Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Agosto de 2007

CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 110.876.000,00), monto correspondiente a la suma principal de los seis (6) pagarés, marcados de la letra “B” a la “G”, vencidos no pagados, a la fecha de presentación de la esta demandada, discriminados de la siguiente forma:

1 Pagaré Nº 75485, por VEINTIÚN MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 21.050.000,00);

2 Pagaré Nº 75051, por VEINTE MILLONES VEINTISÉIS MIL BOLÍVARES (Bs. 20.026.000,00);

3 Pagaré Nº 73919, por CUARENTA Y OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 48.000.000,00);

4 Pagaré Nº 74463, por MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.500.000,00);

5 Pagaré Nº 75384, por QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 15.300.000,00);

6 Pagaré Nº 73758, por CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00).-

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 241.809.835,80), por intereses vencidos y moratorios de los pagarés accionados, hasta la fecha 8 de octubre de 1998, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto de los mismos, discriminados en la siguiente manera:

1 Pagaré Nº 75485, CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON TRECE CÉNTIMOS (Bs. 45.503.206,13), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día 27 de enero de 1994, fecha de su vencimiento, hasta el día 8 de octubre del 1998;

2 Pagaré Nº 75051, CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 43.289.653,48), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día de su vencimiento, 27 de enero de 1994, hasta el día 8 de octubre de 1998;

3 Pagaré Nº 73919, CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 104.154.533,33), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día de su vencimiento, 23 de enero de 1994, hasta el día 8 de octubre de 1998;

4 Pagaré Nº 74463, TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.506.510,42), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día de su vencimiento, 7 de noviembre de 1993, hasta el día 8 de octubre de 1998;

5 Pagaré Nº 75384, TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 34.038.063,00), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día de su vencimiento, 29 de diciembre de 1993, hasta el día 8 de octubre de 1998; y

6 Pagaré Nº 73758, ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 11.317.869,44), que corresponde a los intereses moratorios causados desde el día de su vencimiento, 12 de diciembre de 1993, hasta el día 8 de octubre de 1998.-

Los intereses moratorios que se sigan causando desde el día 8 de octubre de 1998, hasta la total y definitiva cancelación de cada uno de los títulos a que se refiere el presente libelo, calculados en la forma convenida en el texto de cada uno de los pagarés, cuyos pago se demanda, a las tasas máximas permitidas aplicar al crédito bancario.-

Las costas y costos del presente juicio.-

La indexación de las cantidades demandadas, desde la fecha de su exigibilidad, hasta la fecha de la condenatoria, de acuerdo a los índices de precios al consumidor, determinados por el Banco Central de Venezuela.-

2. -) Alegatos de la demandada:

Los apoderados de la parte demandada, en su escrito de contestación en primer lugar, rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta en contra de sus representados, tanto en los hechos como en el derecho, según su decir, por no ser cierto que sus defendidos adeuden cantidad alguna.

En segundo lugar, desconocieron los instrumento pagarés identificados por la actora con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” y seguidamente conforme lo dispuesto en el artículo 479 y 480 del Código de Comercio, alegaron la prescripción de los mismos respecto de los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., toda vez que en el aviso de la Gaceta Oficial Nº 4.970 del 19 de septiembre de 1995, así como en el de la Gaceta Oficial Nº 5.045 Extraordinario de fecha 29 de febrero de 1996, conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, se procedió a señalar la lista de los deudores respectivos, en las que se menciona a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374 C.A., pero no refieren los nombre de los citados ciudadanos, por lo que según su decir, las referidas publicaciones no interrumpen la prescripción respecto a éstos.

Aducen que la connotación de “fiadores solidarios y principales pagadores”, en materia cambiaria, no es otra sino la de ser simples avalistas de los títulos, motivo por el cual conforme al artículo 480 del Código de Comercio, la interrupción de la prescripción de un obligado cambiario no surte efecto sobre los demás.

Indican asimismo, lo que de seguidas se transcribe: “… es forzoso llegar a la conclusión que tales publicaciones carecen de virtualidad y potencia jurídica para interrumpir la prescripción de los títulos por lo que respecta a F.R.R., F.M.T. y C.R.R., por cuanto de los mismos se deriva que solo se notifico a DESARROLLOS 5374 C.A., pero en ningún caso a los otros codemandados y aun más y a mayor abundamiento en la propia publicación del aviso contenido en la Gaceta Oficial Nº 4.970, traída a los autos por el actor, en la lista de los deudores se leen cuatro (4) columnas, a saber: la primera correspondiente a DENOMINACIÓN/ NOMBRE; la segunda: CUENTA; la tercera MONTO y la cuarta GARANTIA/ AVAL, en esta última, es menester destacar, que es en esa columna donde se coloca el tipo de garantía existente sobre la obligación indicada en la primera columna, pues bien, en la que corresponde a Desarrollos 5374 C.A., se lee: GARANTIA/ AVAL: LIBRE, vale decir que del propio aviso se desprende que tales obligaciones carecen de garantía, lo cual constituye un acto de mayor comportamiento contenido en la confesión en dicho documento que para esa fecha ya no existía garantía alguna, porque tal Gaceta Oficial, debe ser analizada en su totalidad, no pudiendo extraer de ella los elementos que solo al actor beneficien, sino por el contrario tal declaración es contundente a favor de los representados y así expresamente lo invocamos…”

Por último, en lo que respecta a la codemandada DESARROLLOS 5374 C.A., alegaron la prescripción de los intereses moratorios, por cuanto la Ley contempla igualmente su prescripción trienal.

Estos argumentos fueron ratificados por la representación de la demandada en su escrito de informes y de observaciones respectivamente, en los que indicó nuevamente que los ciudadanos F.R.R., F.M.T. y C.R.R., al suscribir dichos títulos se convirtieron en avalistas de los mismos, lo cual según su decir, entraña su condición de obligados principales, por lo que era necesaria su notificación a los efectos de interrumpir la prescripción. Que, en la fase probatoria no fueron desvirtuados tales alegatos. Adujeron igualmente, que la circunstancia que dicha representación desistiese del desconocimiento de los pagarés no implica que deba declararse con lugar la demanda, por cuanto la misma fue rechazada en un todo en la contestación, aunado que alegaron la prescripción de los avalistas de los títulos, así como la prescripción de los intereses moratorios en lo que respecta a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374 C.A.-

Por su parte, la representación de la actora en su escrito de Informes y de Observaciones a los presentados por su contraria argumentó que al no haber indicado la demandada la causa de su pretendida liberación, no puede admitirse que se ha entablado el contradictorio, puesto que no existe hecho liberatorio alguno a probar. Que accionados los pagarés para su cobro y habiendo renunciado la demandada a su desconocimiento, implica un reconocimiento de los títulos valores. Que la fianza fue constituida por voluntad de las partes tal y como se desprende del mismo texto de la fianza en los instrumentos demandados, en el cual renunciaron expresamente al beneficio de excusión. Que el efecto interruptivo de las publicaciones en la Gaceta Oficial y de los Registros de las demandas, opera en relación de las obligaciones de los deudores cedidos, entre las cuales se encuentra la de pagar los intereses, toda vez que se entiende hecha la notificación de la cesión del pagaré con sus accesorios, incluyendo sus fiadores. Que quedó demostrada la interrupción de la prescripción de los títulos demandados y de sus intereses, así como la existencia del crédito objeto de la acción intentada.-

Al respecto, observa el Tribunal que en el texto de cada uno de los pagarés objeto de la pretensión, se lee en la parte in fine lo siguiente: “Nosotros, F.R.R., C.R.R. y F.M.T., anteriormente identificados, actuando personalmente, declaramos: Nos constituímos en fiadores solidarios y principales pagadores de la firma ya identificada DESARROLLOS 5374, C.A., con las mismas obligaciones que el presente pagaré le impone y otorgamos de antemano la conformidad sin necesidad de aviso o notificación del Banco a todo plazo, prórroga, transacción o establecimiento de forma de pago que el Banco convenga con el cliente. Renunciamos al beneficio de excusión de los bienes de la deudora, asi como a que se nos dé aviso previo de mora de la afianzada…” De lo cual se desprende que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 545 del Código de Comercio, y siendo que en la fianza los derechos y obligaciones derivan de un pacto en el cual media la voluntad de las partes, ésta ha quedado demostrada con la suscripción de los referidos ciudadanos en cada uno de los títulos valores, aunado al hecho que por ser una garantía de orden personal prescribe a los diez años conforme a nuestro ordenamiento jurídico. De todo lo cual se evidencia el carácter de fiadores solidarios y principales pagadores de los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., en nombre de la empresa DESARROLLOS 5374, C.A. ASÍ SE ESTABLECE.-

En atención a la prescripción alegada por los apoderados de la parte demandada se observa que la misma fue interrumpida por mandato legal conforme lo establecido en el entonces artículo 32 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, mediante la publicación en Gaceta Oficial de la cesión de las carteras de crédito a los deudores, las cuales corren insertas a los autos (folios 28 al 33 pieza principal I ). Ahora bien, en atención a dichas publicaciones, el 19 de septiembre de 1995, corresponde la fecha a partir de la cual debe comenzarse a computar nuevamente el lapso de la prescripción establecida para los efectos de comercio, la cual tendría lugar el 19 de septiembre de 1998, así pues se evidencia de las actas que conforman el presente expediente que se produjo la interrupción de la prescripción, esta vez conforme lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil con el registro de la copia certificada del libelo, con su auto de admisión y la respectiva orden de comparecencia del demandado, lo cual fue consignado a los autos por la representación de la parte actora en lapso probatorio, a saber:

• Marcado con la letra “A”, en fecha 18 de septiembre de 1998, el pagaré Nº 73.758;

• Marcado con la letra “B”, en fecha 18 de septiembre de 1998, los pagarés Nos 73.919, 74.463 y 75.384; y,

• Marcado con la letra “C”, en fecha 17 de septiembre de 1998, los pagarés Nº 75.485 y 75.051.-

Motivo suficiente para considerar que en el caso bajo estudio no ha operado el lapso de prescripción dispuesto en el artículo 479 del Código de Comercio. ASÍ SE DECLARA.-

Del Instrumento de la demanda

Los documentos presentados como fundamentales de la presente demanda, constituidos por los instrumentos pagarés, consignados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, así como las publicaciones de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.970 Extraordinario, de fecha 19 de septiembre de 1995 y Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.045 Extraordinario, de fecha 29 de febrero de 1996, cursante de los folios 28 al 33 de la pieza principal I del presente expediente, tal y como se desprende de la narrativa realizada, no fueron desconocidos, tachados, negados o impugnados, toda vez que la representación de la parte demandada desistió del desconocimiento que hiciera en la oportunidad de la contestación de los instrumentos pagarés, este Juzgado les da pleno valor probatorio a tenor de lo establecido en los artículos 429, 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil y en consecuencia adquieren éstos todo el valor probatorio que les asigna la ley, por lo tanto tiene plena validez probatoria de la obligación asumida por los deudores de cancelar los montos especificados en los referidos instrumentos, aunado al hecho que llenan los requisitos del artículo 486 del Código de Comercio. ASÍ SE DECIDE.-

De la fundamentación de la demanda

Fundamenta su pretensión la parte actora en las estipulaciones contractuales asumidas por las partes en los títulos valores objeto de la pretensión; así como también en las disposiciones previstas en los artículos 1155, 1264, 1269 y 1275 del Código Civil y artículos 419, 421, 422, 426, 441, 454, 456, 486, 487 y 488 del Código de Comercio.-

En este orden de ideas, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece el principio de la carga de la prueba:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertada de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

.

Por su parte, el artículo 1.354 del Código Civil establece:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

Aunado a ello, los pagarés, cumplen con los requisitos exigidos en los artículos 486 y 487 del Código de Comercio, con lo cual, esta Juzgadora al tomar como ciertas las afirmaciones explanadas por la representación de la parte actora en su libelo de demanda, y al no constar prueba extintiva alguna de la obligación demandada, debe entonces considerar que el BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., parte actora en este juicio, se encuentra habilitado para solicitar la ejecución de los obligados “librador y avalista o fiador”, con los respectivos intereses; y, siendo que la petición contenida en la demanda no es contraria a derecho -sino que por el contrario- se encuentra legalmente tutelada en los artículos 1159, 1160, 1264, 1804 y 1809 del Código Civil, y siendo asimismo que el acreedor puede accionar contra cualquiera o todos los firmantes del título; forzoso es concluir que la pretensión intentada es procedente, toda vez que ha quedado suficientemente demostrada la obligación que tenía la parte demandada con el ente accionante de cancelar los montos originados por los pagarés, y consecuencialmente la presente demanda debe ser considerada como ajustada en derecho. ASÍ SE DECIDE.-

De las pruebas aportadas

Como ha sido indicado anteriormente, durante el lapso de pruebas, sólo la parte actora hizo uso del derecho conferido por el legislador, promoviendo aquellos medios que consideró pertinentes a la defensa de los intereses de su mandante los cuales se detallan a continuación:

1 Reprodujo el mérito favorable de los avisos publicados en la página 147 de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.970 Extraordinario, de fecha 19 de septiembre de 1995 y en la página 23 de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.045 Extraordinario, de fecha 29 de febrero de 1996, mediante los cuales se notifica a los deudores del Banco Construcción, C.A., la cesión de sus créditos al FOGADE, con mención expresa del efecto interruptivo de la prescripción producido por dicha publicación; Y de las copias de las páginas 151 y 63 de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.970 y de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.045, contentiva de la lista de deudores del Banco Construcción, C.A. cedidos a FOGADE, en el cual aparece DESARROLLOS 5374 C.A. Con lo cual, según su decir, se evidencia la interrupción de la prescripción por imperativo del artículo 32 de la Ley de la Regulación de la Emergencia Financiera.

2 Documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 18 de septiembre de 1998, bajo el Nº 37, Tomo 31, Protocolo Primero, contentivo del libelo de demanda del pagaré Nº 73.758, auto de admisión y orden de comparecencia, anexo marcado con la letra “A”;

3 Documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 18 de septiembre de 1998, bajo el Nº 39, Tomo 31, Protocolo Primero, contentivo del libelo de demanda de los pagarés Nos 73.919, 74.463 y 75.384, auto de admisión y orden de comparecencia, anexo marcado con la letra “B”;

4 Documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito de Registro Público del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 17 de septiembre de 1998, bajo el Nº 2, Tomo 23, Protocolo Primero, contentivo del libelo de demanda del pagaré Nº 75.485 y 75.051, auto de admisión y orden de comparecencia, anexo marcado con la letra “C”;

5 Instrumentos pagarés acompañados al libelo identificados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, los cuales a su decir, quedaron reconocidos y hacen plena prueba de las declaraciones contenidas en ellos en virtud del desistimiento al desconocimiento que hiciera la demandada;

6 Por último, promovió el contenido de la diligencia fechada 25 de julio de 2000, en el que la representación de la demandada desistió del desconocimiento de los pagarés accionados.-

Más sin embargo, la parte demandada, no probó el haber satisfecho la obligación que se le reclama, ni la ocurrencia de uno de los hechos que la ley califica como extintivos de las obligaciones, no trajo a los autos medios probatorios tendientes a desvirtuar objetivamente las pretensiones de la demandante, o hechos nuevos que pudieran ser objeto de observaciones por parte de este Juzgado, mediante los cuales llevara al ánimo de quien aquí sentencia a emitir un juicio a su favor, tampoco impugnó ni tachó, las documentales promovidas por la parte actora.

En tal sentido considera esta sentenciadora, como ciertas las afirmaciones explanadas por la representación judicial de la parte actora en su escrito libelar, dándole asimismo pleno valor probatorio, que de ellas se desprende, a las pruebas aportadas. Con respecto a los estados de cuenta presentados por la actora, este Tribunal le da valor de simple indicio toda vez que los mismos emanas de una sola de las partes, motivo por el cual no puedes serles oponible al demandado como prueba documental ya que no fueron suscritos por ambas, sin embargo ilustra a esta Juzgadora respecto a la veracidad de los hechos afirmados en el escrito de demanda y lo aprecia por ser congruente con los hechos alegados y probados. ASI SE DECIDE.-

De La Corrección Monetaria Solicitada

Sentado lo anterior y en otro orden de ideas, tenemos que examinado el petitorio de la reforma de la demanda, del mismo se desprende que además que se demanda el pago del saldo del capital adeudado, los intereses moratorios y los que se sigan venciendo desde el día 8 de octubre de 1998, hasta el pago total y definitivo de la obligación, se demanda también, la corrección monetaria de las cantidades reclamadas, desde la fecha de su exigibilidad, hasta la fecha de condenatoria, de acuerdo a los índices de precio al consumidor, determinados por el Banco Central de Venezuela.-

Sobre el punto de la Corrección Monetaria, se ha pronunciado este Tribunal en Sentencias anteriores, considerando no ajustado en derecho este petitorio, adicionalmente a los intereses de mora de la obligación demandada. Así, los Jueces deben sentenciar conforme a las normas del Derecho y con relación a los contratos, éstos deben ser interpretados en la forma más equitativa y racional, con el fin de no establecer preferencias ni desigualdades, conforme lo dispone el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Es oportuno señalar que el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza una justicia imparcial, responsable y equitativa, acorde con un estado social y de derecho. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, contenida en la Sentencia Nº: 00428 de fecha 11 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa en la cual señala:

Sic… “Omisis… Por otra parte con relación a la solicitud de indexación del capital adeudado a la Sociedad Mercantil…, esta Sala estima que al haber sido acordado el pago de los intereses reclamados, la misma no resulta procedente, por cuanto ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados, implicaría en criterio de esta Sala una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser rechazada. Así se decide…”

Criterio este reiterado en Sentencia de la misma Sala y del mismo ponente, signada con el Nº: 00696 de fecha 29 de junio de 2004, donde estableció entre otras lo siguiente:

Sic…”Omisis… Ahora bien, siendo que la mora se origina por retardo culposo del obligado al pago; y en el presente caso el Instituto demandado no demostró causa extraña imputable a su incumplimiento, los intereses moratorios constituirían una indemnización para el acreedor por el retardo en la satisfacción de su acreencia. Esta indemnización sin embargo, no puede acordarse si se solicita simultáneamente la indexación judicial, por cuanto la misma actualiza el valor de la moneda desde el momento en que debió producirse el pago hasta, en este caso, la fecha de publicación de la sentencia, y por tanto, comprende a la suma que resultaría de los intereses moratorios. En tal virtud resulta improcedente acordar intereses moratorios e indexación judicial, por cuanto ello implica un doble pago por el incumplimiento de la obligación…”

Los criterios anteriormente transcritos han venido informando la jurisprudencia nacional desde vieja data, en cuanto a las pretensiones conjuntas de pago de intereses y corrección monetaria, ya que habría un evidente empobrecimiento del deudor, al hacerle más onerosa su obligación de pago.-

Es por todas estas razones que considera este Juzgado que no procede el pedimento de indexación.-ASI SE DECIDE.-

-III-

DECISIÓN

Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas (en transición), Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ejecutiva) ha incoado BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., contra la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374, C.A., en su carácter de obligada principal, y los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores, suficientemente identificados al inicio de este fallo, y como consecuencia de ello, declara:

SIN LUGAR la prescripción alegada en los términos expuestos por la representación judicial de la parte demandada.-

Se condena a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 110.876.000,00), por concepto de la suma principal de los seis (6) pagarés, acompañados al libelo marcados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”, discriminados de la siguiente forma:

• Pagaré Nº 75485, por VEINTIÚN MILLONES CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 21.050.000,00);

• Pagaré Nº 75051, por VEINTE MILLONES VEINTISÉIS MIL BOLÍVARES (Bs. 20.026.000,00);

• Pagaré Nº 73919, por CUARENTA Y OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 48.000.000,00);

• Pagaré Nº 74463, por MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.500.000,00);

• Pagaré Nº 75384, por QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 15.300.000,00);

• Pagaré Nº 73758, por CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00).-

Se condena a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 241.809.835,80), por concepto de intereses vencidos y moratorios de los pagarés accionados, hasta el 8 de octubre de 1998, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto de los mismos, a saber:

• Pagaré Nº 75485, CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON TRECE CÉNTIMOS (Bs. 45.503.206,13), por intereses moratorios causados desde el 27 de enero de 1994, hasta el 8 de octubre del 1998;

• Pagaré Nº 75051, CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 43.289.653,48), por intereses moratorios causados desde el 27 de enero de 1994, hasta el 8 de octubre de 1998;

• Pagaré Nº 73919, CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 104.154.533,33), correspondiente a intereses moratorios causados desde el 23 de enero de 1994, hasta el 8 de octubre de 1998;

• Pagaré Nº 74463, TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.506.510,42), por intereses de mora causados desde el 7 de noviembre de 1993, hasta el 8 de octubre de 1998;

• Pagaré Nº 75384, TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 34.038.063,00), correspondiente a intereses moratorios, desde el 29 de diciembre de 1993, hasta el 8 de octubre de 1998; y

• Pagaré Nº 73758, ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 11.317.869,44), que corresponde a los intereses de mora devengados desde el 12 de diciembre de 1993, hasta el 8 de octubre de 1998.-

Los intereses moratorios que se sigan causando desde el día 8 de octubre de 1998, hasta la definitiva del presente fallo, calculados en la forma convenida en el texto de cada uno de los pagarés, a las tasas indicadas en el libelo. A tal efecto se ordena practicar experticia complementaria del fallo, conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.-

Se niega el pedimento de indexación o corrección monetaria sobre las cantidades reclamadas.

En virtud de la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en Costas.-

Por cuanto la anterior decisión ha sido dictada fuera de su lapso legal correspondiente, se ordena de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil la notificación de las partes. Igualmente, se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, (en transición), a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007).-Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.-

LA JUEZ,

DRA. C.G..-

EL SECRETARIO,

ABG. H.C..-

En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se publicó, registró y dejó copia certificada de la anterior decisión.-

EL SECRETARIO,

ABG. H.C..-

Exp. Nº 790.98.-

CG/HC.-

Sentencia Definitiva.-