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El contrabando de minerales es orquestado y ejecutado por integrantes de la FANB

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Vincent

El alegato del gobierno de Nicolás Maduro del contrabando de minerales estratégicos ha cia las islas de los Países Bajos para cerrar las comunicaciones marítimas y aéreas con Curazao, Aruba y Bonaire fue cuestionado por la Asamblea Nacional y fuentes de la Corporación Venezolana de Guayana, dado que los militares son los que controlan la actividad minera con la anuencia del Ejecutivo.Se llevan el oro, el coltán, los diamantes, productos alimenticios, aseguró el mandatario el 3 de enero cuando anunció la medida.No hay operación de coltán, oro o diamante que no controle la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que el contrabando de minerales es auspiciado, orquestado y ejecutado por integrantes de la FANB, aseveró el diputado a la AN por el estado Bolívar, Américo de Grazia. Indicó que los militares también controlan las vías de comunicación terrestre, fluvial y aérea por donde los volúmenes de minerales preciosos y estratégicos son extraídos ilegalmente.De Grazia insistió que la ra zón de la medida del gobierno de cerrar las comunicaciones con las islas neerlandesas no es el contrabando de minerales desde Bolívar, sino un pretexto dado que esa situación hace tiempo se pudo superar aplicando la ley a los infractores, sean militares o civiles.Desde la AN reiteradamen te denunciamos el contrabando de minerales preciosos y estratégicos no solo hacia las islas neerlandesas, pues la extracción va también a Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, Guyana y Brasil, resaltó el diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía, Petróleo y Minería. Sobre esta situación, recalcó Millán, que el gobierno no hecho nada por detener a los funcionarios y miembros de la FANB involucrados.El 15 de diciembre, aprobó en sesión plenaria un informe que declara la nulidad del de creto 2.248 del Ejecutivo que crea el Arco Minero para la explotación de una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados que abarca Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado con bombos y platillos una afluencia masiva de capital y empresas a través del decreto 2.248, pero en realidad solo ha sido un llamado irresponsable que ha profundizado la criminalidad en todo el estado Bolívar y el enfrentamiento y rivalidad entre pranes, fuerzas armadas y mineros, aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil...

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