Decisión nº 1.423-2013 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 23 de Julio de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

EXTENSION S.B.D.Z.

S.B.d.Z., 23 de Julio del año 2.013.-

203° y 154º

Causa Penal N° CO2-23.062-2011

Causa Fiscal No. 24-F16-0139-2011

DECISIÓN Nº 1.423- 2013.-

ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR (OTORGAMIENTO DE SUSPENSION CONDICIONAL DEL P.A.I.)

En el día de hoy, martes veintitrés (23) de julio de 2013, siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.), oportunidad fijada por este Tribunal Segundo de Control, para llevar a efecto audiencia oral (audiencia preliminar), de conformidad con lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente en armonía con el artículo 365 del Código eiusdem. Presidido por la Jueza Segunda de Control abogada G.M.R., actuando como Secretaria la abogada W.M.H.C., con ocasión a la acusación interpuesta por la Fiscalia Decimasexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en relación a la causa penal Nº C02-23.062-2011, seguida contra el ciudadano J.G.G.A., por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHÍCULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano YUMER A.C.. Seguidamente la Jueza de Control insta a la Secretaria a verificar la presencia de las partes, quien manifestó: “ciudadana Jueza, han comparecido la abogada DANYSE CEPEDA VASQUEZ, en su condición de Fiscal (A) Decimasexta del Ministerio Público del Estado Zulia, el ciudadano imputado J.G.G.A., debidamente acompañado de la abogada J.P.P., Defensora Publica Primera Auxiliar Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública, extensión S.B., y el ciudadano YUMER A.C.. Es todo”. Acto continuo la Jueza de Control, declara abierta la audiencia y anuncia el inicio del acto, advirtiéndole a las partes que la misma no tiene carácter contradictorio y que no se permitirán planteamientos propios del juicio oral y público, que deben hacer sus peticiones de forma breve, asimismo que pueden hacer uso de las formas alternativas a la prosecución del proceso contenidas en los artículos 357 y 358 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, previstas en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves consagrado en el Libro Tercero, Título Segundo, artículos 354 y siguientes. También se le explicó sólo al encausado sobre el procedimiento por admisión de los hechos, establecido en el artículo 375 del Código eiusdem; de igual modo la trascendencia e importancia del presente acto. A continuación se le concede la palabra a la representante del Ministerio Público, abogada DANYSE CEPEDA VASQUEZ, para que exponga en forma oral los argumentos en que basa su acusación, quien señaló: “esta representación fiscal, procede a ratificar en todas y cada una de sus partes, el escrito de acusación interpuesto en fecha treinta y uno (31) de mayo de 2013, por ante el Departamento de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial Penal, con ocasión a los hechos acontecidos el día dieciocho (18) de enero del año 2011, cuando el ciudadano YUMER A.C., se presentó por ante el Centro de Coordinación Policial Nº 18 “ Colón”, Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, quien manifestó entre otras cosas, que el día sábado 08-01-2.011, aproximadamente a las ocho horas y treinta minutos de la noche ](08:30. p.m.), tenía su moto estacionada en el frente de su casa y salió un momento a una bodega a dos cuadras de su casa, por al regresar ya su moto no estaba, por lo que preguntó y le informaron que “EL SICARIO”, quien es un sujeto alto de ojos verdes, que vive en J.d.D.G., Parroquia San Carlos, Municipio Colón del Estado Zulia, se había llevado su moto. Al día siguiente, a eso de la nueve horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana (09:55.p.m.), el Inspector VILTELIO ROMERO, estaba realizando labores de patrullaje, en compañía del Oficial J.G., cuando recibió un reporte radiofónico, donde el Oficial Primero J.M., le informaba que el ciudadano YUMER A.C., había sido víctima del hurto de su vehiculo moto, que se encontraba en la calle 07 del sector J.d.D.G., y que había presenciado cuando un sujeto apodado “EL SICARIO”, ingresó a una vivienda del referido sector, a bordo de un vehiculo moto que le hurtaron el día 08-01-2.011. En tal sentido, los funcionarios policiales se trasladaron hasta la dirección aportada, una vez en el lugar, se hallaba el Oficial J.M., en compañía de los Oficiales J.C. y J.F., quienes habilitaron dos testigos para dejar constancia de las actuaciones policiales; el denunciante le señaló la morada donde ingresó “EL SICARIO”, asimismo, le entregó copia fotostática de la propiedad del vehículo moto. Procediendo los uniformados a tocar la puerta de la vivienda, siendo atendidos por el ciudadano J.G.A., a quien le notificaron el motivo de la visita, manifestando él mismo, que el vehículo moto estaba dentro de la vivienda, que lo había llevado su hermano J.G.. Seguidamente entraron a la vivienda, en presencia de los testigos, logrando observar un vehículo moto de color negro, estacionado en la sala de la casa, igualmente, el ciudadano J.G., ingresó a una de las habitaciones para buscar a su hermano, a fin de que rindieran explicaciones respecto al caso. Igualmente, salió un ciudadano quien dijo ser la persona quien llevó el vehículo moto a su casa, manifestando que la misma era propiedad de un primo de él, y se la había prestado, pero que actualmente no se encontraba en la juridisccion. Razón por la cual, le realizaron un inspección a los seriales del motor del chasis del vehículo, resultando ser exactamente los mismos, que se reflejaban en la factura entregada por el denunciante. A la postre, siendo las diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20. a.m.), le informaron al ciudadano, que se encontraba detenido a disposición de la Fiscalía Decimasexta del Ministerio Publico, notificándolo de sus derechos constitucionales. El investigado quedó identificado como J.G.G.A., y el vehículo moto incautada, presentó las siguientes características: marca Bera, modelo BR-2002 New Jaguar, tipo paseo, color negro, sin placas, serial del motor 163FML85017513, serial de Chasis LP6PCMA0480B04508, dándole participación de los hechos al Ministerio Público. En este acto, se hace indicación de los fundamentos y se expresan los medios de convicción que motivan la presente acusación, se ratifican en todas y cada una de sus partes dicho escrito y los medios de pruebas ofertados, como son las pruebas de expertos, testimoniales, pruebas periciales y de informes, dándole el Ministerio Público a los hechos narrados la calificación jurídica de APROVECHAMIENTO DE VEHÍCULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano YUMER A.C.. Así mismo, solicito sea admitido en todas y cada una de sus partes el citado escrito acusatorio, así como los medios probatorios propuestos, y se ordene la apertura a juicio oral y público, y en caso que el encausado no quiera hacer en este acto uso de una de las medidas alternativas, pido su enjuiciamiento y se apertura la audiencia oral y pública, es todo”. A continuación, la Jueza de Control procede a informar al imputado del Precepto Constitucional inserto en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido de los artículos 127 numeral 9 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, así mismo procede a explicarle detalladamente el hecho por el cual es acusado por la representación del Ministerio Público; a lo que manifestó a viva voz ante esta Instancia Judicial, su voluntad de no querer rendir declaración, identificándose como queda escrito: J.G.G.A., apodado “El Sicario”, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de la parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, nacido en fecha 24/06/1.981, de 30 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 15.381.598, de profesión u oficio obrero, de estado civil soltero, hijo de Uberlina Alcántara y de P.G., residenciado en el sector J.d.D.G., calle 07, casa sin número, San C.d.Z., municipio Colón del Estado Zulia, teléfono de contacto: 0414 609 56 31, cediéndole la palabra a su abogado defensor. Es todo”. Seguidamente el Tribunal cede la palabra a la abogada J.P.P., en su condición de Defensora Pública Primera (A) Penal Ordinario, quien expuso: “ciudadana jueza, toda vez que mi defendido luego de haberle explicado la institución del Beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, me ha manifestado querer admitir los hechos, y le sea concedido el beneficio de suspensión condicional del proceso, señalando igualmente que desea ofrecer disculpas a todos los presentes y está de acuerdo a cumplir las obligaciones que ha bien se le impongan, razón por la cual con todo respeto pido que una vez verificada las condiciones legales para la procedencia de dicho beneficio, en este caso que se encuentra regulado en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, previstas en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, se le otorgue al defendido el citado beneficio, siendo que este se hace procedente, en virtud de que no posee conducta predelictual, no se le ha otorgado ese beneficio por ningún otro hecho punible, y la pena que tienen previsto el delito por el cual se le acusa no supera en su límite máximo los ocho (08) años de prisión. Por último, solicito copias simples fotostáticas del acta que se levanta. Es todo”. Acto continuo se le concede el derecho a palabra al ciudadano quien se identifico como: YUMER A.C., quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en fecha 03/11/1.983, de 30 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.854.303, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en la calle principal, casa S/N, sector E.Z., Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, telefono de contacto 0426 662 8066, quien manifestó bajo juramento: “Ciudadana Jueza, no tengo ningún problema que le otorguen el beneficio que le explicando aquí, y acepto las disculpas, es todo. “ En este estado la Jueza de Control, abogada G.M.R., hace la siguiente exposición: finalizada la presente audiencia, pasa la Juzgadora a resolver en presencia de las partes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 368 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en coherencia con el artículo 313 del Código eiusdem. Por lo tanto, lo hace bajo los siguientes términos: “ha ratificado la Fiscal del Ministerio Público, abogada DANYSE CEPEDA VASQUEZ, la acusación interpuesta por ante esta Instancia Judicial, en fecha treinta y uno (31) de mayo de 2013, contra el ciudadano justiciable J.G.G.A., por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHÍCULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en menoscabo del ciudadano YUMER A.C., la cual como actuación que da lugar a la fase intermedia, debe reunir las condiciones señaladas no sólo en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, sino haber cumplido previamente para su elaboración, con los pasos procesales ceñidos en la Ley Fundamental. En el caso sub judice, advierte el Juzgado, que tales requisitos se encuentran satisfechos, toda vez que, en primer lugar, la acusación denota claramente el hecho atribuido. En segundo lugar, cuenta con el apoyo de adecuados indicios de culpabilidad. En tercer lugar, está integrada con la información de todos los indicios que la justifican, de manera que el procesado tiene la posibilidad de refutarla. En cuarto lugar, el imputado de autos ha tenido el tiempo necesario para organizar su defensa. Con vista a lo antes expuesto, de conformidad con el numeral 2, se admite totalmente la acusación propuesta, así como los medios de pruebas por ser lícitos, legales, pertinentes y necesarios, para ser debatidos en el juicio oral y público, donde se buscará establecer la verdad de los hechos controvertidos (numeral 9). Pasa esta Juzgadora, entonces, a discriminar las pruebas admitidas: De los expertos: la indicada bajo el particular 1 del capítulo del ofrecimiento de los medios probatorios. De las Pruebas Testimoniales: las señaladas con los dígitos 1 al 5, ambos inclusive. De las pruebas de Informes y Periciales: las ofrecidas bajo los números 1, 2, 3 y 4. Todas a objeto que sean incorporadas por su lectura al juicio oral y público, de conformidad con los artículos 182, 322 y 341 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Por su parte, la defensa técnica, no ofreció prueba alguna, acogiéndose al principio procesal de la comunidad de las pruebas, haciendo suyos los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público. En relación con el numeral 3, a juicio de quien decide, no concurre alguna causal de las establecidas en la ley para dictar el sobreseimiento en la causa bajo examen. Respecto del numeral 4, no hay pronunciamiento que emitir, en virtud que la defensa técnica no opuso excepción alguna a la acusación fiscal, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Procesal. En relación con el numeral 5, considerando que las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron las medidas de coerción personal que soporta el encartado, no han variado, se mantiene la vigencia de las mismas, garantizando con ello el derecho fundamental a ser juzgado en libertad, examen y revisión que se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. En cuanto a los numerales 6, 7 y 8, en este estado la ciudadana Jueza de Control, procede a instruir nuevamente al ciudadano J.G.G.A., acerca del procedimiento por admisión de los hechos, contemplado en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, específicamente la Suspensión Condicional del Proceso (artículo 358 Código Orgánico Procesal Penal). En tal sentido, se le informó las consecuencias que produce el procedimiento por admisión de los hechos, indicándole que con ello estaría aceptando de manera simple los hechos atribuidos por el Ministerio Público en su escrito acusatorio, que renuncia a la posibilidad de demostrar en un juicio oral y público su inculpabilidad en la comisión de los mismos, que en este mismo acto, si la Juzgadora considera que son serios los fundamentos de la acusación, pasa a dictar Sentencia Condenatoria e imponer la pena a sufrir. También se les explicó sobre el beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, a tales efectos, se le indicó que para optar al mismo, debía cumplir con los siguientes requisitos: a) la restitución, reparación o indemnización por el daño causado a la víctima, en forma material o simbólica, b) el trabajo comunitario del imputado o imputada, acusado o acusada en cualquiera de los programas sociales que ejecuta el Gobierno Nacional y/o trabajos comunitarios, en la forma y tiempo que determina la Juez o Jueza de Instancia, según la formación destrezas, capacidades y demás habilidades del imputado o imputada, acusado o acusada, que sean de utilidad a las necesidades de la comunidad, la cual deberá cumplirse cuidando que no se obstaculice el trabajo que desarrolla como medio de sustento personal y familiar y c) cualquier otra condición prevista en el procedimiento ordinario. Acto seguido, el ciudadano J.G.G.A., antes identificado plenamente, e impuesto como ha sido del precepto constitucional, inserto en el numeral 5 del artículo 49 de la Carta Fundamental, estando sin juramento alguno, libre de coacción, prisión y apremio, en forma espontánea y clara, expuso: “Ciudadana Jueza, en este acto admito los hechos acusados, porque esa es la verdad, por lo que acepto la responsabilidad; y como reparación del daño ofrezco disculpa al ciudadano YUMER A.C., por lo sucedido, y también me comprometo a cumplir con las obligaciones que ordene este Tribunal, y de ser posible se me indique el trabajo a realizar en el sector donde resido, es todo”. Seguidamente se le concede el derecho a palabra al ciudadano YUMER A.C., quien manifestó: “Ciudadana Jueza, no tengo ningún problema que le otorguen el beneficio de suspender el proceso, acepto las disculpas, es todo. Inmediatamente se le concede el derecho a palabra a la Representante de la Sociedad, abogada DANYSE CEPEDA VASQUEZ, para que emita su opinión en cuanto al beneficio solicitado, a lo que señaló: “esta representación fiscal no se opone a la suspensión condicional del proceso solicitada, y está de acuerdo con que se le otorgue dicho beneficio al ciudadano J.G.G.A.. Es todo”. A continuación, la Jueza de Control expone: “escuchadas como han sido las exposiciones de las partes en esta audiencia, advierte esta Juzgadora que de conformidad con los artículos 357 y 358 del Texto Adjetivo Penal vigente, en el caso de marras, resulta procedente conceder al encausado J.G.G.A., la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, concretamente la Suspensión Condicional del Proceso, toda vez que cumple con todos los requisitos previstos por el Legislador y señalados en aparte anterior, habida cuenta, el delito imputado no excede en su límite máximo de los ocho años de pena privativa de libertad, como tampoco se trata de aquellos prohibidos por la ley para su otorgamiento, aunado a lo expuesto, de manera expresa el imputado de autos reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó su disposición de someterse a las condiciones que se le impongan. A la par, el Ministerio Público como representante de la Sociedad, ni la victima han realizado objeción alguna a la reparación simbólica y el ofrecimiento efectuado por el justiciable las que también son aprobadas por el Tribunal, por lo que ante tal situación, el Juzgado procede a fijar el plazo del régimen de pruebas, y al efecto se establecen seis meses (artículo 361, encabezado del COPP), contados a partir de la presente fecha, y las condiciones a cumplir son las siguientes: 1.) Residir en su actual domicilio; esto es, en el sector J.d.D.G., calle 07, casa sin número, San C.d.Z., municipio Colón del Estado Zulia, y en caso contrario, deberán comparecer oportunamente, a indicar su nueva residencia. 2.-) Realizar servicio comunitario una vez por semana, en la Fundación del Niño, ubicado en el sector J.d.D.G., Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, relacionado con las labores inherentes al mantenimiento y limpieza de la mencionada institución educativa, según la formación, destrezas, capacidades y demás habilidades del imputado y que sea de utilidad a sus necesidades. El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte de la Juez o Jueza de Instancia, quien deberá designar a un representante del C.C. u Organización Social existente de la localidad que ejerza funciones de Coordinador, Director o Encargado del programa o actividad social a la que se someta el imputado o imputada, acusado o acusada, el cual deberá presentar un informe mensual ante el Juez o Jueza de Instancia del cumplimiento de las condiciones impuestas, ese informe deberá contar con el aval de la organización del Poder Popular correspondiente, en garantía del principio de Participación Ciudadana, en atención al artículo 360 del Código Orgánico Procesal, y por cuanto el ciudadano J.G.G.A., reside en la dirección antes indicada, se designa como tal al Coordinador del C.C.d.S.J.d.D.G., Parroquia San Carlos, Municipio Colón del Estado Zulia, que pueda asumir la labor de controlar y vigilar durante el lapso señalado la conducta del ciudadano imputado, debiendo informar mensualmente sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas (artículo 360, primer aparte del Texto Adjetivo Penal vigente); en tal sentido, líbrese comunicación, remitiendo copias certificadas del acta que al efecto se levanta. A continuación, la Jueza de Control expresa: “en cuanto a los numerales 1, 6 y 7 no existe pronunciamiento que emitir, toda vez que la acusación no amerita ser objeto de subsanación, el imputado no hizo uso del procedimiento de admisión de hechos, y por ende, no hay sentencia que dictar, y la restante no aplica al caso concreto. Así se decide. Por todos los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión S.B.d.Z., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. RESUELVE: PRIMERO: admite totalmente la acusación formulada por la abogada DANYSE CEPEDA VASQUEZ, en su condición de Fiscal Auxiliar Decimasexta del Ministerio Público del Estado Zulia, en contra del ciudadano J.G.G.A., por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHÍCULO PROVENIENTE DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano YUMER A.C.. Así mismo, se admiten todos los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, por ser lícitos, legales, pertinentes y necesarios. La Defensa por su parte, propuso prueba a favor de su representado. SEGUNDO: CONCEDE el beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, al tantas veces prenombrado justiciable J.G.G.A., al estar satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 357 y 358 ambos del Código Orgánico Procesal Penal; y al efecto, fija el plazo de régimen de pruebas por seis (06) meses, contados a partir de la presente fecha, bajo las condiciones establecidas en el referido artículo 359 del Texto Adjetivo Penal. Todo con fundamento a las disposiciones contenidas en el artículo 357, 358, 359 y 360 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Se designa al Director, Encargado o Coordinador del C.C. del sitio de residencia del procesado de autos, como vigilante de la conducta del ciudadano J.G.G.A., quien deberá vigilar que el referido ciudadano cumpla con la obligaciones impuestas en el acto procesal, todo ello cuidando que no se obstaculice el trabajo que desarrolla como medio de sustento personal y familiar, debiendo informar a esta Instancia Judicial, mensualmente sobre el cumplimiento de las mismas, para lo cual se ordena oficiar lo conducente, y se le remite copia de reproducción fotostática previa certificación por secretaria. TERCERO: se mantienen las medidas cautelares sustitutivas de libertad acordadas en la oportunidad procesal correspondiente (audiencia de calificación de flagrancia), por considerar que las circunstancias fácticas y jurídicas para imponerlas no han variado, examen y revisión que se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código eiusdem. CUARTO: Expídanse por secretaria las copias fotostáticas pedidas por la defensa técnica, a expensa de la misma. QUINTO: De conformidad con el artículo 159 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, quedan notificadas las partes de esta decisión, y siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), se suspende el acto procesal, a los efectos de levantar el acta respectiva. Transcrita el acta y siendo las diez horas y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.), en presencia de las partes, se da lectura al acta. Es todo”. Se deja constancia que se cumplieron todas las formalidades de ley. Terminó y conformes firman, estampando el acusado sus huellas digito-pulgares. Se registró la presente decisión bajo el Nº 1.423-2013 y se ofició bajo el No. 3.812-2013.

La Jueza Segunda de Control,

Abg. G.M.R.

La Fiscal del Ministerio Público,

Abg. DANYSE CEPEDA VASQUEZ

El imputado,

J.G.G.A.,

La victima,

YUMER A.C.,

La Defensa Publica,

Abg. J.P.P.

La Secretaria,

Abg. W.M.H.C.