Decisión de Juzgado Cuarto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 17 de Octubre de 2012

La presente demanda fue interpuesta por la ciudadana D.L., contra la empresa LABORATORIOS VARGAS, S. A., inscrito en la Oficina del Registro Mercantil Segundo, en fecha 27 de junio de 1955, bajo el N° 90, Tomo 9-A, conforme a la cual reclamó las obligaciones derivadas de la relación de trabajo que le uniere con la demandada, por DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES, con base en los siguientes alegatos:

DE LA DEMANDA

La presente demanda se hace mediante escritura libelar contentiva las reclamaciones y conceptos que constituyen el cuerpo de la pretensión deducida mediante categorías, de las cuales se incorporan y transcriben parcialmente en todo cuanto interesa al subsiguiente acto de juzgamiento y de la manera que sigue:

INICIO DE LA RELACION DE TRABAJO

• Ingresa en fecha de inicio el 21 DE SEPTIEMBRE DE 1981, bajo prestación de servicio personal, dependiente, y subordinada.

OCUPACION

• Ocupaba la función de OPERADORA I (OBRERA), LINEA PATERNA I.

FECHA DE EXTINCION DEL VÍNCULO

• Fue despedido injustificadamente en fecha 06 de diciembre de 2010.

MOTIVO DEL RETIRO

• Renuncia obligada por parte del patrono.

PERIODO EFECTIVO DE LA RELACION LABORAL

Tuvo un tiempo de servicios de 29 años, 2 meses y 15 días.

OBJETO DE LA DEMANDA

• Declarar con lugar la presente demanda por subsunción de los hechos en las normas jurídico laborales vigentes, y condenar la consecuencia jurídica a la que se contrae: Vacaciones; Aumento de Salario, Diferencia de Vacaciones no pagadas, diferencias de prestaciones sociales, Bono vacacional; Utilidades; Indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva de preaviso; Intereses; todo cual totaliza un monto de UN MILLON CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO CON 48/00 BOLIVARES (1.115.658,48).

• PORMENORIZADOS

En conclusión la parte actora demanda: Diferencias en la prestación de antigüedad, intereses conforme al art. 108 LOT; diferencias en utilidades, diferencias de vacaciones en convención colectiva y días adicionales, diferencias en vacaciones año 2010, repetición por retención indebida por uso de comedor e instalaciones y seguro de paro forzoso o régimen prestacional de empleo, bono vacacional, indemnizaciones por despido art. 125 ejusdem, diferencias en salarios por pago de 28 días desde julio de 1997, diferencia en salario por mal aplicación de la convención colectiva desde el mes de julio de 1997 al 12/10, repetición del paro forzoso desde el año 1998 al 2010, repetición de anticipos art. 668, cuota sindical de solidaridad, corte en cuenta, aumento de salario de Bs. 1.100 mensual desde julio a diciembre de 2010.

DE LA CONTESTACIÓN

Inicia la reclamada en el presente juicio determinando los hechos controvertidos expresando lo siguiente:

• Que es cierto que la accionante ingresó a prestar servicios para la demandada el 21 de septiembre de 1981, desempeñando como último cargo el de Operadora I, Línea Paterna I, y que culminó la relación laboral el 6 de diciembre de 2010, negando y contradiciendo que la demandada haya obligado a la demandante a renunciar y que su retiro haya obedecido a un retiro injustificado y al efecto consignaron prueba marcada “E”, y que la demandante laboró para la demandada por el tiempo de 29 años, 2 meses y 15 días.-

• Negó y rechazó que la demandante haya devengado un salario variable, cancelado semanalmente y supuestamente compuesto por horas extras, bonos de producción, primas, recargos por días feriados, utilidades, bono vacacional, transporte y alimentación y/o beneficios contractuales u otro concepto.

• Que es cierto que le salario de la demandante era de Bs. 3.394,03, y que este era fijo y permanente, pagado semanalmente por la demandada tal y cual se evidenciaba de los recibos de pago consignados por la demandante y la demandada.

• Negó y rechazó que se le haya entregado a la demandante escrito para que firmara su renuncia o que se le obligara a ampararse en la cláusula 65.2 o 65.4 de la Convención Colectiva de Trabajo ya que ella presentó su renuncia formal el 6 de diciembre de 2010, tal y como se evidencia de la documental marcada “E”.

• Que es cierto que las cláusulas 65.2 y 65.4 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2010, establece un bono especial, mas no adicional, como lo señala la demandante, pagaderos al termino de la relación laboral por renuncia o fallecimiento de trabajadores con 14 o mas años de servicio, la cual fue pagada a la demandante al momento de terminar la relación de trabajo, toda vez que le misma cumplía con los requisitos para su pago, admitiendo además como cierto la bonificación especial a que hace referencia la mencionada cláusula y que esta equivale a lo previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.

• Negó y rechazó que a la demandante se le haya constreñido a firmar la renuncia y que se le haya dicho que se le cancelaría la semana de sueldo, el monto y disfrute de sus vacaciones, ni las utilidades, ni se le permitiría la entrada a la empresa.

• Negó y rechazó que la demandada haya tenido la obligación de considerar preaviso alguno a favor de la demandante.

• Negó y rechazó que se haya incumplido en la aplicación de alguna de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

• Que es cierto que a la demandante se le pagó el 90% de los aumentos salariales, y que ello arrojo la cantidad de Bs. 9.600,00 correspondiente a la cláusula 62 referida a Aumento por antigüedad.

• Que es cierto que se le pagó a la demandante bonificaciones por concepto de refrigerio, transporte, horas extras y alimentación.

• Negó y rechazó que a la demandante se le adeude cantidad alguna por concepto de vacaciones, aumentos de salario, aumento de salario por antigüedad.

• Que se evidencia de la planilla de liquidación que su representada pagó adicional a sus prestaciones sociales, al momento de la terminación la suma de Bs. 191.585,37, por prestación social especial por terminación, destinada a cubrir cualquier diferencia que pudiere haber existido a favor de la demandante, razón por la que alega la compensación a favor de su representada.

De esta manera, la demandada fijó su postura procesal resistente en el presente asunto, ejerciendo su derecho constitucional a la defensa en tiempo hábil, y solicito a este despacho que declare “sin lugar” la presente demanda.

II

DE LAS PRUEBAS

DE LA PARTE ACTORA: Instrumentos: que cursan en el Cuaderno de recaudos Nº 1.

Para decidir sobre el mérito de los instrumentos marcados IIA y IIB folios 25 y 26, observa esta sentenciadora, que los instrumentos relacionados con constancia de trabajo y la liquidación de prestaciones sociales expedidas al tiempo del egreso de la empresa, demuestran hechos que no están discutidos en el proceso, de allí que deben ser desechados y así se establece.

Desde el folio 7 al 24 y del 27 al 79 son recibos de pago que acreditan en el proceso el pago de salario semanal, así como el cumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones legales y contractuales de contenido socio económico, de allí que se valoran y aprecian conforme lo establecido en el art. 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

Desde el folio 80 al 169 copia de la convención colectiva de la Industria Químico Farmacéutica del periodo 1987-1989, 1990-1993, año 2000, 2003-2005 las cuales serán apreciada como fuente material de derechos, dado su carácter normativo. Así se decide.

Y desde el folio 170 al folio 177, rielan copias de liquidaciones de prestaciones sociales de terceros, las cuales se desechan del proceso, por su impertinencia, y así se decide.

Exhibición de documentos: La parte intimada a exhibir no lo hizo alegando que las liquidaciones son instrumentos que pertenecen a terceros que no son parte del juicio. La parte demandada no hizo observaciones mas bien invoco el principio de comunidad de la prueba. La parte actora no estuvo de acuerdo con lo expuesto por el demandado relativo a la exhibición, insistiendo en que se produjo un despido masivo. Invocó asimismo máximas de experiencias.

Para decidir con relación al incumplimiento por parte de la demandada de la carga de exhibir los instrumentos relacionados con las planillas de liquidación de prestaciones sociales pertenecientes a terceros que no son parte del proceso, aprecia esta Juzgadora que no existiendo presunción grave de que se encuentren en poder del adversario y siendo que además las copias aportadas ut supra se desecharon por su impertinencia, no resulta aplicable la consecuencia jurídica prevista en el citado art. 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, este medio de prueba se desecha del proceso y así se establece.

DE LA PARTE DEMANDADA: Instrumentos que rielan en los cuadernos de recaudos Nros. 2 y 3. La parte actora efectúo las siguientes observaciones: ratificó el escrito presentado el 6 de junio de 2012 en el que expresa las observaciones a las pruebas. Las documentales marcadas de la A1 a la A18 (folios 7 al 24) las impugnó por el principio de alteridad de la prueba y porque los hechos contenidos allí son falsos. La marcada A19 folio 25 la impugno por falsedad e infidelidad respecto al aumento de salario. Hizo observación respecto a un pago incumplido de Bs. 4.790,00. En el CRNº2 impugno las marcadas D a la D24 folio 246 al 270, en atención al principio de alteridad de la prueba. La marcada E la impugno por su falsedad, hizo observaciones respecto a la fecha del documento. Planilla de finiquito de prestaciones sociales, impugnado conforme al rt. 48 LOPTRA, enguanto a los días y cantidad pagada por prestación de antigüedad. Solicito se realice una experticia complementaria del fallo a fin de determinar cuanto correspondía por este concepto. CRNº3: impugnó las marcadas de la C54 al C66 folios 233 al 245, por ilegalidad, impertinencia infidelidad y falsedad, con excepción de los marcados C61 y C62 (folios 240 al 242). Hizo observaciones en relación con la necesidad de las pruebas de informes promovidas por la demandada. Impugnó los instrumentos que cursan a los folios 46 al 48 del CRNº3 conforme al art. 78 LOPTRA, por ser copias. La parte demandada insistió en el valor probatorio de los documentos impugnados, toda vez que las impugnaciones no se efectuaron conforme lo establece la Ley. Pidió que se desestimara el escrito de fecha 6-6-2012. Que las cantidades que aparecen pagadas en los cheques suman la prestación adicional pagada en la liquidación por Bs. 191.585,37. Respecto a la experticia se trata de un hecho nuevo, al igual que el reclamo de Bs. 4.700, lo que vulnera su derecho a la defensa. La parte actora finalizó invocando el principio de primacía de la realidad.

Para decidir sobre el mérito probatorio de los instrumentos aportados a los autos, observa quien decide, que en efecto, las impugnaciones realizadas por la parte actora debe ser desestimadas todas vez que dichos instrumentos si le resultan oponibles a la accionante, por estar suscritos por ella, en señal de recibo y aceptación. Los mismos permiten demostrar o evidencias el salario devengado, fijado por unidad de tiempo, con pago semanal de 7 días a la semana; asimismo, se observa que además del salario diario y semanal convenido y pago por unidad de tiempo en razón del cargo que desempeñó, se verifica el pago de otros complementos salariales de origen convencional y legal, tales como sobretiempos diurno y nocturnos, cuando los laboró, bono de comida, subsidio de transporte y feriados laborados; pagos por aumentos salariales, utilidades, vacaciones, bono vacacionales, sábados, domingos y feriados en vacaciones; anticipos de prestación de antigüedad y pago de los intereses sobre la antigüedad; liquidación de prestaciones sociales; y finalmente al folio 271 CRNº 2, marcada “E”, se destaca original de la carta de renuncia de la trabajadora. Así se establece.

Se aportaron de igual forma, convenciones colectivas celebradas para la rama de actividad de la industria químico farmacéutica aplicables durante la vigencia de la relación de trabajo, cuyo tratamiento será de fuente de derecho material, aplicable para la solución de la controversia, y así se establece.

Constan las resultas de la prueba de informes del Banco Provincial y la del Banco Mercantil.

Luego el apoderado judicial del actor hizo observaciones a la prueba especialmente. La parte demandada defendió la pertinencia de la prueba.

Con relación a este medio de prueba, considera quien decide que la información suministrada por las entidades bancarias coadyuvan en demostrar los pagos efectuados la demandada en beneficio de la actora, de allí que le otorga valor probatorio de acuerdo con lo establecido en los arts. 10 y 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales, oídos y valoradas como fueron las exposiciones de las partes, así como las pruebas cursantes en autos, se establece que los hechos objeto de controversia y resolución por parte de este Juzgado son los siguientes: La composición del salario y forma de pago; la procedencia todos y cada uno de los conceptos reclamados en atención a la aplicación de la convención colectiva; la causa de terminación de la relación de trabajo, si fue por despido o renuncia. Así se establece.

En este orden sujeto a análisis, y en cuanto a la procedencia de los conceptos reclamados derivado de la naturaleza de la relación jurídica que les sujeto, es tarea de esta Sentenciadora, de conformidad con los términos en los que se ha trabado la litis realizar la distribución del peso probatorio, que con lo expuesto por el legislador adjetivo, le corresponde a la parte demandada la carga de la prueba sobre los hechos que afirmó como defensa y excepción al reclamo deducido en aplicación del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con la presunción prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, que prevé la distribución de la carga de la prueba, al disponer: “Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos (…)”.

En interpretación de la citada disposición legal, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido, que en el proceso laboral el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, y que, el régimen de distribución de la carga de la prueba en la especial materia, conocido en la doctrina como “el principio de la inversión de la carga de la prueba”, se distingue del principio procesal civil ordinario establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respecto del cual, corresponde al demandante alegar y probar los hechos constitutivos de su acción; con esta forma de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales no infringe de modo alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, pues es éste quien dispone de todos los elementos fundamentales que demuestran la prestación de servicio y otros conceptos, de no ser así, se generaría en el trabajador accionante una situación de indefensión. En consecuencia, en el proceso laboral, la circunstancia como el accionado dé contestación a la demanda, fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral y por tanto, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos; primero: cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el demandado no la califique como relación laboral -presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo-; segundo: cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandado quien deberá probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, y demás conceptos.

Para decidir se observa, que de acuerdo a los términos en que quedó planteada la contestada la demanda, adminiculado con el examen de las pruebas evacuadas en la audiencia de juicio, se establece que la parte demandada le correspondía demostrar en el proceso el salario convenido y devengado por la trabajadora, su composición, la satisfacción de las acreencias de orden legal y convencional y la causa de terminación de la relación de trabajo. Así se decide.

Con relación al primer punto de discusión referido al salario convenido y devengado, así como su composición, a los fines de establecer si se le adeudan a la demandante dos días de salario durante toda la relación de trabajo, las diferencias demandadas en razón del salario defectuoso y su naturaleza variable según lo alegado por dicha parte en su demanda.

Del análisis de las pruebas concluye quien decide que el salario convenido, pactado y en efecto devengado por la trabajadora en razón del cargo desempeñado calificado de Obrera fue por unidad de tiempo, con pago semanal y no mensual. Considerándose que se encuentra cumplida la obligación del patrono de pagar el salario de la trabajadora como contraprestación a la labor convenida y prestada, con el pago de siete (7) días a la semana; de manera que resulta impropio establecer como parámetro para determinar el salario diario, dividir el salario percibido durante un mes entre 30 días, porque evidentemente el resultado va ser desfavorable para el trabajador. La determinación del salario diario debe ser el resultado de dividir lo devengado en la semana entre 7 días. De esta forma, encuentra este Juzgado que nada se le adeuda a la demandante por salarios ni diferencias de prestaciones sociales fundadas en esta causa. Así se decide.

En refuerzo, de lo expuesto la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, actualmente vigente, consagra en el articulo 113 resuelve el problema de cómo se determina el salario diario cuando éste se estipula por mes, prescribiendo que el salario diario será la treintava parte de la remuneración mensual.

En cuanto a la composición del salario, se destaca que el salario de la trabajadora se estipuló por unidad de tiempo, y no por la producción, rendimiento o tarea que debía realizar. Es decir, la naturaleza del salario viene dada por la causa u origen de su estipulación. En el caso de autos, se fijó por unidad de tiempo, con pago semanal. Y de ninguna forma, los complementos u otros elementos que también percibió además del salario fijo semanal, no lo convierte en salario variable. Esta referencia se hace con especial énfasis por la pretensión de la parte actora que se considere formando parte del salario como parte variable del mismo los beneficios convencionales de naturaleza no salarial como son alimentación y transporte, subsidio familiar, consagrados en las cláusulas 35, 36, 48 de la convención colectiva, porque así expresamente lo pactaron las partes, y dado el carácter normativo de la convención colectiva, ley material aplicable a solución de las controversia por haberlo dispuesto el legislador laboral en la Ley Orgánica del Trabajo, literal a) del art. 60, se declaran que dichos beneficios no tiene naturaleza salarial, y así se decide.

En este orden de ideas, no le resulta aplicable a la demandante la convención colectiva del periodo 2010-2012, por cuanto la misma comenzó a surtir efectos a partir de su depósito, esto es, el 9-6-2011, y las cláusulas convencionales que tuvieron carácter retroactivo solo resultaron aplicables para los trabajadores de la empresa al tiempo de su deposito, lo cual excluye a la demandante, ya que su relación de trabajo terminó el 6-12-2010. Así se decide.

Respecto a la causa de terminación de la relación de trabajo, encuentra este Juzgado que la demandada cumplió con su carga de demostrar que la trabajadora renunció en la fecha alegada, no existiendo elementos de prueba respecto al alegado vicio del consentimiento señalado por la accionante, lo que hace improcedente las indemnizaciones demandadas por despido injustificado, y así se decide.

Finalmente, observa esta sentenciadora que las pruebas valoradas en el capítulo II de este fallo y las consideraciones precedente, permiten establecer que la empresa accionada cumplió con todas las obligaciones legales y convencionales que debía para con la trabajadora ciudadana D.L. durante la relación de trabajo, resultando forzoso declarar sin lugar la demanda por diferencias de prestaciones sociales, y así se decide.

IV

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: