Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 19 de Marzo de 2015

En fecha 26 de febrero de 2014, es recibido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial, el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el abog. A.A.M., abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 81.303, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Constructora Benavi, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 23-03-2000, bajo el Nº 74, folios 230 al 233 vto, Tomo A-03, parte Recurrente en el presente Recurso de Nulidad, contra el auto de fecha 24-05-2013, inserto al expediente administrativo Nº 014-2013-01-00157, dictada por la Inspectoría Del Trabajo Del Estado Sucre Con Sede En Carúpano, mediante la cual declaró el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano: C.J.M.S., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 19.131.020, así mismo solicita, la suspensión de sus efectos y nulidad absoluta de la multa contenida en la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27-11-2013, contenida en la p.a. Nº 014-2013-06-00054, folios 01 al 10.

En fecha 14 de marzo de 2014, este Juzgado admite el presente Recurso y ordena las respectivas notificaciones, folios 278 y 279.

En fecha 24 de abril de 2014, se libró exhorto, a los fines de notificar a la Procuraduría General de la República, folios 283 al 285.

En fecha 28 de abril de 2014, la Unidad de Alguacilazgo dejó constancia de la notificación del Inspector del Trabajo de esta Ciudad, folios 286 y 287 y el 16 de mayo de 2014, de la notificación al Ministerio Público, folios 288 y 289.

El 20 de mayo de 2014, se recibió oficio Nº 105-05-2014 emanado de la Inspectoría del Trabajo de Carúpano, en el cual informó que la solicitud efectuada respecto a las copias certificadas del expediente administrativo Nº 014-2013-01-00240 no podrían ser remitidas debido a que dicho número no pertenece a la Constructora Benavi C.A. sino a Policlínica Carúpano, C.A., el cual fue agregado a los autos, folios 291 y 292, por lo que se libró nuevo oficio con N° 183-2014 a la Inspectoría del Trabajo en fecha 23 de mayo de 2014, siendo recibida en fecha 27 del mismo mes y año, folios 306 y 307.

En fecha 22 de mayo de 2014, el Ministerio Público presentó escrito de opinión en el que solicitó la inadmisiblidad de la presente demanda, folios 296 al 304, el cual se agregó a las actas judiciales, folio 305.

En fecha 27 de mayo de 2014, el P.d.A., deja constancia de la notificación del Inspector del Trabajo de esta Ciudad, folio 306, 307 y en esa misma fecha, el abogado A.M. apoderado judicial de la parte recurrente consignó diligencia en el cual visto el escrito presentado por el Ministerio Público, solicitó que se tome en consideración que se violó el derecho a la defensa de su representada, folio 309 y su vuelto.

El 28 de mayo de 2014, este Tribunal dicta interlocutoria en la se negó la inadmisibilidad de la demanda solicitada por el Ministerio Público, folios 310 al 312.

En fecha 16 de junio de 2014, se recibió el exhorto relacionado con la notificación de la Procuraduría General de la República, folios 313 al 325.

En fecha 19 de junio de 2014, la Inspectoría del Trabajo envió oficio Nº 124-06-2014, remitiendo anexo copia certificada del expediente administrativo Nº 014-2013- 01-0015 y el 25 de junio de 2014, se dio por recibido el referido oficio y agrego a la causa, folios 326 al 345.

El P.d.S. de este circuito Laboral, en fecha 25 de julio de 2014, certificó la notificación de las partes, folio 347.

El Tribunal fijó el 29 de julio de 2014, para el décimo sexto (16º) día de despacho a las 10:00 a.m. la celebración de la audiencia de juicio, folio 348, dejándose sin efecto en fecha 07 de agosto de 2014, en virtud de que no habían transcurrido los lapsos correspondientes y se ordenó la notificación al Ministerio Público de la decisión de fecha 28 de mayo de 2014, folio 349, cuyas resultas cursan a los folios 351 al 353.

Se dicta auto en fecha 23 de septiembre de 2014, en el que se fijó para el décimo séptimo (17º) día de despacho a las 10:00 a.m. la celebración de la audiencia de juicio, folio 2 de la 2° pieza.

Se ordenó oficiar el 14 de octubre de 2014, al Fiscal Superior del Estado Sucre a los fines de que tenga conocimiento de la audiencia fijada para el día viernes 17 de octubre de 2014, a las 10:00 a.m., folio 03 de la 2° pieza.

En fecha 20 de octubre de 2014, se celebró la audiencia de juicio y se suspendió, en virtud del abocamiento de la juez Sara García, por lo que ordenó notificar a las partes, y se libraron las respectivas notificaciones y exhorto, folios 05 al 17 de la 2° pieza.

En fecha 01 de diciembre de 2014, la juez que suscribe el presente fallo, Abog. E.P., me reincorporé a mis labores habituales y visto que las partes se encuentran notificadas, por lo que procedí a establecer la etapa procesal, dejando establecido que dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a esa fecha, se fijaría la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio, folio 17 de la 2° pieza; Y se fijó el 02 de diciembre de 2014, mediante auto cursante al folio 18 de la 2° pieza, para el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente a esa fecha, a las 10:00 a.m., la cual recayó en fecha 09 de enero de 2015, oportunidad en la cual se levantó acta, dejándose constancia de la comparecencia de los representantes judiciales de la recurrente, de la representación fiscal y de la incomparecencia de la recurrida, así mismo se dejó constancia de la promoción de pruebas de la recurrida, folios 32 y 33 de la 2° pieza.

En fecha 15 de enero de 2015 este Tribunal, dictó auto de admisión de pruebas, folio 45 de la 2° pieza.

En fecha 20 de enero 2015 la parte recurrente, consigna escrito de Informes, el cual se agregó a los autos en fecha 21 del mismo mes y año, folios 46 al 51 de la 2° pieza.

En fecha 21 de enero de 2015, se recibió escrito de Opinión Fiscal, folios 52 al 62 de la 2° pieza.

Finalmente por auto de fecha 29 de enero del presente año, este Tribunal dicta auto en el que establece que, vencido el lapso de Informes y que a partir de dicho día comenzaría a transcurrir el lapso de treinta (30) de despacho para dictar sentencia de conformidad con el articulo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, folio 64 de la 2° pieza.

Ahora bien, estando dentro del lapso legal para dictar sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta sentenciadora procede hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

-II-

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE NULIDAD

Señala el recurrente en su escrito contentivo del Recurso de Nulidad lo siguiente:

Arguye la Recurrente, que el ciudadano C.J.M.S., identificado supra, acudió a la Inspectoría del Trabajo de esta Ciudad, solicitando el reenganche y pago de sus salarios Caídos.

Que el ciudadano C.J.M.S., fue contratado en fecha 18 de junio 2012 para trabajar como inspector de seguridad en la Ramal R003, asignado de manera específica a la obra Rehabilitación de la Ramal R003, Tramo Cariaco-Chacopata-Araya del estado Sucre.

Que el 12 de diciembre de 2012, se le cancelaron al trabajador las prestaciones sociales correspondiente, fecha en la que cerraron sus actividades con motivo de las vacaciones decembrinas y manteni9miento de equipos de trabajo, según de suspensión de actividades. Que el trabajador recibió y cobró cheque que le fue emitido por la recurrente, contra el Banco Banesco.

Alega que el trabajador no compareció al reinicio de las actividades el 18 de febrero de 2013, a pesar de hacerle llamadas telefónicas para que se presentara y entregar una información laboral.

Que el procedimiento administrativo presenta una serie de actuaciones irregulares por parte de la Inspectoria, que vicia de nulidad absoluta la decisión administrativa, contenida en el Auto que ordena el reenganche y pago de salarios caídos, cuyo desacato da inicio a un procedimiento sancionatorio que concluye con la imposición de una multa contenida en la p.a. N° 084-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013 contenida en el el expediente N° 014-2013-06-00054, que igualmente impugnan por presentar vicios que afectan normas de orden público que hacen nula su aplicación.

Alega la parte Recurrente, que el “Auto” de fecha 24 de mayo de 2013, contenido en el expediente administrativo Nº 014-2013-01-00157, se encuentra viciado de nulidad absoluta por violar normas de orden público relativas al debido proceso y derecho a la defensa previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que presenta vicios relativos a la notificación; toda vez que la misma, fue realizada en un sitio que no es la dirección de su representada ni el lugar del trabajo del solicitante.

Sostiene que, la notificación del patrono o patrona se rige según lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; tanto ésta, como la supuesta acta de fecha 8 julio de 2013 realizada por la funcionaria de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Bermúdez del estado Sucre, están llenas de defectos e irregularidades que determinan la nulidad absoluta del procedimiento administrativo y que dejaron a su representada en estado de indefensión; toda vez que, con la misma se pretendió notificar a su representada en una dirección errada, violando de esta manera el debido proceso; acto que fue realizado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

Así mismo alegó, que la norma señalada exige que el funcionario de la Inspectoría del Trabajo encargado de practicar la notificación, fije un cartel en la puerta de la sede de la empresa y además, deje constancia de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel, pues y que ninguno de esos supuestos se pueden verificar en el expediente administrativo.

Manifiesta, que en lo que respecta a la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, por ser ésta consecuencia inmediata de la decisión contenida en el auto de fecha 24 de mayo de 2013, se encuentra suficientemente viciada de nulidad absoluta, aunado a que en dicho procedimiento no se valoraron las pruebas aportadas a fin de desvirtuar la pretensión del solicitante, por lo que el Inspector del Trabajo incurrió en el vicio de silencio de pruebas.

Solicitó la parte Recurrente, la suspensión de los efectos y en consecuencia la nulidad absoluta de la decisión administrativa que se identifica como Auto de fecha 24 de mayo de 2013, emanado de la Inspectoría del Trabajo de esta Ciudad, que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano C.J.M.S., debidamente identificado en autos contenido en el expediente administrativo Nº 014-2013-01-00157. Asimismo, que se declare la nulidad absoluta de la p.a. de multa Nº 084-2013, de fecha 27 de noviembre de 2013 contenida en el expediente administrativo Nº 014-2013-06-00054.

-III-

DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

En la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio efectuada el día lunes 09 de enero 2015, a las 10:00 a.m., se dejó constancia mediante acta de la comparecencia de los apoderados judiciales de la Recurrente, Abog. A.A.M. Y M.L.H., así como de la representación del Ministerio Público, Abog. Lilamarina González, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Cuarta con competencia Contenciosa-Administrativa y Derechos y Garantías Constitucionales. Del mismo modo se dejó constancia de la incomparecencia de la Recurrida, Inspectoría Del Trabajo Del Estado Sucre-Carúpano.

Se dejó constancia que en dicha Audiencia de Juicio, que los apoderados judiciales de la parte recurrente realizaron sus exposiciones orales, y ratificaron las pruebas anexas al libelo de demanda y consignó en cuatro (4) folios útiles escrito de Promoción de pruebas.

-IV-

DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS

La recurrente en su escrito de promoción de pruebas promueve:

- Todas las actuaciones del expediente administrativo que trajo como consecuencia la p.a., y que rielan a los folios 27 al 131.

- P.a. de multa N° 014-2013-06-00054, marcado “K”. Cursante a los folios 123 al 130.

En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos públicos de carácter administrativo, cuya presunción de la veracidad de su contenido tiene un carácter relativo, es decir iuris tantum, desvirtuable por prueba en contrario y visto que dichas documentales no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio; en consecuencia este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

- Acta de paralización de obra, levantada en fecha 15/12/2012, cursante al folio 132.

- Cheque N° 61011590 a nombre del tercero interesado, emitido contra el Banco de Venezuela, por un monto de Bs. 10.336,37, con fecha13/12/2012, cursante al folio 133.

- Acta de reinicio N°1, suscrita entre PDVSA y la Recurrente, levantada en fecha 18/02/2013, cursante al folio 134.

- Contrato entre la ciudadana M.C.V.I. y la recurrente, cursante a los folios 135 y su vto.

- Registro de Información Fiscal, emitido por el SENIAT a la Recurrente, cursante al folio 136

- Acta Constitutiva de la recurrente, cursante a los folios 137 al 268.

- Recibo de pago a favor del tercero interesado, C.M., fechado 16/09/2012 al 30/09/2012, cursante al folio 269.

- Impresión de tomas fotográficas, cursante al folio 270.

- Escrito de Promoción de pruebas consignado en fecha 21/11/2013 por ante la Sala Laboral de la Inspectoría del Trabajo, cursante a los 271 al 273.

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-V-

DE LOS INFORMES

DE LA PARTE RECURRENTE

En fecha veinte (20) de enero del presente año, los apoderados judiciales de la Recurrente, Abogs. A.A.M. y M.L.H., presentó escrito de informe que riela a los folios 46 al 51 del presente expediente, mediante el cual expone:

Que solicitan sea declarado la nulidad absoluta la p.a. identificada como AUTO de fecha 24 de mayo de 2013 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre Con Sede en Carúpano, que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano: C.J.M.S. en contra de su representada.

Que dicha providencia violenta normas de carácter constitucional, como la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y al debido proceso. Que la decisión administrativa incurrió en vicios en la notificación, fue ineficaz y no surtió los efectos deseados, como poner en conocimiento de la parte patronal el conocimiento del procedimiento de reenganche y pago de los salarios caídos.

Alegan: 1.- Errada notificación, pues la notificación no se realizó en la sede de la empresa, ni en el lugar donde estaba efectivamente asignado el solicitante del reenganche, lo cual se evidencia del cartel de notificación que corre inserto n al folio 10 del expediente administrativo N° 014-2013-01-00154; que la notificación de fecha 24 de mayo de 2013, donde el funcionario del trabajo se limita al señalar al pie de página que se negaron a recibir la notificación, sin especificar ni fecha ni hora, ni firma, ni nombre y apellido de la persona que presuntamente se negó a recibir la notificación, en consecuencia, que se está en una notificación errada; que la dirección indicada en el cartel, jamás ha sido el domicilio ni lugar de trabajo del ciudadano C.J.M.S., lo que le impidió a la empresa ejercer su derecho de defensa. Manifiestan, que el 08 de julio de 2013, en acta que corre inserta al folio 11 del expediente administrativo, la Inspectoría del Trabajo procede a ejecutar la reafirmación sobre la orden de reenganche y pago de los salarios caídos en otra dirección errada, en la Carretera Nacional Carúpano-Cariaco, Campo Ajuro, que ni era ni ha sido jamás su dirección, ni el lugar de trabajo del solicitante del procedimiento administrativo, hecho que fue desconocido por la empresa. 2.- A.T. y Absoluta del Procedimiento, que señala la p.a. identificada como AUTO de fecha 24 de mayo de 2013, inserta a los folios 8 y 9 del expediente administrativo, que la notificación del acto administrativo se hará conforme a lo establecido en el artículo 42 de la LOTTT, en concordancia con el numeral 3 del artículo 425 ejusdem; por lo que el procedimiento practicado por la funcionaria actuante de la referida Inspectoría para llevar a cabo la notificación, se realizó en franca violación y en ausencia absoluta del procedimiento legalmente establecido, generando un vicio de nulidad absoluta, consagrados en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la LOPA. Que la funcionaria que realiza la supuesta notificación del acto, contravino el procedimiento establecido en el ordinal 3 del artículo 425 de la LOTTT, que señala que la funcionaria o funcionario del trabajo se trasladara con el trabajador afectado por el despido hasta el lugar de trabajo de éste y procederá a notificar al patrono o su representante de la denuncia presentada. Que la funcionara se traslada a una dirección errada en la que nunca han tenido sede por tanto no pudo notificar a nadie y así se le dio curso al procedimiento violando flagrantemente la tutela judicial efectiva de su representada. Que ese error en la notificación con dirección errada es mantenido y persiste al pretender notificar la reafirmación de la orden de reenganche a través de acta del 08 de julio de 2013, inserta al polio 11 del expediente administrativo. Que en cuanto a lo dispuesto en el ordinal 4 del artículo 425 de la LOTTT, y en búsqueda de la verdad la funcionaria debió ordenar en el sitio cualquier prueba y/o investigación que hubiese considerado pertinente, así como interrogar a cualquier trabajador que le permitiera corroborar el dicho de la trabajadora M.V., quien señala que desconoce la situación que se estaba materializando, ya que ese trabajador no laboraba en ese sitio.

Arguye la Recurrente, que como consecuencia de la errada notificación se tiene que el acto administrativo que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos realmente no se practicó, y aunque fueron libradas las boletas de notificación, se hicieron en direcciones erradas, tanto de la notificación de la admisión del procedimiento, como el acta de reafirmación de la ejecución del reenganche y pago de los salarios caídos.

Citan también el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01122 de fecha 10/11/10 y Expediente Nº 01-1957 de fecha 23/01/02 de la Sala Constitucional.

Finalmente concluyen que: Jamás despidieron al ciudadano: C.J.M.S.. Que el referido ciudadano se desempeñó como Inspector de Seguridad en la obra Rehabilitación de la Ramal R003, Tramo Cariaco-Chacopata-Araya del estado Sucre. Que fue él quien no compareció al reinicio de las actividades el 17 de febrero de 2013, abandonando su trabajo, sin justificar la causa y su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos fue extemporánea.

DE LA REPRESENTACIÓN FISCAL

En fecha veintiuno (21) de enero del presente año, el Fiscal Provisorio Cuarto del Ministerio Público con competencia en materia Contencioso-Administrativa de Derechos y Garantías Constitucionales de los estado Sucre y Nueva Esparta, Abog. J.P.B.S., presentó escrito de Opinión Fiscal que riela a los folios 52 al 63 del presente expediente, mediante el cual expone:

Que la Administración Pública detenta un importantísimo poder sancionatorio tanto desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa, enfrentando al concepto de sanción como un mal afligido por el órgano a un administrado, por haber desarrollado una conducta ilegal.

Cita la representación Fiscal, e concepto de la potestad sancionatoria, según el autor J.P.S..

Así mismo cita los artículos 531, 532, 534 y 522de la L.O.T.T.T.

Alega que, la P.A. Nº 084-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, resuelve imponer tres sanciones administrativas de la siguiente manera:

L.O.T.T SANCIÓN LÍMITE

Artículo 531 120 U.T Máximo

Artículo 532 120 U.T Máximo

Artículo 534 360 U.T Máximo

Que para la Representación Fiscal, todo acto administrativo se concluye con la imposición de multa y que requiere una debida motivación, donde no sólo la Administración está obligada a expresar la norma jurídica en la que fundamenta su actuación, conforme a lo previsto en los artículos 9 y 18, numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sino darle, además, una correcta interpretación a la norma, manifestándose las razones que motivaron la decisión adoptada.

Que esa Vindicta Pública, no observa fehacientemente las circunstancias que motivaron al Inspector del Trabajo de Carúpano del estado Sucre, a imponer la multa en su límite máximo previsto en los artículos citados retro supra, que arrojaron un total de Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Bolívares con Cero Céntimos (BS. 64.200,00).

Cita también el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 872 del 17 de julio de 2013, caso: J.U.M.G..

Que esa representación Fiscal solicita, de conformidad con lo previsto en el artículo 285 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 16 numeral 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público concatenado con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se declarare CON LUGAR la presente demanda de nulidad de la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, sólo con respecto al criterio de imposición de multa previstos en los artículos 531, 532 y 534 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, de conformidad con lo señalado en el artículo 522 de la ley del trabajo, en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

-VI-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, dicho lo anterior pasa esta juzgadora a decidir sobre el fondo del asunto debatido y al respecto observa, que estamos frente a un recurso de nulidad del Acto Administrativo y la suspensión de sus efectos, correspondiente al Exp. Nº Nº 014-2013-01-00157, de fecha 24-05-2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre Con Sede En Carúpano, mediante la cual declaró el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano: C.J.M.S., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 19.131.020 y de la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27-11-2013, contenida en el expediente Nº 014-2013-06-00054, que impuso primero, una multa aplicando el límite máximo, es decir ciento veinte Unidades Tributarias (120 U:T) por despedir a un trabajador amparado por inamovilidad laboral, sin haber solicitado previamente la calificación de despido a esa inspectoría del trabajo, es decir, Bs. 12.840,00; segundo, multa a la empresa infractora de conformidad con el artículo 532 de la LOTTT, aplicando el límite máximo, es decir ciento veinte Unidades Tributarias (120 U:T), lo que es igual a la cantidad de Bs. 12.840,00, Y por último, una tercera, multa de conformidad con el artículo 534 de la LOTTT aplicando de igual forma el límite máximo, es decir trescientos sesenta Unidades Tributarias (360 U:T) lo que es igual a la cantidad de Bs. 38.520,00. Multas calculadas al valor de la unidad tributaria decretada según decreto N° 40.106 del 06/02/2013, es decir Bs. 107,00 y que arrojan una multa de Bs. 64.200,00, por la actitud desarrollada por la entidad laboral, al desacatar la orden dictada por ese despacho y que dio inicio al procedimiento de multa.

En tal sentido, para decidir en cuanto a la denuncia formulada por la recurrente referida a que, “el “Auto” de fecha 24 de mayo de 2013, contenido en el expediente administrativo Nº 014-2013-01-00157, se encuentra viciado de nulidad absoluta por violar normas de orden público relativas al debido proceso y derecho a la defensa previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que presenta vicios relativos a la notificación; toda vez que la misma, fue realizada en un sitio que no es la dirección de su representada ni el lugar del trabajo del solicitante. Sostiene que, la notificación del patrono o patrona se rige según lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; tanto ésta, como la supuesta acta de fecha 8 julio de 2013 realizada por la funcionaria de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Bermúdez del estado Sucre, están llenas de defectos e irregularidades que determinan la nulidad absoluta del procedimiento administrativo y que dejaron a su representada en estado de indefensión; toda vez que, con la misma se pretendió notificar a su representada en una dirección errada, violando de esta manera el debido proceso; acto que fue realizado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Así mismo alegó, que la norma señalada exige que el funcionario de la Inspectoría del Trabajo encargado de practicar la notificación, fije un cartel en la puerta de la sede de la empresa y además, deje constancia de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel, pues y que ninguno de esos supuestos se pueden verificar en el expediente administrativo.

Ahora bien a objeto de emitir pronunciamiento en lo atinente a los vicios de quebrantamiento de orden constitucional, violación del debido proceso, tipicidad de las sanciones y de falso supuesto de derecho; es menester para quien aquí decide, indicar que de verificarse al menos uno de los vicios ut supra enumerados y que acarreen la nulidad absoluta del acto impugnado, esta Juzgadora procederá a declarar la nulidad respectiva, siendo inoficioso el pronunciamiento en lo que respecta a los demás vicios delatados en el caso de que el vicio procedente comprometa la validez del acto administrativo impugnado y se subsuma en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En esta perspectiva, en el presente recurso de nulidad de efectos particulares, este Juzgado procederá a analizar la validez del acto administrativo recurrido, de la siguiente forma: Del acervo probatorio contenido en el expediente, se observa cursante al folio 49 de la 1° pieza del presente expediente, acta levantada por la auxiliar administrativo de la Inspectoría del trabajo, en fecha 08 de julio de 2013, en la que manifiesta la ciudadana M.V., titular de la cédula de identidad N° 13.075.875, en su condición de Coord de Laboral de la entidad de Trabajo:

…Desconozco la situación presentada, en tal sentido me niego a firmar el acta por cuanto no soy representante legal de la empresa…

Establece el artículo 42 de la Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza De Ley Orgánica Del Trabajo, Los Trabajadores Y Las Trabajadoras:

De la notificación al patrono o patrona

La notificación al patrono o patrona, se hará mediante un cartel que indicara, el día y la hora acordada para la celebración del acto, el cual se entregará a cualquiera de las siguientes personas: patrono o patrona, directores, gerentes, administradores, jefes de personal, o cualquier otro u otra que ejerza funciones de dirección, control, supervisión o de vigilancia, pudiendo igualmente el funcionario o funcionaria del trabajo consignar la copia del cartel en la secretaria o en la oficina de correspondencia si la hubiere, debiendo dejar constancia del nombre apellido, cedula y cargo de la persona que recibió la copia del cartel. De existir negativa por parte de la persona notificada de recibir el cartel, y de ser imposible la notificación personal el funcionario o funcionaria del trabajo fijara el cartel en la puerta de la entidad de trabajo y a partir de la fecha de la fijación comenzara a correr el lapso para la celebración del acto. El funcionario o la funcionaria del Trabajo dejará constancia en el expediente de haber cumplido la notificación. También podrá realizarse la notificación, conforme a lo preceptuado en los artículos 126, en sus apartes, Segundo, Tercero, y Cuarto y 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Hecha la notificación para el primer acto, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta Ley

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La negativa de la representación patronal, debe entenderse una actitud contumaz; la contumacia implica la voluntad de la parte, de alejarse del proceso, impidiendo así que con su juzgamiento efectivo, la justicia logre concretar sus fines. La contumacia es la respuesta del ordenamiento, que determina que quien sea declarado contumaz, puede ser condenado como una forma de ser conducido al proceso. Considera esta Juzgadora, que la representación patronal debió aportar la dirección donde debía realizarse la notificación a los fines respectivos, por lo que declara Sin lugar la nulidad del auto dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre Con Sede En Carúpano, mediante la cual declaró el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano: C.J.M.S., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 19.131.020, inserto al Exp. Nº Nº 014-2013-01-00157, de fecha 24-05-2013. Y ASI SE DECIDE

Y en relación a la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27-11-2013, contenida en el expediente Nº 014-2013-06-00054, que impuso multas al Patrono, aplicando el límite máximo, debe acotarse lo siguiente:

Para G.d.E. (1997), las sanciones administrativas son “un mal afligido por la Administración...como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa”, e incluso arresto, como estaba permitido en el ordenamiento legal previo a la Constitución Nacional de 1999. Coincidente con tal definición es la doctrina de Parejo (2000), quien afirma como la sanción administrativa representa “Un mal infligido a un administrado en el ejercicio de la correspondiente potestad administrativa por un hecho o una conducta constitutivos de infracción administrativa tipificada legal y previamente como tal”. Para Guzmán (1999), el ordenamiento jurídico venezolano: “atribuye al Inspector del Trabajo un poder sancionatorio que pretende asegurar la eficacia de las funciones que le son atribuidas”. En este sentido, el Título IX de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Las Trabajadoras contempla las sanciones correspondientes a la conducta antijurídica de los sujetos a quienes la ley se dirige; destacándose que dicha "conducta antijurídica no requiere intencionalidad, tal como se exige en el derecho penal , pues existe la infracción laboral sin la deliberada intención de producir cierto resultado previamente calificado como Ilícito”.

En opinión de Carballo (1999), “dicha conducta antijurídica -como regla- impondrá al infractor las penas de multa, e incluso de arresto...ostenta obvio carácter represivo”.

Las sanciones laborales pueden ser tenidas como medios represivos, dados al Inspector del Trabajo en procuras de efectivizar las disposiciones de las normas laborales.

De lo antes expresado, podría colegirse como el poder sancionatorio en cabeza del Inspector del Trabajo debería orientarse en el sentido de constituir un instrumento capaz de doblegar la voluntad del infractor, renuente a subsanar los incumplimientos que fueren detectados; de la normativa laboral proceda a enmendar la falta cometida con el ánimo de evitar la aplicación de las sanciones legalmente previstas.

Sobre la forma en que ha de determinarse el monto de la multa imputable al patrono, en el sistema de sanciones administrativas de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevé en artículo 545:

Criterios para la fijación de la sanción por infracción

Al imponer la multa, el funcionario o la funcionaria que la aplique establecerá el término medio entre el límite máximo y el mínimo, pero la aumentará hasta el superior o la reducirá hasta el inferior según el mérito de las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensarlas cuando las haya de una u otra especie.

En todo caso también se considerará, la importancia de la entidad de trabajo, el número de personas perjudicadas y cualquiera otra circunstancia que estimare el funcionario respectivo o la funcionaria respectiva con criterio de equidad

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Es decir, que la LO.T.T.T. establece la aplicabilidad de la fijación de un término medio entre los límites máximo y mínimo, es decir, que cuando la pena establecida para una determinada infracción se encuentre comprendida entre dos límites determinados, correspondientes al mínimun y máximun, debe entenderse que la normalmente aplicable es su término medio, el que se obtiene por medio de la suma de los dos términos para tomar de ella la mitad; teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes o las agravantes de que esté rodeada la infracción, podrá ser fijada en el mínimun o el máximum de ella; la regla faculta a la autoridad correspondiente para aplicar la sanción y establecer una compensación de las circunstancias atenuantes y agravantes.

A la luz de tales indicaciones, deberá considerarse como circunstancia atenuante o agravante la mayor o menor entidad de la infracción, ya en relación con la importancia de la entidad de trabajo, ya con la entidad de la falta misma, ya en relación con el número de personas a quienes haya causado perjuicio la infracción, o con cualesquiera otras circunstancias de equidad que estimen prudencialmente el funcionarios del trabajo, así como una debida Motivación o sea razones fundadas de su decisión. Ahora bien, no observa de modo alguna esta Juzgadora, la fundada motivación por parte del Inspector del trabajo de la Ciudad de Carúpano, estado Sucre, que lo conllevaron a imponer el límite máximo de la multa, prevista en la L.O.T.T.T. y que arrojó un total de sesenta y cuatro mil doscientos bolívares con cero céntimos (Bs. 64.200,00), por lo que debe declarar este tribunal con lugar la nulidad interpuesta por la entidad de trabajo, de la p.a. Nº 084-2013 de fecha 27-11-2013, contenida en el expediente Nº 014-2013-06-00054, que impuso las respectivas multas. Y ASI SE DECIDE.

VIII

DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: