Decisión de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 20 de Abril de 2007

Promovió las siguientes instrumentales:

a.- Comunicación de fecha 29 de julio de 2005. Con respecto a medio de prueba la representación judicial del ciudadano V.J.A.A., en la audiencia de juicio oral y pública, manifestó que se trata de un documento emanado de la Gerencia de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S, C.A., suscrito y sellado por personal de confianza de ella, por lo tanto, no es un documento emanado de un tercero, conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y que tampoco podía oponérsele al demandante, pues no cumplía con las exigencias establecidas en el artículo 1368 del Código Civil. Entre tanto, la representación judicial de la parte demandada insistió en el documento citado.

Hechas las observaciones por las partes al reseñado documento, debe acotar este Tribunal que si bien es cierto, éste no puede catalogarse como un documento emanado de terceros y que no puede oponérsele a la parte actora para su reconocimiento por no estar suscrito por él, también es cierto que bajo el imperio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, específicamente en sus artículos 10 y 507 respectivamente, ellas pueden ser apreciadas conforme a la sana crítica y como principio de prueba, en cuanto a sus contenido, fechas y firmas y siendo que las mismas presuponen un elemento indicador de los hechos jurídicos relacionados con los puntos controvertidos, y por ende, tales hechos constituyen un indicio de prueba indispensable para la solución del presente asunto. Sin embargo, no deja este juzgador escapar la oportunidad para manifestar que las mismas serán adminiculadas con los otros hechos base que aparezcan demostrados con otros medios probatorios producidos, tal como lo preceptúa los artículos 117 del texto procesal laboral en concordancia con el artículo 507 de la ley procesal civil vigente, para que en su conjunto merezcan plena credibilidad y demuestren unívocamente la conclusión que debe adoptarse sin que subsistan dudas razonables en cuanto a lo decidido en este proceso. Así se decide.

b.- Recibos originales de anticipos de prestaciones sociales de fechas 29 de junio de 2001, 28 de junio de 2002, 27 de junio de 2003, 23 de junio de 2004, 23 de junio de 2005 y 01 de agosto de 2005. b.- Con respecto a estos medios de prueba, la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de juicio oral y pública, reconoció la firma de su mandante, empero manifestando ciertas observaciones a los mismos, en específico, al recibo de fecha 29 de junio de 2001 marcado con la letra “B”, donde se le pagan sesenta y seis (66) días de antigüedad, arrojando un monto de dos millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y dos bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.2.856.572,85), desprendiéndose claramente que fue pagado en base a un salario integral de la suma de cuarenta y tres mil doscientos ochenta y uno con cuarenta céntimos (Bs.43.281,40);salario este que supera lo alegado por ambas partes tanto en el libelo de la demanda como en el escrito de contestación, pretendiendo en consecuencia, desmejorar la parte demandada a su representado al calcularlo al último salario en base a suma de veintitrés mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cincuenta céntimos (Bs.23.334,50). Así mismo observó que lo expuesto por la parte demandada, relativo a que el ciudadano V.J.A.A. devengaba un salario variable a lo largo de la prestación del servicio de trabajo, era un hecho nuevo no expresado en la contestación de la demanda y que no puede traerlo en este estado procesal la parte demandada de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Observó por último, que no existía ningún tipo de pago por concepto de anticipos de antigüedad desde la fecha en comenzó a prestar servicios hasta la primera cancelación en fecha 29 de junio de 2001, pero que si aparece en el finiquito de prestaciones sociales esta cantidad como un adelanto a ser descontado sin el debido soporte. Por su parte la representación judicial de la parte accionada además de informar que el trabajador tenía un salario variable, que todos los conceptos laborales fueron pagados conforme la Ley Orgánica del Trabajo, manifestó que el único convenio que se llegó con él, fue acerca de la distribución de unas horas de lunes a viernes para no laborar los días sábados.

Realizada las observaciones a los medios de pruebas antes reseñados, observa esta instancia judicial, que la representación judicial del ciudadano V.J.A.A. al haber reconocido las firmas que suscriben los mencionados recibos como emanados de su representado en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, éstos deben ser apreciados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por ende, adquieren todo el valor probatorio y la eficacia jurídica deseada por su promovente. En cuanto a las observaciones formuladas por las partes, las mismas serán decididas con posterioridad en el capítulo destinadas a las conclusiones de este fallo. Así se decide.

c.- Recibos originales de pago de intereses sobre prestaciones sociales de los periodos julio 2000 – junio 2001, julio 2001 – junio 2002, agosto 2001 – julio 2002, julio 2003 – junio 2004, julio 2004 – junio 2005, julio 2005. Con relación a estos medios de pruebas la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de juicio oral y pública, reconoce la firma de su mandante, realizando ciertas observaciones referidas al hecho de que no existe ningún tipo de pago de intereses sobre prestaciones sociales desde la fecha en comenzó a prestar servicios su representado hasta el primer pago realizado en el mes de julio de 2000, apareciendo en el finiquito de prestaciones sociales algunas cantidades de dinero que deben ser tomadas en cuenta como un adelanto a ser descontado sin el debido soporte, por lo que en consecuencia, se le adeuda y debe pagársele esas sumas de dinero. De igual forma observó del recibo que corre inserto al folio 102 de las actas del expediente, que la parte demandada repite el cálculo de la antigüedad mensual del trabajador en el mes de julio de 2005 en base a un salario integral de la suma de cuarenta mil cuatrocientos noventa y ocho bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs.40.498,66), siendo entonces erróneo el salario integral de la suma de veintitrés mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 23.334,50) que aparece en el finiquito laboral.

Realizada las observaciones a los medios de pruebas antes reseñados, observa esta instancia judicial, que la representación judicial del ciudadano V.J.A.A. al haber reconocido las firmas que suscriben los mencionados recibos como emanados de su representado en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, éstos deben ser apreciados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por ende, adquieren todo el valor probatorio y la eficacia jurídica deseada por su promovente. En cuanto a las observaciones formuladas por las partes, las mismas serán decididas con posterioridad en el capítulo destinadas a las conclusiones de este fallo. Así se decide.

d.- Recibos originales sobre pago de utilidades de fechas 21 de noviembre del 2003, 09 de enero de 2004, 19 de noviembre de 2004, 21 de enero de 2005, 01 de agosto de 2005. Con respecto a estos medios de pruebas la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de juicio oral y pública, reconoce la firma de su mandante, observando que no existe ningún tipo de pago de utilidades desde la fecha en comenzó a prestar servicios hasta el primer pago realizado el día 30 de diciembre de 2002, por lo que se le adeuda y debe pagársele estas sumas de dinero. Admitió que se le pagaba las utilidades equiparándolo al Contrato Colectivo Petrolero, es decir, en base a un interés de utilidad del treinta y tres punto treinta y cuatro por ciento anual (33,34%). Por su parte, la representación judicial de la parte demandada alega que el recibo de finiquito final fue firmado por el ciudadano V.J.A.A. en señal de aceptación, donde se expresa el monto total de cantidades pagadas por este concepto con sus respectivas deducciones.

Realizada las observaciones a los medios de pruebas antes reseñados, observa esta instancia judicial, que la representación judicial del ciudadano V.J.A.A. al haber reconocido las firmas que suscriben los mencionados recibos como emanados de su representado en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, éstos deben ser apreciados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por ende, adquieren todo el valor probatorio y la eficacia jurídica deseada por su promovente. En cuanto a las observaciones formuladas por las partes, las mismas serán decididas con posterioridad en el capítulo destinados a las conclusiones de este fallo. Así se decide.

e.- Recibos originales de pago de vacaciones durante los periodos comprendidos entre los días 12 de febrero de 2001 al 12 de marzo de 2001, del 04 de febrero de 2002 al 04 de marzo de 2002, del 20 de enero de 2003 al 24 de febrero de 2003, del 09 de febrero de 2004 al 09 de marzo de 2004 y del 31 de enero de 2005 al 02 de marzo de 2005, todos inclusive. En relación a estos medios de pruebas, la representación judicial de la parte demandante en la audiencia de juicio oral y pública, reconoció la firma de su mandante, afirmando que no hay ningún tipo de pago por concepto de vacaciones desde la fecha en comenzó a prestar servicios hasta del primer pago realizado el día 12 de febrero de 2001, por lo que en consecuencia se le adeuda y debe pagársele las sumas de dinero por los periodos anteriormente laborados, esto es, los años de 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001.

Realizada las observaciones a los medios de pruebas antes reseñados, observa esta instancia judicial, que la representación judicial del ciudadano V.J.A.A. al haber reconocido las firmas que suscriben los mencionados recibos como emanados de su representado en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, éstos deben ser apreciados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por ende, adquieren todo el valor probatorio y la eficacia jurídica deseada por su promovente. En cuanto a las observaciones formuladas por las partes, las mismas serán decididas con posterioridad en el capítulo destinado a las conclusiones de este fallo. Así se decide.

f.- Finiquito laboral original comprendido entre el periodo 03 de febrero de 1997 al 01 de agosto de 2005. Con relación a este medio de prueba, la representación judicial de la parte demandante reconoció en la audiencia de juicio oral y pública, la firma de su mandante, realizando una serie de observaciones e impugnando el salario básico e integral que aparece en él, trayendo como consecuencia, que no pueda dársele al tratamiento definitivo pues no estamos en presencia de un acto transaccional. Por su parte, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S, C.A., realizó ciertas observaciones al documento en cuestión, admitiendo que la fecha que debe ser tomada en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales es a partir del 03 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2005, previa todas sus deducciones. Que nadie obligó al ciudadano V.J.A.A. a firmar un documento de finiquito y que en caso de desacuerdo con su contenido, pudo pasar por las oficinas de recursos humanos a interponer un reclamo que no realizó, sino que por el contrario, firmó en señal de conformidad. En relación al pago de utilidades y vacaciones que no aparecen reflejados en dicho finiquito, aparecen reflejados en los recibos de anticipos, ya que a medida que se van generando se van pagando al cierre de cada periodo laboral. En cuanto al salario, aduce esta representación judicial que siempre le pagó en base a la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, en base al salario que devengara el ciudadano V.J.A.A. por mes y que nunca convino con él en pagarle en base al último mes de salario generado.

Realizada las observaciones a los medios de pruebas antes reseñados, observa esta instancia judicial, que la representación judicial del ciudadano V.J.A.A. al haber reconocido las firmas que suscriben los mencionados recibos como emanados de su representado en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, éstos deben ser apreciados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por ende, adquieren todo el valor probatorio y la eficacia jurídica deseada por su promovente. En cuanto a las observaciones formuladas por las partes, las mismas serán decididas con posterioridad en el capítulo destinadas a las conclusiones de este fallo. Así se decide.

CAPÍTULO SEGUNDO

Promovió las testimoniales juradas de los ciudadanos H.G., OSVALDO PULIDO, NELISSABETH MATOS, M.M., C.P., A.S. y Y.H. venezolanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad No. V-4.661.775, V-7.739.621, V-11.946.708, V-7.739.847, V-5.880.869, V-10.212.702 y V-8.703.993, de los cuales fueron evacuadas la testimoniales de los ciudadanos H.G., NELISSABETH MATOS, M.M., Y.H. y C.P. en la audiencia de juicio oral y pública llevada a cabo en este proceso. En cuanto a este medio probatorio, debe aclarar este juzgador que no se transcriben las actas de declaración de los testigos acogiendo a la doctrina casacionista del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia, debiendo solo argumentar los motivos del juez en cuanto a su valoración o no de los mismos.

De las testimoniales evacuadas ante la jurisdicción en la audiencia de juicio oral y pública, específicamente de los ciudadanos H.G., NELISSABETH MATOS y C.P., se infiere con meridiana claridad que al realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada una de sus respuestas, que son testigos contestes entre sí, con los interrogatorios formulados a viva voz por su promovente y con los hechos afirmados por la parte demandada en su escrito de la demanda, por lo que se trata de deponentes que llevan a la convicción de quién suscribe el presente fallo, de que se tratan de testigos presenciales de los hechos controvertidos, es decir, que el día 28 de julio de 2005, el ciudadano V.J.A.A. agredió verbalmente al ciudadano R.S., quién se desempeña como Presidente de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., tildándolo de “loco”; que esa discusión se llevó a cabo en los pasillos del área administrativa de esta última, aproximadamente en horas del mediodía, después del almuerzo, y que esa discusión se debió ó tuvo su origen por razones de políticas internas de la empresa, amén que la representación de la parte actora en el acto conclusivo de la audiencia de juicio, reconoce el insulto u ofensa realizada contra el mencionado presidente de la parte demandada.

En cuanto al hecho de que los testigos fueron trabajadores de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A. para el momento de la ocurrencia de los hechos y continuaran siéndolo para el momento en que se celebrara la audiencia de juicio oral y pública en este proceso, no es óbice para desecharlos, pues, por el contrario, cuando ocurren estos hechos en el área donde no tiene acceso sino esta clase de trabajadores (léase: gerentes, asistentes administrativos, supervisores, entre otros), estos son los únicos presenciales. En razón de ello, tales declaraciones deben ser valoradas en su justo valor probatorio, a tenor de lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y deberán ser adminiculadas a otros medios de prueba idóneos para que ofrezcan al juzgador la convicción necesaria para dar por demostrados los hechos controvertidos. Así se decide.

Con respecto a las declaraciones de los ciudadanos M.M. y Y.H., es criterio de quién suscribe, que se tratan de testigos no presenciales de los hechos controvertidos ya que sus testimonios no concuerda con las preguntas y repreguntas formuladas por su promovente y oponente en virtud de haber incurrido en contradicciones, pues, incurren en contradicciones cuando expresan que se encontraban presentes cuando hubo la discusión entre el ciudadano V.J.A.A. y el ciudadano R.S., quién funge como Presidente de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., y posteriormente, manifiestan que escucharon y reconocieron la voz de ellos, pues se encontraban en las adyacencias del área administrativa de la empresa. En consecuencia a tenor de lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no puede concedérsele el valor probatorio y eficacia jurídica, por ende, son desechados del proceso. Así se decide.

CONCLUSIONES

Vistos igualmente los hechos y las pruebas aportadas por las partes, considera quién suscribe el presente fallo, que la parte demandada, sociedad mercantil METAL-MECÁNICA L.E.S C.A., logró demostrar todos los hechos controvertidos a la que estaba obligada en virtud de haberse revestido en ella la carga de la prueba sobre la base de lo dispuesto en los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y con la doctrina de casación sobre la materia, en especial con la sentencia pronunciada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado DR. O.A.M.D., de fecha 15 de marzo de 2000, caso J.E. HENRÍQUEZ ESTRADA contra la sociedad mercantil ADMINISTRADORA YURUARY C.A., la cual contiene la doctrina judicial vigente en materia de contestación de la demanda en el proceso laboral porque es el demandado (léase: METAL MECÁNICA L.E.S C.A.) quién probó la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador V.J.A.A., pues es quién tuvo todas las pruebas idóneas sobre el salario que percibía este último, el tiempo de servicio, vacaciones y bono vacacional pagados, utilidades, prestación de antigüedad y sus intereses, entre otros, y además, tenía la carga de la prueba de todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento para rechazar la pretensión del actor, lo cual hizo; y por ende, se tienen como desvirtuados todos los hechos invocados por el ciudadano V.J.A.A.; configurándose de esta manera “su carácter de trabajador”, pues la actividad desplegada por él fue realizada por una persona natural, por cuenta ajena y bajo la dependencia y subordinación jurídica de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., entendida ésta última cuando el trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del patrono para la prestación del servicio, y económica, cuando la remuneración percibida por la prestación del servicio constituya la base de sustentación del trabajador y su familia, o por lo menos una parte de ella a favor de la mencionada empresa. Así se decide.

En razón de lo anterior, se da por demostrado que la relación de trabajo que unió a las partes de desarrolló entre los días desde 03 de febrero de 1997 hasta el 31 de julio de 2005, desempeñando su trabajo como tornero, en el horario comprendido de lunes a viernes desde las siete horas de la mañana (07:00 a.m.) a las doce horas meridiano (12:00 m) y desde la una hora de la tarde (01:00 p.m.) hasta las cinco de la tarde (05:00 p.m.) con sábados y domingos de descanso, devengando un último salario de la suma de diecisiete mil quinientos bolívares (Bs.17.500,oo) y su último salario integral diario fue por la suma de veintitrés mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cincuenta céntimos (Bs.23.334,50), compuesto por el salario básico antes señalado más la suma de la alícuota parte de las utilidades, esto es, la suma de cinco mil cuatrocientos diecinueve bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs.5.419,67) y la alícuota parte del bono vacacional, esto es, la suma de cuatrocientos catorce bolívares con ochenta y tres céntimos (Bs.414,83), que fue despedido justificadamente por el ciudadano R.S., quién se desempeña como Presidente de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., y por último, que le fueron pagados todos y cada uno de los conceptos laborales reclamados en el libelo de la demanda.

En cuanto a los hechos controvertidos analicemos lo siguiente:

a.- Con respecto al salario devengado por el ciudadano V.J.A.A. dentro de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., que es un hecho controvertido en esta causa, observa este juzgador que el mismo se encuentra demostrado en las actas procesales del expediente, es decir, que efectivamente, el salario básico devengado por el reclamante, es por la suma de diecisiete mil quinientos bolívares (Bs.17.500,oo) diarios, pues éste último, al momento de presentar su libelo de la demanda ante la jurisdicción laboral, manifestó en la oportunidad de invocar los elementos tomados en consideración para la conformación de su salario integral para la fecha de la terminación de la relación de trabajo, que se obtenía entre otros conceptos laborales, con la inclusión de la hora de reposo y comida y su cálculo lo realiza mediante una simple operación aritmética, esto es, dividiendo la suma de diecisiete mil quinientos bolívares (Bs.17.500,oo) entre las ocho (08) horas diarias de trabajo. (Léase: folio 2 del capítulo destinado al salario). Además porque acompañó en su escrito de promoción de pruebas dos (2) recibos de pago emitidos por la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., correspondientes a las semanas comprendidas entre los días 18 de julio de 2005 al 24 de julio de 2005 y del 25 de julio de 2005 al 31 de julio de 2005, de donde se evidencia con meridiana claridad que ese fue su último salario básico al igual que en el documento denominado “Participación de Retiro del Trabajador”, el cual consta al folio 84 de las actas del expediente. Así se decide.

Por otro lado, en cuanto al argumento explanado por el patrocinador forense del ciudadano V.J.A.A., en el sentido de que su salario integral estaba constituido por la suma de cuarenta y tres mil doscientos ochenta y uno con cuarenta céntimos (Bs.43.281,40) para el día 29 de junio de 2001, cuando se le pagaron los sesenta y seis (66) días por concepto de prestación de antigüedad correspondiente al período comprendido entre los días 20 de junio de 2000 al 20 de junio de 2001 (léase: folio 91), y que sobre este salario deberían haber sido pagadas las demás indemnizaciones y conceptos laborales reclamados, y no sobre la base de la suma de veintitrés mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cincuenta céntimos (Bs.23.334,50), debe acotar este juzgador, que tal circunstancia fue explanada por primera vez, en la audiencia de juicio oral y pública, lo cual constituye un hecho nuevo no expresado en la libelo de la demanda de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por tanto, tal planteamiento debe ser desechado del proceso. Así se decide.

b.- En relación al despido del ciudadano V.J.A.A. de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., que también es un hecho controvertido, observa esta instancia judicial, que consta en las actas procesales del expediente, comunicación suscrita el día 29 de julio de 2005 donde se manifiesta que el día 28 de julio de 2005 se produjo dentro de sus instalaciones de ésta última, una discusión donde el trabajador ciudadano V.J.A.A. gritó, insultó y tildó de “loco” al ciudadano R.S. y al ciudadano M.S., quienes fungían como Presidente y Asesor de Seguridad, Higiene y Ambiente de la empresa, siendo firmada por su personal administrativo, lo cual trae como consecuencia, que este incidente sea el motivo del despido.

Las circunstancias fácticas que rodearon el presente conflicto fueron debidamente probadas en el proceso mediante la evacuación de las declaraciones de los ciudadanos HENRY GIUSIZZATO, NELISSABETH MATOS y C.P., quienes dejaron expresa constancia que esa discusión se llevó a cabo en los pasillos del área administrativa de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., aproximadamente en horas del mediodía, después del almuerzo, y que esa discusión se debió o tuvo su origen por razones de políticas internas de la empresa y por último, que el ciudadano V.J.A.A. agredió verbalmente al ciudadano R.S., quién se desempeña como Presidente de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., tildándolo de “loco”, amén de que la representación de la parte actora en el acto conclusivo de la audiencia de juicio, reconoce el insulto u ofensa realizada.

Este tipo de insulto u ofensa realizada, a juicio de quién suscribe, constituye un acto contrario al trato digno y respetuoso que debe dispensarse al patrono ó a sus representantes; y no sólo a ellos, sino a cualquier persona sin importar su condición económico social, pues son palabras groseras y despectivas que ofenden a la dignidad de las personas ya mencionadas y por ende, demuestran una falta de aprecio y consideración por parte del ciudadano V.J.A.A. al ciudadano R.S., quién se desempeña como Presidente de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., trayendo como consecuencia, que tal circunstancia constituye causal de despido justificado conforme a lo señalado en el literal “c” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en ese sentido, no le corresponden las indemnizaciones reclamadas contenidas en el artículo 125 ejusdem. Así se decide.

Determinado como ha sido que la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto fue realizado de manera justificada, conforme al alcance del literal “c” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedamos entonces a realizar un análisis de los comprobantes de pago traídos al proceso por la representación judicial de METAL MECÁNICA L.E.S C.A. para desvirtuar las pretensiones de su oponente, y al efecto se observa lo siguiente:

a.- Con referencia a la reclamación de sesenta (60) días por concepto de preaviso contenido en el literal “d” del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, no es procedente en derecho por cuanto, se repite, el despido fue realizado en forma justificada. Así se decide.

b.- Con respecto a la reclamación de la prestación de antigüedad contenida en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del trabajo, la misma no es procedente en derecho habida consideración, que en fechas 29 de junio de 2001, 28 de junio de 2002, 27 de junio de 2003, 23 de junio de 2004, 23 de junio de 2005 y 01 de agosto de 2005 se le hicieron al ciudadano V.J.A.A. varios pagos por concepto de adelantos de prestaciones sociales (léase: prestación de antigüedad) por la sumas de dos millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veintinueve bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs.2.142.429,64), la suma de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs.1.465.446,75), la suma de un millón seiscientos ochenta y un mil quinientos noventa bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs.1.681.590,43), la suma de un millón seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro bolívares con sesenta y nueve céntimos (Bs.1.659.294,69), la suma de un millón novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta y nueve bolívares con diecinueve céntimos (Bs.1.910.459,19), y por último, la suma de setecientos setenta y tres mil doscientos sesenta y ocho bolívares con noventa y seis céntimos (Bs.773.268,96) respectivamente.

Además, se evidencia del documento denominado “Liquidación de Personal” que corre inserto al folio 120 de las actas del expediente, que el ciudadano V.J.A.A. al suscribirlo, convalidó como pagados todos los días de antigüedad correspondientes al período comprendido de junio de 1997 a junio de 2000, esto es, que recibió el pago de ciento sesenta y siete (167) días de antigüedad, por la suma de dos millones quinientos noventa y un mil ciento cincuenta y dos bolívares con veintiocho céntimos (Bs.2.591.152,28) aunado al hecho cierto, que habiéndose acreditado el pago de las sumas de dinero correspondientes a los períodos 29 de junio de 2001, 28 de junio de 2002, 27 de junio de 2003, 23 de junio de 2004, 23 de junio de 2005 y 01 de agosto de 2005, se reputan como pagadas las anteriores. Así se decide.

Al mismo tiempo debe acotar esta instancia judicial, que analizados todos y cada uno de los montos pagados por concepto de prestación de antigüedad desde el mes de junio de 1997 hasta el día 31 de julio de 2005, fecha de la terminación de la relación de trabajo, se evidencia con meridiana claridad y de una simple operación aritmética, que ellos fueron pagadas sobre la base de distintos o diferentes salarios, lo cual es cónsono con lo afirmado por la representación judicial de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., en el sentido de que esas prestaciones de antigüedad fueron pagadas de acuerdo al salario variable devengado por el ciudadano V.J.A.A. a lo largo de toda la prestación del servicio, con la inclusión de los elementos determinativos que conforman el salario integral, lo que genera a la luz del derecho, que no existe ningún desmejoramiento del salario para la obtención de dichos conceptos, y por último, se observa que le fueron pagados quinientos trece punto treinta y cuatro días (513.34) por concepto de esa prestación de antigüedad, siendo éste pago superior a los quinientos cinco días (505) días reclamados en el libelo de la demanda. Así se decide.

c.- En relación al pago por concepto de intereses sobre prestaciones sociales de los periodos julio 2000 a junio 2001, julio 2001 a junio 2002, agosto 2001 a julio 2002, julio 2003 a junio 2004, julio 2004 a junio 2005, julio 2005 por los montos de la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho bolívares con sesenta y tres céntimos (Bs.445.158,63), la suma de quinientos seis mil trescientos noventa y nueve bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.506.399,93), la suma de trescientos cincuenta y ocho mil cuarenta y cuatro bolívares con siete céntimos (Bs.358.044,07), la suma de doscientos dieciséis mil setecientos cincuenta y tres bolívares con tres céntimos (Bs.216.753,03), la suma de doscientos veintitrés mil ochocientos veintiséis bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.223.826,33), y por último, la suma de ocho mil quinientos sesenta y cuatro bolívares con sesenta y nueve céntimos (Bs.8.564,69) respectivamente, traídos a las actas procesales del expediente por la representación judicial de la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A., debe acotar quién suscribe, que aún y cuando este concepto laboral no fue reclamado por el ciudadano V.J.A.A. en su escrito de libelo de la demanda y por ende, constituye un hecho nuevo conforme el alcance contenido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe ratificarse lo decidido en el punto anterior referido al pago de la prestación de antigüedad, en el sentido de que al haber suscrito éste último el documento denominado “Liquidación de Personal”, convalidó como pagados todos los intereses por concepto de antigüedad correspondientes al período comprendido de junio de 1997 a junio de 2000, por la suma de un millón ciento treinta y seis mil setecientos seis bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs.1.136.706,48) aunado al hecho cierto, que habiéndose acreditado el pago de las sumas de dinero correspondientes a los períodos posteriores al mes de junio de 2000, se reputan como pagadas las anteriores. Así se decide.

d.- En referencia a la reclamación de la prestación de antigüedad adicional contenida en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la misma no es procedente en derecho habida consideración, que se evidencia con meridiana claridad del documento denominado “Liquidación de Personal” que corre inserto al folio 120 de las actas procesales del expediente y de los recibos de pagos de fechas 29 de junio de 2001, 28 de junio de 2002, 27 de junio de 2003, 23 de junio de 2004, 23 de junio de 2005 y 01 de agosto de 2005, que se le hicieron al ciudadano V.J.A.A. los pagos por concepto de la prestación de antigüedad, incluidos allí los días adicionales al cual se contrae la norma sustantiva laboral. Así se decide.

e.- Con relación a la reclamación de la indemnización por prestación de antigüedad e indemnización sustitutiva de preaviso contenida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, este juzgador, debe ratificar lo decidido con anterioridad, en el sentido de que habiendo determinado que el despido del ciudadano V.J.A.A. se realizó por causa justificada por haber incurrido en las conductas incorrectas establecidas en el literal “c” del artículo 102 ibidem, es evidente que no le corresponden dichas indemnizaciones. Así se decide.

f.- Con referencia a la reclamación de las vacaciones y bono vacacional correspondiente al período comprendido entre los días 03 de febrero de 2004 al 03 de febrero de 2005, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, observa esta instancia judicial que los mismos no son procedente en cuanto ha derecho se requiere, habida consideración que fueron pagados según se evidencia del recibo de pago que corre inserto al folio 117 de las actas del expediente, el cual fue disfrutado desde el 31 de enero de 2005 al 02 de marzo de 2005; obteniendo como pago de esos beneficios laborales la suma ochocientos cuarenta y un mil quinientos bolívares (Bs.841.500,oo) por concepto de treinta y siete (37) días por vacaciones y catorce (14) días por bono vacacional, es decir, más días de lo reclamado en el libelo de la demanda. Así se decide.

Es más, en el documento denominado “Liquidación de Personal”, el cual corre inserto al folio 120 de las actas del expediente, se evidencia que le fueron pagadas las vacaciones fraccionadas correspondientes desde el día 03 de febrero de 2005 al 31 de julio de 2005, ambas fechas inclusive, por la suma de seiscientos veintitrés mil trescientos cincuenta bolívares (Bs.623.350,oo). Así se decide.

No entra este juzgador a emitir un pronunciamiento referido a los pagos anteriores al período correspondiente entre los días 03 de febrero de 2004 al 03 de febrero de 2005 por conceptos de vacaciones y bono vacacional, por cuanto no son objeto de controversia. Así se decide.

g.- En cuanto a la reclamación por concepto de utilidades o participación en los beneficios de la empresa, tal como lo preceptúa el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, durante el período discurrido entre los días 01 de enero de 2005 al 31 de julio de 2005, ambos inclusive, considera esta instancia judicial que los mismos son improcedente en derecho, habida consideración de que fue pagado según se evidencia del recibo de pago que corre inserto al folio 107 de las actas del expediente, de fecha 01 de agosto de 2005, por la suma de un millón trescientos un mil ciento doce bolívares con diecisiete céntimos (Bs.1.301.112,17), siendo este pago idéntico al reclamado en el libelo de la demanda. Así se decide.

No entra este juzgador a emitir un pronunciamiento referido a los pagos anteriores al período correspondiente entre los días 01 de enero de 2005 al 31 de julio de 2005 por conceptos de utilidades, por cuanto no son objeto de controversia. Así se decide.

En consecuencia, analizadas todas las pruebas documentales e instrumentales aportadas al proceso y de las declaraciones de los testigos antes mencionados, conllevan al ánimo de este juzgador, que los mismos hacen plena prueba fehaciente contra el ciudadano V.J.A.A. de los hechos controvertidos en el proceso, y por ende, debe declararse la improcedencia de acción y pretensión incoada contra la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S C.A. Así se decide.

Determinada como ha sido la improcedencia absoluta de la pretensión del ciudadano V.J.A.A., debe esta instancia judicial de oficio, establecer la procedencia o no de la aplicación del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que consagra la improcedencia de la condenatoria en costas procesales de los trabajadores que devenguen menos de tres (3) salarios mínimos.

Así de la confesión espontánea del ciudadano V.J.A.A., en su libelo de la demanda al admitir que devengaba un salario diario de la suma de diecisiete mil quinientos bolívares (Bs.17.500,oo) y estar probada en las actas del expediente este hecho, lo cual hace un salario de la suma de quinientos veinticinco mil bolívares (Bs.525.000,oo) mensuales, es obvio que esta última no resulta ser superior a tres (3) salarios mínimos; razón por la cual, no procede su condenatoria en costas procesales. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente vertidos, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES seguido por el ciudadano V.J.A.A. contra la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S. C.A.

Se exime, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Al ciudadano V.J.A.A. de pagar las costas y costos del presente juicio.

Se hace constar que el ciudadano V.J.A.A. estuvo representado judicialmente por los profesionales del derecho ciudadanos M.C.G., J.C., M.C.N.L., M.C.M., N.G., J.D.C.M., A.V. y D.S.Z., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 2.217, 83.231, 61.025, 115.112, 34.393, 69.285, 18.426 y 13.720; la sociedad mercantil METAL MECÁNICA L.E.S. C.A., estuvo representada judicialmente por los profesionales del derecho A.A.F.Z., H.M.A.V., L.I. FIGUEROA LEAL, KELLICE J.M.D.P., C.D.L.Á.H.D. y C.J.M. inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas Nos.6.918, 25.791, 103.448, 110.324, 115.625, 25.916 todos de este domicilio.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE.

Dada firmada y sellada en la Sala del Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil siete (2007). Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Juez,

A.J.S.R.

La Secretaria

DORIS MARÍA ARAMBULET

En la misma fecha, siendo nueve horas de la mañana (09:00 a.m.) se publicó el fallo que antecede previo los anuncios de ley por el Alguacil del Tribunal, quedando registrada bajo el No. 202-2007.

La Secretaria

DORIS MARÍA ARAMBULET