Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 15 de Diciembre de 2006

Aprecia la Sala, que el “Thema Decidendum” de los recursos interpuestos, se refiere en primer lugar a la denuncia por parte de la defensa, de nulidad de la decisión por violaciones al debido proceso por parte de la juez; violación de la ley por errónea aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal; falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cusan indefensión; y violación de la ley por inobservancia en la aplicación del artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte el Ministerio Público fundamenta su recurso en la falta de aplicación del artículo 77 del Código Penal.

Para denunciar la nulidad de la decisión, el recurrente argumenta que no fue juzgado por un juez imparcial tal como lo establece el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la juzgadora B.Á.A., injustamente y haciendo uso arbitrario del poder disciplinario que le confiere la ley lo excluyó de la causa penal 2C5014/04, por cuanto según el apelante, le faltó el respecto, además que ordenó remitir copia certificada del fallo disciplinario al colegio de abogados, a fin de que se aperturara el procedimiento administrativo para la inhabilitación profesional; aunado a que se reservó el derecho de ejercer las acciones penales y civiles pertinentes.

Asimismo, expone el recurrente que en la causa penal 2JM1000/05, se fijó una audiencia de prórroga, sin la debida notificación a la defensa técnica del ciudadano J.A.B., imputado en la mencionada causa, indicándole falsamente la juez a su defendido que se le había notificado de dicho acto a su defensor, y que por su incomparecencia le nombraría un defensor público, amen de los maltratos verbales proferidos. Por ello, insto a la mencionada abogada B.Á.A. que se inhibiera del conocimiento de la causa, por encontrarse incurso en las circunstancias señaladas en los numerales 4 y 8 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

La nulidad es el camino procesal para lograr la efectiva reparación de una violación a derechos y garantías constitucionales, que trae como consecuencia la eliminación de los efectos del acto defectuoso. Ahora bien, solicita el recurrente se declare la nulidad absoluta de la decisión por cuanto a su criterio de violó el principio de la imparcialidad por parte de la juez B.Á.A., por cuanto y así lo entiende la Sala, en virtud de los antecedentes por la exclusión de R.A.S., como defensor técnico en las causas penales 2C5014/04 y 2JM1000/05, la juez debió inhibirse el conocimiento del asunto.

Sobre la inhibición el Dr. A.R.R., en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Caracas 1999, ha señalado que es un deber del Juez y no una mera facultad y por ello la ley impone al funcionario judicial que conozca que en él existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla sin aguardar a que se le recuse. Y agrega el autor, que la inhibición se puede definir como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación.

Aduce también el autor que de tal definición se destacan las características que tiene la inhibición en nuestro derecho:

1. “Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del juez del conocimiento del asunto.

2. Aunque es un deber del juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición, pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal.

3. La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del juez del conocimiento de la causa.

4. Los motivos para la inhibición del juez son las mismas causas de recusación previstas en la ley, y son taxativas. La competencia subjetiva del juez no puede establecerse sino en forma negativa. El funcionario judicial, por el sólo hecho de ser elegido conforme a las previsiones legales, se presume idóneo para el ejercicio de sus funciones en todos los casos. Su exclusión del ejercicio de la jurisdicción en un caso concreto depende de su especial posición en esa causa, respecto de las partes o del objeto, calificada por las causales de exclusión establecidas en la ley. Por ello, no puede admitirse su extensión a situaciones no previstas expresamente, ni la interpretación analógica de las disposiciones que las establecen.”

Considera esta Corte que al analizar la copia certificada de la decisión dictada por la juez B.Á.A., desempeñándose como juez segundo en funciones de control, la misma sancionó disciplinariamente al abogado R.A.S.C., excluyéndolo como defensor técnico en la causa penal Nº 2C5014/04, ordenando remitir copia cerificada del fallo a tribunal disciplinario del colegio de abogados y reservándose el ejercicio de la acciones penales y civiles a que hubiere lugar.

La facultad disciplinaria en el ámbito de la administración de justicia, tiene como finalidad regular el proceder de funcionarios y particulares, en el desempeño de su actuación como sujetos procesales, en la relación jurídico procesal que pueda instaurarse con ocasión de la comisión de un hecho delictivo; esta potestad establece deberes con las consecuentes sanciones disciplinarias, y el respectivo procedimiento para aplicarlas.

Así las cosas, la Ley Orgánica del Poder Judicial en los artículos 91, 92, 93 y 94, establece sanciones que pueden aplicar los jueces a quienes entre otras conductas allí previstas, y concretamente el abogado en ejercicio de la profesión, falten oralmente, por escrito, o de obra, el respeto debido a los funcionarios judiciales. Esta facultad está igualmente consagrada en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, al consagrar la sanción por la falta de lealtad y probidad en el proceso, contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal, o cualquier otro acto contrario a la majestad de la justicia que se deban a los litigantes.

Fundamentada en la normativa ut supra señalada, la juez B.Á.A., sancionó disciplinariamente al abogado R.A.S.C., actuando en el ámbito de su potestad disciplinaria, y el hecho que se hubiere reservado las acciones penales pertinentes aún cuando no lo manifiesta explícitamente igualmente es titular de tal facultad procesal, en todo caso no la ejerció y por ende esta Corte considera que no existía por esta circunstancia, ninguna incompetencia subjetiva de la juez, por cuanto el haberse reservado las acciones civiles o penales, para nada conlleva a una declaratoria de enemistad manifiesta con el sancionado disciplinariamente, u otro motivo grave que afectara la imparcialidad de la juzgadora.

Si bien la inhibición es un deber del juez, las partes no tienen facultad de requerirla, pues la ley no da a las mismas semejante gestión procesal; si el abogado R.A.S.C., consideraba incursa a la juzgadora en alguna de las causales del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, debió recusarla, situación que no se presentó en el presente caso. Por otra parte, la decisión que sancionó disciplinariamente a R.A.S.C., no consta que la misma haya sido recurrida y en consecuencia quedó firme, con todos los efectos que de ella se derivan.

Con base a los anteriores razonamientos, esta Sala única de la Corte de Apelaciones, considera que no hubo violación alguna al derecho de ser juzgado por un juez imparcial, por tanto se declara sin lugar la solicitud de declarar la nulidad de la decisión dictada, al no existir violación de la garantía constitucional del juez natural. Así se decide.

Denuncia el recurrente la violación de la ley por errónea aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto esa norma establece el sistema de valoración de la prueba acogido por el legislador venezolano el cual es la sana crítica. Arguye el apelante que la juzgadora se limita única y exclusivamente a plasmar en la parte motiva de su sentencia, extractos de los testimonios evacuados a lo largo de la audiencia oral y pública, sin realizar un correcto, objetivo e imparcial análisis de los dichos y las contradicciones allí evidenciables, limitándose exclusivamente a transcribir y negrear los dichos que según su criterio discrecional constituyen la base de la sentencia proferida.

Señala que el criterio que sustenta la sentencia condenatoria resulta insostenible incluso en el sistema de la tarifa legal que consagraba el Código de Enjuiciamiento Criminal, que le atribuía mérito probatorio de indicio grave al testigo presencial único. Sigue indicando que la Juez a quo incurre en una errónea aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal que le obliga a acatar el sistema de la sana crítica en la valoración de las pruebas, ya que hace una valoración diáfana y discrecional al prender darle fuerza como instrumento probatorio a una tarjeta de presentación de la cual no se determinó según el dicho de las testigos denunciantes, como llegó a su poder.

La violación de la ley, sea por inobservancia (falta de aplicación) o errónea aplicación (falsa aplicación) de una norma jurídica, versa respecto de disposiciones de carácter sustantivo, que hayan incidido en forma determinante en el dispositivo de la sentencia, en otras palabras, constituye un vicio “in indicando”, “in iure”, esto es, sobre la aplicación de una norma jurídica que regula la relación sustancial o material de las partes, que se produce durante la actividad intelectual del juzgador.

Por ello, el legislador patrio, al estimar debidamente constituida la relación jurídico procesal, no sanciona la violación de ley con la nulidad de la sentencia; pudiendo la alzada dictar una sentencia propia con base a los hechos acreditados por la recurrida; salvo que, se haga necesario un juicio oral y público sobre los hechos, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de inmediación y contradicción; conforme al artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Esta Sala resalta el evidente error en su formalización por parte del recurrente al plantearla por conducto de este supuesto normativo que no constituye su cauce procesal idóneo. En efecto, si al justiciable considera que se violentó la valoración de las pruebas por cuanto la recurrida no las apreció conforme a la sana crítica, esto constituye un vicio de inmotivación de la sentencia recurrible por conducto del numeral segundo del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por tanto, con base a las anteriores consideraciones, y frente al actual contexto patrio del Estado Social, de Derecho y de Justicia, siendo el proceso jurisdiccional su instrumento de realización, además, en ningún caso podrá prevalecer las formalidades no esenciales para frustrar el ideal de Justicia, como objetivo de la República, a tenor de los artículos 2, 3 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que, entiende la Sala que la intención del recurrente, en cuanto a esta denuncia relativa a la presunta violación de las disposiciones establecidas en el artículos 22 del Código Orgánico Procesal Penal, es delatarla por conducto del numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide.

Roxin (2000,414) concibe la sentencia como “…la decisión que pone fin a la instancia, dictada por el tribunal decisor sobre la base de un juicio oral.”; distinguiendo además, entre la sentencia procesal, entendida como la que declara el procedimiento inadmisible y la sentencia material donde se establece si existe o no una pretensión sancionatoria del Estado. (Derecho Procesal Penal. Editorial del Puerto. Buenos Aires.)

De modo que, aun cuando la noción del tratadista contemporáneo es sintética, ella envuelve la existencia de presupuestos procesales, indispensables para que exista el proceso y por ende la sentencia.

Así mismo, De La Rúa (1968,149), sostiene acerca de la motivación de la sentencia:

“…constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos” de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.”

En este sentido, justifica la necesidad de motivar la sentencia, al estimarla como:

… garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permite el control del pueblo, del cual en definitiva emana su autoridad, sobre su conducta.

(El Recurso de Casación. En el Derecho Positivo Argentino. Editor V.P.D.Z.. Buenos Aires.)

Lo anterior, guarda plena sintonía con lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.”

En efecto, la sentencia como acto procesal por excelencia, constituye la emanación de la potestad jurisdiccional exclusiva y excluyente al poder judicial en todo país, como máxima expresión de Poder Estatal constituido en acto procesal, capaz de constituir, modificar o extinguir el proceso. De allí, la exigencia de ser expresadas las razones fácticas y jurídicas que se sirvió el juzgador para concluir en el silogismo judicial adoptado, a fin que la colectividad, y en especial, los sujetos procesales, conozcan las razones que fundaron lo resuelto, y por consiguiente, controlen los fundamentos que motivaron el acto jurisdiccional dictado, mediante los mecanismos de impugnación correspondientes, y así, evitar la arbitrariedad o capricho judicial, capaz de causar indefensión judicial.

En este orden de ideas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 005, de fecha 19-01-2000, sostuvo:

“La falta de motivación del fallo, es un “…vicio que se traduce en la violación del derecho que tiene todo imputado de saber porqué se le condena o absuelve mediante una explicación que debe constar en la sentencia.” En: www/tsj.gov.ve. Enero 19.

En el mismo sentido, la misma Sala del alto Tribunal de la República, mediante sentencia número 078, de fecha 08 de febrero de 2000, ha expresado:

El fallo carece de motivación cuando no se determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal estima acreditados, ni se exponen de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho, violándose de esta forma, los ordinales 3º y 4º del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal.

En: www/tsj.gov.ve. Febrero 08.

Con base a lo expuesto se infiere, que el juzgador de instancia, deberá establecer los hechos que se estiman acreditados, y cuales constituirá la premisa menor del silogismo judicial, y luego, establecer las normas jurídicas aplicables a esos hechos probados que constituirán la premisa mayor, para así, cumplir con uno de los requisitos intrínsecos del silogismo judicial por excelencia, esto es, con la motivación de la sentencia.

En este mismo sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 369 del 10 de octubre de 2003, desarrolló la técnica debida para una correcta motivación de sentencia, al sostener:

1.-la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes; 2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y 4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamiento y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal

. En: www/tsj.gov.ve. octubre 10.

El criterio jurisprudencial expuesto, tiende a desarrollar el espíritu, propósito y razón del sistema de apreciación razonada de las pruebas, donde el juzgador deberá ofrecer a las partes, las razones sustentadas en la experiencia común, la lógica o los principios generales del derechos para establecer el hecho acreditado, por contraste al sistema de íntima convicción, donde el juzgador guarda las razones que tuvo para establecer el hecho probado.

Ahora bien, para abordar los hechos acreditados, el Juzgador deberá valorar las pruebas incorporadas con base a la sana crítica, conforme lo dispone el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo que exija valoración tarifada, según se infiere del encabezamiento del artículo 198 eiusdem.

En efecto, una vez que el juzgador haya establecido los hechos y las pruebas, cuya operación mental no es otra que desentrañar cuales hechos constituyeron el objeto del proceso, y cuales medios de prueba fueron incorporados, deberá proceder a su valoración mediante la sana crítica, conforme lo ordena el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que cumplan con los presupuestos de valoración conforme lo establecido en el artículo 199 eiusdem, lo cual jamás podrá hacerse en forma separada o aislada, so pena de silenciar medios de prueba, que igualmente conduce al vicio de inmotivación.

Por ello, el juzgador deberá concatenar y contrastar todos los medios de prueba que se han obtenido e incorporado lícitamente al proceso para que, mediante los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, a fin de determinar si una prueba resulta conteste con la otra o si por el contrario la excluye, y de esta manera llegar a la convicción razonada del hecho probado, lo cual debe siempre ser exteriorizado, a los fines de que las partes conozcan las razones por las que se le absuelve o se condena según el caso.

La Sana Crítica o libre apreciación razonada como también se le conoce, contiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, inclusive obtenido por la misma palabra. Sana, se concibe en su aspecto objetivo, imponiendo el deber de analizar bajo el prisma de los principios generales, la lógica y las máximas de experiencia, y el aspecto subjetivo, impone el deber de valorar en forma razonada o argumentada, alejando así cualesquier posibilidad de capricho judicial.

Por consiguiente, las pruebas obtenidas e incorporadas debidamente, deben valorarse con apego a la Sana Crítica, esto es, aplicando los principios generales, la lógica o la máxima de experiencia, lo cual permitirá abordar finalmente un hecho probado o acreditado, o por el contrario la inexistencia del mismo, sea porque, no se demuestre su ejecución, o sea porque surge la duda razonable de su comisión, esto es, el indubio pro reo.

Asimismo, debe reafirmarse la soberanía de los jueces de instancia para la determinación del hecho probado, lo cual implica que el Tribunal de alzada no está facultado para valorar el grado de certeza obtenido por el a quo, pues lo único censurable al respecto, es el cómo y la manera que determinó el hecho probado, esto es, si lo obtuvo con base a pruebas que cumplan los presupuestos de apreciación conforme lo dispone el artículo 199 del Código Orgánico Procesal Penal, y luego, si fueron examinados con base a la sana crítica.

La Sala observa, que la recurrida estableció y dio por probado que R.A.S.C., es responsable de la comisión del delito de Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 254 del Código Penal; para llegar a esta determinación, analizó por separado cada una de las pruebas que se incorporaron al debate, motivando las razones por las cuales consideraba acreditado el hecho.

A esta conclusión lógica y motivada, llegó la recurrida, analizando y comparando las deposiciones de los testigos:

M.L.P.: “El tribunal al a.d.d., estima la misma pues la testigo manifiesta haber entregado el dinero al acusado ya que el mismo le manifestó que era para entregárselo al Fiscal del Ministerio Público que llevaba el caso, siendo testigo presencial del hecho; aunado a que su declaración en coincidente con el resto de las declaraciones rendidas en juicio”.

M.M.Q.: “El tribunal le da certeza a dicha prueba, pues lo manifestado por la testigo, es coincidente con lo declarado por la ciudadana M.L.P., al afirmar que el acusado les había pedido la cantidad de cinco millones de bolívares… y que los mismos, iban a ser entregados al Fiscal del Ministerio Público, siendo la misma también testigo presencial del hecho”.

M.T.M.: “El tribunal al apreciar el dicho de la testigo, observa que la misma manifestó que los cinco millones de bolívares que eran de las vacaciones y de un san, se los habían entregado en una cajita al acusado, y que el mismo había dicho que era para el fiscal… dándole este tribunal certeza a lo manifestado por la misma, pues es coincidente con lo manifestado por las ciudadanas M.L.P. y M.M. Quintero”.

A.M.Q.C.: “El tribunal al apreciar el dicho de la testigo, observa que la misma (sic) que sus familiares habían caído presos, que su hermana y su sobrina contrataron a un abogado de nombre R.S., y que la misma escuchó que el dinero que les había pedido era para el Fiscal del Ministerio Público… que el mismo nunca manifestó que el dinero era para los honorarios, siendo coincidente dicha declaración con lo manifestado por la ciudadanas M.L.P. y M.M.Q., pues la misma manifiesta que el referido abogado le pidió la cantidad de cinco millones de bolívares; aunado a lo anterior, la declarante es testigo de los hechos”.

J.E.: “El tribunal estima dicha prueba, pues el ciudadano Abg. J.E., quien es testigo referencial del hecho, manifestó haber sido fiscal de la causa en la cual ejerció la defensa el abogado R.S. y es a través del Fiscal Superior del Ministerio Público, fue que tuvo conocimiento de lo sucedido; además de que su declaración es coincidente con el resto de los testigos presénciales (sic), ciudadanas M.L.P., M.M.Q., M.T.M., A.M.Q.C. y Rosmira Torres Mora”.

Rosmira Torres Mora: “El tribunal estima dicha prueba pues la referida ciudadana manifestó que el acusado le pidió cinco millones de Bolívares a su cuñada y a su sobrina y les dijo que éste (sic) dinero no era para él sino para el fiscal de la causa, lo cual es coincidente con la declaración de M.L.P., M.M.Q., M.T.M., A.M.Q.C. y Rosmira Torres Mora”.

C.M.: “…el mismo manifestó a preguntas efectuadas por el Juez que no estuvo presente en el momento de la contratación con las ciudadanas M.L.P. y M.M.Q., por lo que al estimar la declaración del abogado, el tribunal observa que el mismo actuó como codefensor en la causa junto con R.S.; sin embargo el declarante no es testigo presencial ni referencial de los hechos debatidos, pues no estuvo presente al momentote la contratación, ni hizo referencia a que tuviera conocimiento de que el acusado de autos, recibiera dinero para entregárselo a un supuesto fiscal”.

Acusado R.A.S.: “…el tribunal al a.d.d., observa que la misma no es coincidente con lo manifestado por las ciudadanas M.L.P., M.M.Q., M.T.M., A.M.Q. y Rosmira Torres Mora en la audiencia, lo cual se evidencia de la evacuación del acervo probatorio”.

Por otra parte, la recurrida valoró las pruebas documentales referidas a una tarjeta de presentación donde se lee entre otras cosas R.A.S.. Abogado. Torre E, piso 05, oficina 505, San Cristóbal, Estado Táchira, y expediente Nº 1622-02-E2, el cual se encuentra en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Con respecto a la primera señaló que la tarjeta de presentación da certeza a lo declarado por M.L.P., M.M.Q., M.T.M., A.M.Q.C. y Rosmira Torres Mora, quienes fueron contestes en afirmar que había recibido una tarjeta del referido abogado. Con respecto a la segunda, se expresó que se demostraba que el abogado R.S. actuó en la defensa técnica de S.T. y F.T..

En conclusión, el fallo recurrido valorando las pruebas conforme a la sana crítica, determinó en forma precisa y circunstanciada el hecho que se estimó acreditado; además de manera separada y concatenada analizó cada una de las pruebas evacuadas, exponiendo de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho, bajo los cuales consideró que el ciudadano R.A.S.C., era culpable del delito de Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 254 del Código Penal.

En consecuencia la argumentación realizada por la Juez de instancia fue motivada, no contradictoria y lógica, ya que expresa el razonamiento humano del cómo y porqué, considera haberse cometido el hecho en las circunstancias que estimó acreditadas, y la circunstancia que los testimonios ofrecidos corresponden a miembros de una misma familia, en nada inhabilita su valoración conforme a la sana crítica, pues la persona humana ex ante del delito, no opta a elegirse como víctima, y esta consideración deriva del hecho humano cometido en su perjuicio; amén de las consistencias y congruencias ofrecidas por tales órganos de prueba.

Hechas las anteriores consideraciones, esta Corte arriba a la conclusión que al recurrente no le asiste la razón en sus alegatos esgrimidos en su escrito de apelación, debiéndose declarar sin lugar el recurso en relación al numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Denuncia el recurrente que la sentencia adolece del vicio de falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Argumenta que resulta obligado para juez en el momento de dictar sentencia que establezca la comisión de un hecho punible y la culpabilidad del acusado en la comisión de dicho hecho punible.

Señala que la Juez a quo dedicó un primer capítulo de la sentencia para identificar las partes; un segundo capítulo parta enunciar los hechos y circunstancias objeto del juicio; un tercer breve capítulo de los hechos acreditados para en consecuencia; limitarse única y exclusivamente a plasmar extractos de los testimonios evacuados, sin realizar un correcto, objetivo e imparcial análisis en la correlación y cotejo de los dichos y las contradicciones allí evidenciables, limitándose exclusivamente a transcribir y negrear “los dichos individuales”, que según su criterio discrecional constituyen la base de la sentencia proferida, sin relacionar las pruebas practicadas; un cuarto capítulo que identificó como fundamentos de hecho y de derecho del cual sólo se logra apreciar meridianamente extractos de juristas y estudiosos del derecho como J.R.L.S.; J.R.M.T.; L.S., Ferreira Delgado, sin lograr determinar claramente la estructura del tipo penal objeto de la sentencia.

Asimismo, señala el recurrente que en cuanto a la dosimetría penal del cual se infiere una condena de un año de prisión, ilógicamente en errónea interpretación del precepto accesorio jurídico aplicable se pretende imponer penas accesorias de presidio de las contenidas en el artículo 13 del Código Penal, para finalmente en la parte dispositiva del fallo punto tercero, en falta y evidente contradicción e ilogicidad de la sentencia, condenarse a las penas accesorias contempladas en el artículo 16 del ejusdem.

Del recurso interpuesto se evidencia que el recurrente trata al igual los vicios denunciados sin precisar ni circunscribir técnicamente la existencia de cada uno en la delación de la denuncia. Sin embargo, esta Sala a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva a la pretensión del recurrente y en aras de dictar decisión fundada en derecho, hará un esfuerzo para comprender y precisar la existencia o inexistencia de los vicios indistintamente denunciados por el recurrente.

Cuando el recurrente afirma que la recurrida se limitó única y exclusivamente a plasmar extractos de los testimonios evacuados, sin realizar un correcto, objetivo e imparcial análisis en la correlación y cotejo de los dichos y las contradicciones allí evidenciables, limitándose exclusivamente a transcribir y negrear los dichos individuales, que según su criterio discrecional constituyen la base de la sentencia proferida, sin relacionar las pruebas practicadas, se evidencia que su denuncia se refiere concretamente a la falta de motivación de la sentencia, vicio del cual ya se hizo un análisis en el considerando anterior, donde se concluyó que la argumentación realizada por el Juez de instancia fue motivada, al estimar acreditado el hecho y la responsabilidad penal de R.A.S.C., en la comisión del delito de Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 254 del Código Penal, se debe desestimar la presente denuncia, y así se declara.

Por otra parte, es necesario aclararle al recurrente que el vicio de contradicción no gira en torno a la eventual contradicción que puede existir en las declaraciones ofrecidas por los órganos de prueba, pues, si existen tales diferencias el llamado a dirimirlas es el juez de juicio, quien es el soberano para establecer el hecho acreditado, mediante la sana crítica y conforme a la técnica de motivación expuestas ut supra, no siendo censurable el grado de certeza obtenido por el juez a quo, pues sólo es censurable la manera o el cómo abordó la certeza del hecho que consideró probado.

En efecto, si la Sala descendiera a los hechos para dilucidar las interrogantes planteadas por el recurrente en cuanto a las deposiciones efectuadas por los órganos de prueba durante el juicio oral, ello equivaldría a reexaminar la valoración de las pruebas que ya fueron apreciadas por el órgano competente, usurpando de esta manera una función que es exclusiva del Juez de Instancia, quebrantando los principios de inmediación y juez natural, garantizados en los artículos 16 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 020, dictada en fecha 09 de marzo de 2005, con ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, sostuvo:

El establecimiento de los hechos, “…en salvaguarda del principio de inmediación, previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, le está vedado a las C.d.A., por cuanto esa competencia le está asignada exclusivamente, al Juez de Juicio”.

Por ello, la Sala sólo reexaminará sobre la manera empleada por el a quo para abordar la certeza del hecho probado.

En cuanto al argumento sustentado por la recurrida para darle credibilidad a la declaración de los testigos M.L.P., M.M.Q., M.T.M., A.M.Q.C., J.E., Rosmira Torres Mora, al sostener que dichos testimonios son contestes al afirmar que entregaron cinco millones de bolívares al abogado R.S. y que este se los pidió para dárselos al Fiscal del Ministerio Público, frente a la pretendida contradicción de las deposiciones invocadas por el recurrente, sin lugar a dudas, que tal afirmación, por si sola, no constituye un argumento serio que hagan presumir fundadamente la contradicción en la motivación de la sentencia. Asimismo, tales declaraciones fueron adminiculadas con las restantes, y en su conjunto, luego de su apreciación mediante la sana crítica se abordó el hecho probado.

En cuanto al vicio de ilogicidad de la sentencia, esta Corte observa, que la ilogicidad se refiere a lo ilógico de la sentencia porque carece de lógica o discurre sin acierto por la falta de los modos propios de expresar el conocimiento, así lo expresó la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30 de abril de 2002, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, expediente Nº 02-042); por tanto no existe tal vicio cuando en la dosimetría penal se enuncia que se condena al acusado a las penas accesorias del artículo 13 del Código Penal, y luego en la dispositiva se mencione que se condena a las penas accesorias del artículo 16 ejusdem, pues está claro en la norma sustantiva penal, que las accesorias a la pena de prisión son las indicadas en el artículo 16, referidas a la inhabilitación política durante el tiempo de la condena, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada ésta.

Frente al cúmulo de interrogantes planteadas por el defensor, donde cuestiona la veracidad de las deposiciones realizadas por los órganos de prueba, reitera la Sala su imposibilidad de valorar nuevamente las pruebas incorporadas, pues ello corresponde a la exclusiva soberanía de los jueces de instancia, y no habiéndose precisado la existencia de contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia impugnada, además luego de haberse revisado la misma por la Sala sin verificarse tales vicios, es por lo que, debe desestimarse la presente denuncia por inconsistente, y así se decide.

QUINTA: El recurrente plantea como denuncia el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión, al referir que sin constar autorización para el acusado para asistir su propia defensa, el tribunal lo juramentó como defensor de sus propios intereses; además que considera que debe existir la presencia de un defensor que aún cuando no intervenga en forma directa, el mismo garantizará la eficacia de la defensa en aquellos casos en los cuales no pueda hacerlo personalmente, como ocurrió al momento de ejercer la declaración como imputado, pues fue interrogado por el Ministerio Público y el Tribunal, pero no existió abogado que lo interrogara por parte de la defensa; con ello a criterio del apelante se vulneró en numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no estar asistido de defensa técnica y se quebrantó el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, el numeral tercero del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, establece como supuesto de procedencia del recurso, el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión, distinguiéndose el quebrantamiento de la omisión, como variables constitutivos del vicio, debiendo precisarse en todo caso, lo que debe entenderse por formalidades esenciales que causen indefensión, por cuanto ello constituye el aspecto medular del vicio in procedendo, establecido por la norma jurídica.

Sobre este particular, en fecha 21 de septiembre de 2006, esta Sala, mediante sentencia dictada en la causa número Aa-2765-06, con ponencia del Juez Gerson Niño, sostuvo:

Este nuevo esquema constitucional, pone al relieve el carácter meramente instrumental del sistema adjetivo, donde el fondo no está supeditado a la forma, salvo que se trate de formalidades esenciales, cuyo concepto jurídico no está explícitamente determinado por el texto constitucional. En todo caso debe acuñarse, que aun cuando se quebrante una formalidad esencial, el sistema jurídico ofrece diversos mecanismos procesales tendentes a su regularidad para alcanzar la justicia, siempre en el contexto del debido proceso, y sin que ello implique la impunidad del hecho delictual.

Ahora bien, la mera existencia de un procedimiento preestablecido en la ley, sólo indica su legitimidad en el origen, pero además, el mismo, deberá reunir las garantías indispensables mínimas para la tutela judicial efectiva, y así poder afirmar con rigor técnico, estar frente a un debido proceso. Es así como, un procedimiento puede ser legal pero no debido, al tener legitimidad de origen por haber sido sancionado por el órgano legislativo, pero al margen de los principios que rigen la ciencia jurisdiccional; careciendo de legitimidad material o sustancial a nivel constitucional.

Modernamente en la ciencia jurisdiccional, se distingue entre Derecho Procesal Constitucional y el Derecho constitucional Procesal, entendido por Montero, Juan. (1995, 310), el primero, como “Parte del derecho procesal que tiene por objeto el estudio del proceso constitucional”, y el segundo como “Aquel que estudia las normas procesales recogidas en las constituciones”. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. Editorial Civitas. España

Tal distinción adquiere relevancia dado el evidente interés del Estado en el actual contexto constitucional, de elevar a su superior nivel de protección los diversos principios procesales inherentes al ser humano, lo cual indica su promoción cualitativa y cuantitativa, y lo mas relevante, en virtud del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto constitucional, blindado mediante todos los sistemas de protección establecidos para velar por la incolumidad de la Constitución de la República.

Consecuente con lo expuesto, en toda clase de investigación y proceso, se observarán las mínimas garantías que permitan a los justiciables, el ejercicio efectivo de sus derechos sustanciales y procesales inherentes al ser humano, a fin que, en el marco de un proceso debido, se instrumentalice la realización de la justicia, mediante una decisión de mérito, oportuna y fundada en derecho, independientemente de la pretensión de las partes, pero con toda posibilidad de actuación procesal, lo que en suma caracteriza la tutela judicial efectiva. De allí que, se establezcan principios y reglas técnicas tendentes a resguardar los derechos y garantías constitucionales de los justiciables.

En efecto, el sistema acusatorio penal venezolano, de evidente corte garantista, prevé formalidades trascendentales cuyo objetivo fundamental es resguardar los derechos y garantías de los justiciables, que estén o no positivizados, pero siendo inherentes al ser humano, el Estado está obligado velar por su integridad, a fin de salvaguardar el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental.

En este sentido, se patentiza lo que debe entenderse por formalidad esencial, pues, si bien durante el proceso se exigen diversas formalidades para la validez del acto procesal, conforme se verá, no todas resguardan un derecho o garantía constitucional, y por ende, no serán esenciales o trascendentales. He aquí la distinción entre una formalidad esencial y no esencial, lo cual exige al juzgador, analizar si la formalidad tiene o no raigambre constitucional, esto es, si subyace un principio, derecho o garantía constitucional del justiciable, en cuyo caso, no cabe la mas mínima duda que se está frente a una formalidad esencial, y cuya omisión, por quebrantar un aspecto medular del proceso, conlleva la ineficacia del acto, conforme al artículo 257 constitucional.

De manera que, constituyen formalidades esenciales, aquellas que resguardan un derecho o garantía constitucional, por consiguiente, conviene precisar en primer orden, si ha sido o no quebrantado el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal denunciado por la recurrida, y, en segundo orden, si tal disposición legal resguarda algún derecho o garantía constitucional, capaz de producir el efecto jurídico procesal establecido en el artículo 457 eiusdem.

Los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, se traduce el mismo, en la oportunidad para que el acusado o presunto agraviado sea oído, y se analicen oportunamente sus alegatos y pruebas.

El imputado es el titular del derecho a la defensa, esto lo faculta para intervenir en el proceso a efecto de demostrar la falta de fundamento de la imputación, por eso ésta recae en su sentido material sobre el propio imputado, lo que conlleva a ser oído, controlar la prueba, probar los hechos que él mismo invoca y exponer las razones fácticas y jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable.

Por su parte, la defensa formal del imputado está constituida por el derecho que tiene éste de nombrar un defensor técnico de su confianza para garantizarle a plenitud su derecho a la defensa, por ello el tribunal que conozca la causa debe preguntarle si desea nombrar un abogado para que asuma su defensa técnica, que según el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, se requiere poseer título de abogado, no tener impedimento para el ejercicio libre de la profesión conforme a la ley de abogados, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Conforme a la norma comentada, es un atributo del imputado la elección de defensor, y tiene lugar en la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su abogado; por ello sólo cuando no lo nombre o exista convicción de que no lo hará, el juez le designará un defensor público.

Ahora bien, el único aparte del artículo 137 de la norma adjetiva penal, prevé que si el imputado prefiere defenderse personalmente, el juez lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica.

El doctrinario a.A.M.B. en cuanto a este aspecto opina:

El imputado también tiene derecho a defenderse a sí mismo, posibilidad normalmente admitida por los códigos, salvo cuando tal autodefensa sea perjudicial para el propio interesado. Puesto que el concepto de “inviolabilidad de la defensa” no es solamente un interés disponible del imputado, sino también una exigencia de la legitimidad del proceso dentro de un Estado de Derecho. Se entiende que un proceso penal legítimo será sólo aquel donde el imputado haya tenido suficiente oportunidad de defensa. Es por ello que este sujeto procesal no puede renunciar a la defensa y que, si bien tiene el derecho de autodefenderse, todo vez que el juez compruebe que esta autodefensa resulta nociva para sus intereses, debe nombrarle un defensor de oficio”. Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial ad hoc, segunda edición, pag. 333.

Esta posibilidad de auto defensa por parte del imputado, también ha sido tratada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Marmol de León, en fecha 11-02-2004, sentencia Nº 032, expuso:

(…)

El artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal…reconoce al imputado, quien es el sujeto pasivo de la acción, el derecho de autodefensa, permitiéndole así, hacerlo personalmente. Sin embargo, dicha norma hace la salvedad de que el acusado podrá auto defenderse, sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica

.

Al analizarse el caso concreto a resolver, el abogado R.A.S. tal como consta en el acta del debate oral y público levantada en fecha 11 de mayo de 2006 (folio 797), manifestó al tribunal su voluntad de asistirse a sí mismo, no encontrando el tribunal de juicio ninguna objeción, por cuanto el legislador lo establece en el capítulo VI, sección segunda, artículo 137, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, tomándole el juramento respectivo como profesional del derecho en libre ejercicio de la abogacía.

No cabe duda al respecto para esta Corte, que teniendo R.A.S., el título de abogado, ostenta el conocimiento técnico para asumir su propia defensa, que de hecho había ejercido en las etapas anteriores del proceso; por ello tanto la defensa material como defensa formal estaban amparadas en el desarrollo del juicio oral y público, por cuanto expresamente la juez de juicio señaló que no encontraba ninguna objeción, en virtud que al tener conocimiento que el acusado era abogado no perjudicaba su defensa técnica, tal como lo prevé expresamente el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal. La juramentación del mismo como defensor técnico en su condición de abogado, en nada choca con su derecho a rendir su declaración en forma voluntaria y sin juramento, como lo establece el artículo numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues es una formalidad que señala el artículo 139 de la norma adjetiva penal.

Con base a lo analizado, esta Corte no encuentra que se haya quebrantado el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal denunciado por la recurrida, en consecuencia se debe desestimar la denuncia del numeral 3 del artículo 452 ejusdem, y así se decide.

Se denuncia la violación de la ley por inobservancia en la aplicación del artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la juez estando constituido el tribunal con escabinos, en la fecha de iniciarse el juicio oral y público, decretó una nulidad en lo concerniente a la selección de escabinos, aperturando el juicio de manera unipersonal, cuando lo propio era comenzar con los escabinos; esto a criterio del recurrente, violó la garantía del juez natural, consagrada en el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Precisa nuevamente la Sala, el evidente error en su formalización por parte del recurrente al plantearla por conducto de este supuesto normativo que no constituye su cauce procesal idóneo. Como ya se indicó, la violación de la ley, sea por inobservancia (falta de aplicación) o errónea aplicación (falsa aplicación) de una norma jurídica, versa respecto de disposiciones de carácter sustantivo, que hayan incidido en forma determinante en el dispositivo de la sentencia, en otras palabras, constituye un vicio “in indicando”, “in iure”, esto es, sobre la aplicación de una norma jurídica que regula la relación sustancial o material de las partes, que se produce durante la actividad intelectual del juzgador; de allí que, el legislador patrio, al estimar debidamente constituida la relación jurídico procesal, no sanciona la violación de ley con la nulidad de la sentencia; pudiendo la alzada dictar una sentencia propia con base a los hechos acreditados por la recurrida; salvo que, se haga necesario un juicio oral y público sobre los hechos, a los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de inmediación y contradicción; conforme al artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por el contrario, si al justiciable se le priva o limita en el ejercicio de algún derecho o garantía constitucional que cause indefensión, ello constituye un vicio “in procedendo”, que obviamente afecta la relación jurídica procesal, y cual versa respecto de la actividad procesal, es decir, en cuanto al cómo, cuando, donde, y quien debe intervenir en su realización, y desde luego, en cuanto al mérito en si mismo del acto procesal, que en todo caso, debe ser de tal importancia, capaz de causar indefensión al justiciable, que de no haberse producido el vicio, hubiese sido posible una decisión distinta.

Ahora bien, tales violaciones se producen en el campo del derecho adjetivo, pudiendo ser mediante el quebranto o la omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión. En el primer supuesto, el juzgador aplica la norma jurídica pero equivocadamente y por ello quebranta la forma sustancial del acto, causando indefensión; mientras que, en la omisión, hay una conducta negativa que infringe la norma preceptiva cual le obliga a ejecutarlo, causando igualmente indefensión. De allí que, al existir una defectuosa constitución en el nacimiento o desarrollo de la relación jurídica procesal, por existir un vicio “in procedendo”, lo cual impide abordar una sentencia de mérito, trayendo consigo la celebración de un nuevo juicio, ante un juez distinto al que dictó la recurrida, a tenor de lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, entiende la Sala que la intención del recurrente, al formalizar la denuncia relativa a la presunta violación del artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser tramitada por conducto del numeral 3 y no el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide.

Con base a lo antes considerado, conviene precisar en primer orden, si ha sido o no quebrantado el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal por la recurrida, y, en segundo orden, si tal disposición legal resguarda algún derecho o garantía constitucional, capaz de producir el efecto jurídico procesal establecido en el artículo 457 eiusdem.

Tratándose de una causa que se tramita por el procedimiento ordinario, el juez de juicio al momento de recibir las actuaciones, debe con base a la calificación jurídica dada por el juez de control al momento de decretar la apertura del juicio, fijar su competencia para llevar a cabo la audiencia oral; si el delito no excede de cuatro años en su límite máximo conocerá de manera unipersonal, y si el delito excede la pena de ese límite, deberá convocar la constitución del tribunal mixto.

Ahora bien, revisada el acta de inicio del debate en fecha 11 de mayo de 2006, la juez de juicio observó que al abogado C.M. se le sobreseyó la causa por la comisión del delito de Encubrimiento en Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 255 del Código Penal, con una pena en su límite máximo de cinco años; igualmente que sólo quedaba para enjuiciar a R.A.S.C., por la comisión del delito de Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 254 del Código Penal, con una pena de tres años de prisión en su límite superior, por ello al observar que el delito imputado pertenecía a la competencia del tribunal unipersonal, declaraba la nulidad del auto de fecha 01-03-2004, y los actos subsiguientes referidos a los sorteos y constitución del tribunal mixto.

Respecto a la conservación de competencia, el artículo 68 de la norma adjetiva penal, prevé:

Cuando se advierta la incompetencia, después de señalada la fecha para el juicio oral, el tribunal facultado para juzgar delitos más graves no podrá declararse incompetente porque la causa corresponda a un tribunal establecido para juzgar hechos punibles más leves

.

De la interpretación de la norma anteriormente transcrita, no se colige que la juez a quo, haya quebrantado el principio del juez natural, porque es obvio que al tener el delito imputado una pena en su límite superior de tres años, era competente de manera unipersonal para llevar el juicio oral y público, pues el artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que es de la competencia del tribunal unipersonal de juicio:

(…)

2. Las causas por delitos cuya pena en su límite superior no exceda de cuatro años de privación de libertad”.

Por las consideraciones antes mencionadas, al no constatarse, que se haya quebrantado el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal por la recurrida, y al no violentarse ningún principio, derecho o garantía constitucional del justiciable, por la declaratoria del tribunal de declarar la nulidad del acto de constitución del tribunal con escabinos, y asumir la competencia unipersonal para llevar el juicio, esta Corte arriba a la conclusión que al recurrente no le asiste la razón en sus alegatos esgrimidos en su escrito de apelación, con relación con el numeral 3 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

De la sentencia también recurre el Fiscal del Ministerio Público, denunciado la violación del violación de la ley de conformidad con el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que a su criterio la recurrida sin hacer análisis exhaustivo de las atenuantes y las agravantes del caso en particular, impuso la pena no motivando razón alguna por la que acogió la misma en su límite inferior, más aún que a.e.h.q.d. origen al juicio, encontraba presentes las agravantes del artículo 77, numerales 5, 6 y 9 del Código Penal, por cuanto R.A.S., obró con premeditación conocida, empleó astucia o fraude y obró con abuso de confianza.

Al momento de aplicar la dosimetría penal, la recurrida señaló:

(…)

La pena para el delito de SIMULACION DE INFLUENCIAS, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, es la de uno (01) a tres (03) años de prisión.

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 74 ordinal 4° del Código Penal y en virtud de que el acusado de autos tiene buena conducta predelictual, se rebaja la pena en su límite inferior, por lo que se condena al acusado R.A.S.C., por encontrarlo incurso en la comisión del delito de SIMULACIÓN DE INFLUENCIAS, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal, en perjuicio de la Administración de Justicia, a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISION

La consideración de las circunstancias atenuantes y agravante, es facultativa y de la soberna apreciación del juez de instancia, pero con la obligación del sentenciador de motivar el criterio que considera para aplicarla o no. Tal como se evidencia, la sentencia recurrida para bajar la pena del término medio al limite inferior, determinó que el acusado tenía buena conducta predelictual y por ello lo condenó a cumplir la pena de un año de prisión. Por otra parte, durante el desarrollo del debate ni en las conclusiones, se hizo mención alguna por parte del Ministerio Público, de solicitar la aplicación de circunstancias agravantes, requiriendo tal como se dejó constancia en el acta, que se condenara al acusado a la pena que la juez considerara.

Por las consideraciones antes mencionadas, al no constatarse, que hubo violación de ley por parte de la recurrida al momento de aplicar las circunstancias atenuantes, esta Corte arriba a la conclusión que al recurrente no le asiste la razón en sus alegatos esgrimidos en su escrito de apelación, con relación con el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado R.A.S., contra la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2006, por la Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado G.B., en su carácter de Fiscal Quinto del Ministerio Público, contra la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2006, por la Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

Se confirma la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2006, por la Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la cual condenó a R.A.S.C., a cumplir la pena de un (01) año de prisión, por la comisión de delito de Simulación de Influencias, tipificado en el artículo 254 (253 del vigente Código) del Código Penal; asimismo lo condenó en costas, a las accesorias del artículo 16 ibidem, y lo suspendió del ejercicio de la profesión de abogado por el lapso de un (01) año.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2006. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE

G.A.N.

Juez Presidente

J.V.P.B.E.J.P.H.

Juez Ponente

NÉLIDA MORA CUEVA

Secretaria

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Nélida Mora Cuevas

Secretaria

As-1119-06/EJPH7