Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Marzo de 2008
| Fecha de Resolución | 26 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Elizabeth Breto Gonzalez |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 26 de marzo de dos mil ocho (2008).
197° y 149°
PARTE DEMANDANTE:
• CORP BANCA, C.A., BANCO UNIVERSAL, compañía anónima domiciliada en el Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el dia 31 de Agosto de 1954, bajo el No. 384, Tomo 2-B, cuyo cambio de denominación social a Corp Banca, C.A., antes Banco Consolidado, C.A., consta de asiento de Registro de Comercio inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de octubre de 1997, bajo el No. 5, Tomo 274-A, transformada en Banco Universal por fusión por absorción de sus filiales Corp Banco de Inversión, C.A., Corp Banco Hipotecario, C.A., Corp Fondo de Activos Líquidos, C.A., Corp Arrendadora Financiera Sociedad Anónima de Arrendamiento Financiero y Banco del Orinoco S.A.C.A, Banco Universal, conforme consta en autorización emanada de la Junta de Emergencia Financiera por Resolución Número 099-0899, de fecha 30 de agosto de 1999, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, en su edición Número 36.778 del día 02 de Septiembre de 1999, evidenciada de asiento de Registro de Comercio inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, bajo el número 59, Tomo 189-A Pro, el día 07 de septiembre de 1999, y autorizada su transformación a Banco Universal por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, SEGÚN Resolución No. 261-99 de fecha 06 de septiembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.784, de fecha 10 de septiembre de 1999, e inscrita por ante la citada Oficina de Registro Mercantil, bajo el No. 14, Tomo 196-A Pro., el día 15 de septiembre de 1999, registrado en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el número J-00064359-8.
APODERADOS JUDICIALES:
• H.A.S., G.B.N., E.C.C. y F.G.S., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 34.867, 35.104, 53.163 y 53.842, respectivamente.
PARTE DEMANDADA:
• CURIOSIDADES GRAZIA, C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, e inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 15 de junio de 2005, bajo el No. 72, Tomo 1120-A, registrada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el número J-31360228-0; GRUPO GRAZIA, C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 29 de junio de 2006, bajo el No. 91, Tomo 1358-A, registrada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el número J-31601649-8; y los ciudadanos G.L.D.F. y C.F., venezolanos, mayores de edad, casados, domiciliados en Caracas y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-9.964.758 y V-24.209.917, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES:
• No poseen apoderado judicial alguno acreditado en autos.
EXPEDIENTE N°: 25.513
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
I
Se inicia la presente demanda por COBRO DE BOLÍVARES, presentada por los profesionales del derecho G.B.N. y H.A.S., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.104 y 34.867, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL, por ante el Juzgado Distribuidor de Turno, en fecha 15 de febrero de 2008, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado, previo sorteo de Ley.
Consignados como fueron los recaudos, mediante auto dictado en fecha 21 de febrero de 2008, fue admitida la demanda.
II
Este Tribunal al respecto observa: Nuestro ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, consagra la figura de la “Perención de la Instancia”, señalando dicha norma:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…omissis…): 1º) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…
(Negritas del Tribunal).
Ahora bien, la declaratoria de la perención de la instancia, le está expresamente permitida al Tribunal, aún no habiendo sido solicitada por las partes, y así lo establece el artículo 269 eiusdem:
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribual y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente
(Negritas del Tribunal).
En efecto, se verifica de pleno derecho, una vez que concurren los supuestos de hecho establecidos en la norma antes parcialmente transcrita.
Con respecto al tema que nos ocupa la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el seis (6) de julio de 2004 con ponencia del magistrado Dr. C.O.V. en el juicio seguido por J.R. Barco contra Seguros Caracas Liberty Mutual, apunto:
…A provisto de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos (…omissis…) esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta…
(Negritas del Tribunal).
Siendo que la decisión antes parcialmente transcrita la acoge este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y la aplica al presente caso, observándose que se admitió la demanda en fecha 21 de febrero de 2008, no obstante ello, la parte actora no cumplió dentro del plazo inexorable de treinta (30) días continuos, a partir de la admisión de la demanda con su obligación de consignar diligencia, en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación, en vista que la dirección señalada en el libelo de la demanda, dista de mas de 500 metros de la sede de este Despacho el cual esta ubicado en el Municipio Libertador.
Por lo que al no haber cumplido oportunamente con dichas cargas la parte actora, ello trae como consecuencia que sea procedente declarar que se ha verificado la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil. Así se decide.
III
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los (26) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).- Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL.
EL SECRETARIO TITULAR,
DRA. E.B.G.,
ABG. J.O.G..
En esta misma fecha y siendo las 14:45 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO TITULAR,
Exp. Nº 25.513
EBG/JOG/alexandra.-
