Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 5 de Marzo de 2012

A la empresa MONAHAN, MIJARES & ASOCIADOS, ubicada en la Torre La Previsora, Av. Las Acacias, Piso 10, Sabana Grande. Caracas; a los fines de que informe y remita a este Juzgado a la brevedad, todos los particulares contenidos en el numeral 4.1. Capitulo IV del escrito de promoción de pruebas de la parte demandada; cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio: 15 de la segunda pieza del expediente. Con vista de que su contenido no ha resultado desvirtuado este tribunal le otorga valor probatorio.

Al BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO UNIVERSAL, ubicado en la esquina Monjas a San Francisco. Caracas. Distrito Capital; a los fines de que informe y remita a este Juzgado a la brevedad, todos los particulares contenidos en el numeral 4.2. Capitulo IV del escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, a los folios: 93 de la segunda pieza del expediente. Con vista de que su contenido no ha resultado desvirtuado este tribunal le otorga valor probatorio

Al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, ubicado en la Calle Z.d.S.J.d.G.. Municipio Guanipa del Estado Anzoátegui; a los fines de que informe y remita a este Juzgado a la brevedad, todos los particulares contenidos en el numeral 4.3. Capitulo IV del escrito de promoción de pruebas de la parte demandada; cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio 08 de la segunda pieza del expediente.- El contenido de los informes no resulta concluyente y por tanto resulta inconducente para demostrar hechos controvertidos por lo tanto no se le otorga valor probatorio.

4. CAPITULO IV. PRUEBA DE EXHIBICIÓN.

Se acuerda la exhibición promovida de los instrumentos que señala la parte promovente en su escrito de promoción de pruebas, cuales fueron acompañados en copias marcadas:

Instrumento “H”, cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio: 105 de la primera pieza del expediente. Tales instrumentos han resultados reconocidos y su contenido se tiene por fidedigno.

Instrumento “I”, cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio: 106 de la primera pieza del expediente. Esta producido en original y resulta reconocido por tanto tiene valor probatorio.

Instrumento “J” cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio: 107 de la primera pieza del expediente. Resultó reconocido y por tanto tiene valor probatorio.

Instrumento “K”, cuyas resultas se encuentran agregadas a las actas procesales del presente asunto, al folio: 108 de la primera pieza del expediente. Resultó reconocido y por tanto tiene valor probatorio.

DEL FONDO DEL ASUNTO

En el presente asunto se contiene una reclamación por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano D.J.M.J. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro: 5.169.060; representado por las profesionales del derecho ALSALCIA LORENA MENESES Y A.N.O.G. abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros: 38.033 y 86.170, respectivamente, en contra de la empresa ENI DACION B.V. Reclama el actor el pago de diferencias de las prestaciones sociales y otros beneficios laborales que consideran se encuentran insolutos, una vez finalizada la relación de trabajo que mantuvo con la demandada principal, así como el pago de las indemnizaciones derivadas de una enfermedad que denuncia como de origen ocupacional.

En el presente asunto, este tribunal de manera precedente estableció los hechos admitidos y los en tal sentido, seguidamente se analizan todos y cada uno de ellos:

Se tienen por admitido: la existencia de la relación de trabajo, el cargo desempeñado; ahora bien las bases salariales son rechazadas, el régimen jurídico aplicable, el pago de las prestaciones sociales, la improcedencia de las indemnizaciones que reclama como derivadas de la enfermedad denunciada.

En cuanto al régimen jurídico aplicable, el actor pretende le sean aplicadas las normas contenidas en la convención colectiva petrolera vigente a la fecha de finalización de la relación de trabajo, sin embargo en autos aparece como un hecho admitido por las partes, que el actor se desempeñó para la demandada como ingeniero, y que tal condición académica lo hace pertenecer a la nomina mayor de la empresa, no siendo tal cargo de aquellos que aparecen en el tabulador de puesto pertenecientes a la nomina diaria ni mensual menor, a los cuales hace referencia el tabulador anexo a la convención colectiva petrolera años 2002-2004. De tal manera, que al estar configurado el cargo de ingeniero primero como de nomina mayor y segundo como trabajador de confianza con forme a las previsiones del articulo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo cual define a este tipo de trabajadores, es obvio que al trabajador le resulta aplicable el régimen ordinario previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, con las mejoras que de manera consensual le apliquen por efectos de una liberalidad de patrono como son los conceptos de vacaciones, bono vacacional y utilidades. Así se decide.

Respecto de las bases salariales, considera quien hoy decide, que la demandada cumplió con su carga procesal derivada de la forma como contestó la demanda al rechazar los salarios alegados por el actor, pues del material probatorio que fue evacuado constan datos relacionados con las nominas del actor en donde se evidencia que desde el inicio de la relación de trabajo fue remunerado conforme al régimen de la Ley Orgánica del Trabajo y las bases salariales que le aplicaban, es por ello que efectivamente, los salarios aportados por el actor no son los correctos pues del material probatorio aportado por la demandada se ha evidenciado que los salarios son los mismos utilizados por la demandada en la liquidación de las prestaciones sociales, dejando entonces por establecido que el salario normal del actor era la cantidad de Bs. 159,17, mientras que el salario integral reconocido por la demandad es de Bs. 247,050. Así se deja establecido,.

Respecto de las diferencias de prestaciones sociales demandadas, las mismas estaban fundadas en una supuesta diferencia salarial alegada por el actor en su demanda pero sin justificar si quiera los conceptos que componen el salario normal que alegaba en la demanda, lo que a todas luces debió haber sido objeto de un despacho sanaeador, en el cual se le exigiera que se señalara cuales conceptos consideró como componentes del salario normal que alegaba. De esta forma, al no haber prosperado las diferencias salariales alegadas, y verificados los días y conceptos a indemnizar por la demandada, verificando que los mismos están ajustados al régimen jurídico previsto por la ley Orgánica del Trabajo, mejorados por liberalidad patronal respecto de las vacaciones el bono vacacional y las utilidades; este tribunal concluir que no existen diferencias de prestaciones sociales cuales reclamar, por lo que se tiene por procedente la defensa de pago liberatorio opuesta por la demandada como defensa de fondo y así se deja establecido.

Respecto de las indemnizaciones derivadas de la supuesta enfermedad de origen ocupacional que alega el actor; de la revisión del material probatorio se aprecia, que la gran mayoría de los informes médicos aportados por el actor, provienen de terceros ajenos a la causa, y que a los cuales no se les otorgó valor probatorio en virtud del contenido del artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cual requiere que tales instrumentos deben ser ratificados mediante la prueba testimonial, lo que en este asunto no se hizo. Sin embargo, existen dos instrumentos a los cuales este tribunal si les otorgó valor probatorio, ellos son. 1) El informe medico emanado del Dr. A.C., medico adscrito al Hospital Ortopédico Infantil, pues al tratarse de un instrumento administrativo debió ser desvirtuado mediante otro medio de pruebas y ello no fue hecho por la demandada, de cuyo instrumento de demuestra la existencia de la enfermedad o patología que padece el actor, mas no su origen ocupacional; 2) el informe del medico legista DR. T.E., quien certifica el origen ocupacional de la enfermedad y certifica además la discapacidad del actor, cuando establece: “ presenta diagnostico de postquirugico de hernia discal lumbar a nivel de L5-S1, actualmente con sintomatología neurológica positiva… Este estado clínico patológico actual confiere al trabajador una incapacidad laboral parcial y permanente que se corresponde con un 67 %.”

De esta forma, para quien decide existen pruebas de la existencia de la enfermedad y de su origen ocupacional pues así lo certificó en su oportunidad el medico legista, informe que no fue desvirtuado por la demandada a través de ningún otro medio de prueba, y así se deja establecido.

Una vez establecida la existencia de una enfermedad de origen ocupacional, se hace necesario que este tribunal se pronuncie respecto de las indemnizaciones que pretende el actor. En primer lugar RESPONSABILIDAD OBJETIVA, es bien sabido, que esta responsabilidad atañe al patrono derivado de la tutela que tiene sobre sus trabajadores, por ello responde objetivamente por las discapacidades que se certifiquen como consecuencia de las enfermedades o accidentes de origen ocupacional; la Ley Orgánica del Trabajo en su articulo 560 y siguientes establecen el régimen de discapacidades derivadas de infortunios laborales, sin embargo del material probatorio aportado por la demandada hay evidencia de que el actor estaba amparado por el sistema de seguridad social venezolano a instancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; quien a decir de la demandada le corresponde responder por las indemnizaciones derivadas de responsabilidad objetiva.

Si analizamos el contenido del artículo 585 de la ley Orgánica del trabajo, claramente se aprecia que en aquellos casos en los cuales el trabajador este amparado por el régimen de seguridad social del Instituto Venezolano de los seguros Sociales, debe ser dicha Ley especial la aplicable, por lo que las disposiciones contenidas en el artículo 560 y siguientes de la ley orgánica del Trabajo resultan supletorias; en ese sentido, para quien decide, corresponde al Instituto venezolano de los seguros Sociales y no a la demandada, el cumplimiento del pago de las indemnizaciones por responsabilidad objetiva derivada de la discapacidad parcial y permanente que le fue certificada al actor, y así lo ha concebido la sala de casación Social del tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nro. 204, de fecha 13 de febrero de 2007, con ponencia del magistrado Dr. A.V.C., cuando en unas de sus partes establecido: “…Observa la Sala que la referida cláusula establece -al igual que lo hace el artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo-, que las indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional consagradas en la convención colectiva, sólo proceden en aquellos casos en que el trabajador no haya estado amparado por el Seguro Social Obligatorio. En el caso de autos, se encuentra plenamente evidenciado que el accionante estuvo inscrito en dicho Instituto mientras duró la relación laboral, lo cual se desprende de la planilla de registro de asegurado del I.V.S.S. y de la participación de retiro que realizó la empresa cuando finalizó la relación de trabajo, la cual promovió la parte accionada y no fue impugnada por la actora, las cuales se aprecian en todo su valor probatorio por presentar estampado el sello húmedo de la institución y estar suscritas por el funcionario receptor.

En virtud de lo anterior, debe declararse la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por este concepto. Así se decide…”

De tal forma, que al haber demostrado la accionada que inscribió – aun con cierta demora – al actor en el Instituto Venezolano de los seguros Sociales y que lo retiró un a vez finalizada la relación de trabajo, ha cumplido con la carga de demostrar que al actor le correspondía aplicar el régimen prestacional establecido en la ley especial que regula a dicho ente, por tanto forzosamente debe declararse improcedente tal pretensión y así se decide.

Demanda también el actor las indemnizaciones por responsabilidad subjetiva patronal, al señalar el incumplimiento de lo contenido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ( hoy derogada). Para quien decide, la procedencia de tales indemnizaciones están condicionadas a que el actor cumpla con la carga probatoria de demostrar la culpa en sentido amplio del patrono, es decir demostrar no solo la existencia del hecho dañoso, que es la enfermedad ocupacional que ya demostró, sino el nexo causal entre esa enfermedad y la condición riesgosa bajo la cual se prestaba el servicio, pues solo así se logra demostrar la ocurrencia de responsabilidad subjetiva patronal, necesaria para hacer procedentes indemnizaciones como daños materiales, lucro cesante y la propia responsabilidad subjetiva patronal demandada a instancia de la ya mencionada norma contenida en el articulo 33 eiusdem. Así lo ha estableció la Sala Social en la misma sentencia invocada de manera precedente cuando en la sentencia aseveró: “…Demanda también el actor, el pago de las indemnizaciones por enfermedad profesional que establece el artículo 33, parágrafo segundo, numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como las indemnizaciones del parágrafo tercero de dicho artículo.

En tal sentido se observa, que la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, ha dejado claramente establecido que las indemnizaciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, derivan de una responsabilidad por daños de naturaleza subjetiva, es decir, que la obligación de reparación que la norma dispone encuentra su fundamento en la idea de falta (culpa en sentido amplio), lo que impone la carga de probar esta circunstancia fáctica a quien alegue la existencia de la obligación indemnizatoria. En el caso de autos, luego de una exhaustiva revisión de los elementos probatorios aportados al proceso, se puede constatar que el actor no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo del tipo normativo y que por el contrario, la empresa aportó elementos probatorios que evidencian el cumplimiento de sus deberes en cuanto a garantizar las condiciones de higiene y seguridad industrial…”

No hay en autos prueba alguna producida por el actor, tendiente a demostrar la conducta del patrono violatoria de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, lo que es lo mismo al hecho de hacer laborar a sus trabajadores bajo una condición riesgosa para su salud; es entonces forzoso considerar la improcedencia de las indemnizaciones demandadas pro concepto de responsabilidad subjetiva patronal y así se decide.

Finalmente, resta por a.l.p.d. la indemnización por daño moral, en ese sentido, debe establecer este tribunal, que el daño moral no necesariamente esta relacionado con la responsabilidad subjetiva patronal, pues de la responsabilidad objetiva del patrono, puede derivar daño moral, derivado de la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, según la cual debe responder el patrono de manera objetiva es decir independientemente de la culpa, y es por ello entonces que el Titulo VIII referido a los infortunios laborales articulo 560 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo sirven para cuantificar los daños materiales derivados de esta responsabilidad, y se esputan a los patronos por ejemplos como en el presente caso cuando existe régimen de protección a instancia del Instituto Venezolano de los seguros Sociales, sin embargo existe un daño moral en los casos en los cuales el hecho dañoso padecido por el trabajador ha repercutido en la salud psíquica o afectiva del trabajador; en estos casos no existe régimen tarifado para el daño moral, sino que corresponde al Juez de Juicio estimarlo, con apego a la escala de sufrimiento, establecida por vía jurisprudencial mediante sentencia nro 144, de fecha 7 de marzo de 2002, emanada de la Sala de Casación Social, según esto, debemos establecer que efectivamente, hay evidencia de que las lesiones certificadas por el medico legista han producido una disminución del 67 % de la capacidad productiva del actor, afectando esa circunstancia la esfera de su capacidad emocional, por ello se hace necesario que este tribunal aplique los criterios relacionados con la escala de sufrimiento y con ella determine lo que en criterio del juzgador seria una indemnización justa que compense de alguna forma la esfera de sufrimiento padecida.

En cuanto a la importancia del daño, se trata de una lesión posquirúrgica de hernia discal, en L5-S1, que afecta el desempeño normal de las actividades del actor, sin llegar a impedirle la realización de otras actividades distintas a las restricciones que señala el medico legista en su informe, por lo que se concluye que el actor puede perfectamente dedicarse a realizar actividades propias de su profesión pero en condiciones acordes a su discapacidad; en cuanto al grado de culpabilidad de la accionada, no hay en autos prueba alguna que demuestre tal circunstancia, es por ello que no resulto procedente la indemnización por responsabilidad subjetiva patronal; ante ello no puede considerarse que el patrono haya permitido que el actor haya laborado bajo condiciones riesgosas; en la demandada no refiere el actor cual era su conducta ni a que se relacionaba su actividad cotidiana; se trata de un trabajador profesional perteneciente a la nomina mayor de la empresa, egresado de una universidad extranjera, lo que se tiene por demostrado que el actor posee conocimientos técnicos y el dominio de otro idioma, por lo que su nivel cultural es elevado; en cuanto a la capacidad económica de la demandada en autos no hay evidencia de ello, sin embargo representa una firma mercantil de reconocida solvencia en el negocio de los hidrocarburos; respecto del reclamante no hay en autos prueba alguna de su capacidad económica sin embargo ha demostrado con sus propias pruebas que realizó estudios fuera del país y que ostenta un titulo universitario como ingeniero que le permitiría dedicarse a diversas actividades que no pongan en riesgo su estado de salud; en cuanto a los atenuantes del caso, para quien decide se ha demostrado que el actor gozaba de atención medica para atender la patología que padece, al punto de que no solo estaba inscrito en el Instituto Venezolano de los seguros Sociales, sino que gozó de la atención medica privada, pues fue intervenido quirúrgicamente previo a la discapacidad decretada, aunado a ello no hay ninguna prueba en autos que demuestre que laboraba bajo una condición riesgosa para su salud.

Con vista de lo anterior, para quien decide, la discapacidad evidenciada en el actor no le impide ejecutar otras labores acordes con la disminución de su capacidad laboral, y por otra parte el padecimiento que refiere, puede ser de alguna forma atenuado mediante el uso de terapias especializadas para mitigar el dolor y tratamiento medico y el cumplimiento de recomendaciones terapéuticas que permitan al actor una nivel de vida satisfactorio; pues en autos no hay prueba de que sea necesario recurrir a nuevas intervenciones ni procedimientos mas complicados; por consiguiente para quien decide, una indemnización equivalente TREINTA MIL BOLIVARES ( Bs. 30.000,00), es suficiente para que el actor pueda someterse a un régimen de terapias físicas y/o psicológicas que le ayuden a superar cualquier crisis derivada de la dolencia que padece. Así se decide.

Todo lo anterior arroja la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 30.000,00), suma que en definitiva pagará la demandada al actor sin perjuicio de las cantidades que se adicionen por efectos de la indexación que se establecerá mediante experticia complementaria del este fallo, en el supuesto de que la accionada no diera cumplimiento al presente fallo una vez haya quedado definitivamente firme; en cuyo caso la corrección monetaria de las cantidades que arroje la experticia complementaria del fallo, para lo cual el Juez de ejecución deberá solicitar al Banco Central de Venezuela el índice inflacionario acaecido en la ciudad de Caracas desde la fecha del decreto de ejecución hasta la materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, casos fortuito o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, huelgas tribunalicias e implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

DE LA PRESCRIPCION OPUESTA DE MANERA SUBSIDIARIA:

Consta de los autos que la demandada ha opuesto de manera subsidiaria la prescripción de las indemnizaciones provenientes de la enfermedad ocupacional; argumentando que ha transcurrido desde la fecha en la cual se diagnostico la enfermedad hasta la fecha en la cual se notificó en la presente demanda, mas del tiempo previsto en el articulo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo ( 2 años); con vista de ello este tribunal ha verificado que tal defensa ha sido opuesta en la oportunidad legal correspondiente, sin embargo la certificación de la discapacidad por parte del medico legista, data del 23 de agosto de 2004; y es tal discapacidad la que ha permitido hoy a este tribunal establecer como procedente la indemnización por daño moral derivada de la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva patronal y con fundamento en los criterios jurisprudenciales que establecen su aplicabilidad en estos casos; por tanto habiéndose certificado la discapacidad parcial y permanente del actor en fecha 24 de agosto de 2004; el tracto de prescripción a instancia del articulo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo se inicia en fecha 24 de agosto de 2004 y finaliza en fecha 23 de agosto de 2006. Esta demanda fue presentada en fecha 13 de enero de 2006, es decir dentro del lapso útil para ello, y la notificación de la accionada se produjo en fecha 6 de junio de 2006; no habiendo transcurrido el tracito ordinario de prescripción pues al haberse demandado en lapso útil, debe adicionársele al tracto prescriptivo, dos meses para practicar la notificación de la demandada, por lo que en definitiva el tracto de prescripción finalizaría en fecha 24 de octubre de 2006.

Es claro, que la acción no se encuentra prescrita, pues el actor fue diligente en el cumplimiento de los presupuestos para interrumpirla, por lo cual debe este tribunal declara IMPROCEDENTE, la defensa subsidiaria de prescripción y por tanto se mantiene en plena vigencia lo condenado en esta sentencia. Así se decide.

No hay condenatoria en costas dado el carácter parcial del fallo.

DECISIÓN

Con vista de las consideraciones anteriores, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de El Tigre, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1).- PARCIALMENTE CON LUGAR LAS PRETENSIONES DEL ACTOR, 2) IMPROCENTES LA PRECSIPCION OPUESTA DE MANERA SUBSIDIARIA, y por tanto PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por el ciudadano D.J.M.J. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro: 5.169.060; en contra de la empresa ENI DACION B.V.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en El Tigre, a los cinco (05) días del mes de marzo de dos mil doce

EL JUEZ TITULAR

ABG. R.D.C.

LA SECRETARIA

ABG. MARYEDITH HERNANDEZ CAMPOS

En esta misma fecha 5 de marzo de 2012; se agrego el acta contentiva de la presente sentencia definitiva al expediente con el cual se relaciona la misma. Conste.

LA SECRETARIA

ABG. MARYEDITH HERNANDEZ CAMPOS