Decisión nº Nº399 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 22 de Julio de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN MARACAY Y CON COMPETENCIA EN

EL ESTADO CARABOBO

(205° y 156°)

Maracay, veintidós (22) de julio de 2014

EXPEDIENTE Nº 2015-0381

PRESUNTO AGRAVIADO: D.A.M.T., F.J.S.G., A.J.S.S., L.A.F.C. y G.A.P.C., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-15.995.758, V-20.443.391, 16.947.605, V-13.194.281 y V-13.182.492 respectivamente.

APODERADO JUDICIAL: Abogado F.M.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.581.999, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.823

PRESUNTO AGRAVIANTE: Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

ASUNTO: RECURSO DE HECHO.

- I -

BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

PERTINENTES A ESTA DECISIÓN

Se inicia el presente procedimiento en m.d.R.d.H. interpuesto por el abogado F.M.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.581.999, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.823, apoderado judicial de los ciudadanos ut supra señalados, tomando en cuanta que el Juzgado Primera de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, negó oír el Recurso de Apelación presentado en fecha veintinueve (29) de junio del año 2015 por el abogado ut supra. (Folio 42 al 45 de la Primera Pieza)

En fecha catorce (14) de julio del año 2015, este Juzgado Superior Agrario dio entrada al presente expediente, signándole el Nº 2015-0381 (nomenclatura particular de este despacho). (Folio 49 de la Primera Pieza).

Ahora bien, con vista a lo anteriormente explanado pasa este Juzgado Superior Agrario a pronunciarse en relación a la situación presentada.

-II-

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

El Recurso de hecho es considerado por las más destacadas doctrinas como un medio de impugnación de carácter subsidiario, cuyo propósito es hacer admisible la alzada o la casación denegada. Es el medio que la ley coloca a disposición de las partes para garantizar el derecho a la revisión de la sentencia, bien por apelación en uno o ambos efectos, o mediante la censura de casación por el Supremo Tribunal, su objeto es revisar la resolución denegatoria.

Asimismo, se estima como el medio para reparar el agravio que pretende el interesado, con motivo de haber ejercido los recursos de apelación o casación, contra la negativa del sentenciador de oír la apelación, oírla en un solo efecto, o de no admitir el recurso de casación anunciado.

Este recurso está destinado exclusivamente al examen de la legalidad o ilegalidad de la p.d.T. que niega el recurso de apelación o que ha oído éste en un solo efecto y no en ambos como ordena la ley, según sea el caso.

Al respecto, Rengel-Romberg define tal acción como “el recurso que puede interponer el apelante ante el Tribunal Superior, contra la decisión del Juez a-quo que niega la apelación o la admite en un solo efecto, solicitando se ordene oír apelación o admitirla en ambos efectos, conforme a la ley”. (Arístides Rengel Romberg – Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Pág. 427).

Doctrinariamente, el procesalista H.C., ha concebido el recurso de hecho como “…el medio que la ley coloca a disposición de las partes para garantizar el derecho a la revisión de la sentencia, bien por la apelación en uno a ambos efectos, o mediante la censura de casación por el Supremo Tribunal. Su objetivo es revisar la resolución denegatoria” (Código de Procedimiento Civil Venezolano, E.C.B., Pág.317).

Determinado lo anterior, pasa este sentenciador a dilucidar los parámetros establecidos por la Ley para que se pueda llevar a cabo el recurso de hecho, por lo que resulta imperioso traer a colación el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece lo siguiente:

Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos y acompañará copia de las actas del expediente que crea conducentes y de las que indique el Juez si éste lo dispone así. También se acompañará copia de los documentos o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella misma. El auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso de hecho.

Del texto en procedencia, se puede observar que una vez que se haga efectiva la admisión de una apelación en un solo efecto o que esta haya sido negada, la parte podrá recurrir de hecho contra dicho auto dentro de un lapso de cinco (5) días de despacho siguientes al mismo, el cual será presentado ante el Tribunal de alzada competente, a cuyos fines el recurrente del hecho, deberá consignar las copias certificadas de las actuaciones que estimaren conducentes. De allí que, claramente se desprende el cumplimiento de dos requisitos básicos para admitir un recurso de hecho, los cuales son la tempestividad del mismo y la consignación de la documentación que se considere necesaria.

En virtud de lo anterior y analizando el caso de marras a la luz de la normativa antes transcrita, considera este juzgador que respecto al primero de los requisitos (tempestividad), se evidenció que el abogado ut supra mencionado presentó el recurso de hecho de manera tempestiva cumpliendo con la formalidad del mismo, por lo que en aras de salvaguardar los derechos fundamentales establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el presente recurso se declara oportuno para su interposición. Así se establece.

En este mismo orden de ideas y una vez establecido como fue por este Juzgado Superior Agrario la tempestividad del presente recurso de hecho, pasa este sentenciador a determinar si el mismo cumple con el segundo de los requisitos de procedencia establecido en el artículo ut supra señalado del Código de Procedimiento Civil, trayendo a colación la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná de fecha diez (10) de marzo de 2008 expediente RP31R-2008-000017, referente a la interposición de los recursos de hecho contra autos, la cual establece lo siguiente:

…Omissis… (Sic) El recurso de hecho es definido por nuestra doctrina “como un medio de impugnación de carácter subsidiario cuyo propósito es hacer admisible la alzada o la casación denegada. Es el medio que la Ley coloca a disposición de las partes para garantizar el derecho a la revisión de la sentencia, bien por la apelación en uno o en ambos efectos. Su objeto es revisar la resolución denegatoria. Asimismo, ha sostenido que el presente recurso se puede ejercer siempre que la sentencia cuya apelación negó la primera instancia esté comprendida dentro de los siguientes supuestos:

1. Que sea aquella que la Ley permite apelarla en ambos efectos, y solo se oyó en un solo efecto.

2. Que sea una sentencia que por su naturaleza procesal tiene apelación, y sin embargo se niega oír el recurso

3. Que contra ella, oportunamente, la parte perdidosa ejerció apelación…

Existe así cuatro circunstancias establecidas por el legislador, más no exclusivas para la procedencia del recurso de hecho: la primera; que exista sentencia definitiva (definitiva o interlocutoria). La segunda; que la sentencia emane de un juzgado en primer grado de conocimiento. Tercero; que el recurso de apelación se interponga en tiempo útil, es decir, en el término de cinco días y Cuarto; la ineludible obligación de la parte proponente del recurso de hecho, en acompañar el recurso, con las copias certificadas de las actas necesarias del respectivo expediente que creyere conveniente y poder llegar a la convicción del sentenciador de alzada el motivo por el cual se ejerce el recurso de hecho, en virtud de la negativa de o ir la apelación o siendo admitida ésta se oiga a un solo efecto, cuando procedía oírla en ambos efectos, requisitos estos que fueron cumplidos por el recurrente del hecho. (Negrilla y subrayado de este Tribunal).

Ahora bien, tomando en cuenta y teniendo como base al criterio jurisprudencial antes transcrito es evidente que el presente recurso de hecho cumple con las formalidades establecidas en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia este Juzgado Superior Agrario, a fin de dilucidar las pretensiones explanadas en la presente causa pasa a pronunciarse de los siguientes términos:

El quince (15) de junio del año 2015, el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, se pronunció sobre la petición realizada por los abogados E.P.E. y F.M.N., titulares de las cédulas de identidad números V-5.209.929 y V-16.581.999, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 19.169 y 133.823 respectivamente, estableciendo entre otras cosas lo siguiente:

…Omississ… Por tal razón, al ser la decisión del 26/02/2014, una interlocutoria no sujeta apelación, conforme a los artículos supra citados, debe entonces el solicitante esperar el pronunciamiento definitivo que de conformidad con el artículo 603 eiusdem se dicte en la presente solicitud, para solicitar a este Juzgado Agrario una aclaratoria o ampliación de ser el caso, a menos que, considere oponerse a la medida provisional, conforme al también citado artículo 602, razón por la cual no encuentra llenos los extremos legales del cuarto requisito para que proceda la solicitud de aclaratoria y ampliación. Así se decide.

Por todo lo expuesto, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la circunscripción Judicial del estado Carabobo, forzosamente debe declarar IMPROCEDENTE la petición de ACLARATORIA realizada por E.P.E. y F.M.N., titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.209.929 y V - 16.581.999 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 19.169 y 133.823, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de los sujetos pasivos, ciudadanos D.A.M.T., F.J.S.G., A.J.S.S., L.A.F.C. y G.A.P.C., titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.995.758, V-20.443.391, V-16.947.605, V-123.194.281 y V-13.182.492. Así se decide…omissis…

Así mismo, tomando en cuenta la decisión antes transcrita por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el abogado F.M., antes identificado, en fecha diecisiete (17) de junio del año 2015, presentó diligencia donde expuso textualmente lo siguiente: (sic) “…procedo en este acto a APELAR de la misma…”.

Visto los alegatos planteados por la parte recurrente antes de entrar a analizar en profundidad, este sentenciador considera necesario resaltar lo siguiente: cuando se esté en desacuerdo con una medida de protección agraria, se podrá ejercer la correspondiente oposición, la cual se sustanciará de conformidad con lo establecido en la Sentencia Nº 962, de fecha 9 de mayo de 2006, expediente 03-0839, dictada bajo la ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero (caso: Cervecería Polar Los Cortijos y otros), de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se indica que la mencionada (oposición) deberá sustanciarse y resolverse según el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden, vale resaltar que para ejercer una eventual oposición deben tomarse en cuenta ciertas consideraciones a saber; en primer lugar, se debe tomar en cuenta que el interesado que se sienta afectado por una medida de protección y quiera oponerse a ella, podrá interponer la oposición dentro de los 03 días siguientes a su citación o notificación siguiente a la ejecución de la medida (siempre y cuando sea parte del juicio y ya estuviere citada), y en el caso de que sea un tercero que no forme parte del proceso, podrá oponerse a ella dentro del ut supra mencionado lapso sin la necesidad de una citación o notificación previa, siempre y cuando demuestre que posee un interés jurídico actual. Una vez fenecido dicho lapso -haya habido o no oposición- se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que consideren pertinentes. Luego de que estos ocho días transcurrieran, el Juez tendrá dos días para confirmar, revocar, modificar o suspender la medida que generó la controversia; asimismo, se debe indicar que esta decisión es apelable en un solo efecto, por lo que en el presente caso lo adecuado es ajustarse al procedimiento establecido en el articulo 602 y siguiente del Código de Procedimiento Civil y no lo hizo.

Por otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia vinculante Nº 635, de fecha 30 de mayo de 2013, expediente Nº 10-0133, bajo la ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, dejó asentado el carácter de obligatoriedad que debe tener todo escrito apelación en el marco del procedimiento contencioso administrativo agrario y de las demandas patrimoniales contra los entes agrarios, así como contra aquellas proferidas en el marco del procedimiento ordinario agrario, incluyendo las relativas a las medidas cautelares agrarias, de conformidad con lo establecido el artículo 175 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en lo cual dejo sentado lo siguiente:

…Omissis…No obstante a lo decidido, considera esta Sala Constitucional que sobre el caso sub iúdice, resulta necesario formular algunas consideraciones de orden jurisprudencial y doctrinario a los fines de determinar el procedimiento atinente y aplicable a seguir en el supuesto de la no fundamentación de la apelación, así como la no asistencia de la parte apelante a la audiencia oral de informes tanto para el caso del procedimiento ordinario agrario como del contencioso administrativo agrario, todo en aras de la uniformidad de la jurisprudencia sobre los criterios a seguir por los tribunales pertenecientes a la competencia agraria de nuestro país.

Como es sabido, el recurso de apelación está concebido como un recurso de carácter ordinario, que busca un pronunciamiento de un tribunal de alzada (juez ad-quem), para que revoque, modifique o anule una determinada resolución judicial.

En principio, la regla general de las normas procesales ha sido que la apelación no debe fundamentarse, de manera que la expresión de los agravios y la sustentación del recurso se pueden realizar por separado ante la instancia superior que conocerá del mismo.

Sin embargo, muchas de las leyes procesales de la República, como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para el contencioso administrativo, han establecido la obligatoriedad de la fundamentación de la apelación de sentencias, pretendiendo del apelante, que éste delimite los motivos de impugnación que desea formular contra el fallo recurrido, lo cual delimitará la controversia en la segunda instancia, a los fines de que el juez ad-quem, en caso de resultar procedente, corrija o enmiende los vicios o irregularidades que se imputan a la decisión.

Ahora bien, en el caso del procedimiento ordinario agrario, como lo indicábamos en líneas precedentes, tal exigencia no fue establecida de manera expresa por el legislador, sin embargo esta Sala Constitucional determina que la parte que ejerce un recurso de apelación debe fundamentar el mismo en la oportunidad en que interponga dicho mecanismo de defensa ante el tribunal que dictó el fallo cuyos efectos se procuran revertir, ya que, como se ha visto en la práctica, hacerlo de manera verbal ante el juez ad-quem, directamente en la audiencia oral de informes, pudiera implicar un desequilibrio procesal entre las partes que han acudido a la sede agraria para dirimir un conflicto con motivo a las actividades agrarias, al no poder conocer una de estas, previo a la audiencia oral de informes, cuáles son los argumentos en que la otra sustentará el recurso ejercido.

Debemos recordar que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo al derecho a la defensa y al debido proceso, se constituye como un derecho complejo que encierra dentro de sí un conjunto de garantías diversas para el justiciable, que resultan aplicables a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

En este orden de ideas, el derecho a la defensa tiene dentro de sus pilares fundamentales el derecho a que el justiciable pueda acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, por lo que no permitirle conocer oportunamente los motivos de hecho y de derecho en que se funde la apelación, crearía un desequilibrio procesal en perjuicio de una de las partes, al no poder conocer esta, con el suficiente tiempo antes de la celebración de la audiencia oral de informes, cuáles son los argumentos en que la otra sustentará el recurso ejercido, impidiéndole de esta manera ejercer adecuadamente el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, y vulnerando los principios consagrados en los artículos 26 y 257 de nuestra Ley Fundamental, situación que debe ser corregida por esta Sala Constitucional en su diaria labor tuitiva de la Constitución.

Dicho lo anterior, es importante traer a colación sentencia N° 2283 dictada por esta Sala, en fecha 18 de diciembre de 2007 caso: “Agropecuaria El Carmen”, donde se realizó una interpretación constitucionalizante en la casación agrario donde se estableció:

En atención a lo expuesto, si bien el principio procesal -pro actione- no tiene un igual grado de intensidad en el derecho de los recursos, existe una obligación constitucional para todos los jueces de interpretar las normas de la manera más progresiva posible para poder permitir el acceso a la justicia en todas sus instancias, en consecuencia, dicho principio interpretativo, el cual resulta cónsono con el principio de supremacía constitucional –ex artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, deben guiar la actividad de los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que si bien es cierto que el relajamiento absoluto de los presupuestos procesales por la contrariedad con el libre acceso a los órganos jurisdiccionales podría desembocar en una situación de anarquía recursiva y en un posterior colapso de los órganos judiciales, no es menos cierto que éstos deben atender a la proporcionalidad y razonabilidad de ciertos presupuestos procesales, ya que algunos de ellos lucen como atentatorios al derecho a la tutela judicial efectiva. Así pues, los presupuestos legales de acceso al proceso o a los recursos deben interpretarse de forma que resulten favorables a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial, lo cual se traduce en la búsqueda de la finalidad del presupuesto legal de acceso por encima del estricto acatamiento de la mera formalidad procesal. Valorados los elementos interpretativos y normas que rigen el caso concreto, esta Sala estima que la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia incurrió en el fallo objeto de la presente revisión constitucional en una interpretación inconstitucional, la cual no sólo se da cuando el juez ordinario aplica una ley inconstitucional y no procede a su desaplicación, disponiendo de los medios utilizables para ello mediante la desaplicación de la norma por control difuso de la constitucionalidad y en respeto y garantía del principio de supremacía constitucional, sino también cuando su decisión infringe los derechos garantizados en la Constitución por cualquier otra causa (desconociéndolos en su totalidad, haciéndolos nugatorios de su ejercicio o menoscabando el desarrollo de los mismos, de manera tal en su esencia que queden desprovistos de toda operatividad), habiendo la referida Sala incurrido como previamente se ha expresado en el segundo de los supuestos mencionados (Vid. R.L., Francisco; “¿Divide et obtempera?. Una reflexión desde España sobre el modelo europeo de convergencia de protección en los Derechos”, REDC 67/2003, pp. 49-67). En efecto, el juez al momento de interpretar normas que restrinjan derechos constitucionales debe ser cauteloso y precavido en su actuar, por cuanto éste debe tratar de lograr la interpretación más acorde con la norma superior, en este caso, con la norma constitucional, en aras de resguardar el principio de supremacía de las normas constitucionales, por lo que no debe convertirse el juez en un mero subsumidor de hechos en la norma y menos aun cuando éstas no se encuentran consagradas de manera expresa, sino que debe el mismo, propender por la validez y adecuación del derecho en protección de la tutela judicial de los justiciables. De ello resulta pues, que en orden a lograr la debida proporcionalidad que debe observarse entre el requisito exigido y la consecuencia jurídica aplicable, es que los órganos judiciales deben propender a establecer un criterio restrictivo en el ámbito de la inadmisibilidad y, en consecuencia, favorable al enjuiciamiento del fondo del asunto, en aras de proveerle un valor de relevancia al derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los órganos del Estado. En consecuencia, debió la referida Sala en el caso de marras, así como en otros, conforme al criterio expuesto por la mencionada Sala Especial Agraria en fallo Nº 531/2002, no sólo verificar que ciertamente el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, se haya pronunciado sobre el argumento expuesto por la parte demandada en cuanto a la aplicación del procedimiento ordinario en segunda instancia para los juicios de ejecución de hipoteca y no el procedimiento establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario -Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 4.595/2005-, y pasar a verificar la procedencia del mismo, ya que tal silencio vulneró los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.340/2002, 2.036/2002 y 3.711/2005, entre otras); sino considerar a el fin de conocer el fondo del asunto planteado en las denuncias contenidas en el recurso de casación, que la disconformidad relativa a condenatoria en costas entre la decisión del Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el mencionado Juzgado Superior Primero Agrario, resultaba suficiente para el conocimiento del fondo del asunto, todo ello en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos antes expuestos. Ahora bien, la Sala advierte que si bien no puede aplicar retroactivamente el criterio vinculante contenido en el fallo Nº 2.089/07, en aras de tutelar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima -atendiendo a la determinación de sus efectos dispuesta en la referida decisión, la cual estableció que “(…) reinterpreta por interés constitucional con carácter vinculante el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a partir del presente fallo, en cuanto a la eliminación del requisito de disconformidad de los fallos obtenidos en la instancia para poder ejercer el recurso de casación (…)” y que “(…) sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación para la fecha de la publicación de la presente decisión (…)”-,lo cierto es que la referida sentencia viola normas constitucionales que tienen incidencia en la preservación de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, alterando incluso, la igualdad procesal de las partes al no analizar, criticar y valorar sus alegatos; o igualmente viola normas donde está interesado el interés público, especialmente, el de protección del destinatario o beneficiario del texto legal aplicable...’, la Sala podría declarar la admisibilidad del recurso de casación anunciado (…)” y, de esta Sala, en relación a la interrelación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y la constitucionalidad de los presupuestos procesales -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 5.043/2005-. En consecuencia, debe concluir esta Sala que el juez de casación en el fallo objeto de revisión constitucional obvió el respeto y garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. (Cursivas, negrillas y Subrayado de la Sala).

Así pues, considera esta Sala Constitucional necesario establecer con carácter constitucionalizante, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido de los artículos 175, 228 y 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que deberá entenderse como de obligatorio cumplimiento la fundamentación de la apelación, como medio de gravamen de las sentencias interlocutorias y definitivas dictadas en el marco del procedimiento contencioso administrativo agrario y de las demandas patrimoniales contra los entes agrarios, así como contra aquellas proferidas en el marco del procedimiento ordinario agrario, incluyendo las relativas a las medidas cautelares agrarias establecidas en el artículo 196 eiusdem, debiendo el juez de la primera instancia, proceder a inadmitirla o negarla, en caso que ésta se formule de forma genérica, es decir, sin las formalidades técnico-procesales como lo son la debida exposición de las razones de hecho y derecho en que se funde…omissis…” (Negrilla y Subrayado de este Tribunal).

De allí que, tomando en cuanta lo anteriormente transcrito y aunado a la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, se pudo evidenciar que en el caso de marras el escrito presentado por el abogado F.M.N., titular de la cédula de identidad número V-16.581.999, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo los número 133.823, (ver folio Nº 41 de la pieza principal), omitió lo establecido en las Jurisprudencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. Expediente Nº 10-0133 de fecha 30/05/2013 y el expediente Nº 03-0839 de fecha 09/05/2006), en las cuales se explanan cuales son los procedimientos a seguir en cuanto a la oposición de las medidas y a la fundamentación de hecho y de derecho que debe tener toda apelación en el procedimiento agrario en el supuesto que la decisión objetada fuese susceptible de apelación; es por lo que, tomando en cuenta el criterio ut supra y acogiéndonos a lo establecido en la mismas, este Juzgado Superior Agrario considera IMPROCEDENTE el presente Recurso de Hecho. Así se decide y decide.

-III-

DISPOSITIVA

En consideración a todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay y con competencia el estado Carabobo, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Hecho interpuesto en fecha ocho (08) de julio del año 2015, por el abogado F.M.N., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.581.999, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.823, apoderado judicial de los ciudadanos D.A.M.T., F.J.S.G., A.J.S.S., L.A.F.C. y G.A.P.C., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-15.995.758, V-20.443.391, 16.947.605, V-13.194.281 y V-13.182.492 respectivamente, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio del presente año, dictado por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. SEGUNDO: Se Ordena notificar a través de oficio, al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, remitiendo copia certificada de la presente decisión.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay y con competencia en el estado Carabobo, con sede en la ciudad de Maracay, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

EL JUEZ

ABG. HÉCTOR A. BENÍTEZ CAÑAS

LAS SECRETARIA TEMPORAL

ABG. LIBIS ALVAREZ

En la misma fecha y siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LAS SECRETARIA TEMPORAL

ABG. LIBIS ALVAREZ

EXP. - JSAAC- 2015-0381

HBC/dss/jb