Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 30 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 30 de Julio de 2008 |
| Emisor | Juzgado Octavo Superior Del Trabajo |
| Ponente | Greloisida Ojeda |
| Procedimiento | Demanda |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, treinta (30) de julio de (2008)
196º y 147º
ASUNTO: AH24-L-2003-000061
PARTE ACTORA: J.J.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.748.727
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: A.F.R. Y C.A.G., abogados en ejercicio, venezolano, de este domicilio, inscrito en el I.P.S.A. bajo los Nros. 74.308 y 19.343 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (I.P.S.F.A.) Instituto Oficial Autónomo, con personería jurídica propia, constituido y domiciliado en la ciudad de Caracas, creado por el Decreto N° 300 de la Junta Militar de Gobierno de los Estado Unidos de Venezuela , de fecha 21-10-1949, Publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 23.053.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JYSEL M.S.P., abogado en ejercicio, venezolano, de este domicilio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 79.492
MOTIVO: Apelación por consulta legal de la sentencia de fecha 13-02-2007, emanada del Juzgado Décimo Quinto de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar la demanda por motivo de cobro de prestaciones sociales, incoada por el ciudadano J.J.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.748.727 en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE L AS FUERZAS ARMADAS (I.P.S.F.A.) Instituto Oficial Autónomo, con personería jurídica propia, constituido y domiciliado en la ciudad de Caracas, creado por el Decreto N° 300 de la Junta Militar de Gobierno de los Estado Unidos de Venezuela , de fecha 21-10-1949, Publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 23.053.
ANTECEDENTES PROCESALES
Se inicia el presente procedimiento por diferencia de prestaciones sociales incoada por el ciudadano J.J.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.748.727 en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (I.P.S.F.A.) Instituto Oficial Autónomo, con personería jurídica propia, constituido y domiciliado en la ciudad de Caracas, creado por el Decreto N° 300 de la Junta Militar de Gobierno de los Estado Unidos de Venezuela, de fecha 21-10-1949, Publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 23.053; y como consecuencia de la distribución de expedientes, realizada por la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial, el día 13-06-2007 correspondió el conocimiento del presente asunto a esta Alzada, en razón de ello esta Juzgadora procede a dictar su fallo previo las siguientes consideraciones.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
A los fines de la resolución del asunto debatido, acoge este Tribunal lo aclarado magistralmente por el maestro F.C., en atención a la distinción que existe entre el resultado del proceso y la finalidad de éste, donde el resultado es el establecimiento de los hechos propuestos alegatoria y probatoriamente por los litigantes, mientras que la finalidad del proceso es, en esencia, la búsqueda de la verdad, actividad que está encomendada al Juez, más allá del simple establecimiento que de los hechos hayan hecho los litigantes, inquiriendo acuciosamente dicha verdad en acatamiento del mandato contenido en el numeral 1° del artículo 89 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Previamente, pasa esta Superioridad a hacer algunas disquisiciones respecto del interés que manifiestan las partes actuantes en el proceso judicial, lo cual hace previas las siguientes consideraciones: Una vez iniciado el proceso judicial con la presentación de la demanda y la admisión de ésta, nace una relación jurídica, propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso.
Como se dijo, tanto el actor debe tener un interés jurídico actual, como el Estado esta obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés.
Con miras a este concepto funcional del Estado, el Legislador dispuso en el Código de Procedimiento Civil la norma de la perención de la instancia que establece:
Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (…)
Establece por su parte la Ley Orgánica Procesal del Trabajo lo siguiente:
Artículo 201: Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causa en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este ultimo deberá declarar la perención.
Debe aclarar esta Juzgadora que la figura jurídica de la perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. Considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc y no desde su declaratoria, por lo que puede ser alegada por las partes, sin que ello convalide su ocurrencia o reactive la causa, o aún, puede ser declarada de oficio. En razón de esto, la Sala de Casación Civil del más Alto Tribunal ha establecido que:
Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento éste que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
(Sentencia de fecha 27 de febrero de 2003, caso A. Malavé contra Constructora Metrovial, C.A.)
Debe observarse entonces que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes y que cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
Observa quien decide que la última de las actuaciones en el presente expediente consiste en la distribución de expedientes, de fecha 13-06-2007, realizada por la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial, correspondiendo el conocimiento del presente asunto a esta Alzada, la cual corre al folio Doscientos dos (202), siendo que hasta la presente ha transcurrido exactamente un lapso de 01 año y 08 días, sin que ninguna de las partes realizara actuaciones ante esta Alzada. En consecuencia, al transcurrir un lapso mayor de un (01) año sin actuación alguna de las partes, se evidencia un estado de inercia en ante esta segunda instancia, denotando el desinterés o decaimiento en la prosecución de la presente causa, en los términos previstos en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (trascrito ut supra). De lo expresado anteriormente, y verificada por esta Juzgadora la inactividad de las partes por el lapso señalado, debe considerarse que la instancia es inocua para continuar surtiendo efectos procesales, es decir, puede desprenderse que ha operado ipso iure, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO SUPERIOR OCTAVO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: LA CONSUMACIÓN DE LA PERENCIÓN con motivo de la apelación en contra de la decisión de fecha 13 de febrero de 2006 emanada del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo apelado mediante el cual se declaró CON LUGAR la demanda por prestaciones sociales incoada por el ciudadano ciudadano J.J.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.748.727 en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (I.P.S.F.A.). Instituto Oficial Autónomo, con personería jurídica propia, constituido y domiciliado en la ciudad de Caracas, creado por el Decreto N° 300 de la Junta Militar de Gobierno de los Estado Unidos de Venezuela, de fecha 21-10-1949, Publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 23.053; TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la Republica de la presente decisión. Asimismo se ordena la notificación de las partes a los fines legales subsiguientes.
Cúmplase, publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil ocho (2008). Año 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
LA JUEZA
GRELOISIDA OJEDA NUÑEZ
L.M.,
LA SECRETARIA
Se deja constancia que previo cumplimiento de Ley, la anterior sentencia fue publicada a las diez y cincuenta y cinco de la mañana (10:55 a.m.) en la fecha señalada.
L.M.,
LA SECRETARIA
AH24-L-2003-000061
