Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 26 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Mirna Mas Y Rubi Sposito |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, veintiseis de febrero de dos mil ocho
197º y 149º
ASUNTO: BP02-N-2006-000587
La Abogada M.N.V., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 85.205, apoderada judicial de la ciudadana J.R., tercero interesado en la presente causa, mediante diligencia solicitò la declaratoria de perención de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal para decidir sobre la perención previamente observa:
En fecha 13 de noviembre de 2006, el abogado J.R. Màrquez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7693, apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), interpuso Recurso de Nulidad contra la providencia administrativa dictada en fecha 29 de mayo de 2006 por la Inspectorìa del Trabajo en los Municipios Simòn Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoàtegui, mediante la cual declarò con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por la ciudadana J.R..
Por auto de fecha 29 de noviembre de 2006, este Juzgado admitió el recurso de nulidad, y ordenò la citación del Inspector del Trabajo, la notificación de la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, así como el emplazamiento de los terceros interesados por medio de cartel que se publicaría en un diario de circulación regional.
En fecha 13 de diciembre de 2006, el apoderado judicial de la parte actora, diligenció consignando copias simples del escrito contentivo del recurso de nulidad, solicitò ademàs, la entrega del cartel a los fines de su publicación y la devolución del poder original acompañado a la demanda, previa certificación en autos. Mediante auto de fecha 29 de enero de 2007, el Tribunal ordenò la devolución de las copias por cuanto no estaban debidamente foliadas, y en relación al poder, dejó constancia que en autos sòlo cursaba copia simple del mismo. En fecha 26 de febrero de 2007, el apoderado de la recurrente consignó original de instrumento poder, y solicitò su devolución previa certificación en autos. En fecha 8 de mayo de 2007, el apoderado actor consignó ejemplar de publicación del cartel de emplazamiento de los terceros interesados efectuado en el diario Ultimas Noticias.
En este orden de ideas, precisa el Tribunal que, el emplazamiento a los terceros interesados en aquellas causas cuya pretensiòn sea la nulidad de un acto administrativo, está regulado por el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.
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De la norma parcialmente transcrita, se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación, un ejemplar del periódico donde conste la publicación del cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Sin embargo, no estableció el lapso para retirar dicho cartel, así como tampoco la consecuencia jurídica que traería su falta de retiro una vez librado.
No obstante, en relación al cartel de emplazamiento de los terceros interesados, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, se pronuncio al respecto estableciendo el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, señalo:
Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este M.T. de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva.
Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este M.T..
En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar (…) contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara. (…)
(Resaltado de la Sala).
En este sentido, y en atención al criterio jurisprudencial antes citado, el lapso para retirar y publicar el referido cartel de emplazamiento será de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de su expedición, lapso previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos, por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a lo anteriormente señalado, y revisadas las actas procesales, el Tribunal advierte que en el presente caso, el recurso de nulidad interpuesto fue admitido en fecha 29 de noviembre de 2006, librándose la citación del Inspector del Trabajo en los Municipios Simòn Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoàtegui, la notificación del Ministerio Pùblico, así como el cartel de emplazamiento a los terceros interesados; y que si bien el apoderado judicial de la recurrente retiró el aludido cartel de emplazamiento, y consignó en autos el dia 8 de mayo de 2007 el ejemplar de la publicación de dicho cartel, es evidente que para esa fecha había transcurrido con creces los treinta (30) días dispuestos para su retiro y publicación; por lo que, en atención al criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Político Administrativa, el recurrente no cumplió con la carga procesal de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento dentro del termino establecido, es decir, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que fue admitido el recurso; en consecuencia, debe declararse el desistimiento del presente recurso de nulidad. Así se declara.
Con fundamento a los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: DESISTIDO el recurso contencioso de nulidad ejercido por el Abogado Jesús Màrquez, apoderado judicial del Instituto Nacional de Educación Cooperativa (INCE) contra la providencia administrativa de fecha 29 de mayo de 2006, emanada de la Inspectoria del Trabajo en los Municipios Simòn Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoàtegui, mediante la cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana J.R.. Así se declara.
La Juez,
Dra. M.M. y Rubì Spòsito La Secretaria,
Abog. M.T.Z.
