco Industrial de Venezuela C.A., se limitó a reproducir el mérito favorable de una serie de documentos cursantes en autos; los representantes judiciales de la parte actora, no presentaron escrito de promoción de pruebas, quedando únicamente de su parte consignados, la documentación que acompañaron al líbelo de demanda; por su parte, el apoderado judicial del Estado Anzoátegui tampoco promovió prueba alguna.

   IV

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   Examinadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala para decidir observa:

   Antes de proceder a examinar el fondo del asunto controvertido, se estima necesario precisar las pretensiones deducidas en el presente caso, de acuerdo a lo expuesto en el escrito de demanda, para determinar la procedencia o no de la acumulación realizada por la actora.

   Del análisis del escrito libelar se evidencia la existencia de dos pretensiones perfectamente diferenciadas, contra dos sujetos igualmente diferentes. En efecto, conforme a lo allí expuesto, por una lado, se demanda a la sociedad de comercio Banco Industrial de Venezuela, C.A., para que convenga o en su defecto sea condenada a que el contrato de cesión suscrito entre la referida entidad financiera y el Consorcio Plavin, C.A., no se constituye en una cesión pura y simple, sino en una cesión en garantía, pidiéndose de "manera subsidiaria" (para el caso que se considere que la cesión referida se realizó de manera pura y simple), que se establezca que no mantiene deuda alguna con la referida entidad financiera; mientras que por otro lado, se demanda a la entidad político-territorial, Estado Anzoátegui por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de concesión que celebraron en su oportunidad.

   Así las cosas, estima la Sala pertinente hacer algunas precisiones acerca de los elementos de la acción y del instituto de la acumulación de pretensiones. En este orden de ideas, se ha sostenido que en la estructura del ordenamiento jurídico, la acción procesal está concebida como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. La referida relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.

   Este especial derecho de acción procesal está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:

   “ Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente...".

   Es claro pues que cuando se interpone ante el órgano jurisdiccional una demanda, en la misma se hace valer la acción procesal y se deduce la pretensión, de manera que es entendido que la pretensión se constituye en el elemento fundamental de este especial derecho de acción; ella se evidencia cuando una persona afirmándose titular de un derecho insatisfecho, pide a los órganos jurisdiccionales se le otorgue la necesaria tutela judicial.

   De lo precedentemente señalado emergen los tres elementos fundamentales de la acción procesal: los sujetos, la pretensión y el título o causa petendi. El primero está representado por quien pretende algo y la persona contra quien se pretende ese algo; el segundo, es la tutela que se pide al órgano jurisdiccional de un derecho alegado como insatisfecho; y el tercero es el fundamento o motivo de la acción aducida en juicio. En este sentido se ha dicho que la pretensión viene a ser lo que se pide, mientras que el título establece el por qué se pide.

   Ahora bien, en lo concerniente a la acumulación de pretensiones, se ha dicho que ésta se produce cuando uno o varios actores reúnen en una misma demanda diversas pretensiones conexas, contra uno o varios demandados, para que sigan un mismo proceso y las abrace una misma sentencia. De lo transcrito se desprende como elemento fundamental, que las pretensiones deben estar vinculadas entre sí, de tal modo que existan puntos de confluencia o conexidad entre ellas, debiendo ser, además, compatibles.

   Vistas así las cosas, se observa que en el presente caso una pretensión se constituye como un antecedente indispensable para el logro de la otra, pues en principio se pide que se examine e interprete el contrato de cesión que la actora celebró en su oportunidad con la sociedad de comercio Banco Industrial de Venezuela, C.A., para que una vez determinado que dicho contrato se categoriza como una cesión en garantía, se le considere como suficientemente legitimada para demandar a la Gobernación del Estado Anzoátegui; y es a partir de tal declaratoria, que se pretendería hacer efectiva la reclamación por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de concesión, instaurada, en el mismo libelo, en contra de la precitada entidad político-territorial; todo lo cual evidentemente configura una clara incompatiblidad entre las pretensiones deducidas en el asunto tratado.

   Se evidencia pues, que en el caso bajo estudio lo adecuado era demandar o solicitar por vía principal y de manera separada todo lo referente al contrato de cesión precedentemente mencionado, para que una vez obtenido el correspondiente pronunciamiento y clarificada la cualidad de quien se pudiera presentar como accionante, se interpusiera la reclamación por daños y perjuicios en contra del Estado Anzoátegui.

   Lo anteriormente expresado no deja lugar a dudas que la acumulación de pretensiones realizada por la accionante, en el presente asunto, no se encuentra ajustada a derecho, por lo que es forzoso para la Sala declarar inadmisible la demanda interpuesta a tenor de lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se decide.

   V DECISIÓN

   Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda intentada por el abogado L.G.M., actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO PLAVIN, C.A., en contra del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., por "calificación de contrato de cesión", y en contra del ESTADO ANZOATEGUI, por "daños y perjuicios contractuales". Se revoca el auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 25 de julio de 2001.

   Se condena en costas a la parte demandante, Consorcio Plavin, C.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, disposición que resulta aplicable por remisión expresa que se hace en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

   Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil cuatro. Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

   El Presidente Ponente,

   L.I.Z. El Vicepresidente,

   HADEL MOSTAFÁ PAOLINI La Magistrada,

   Y.J.G. La Secretaria,

   ANAÍS MEJIA CALZADILLA

   Exp. Nº 2001-0463

   En veintiuno (21) de abril del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00364.