ALEXANDER JOSÉ DÁVILA CONTRERAS CONTRA DESARROLLO URIBANTE CAPARO C.A. (DESURCA

Fecha06 Junio 2006
Número de expedienteSP01-R-2006-000064
EmisorJuzgado Superio Primero del Trabajo
PartesALEXANDER JOSÉ DÁVILA CONTRERAS CONTRA DESARROLLO URIBANTE CAPARO C.A. (DESURCA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO

DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

SAN CRISTÓBAL, 06 DE JUNIO DE 2006

196º Y 147º

EXPEDIENTE Nº: SP01-R-2006-000064

DEMANDANTE: A.J.D.C., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad Nº V- 13.588.144, hábil y de este domicilio.

APODERADO DEL DEMANDANTE: G.J.V.R., abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 38.697, con domicilio en la Carrera 6 entre calles 5 y 6, edificio Atenas, piso 1 oficina 1-5, San Cristóbal.

DEMANDADA: DESARROLLO URIBANTE CAPARO C.A. (DESURCA), inscrita en el Registro Mercantil del Estado Táchira en fecha 18 - 08 - 1997, bajo el N° 6, Tomo 10-A, con última modificación en fecha 23 - 12 - 1997, bajo el N° 39, tomo 32-A.

APODERADOS DE LA DEMANDADA: A.C.R.R., abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 104.722.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se conoce del presente asunto en esta superior instancia, en virtud del recurso interpuesto por la parte demandante en fecha 31 de marzo de 2006, en contra de la decisión definitiva dictado en fecha 20 de marzo del mismo año, por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual se declaró sin lugar la demanda propuesta.

Ingresada y recibida la causa por el juez que suscribe, y llevada a cabo la audiencia correspondiente, con el debido pronunciamiento del dispositivo oral del presente fallo, se pasa a explanar los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha decisión en el presente fallo, conforme al artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

ARGUMENTOS DEL APELANTE

Señala el recurrente que apela de la decisión proferida por el juzgado de la causa, en razón de que en la misma se cometieron varias irregularidades o vicios en perjuicio del trabajador. Indica que el análisis probatorio no está en sintonía con lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual obliga a examinar los instrumentos probatorios. Que luego de cumplir diversos cargos para la empresa DESURCA fue despedido por el Gerente de Infraestructura. Que DESURCA asumió la carga de la prueba por la forma como contestó la demanda. Que a los folios 97 al 110 del expediente constan documentos que demuestran lo pretendido en la demanda. . Que el a quo quebrantó el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se llevó a cabo acto de exhibición de instrumento y la demandada no presentó los documentos que el actor había presentado en copia simple. Que el Tribunal no tomó en cuenta nada de esto y concluyó que no existía relación laboral, fundamentado sólo en el hecho que el salario era cancelado por medio de una empresa denominada contratista. Afirma que de acuerdo al principio de Primacía de la realidad o de los hechos el Tribunal debió haber aplicado el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la sana crítica para valorar las pruebas, de tal manera que queden claros los motivos que suscitaron una determinada decisión. Ratifica que su representado sí prestó servicios personales de carácter laboral para la demandada, la cual asumió la carga probatoria por cuanto ellas trajeron nuevos hechos y al no desvirtuar los elementos aportados por la parte demandada, pide que la decisión se revoque formalmente, se haga justicia social y se declare con lugar la demanda.

DE LA TRABAZÓN DE LA LITIS

La parte actora alega que comenzó su relación laboral con la empresa demandada en fecha 16 de enero de 1995, en el sector denominado S.M.d.C., como operador de máquina fotocopiadora, con un horario de trabajo establecido por la demandada de lunes a jueves de 8am a 12m y de 1pm a 6:30pm, y los días viernes de 7am a 12m, y de 1pm a 4pm, estando subordinado a las órdenes de los directivos de la demandada. Que el último salario devengado fue la cantidad de Bs. 135.000,00 mensuales, debiendo devengar como último salario diario la cantidad de Bs. 5.480, de acuerdo el Convenio Colectivo. Que la relación perduró en forma ininterrumpida por un lapso de cuatro años y once meses, hasta el 16 de diciembre de 1999, fecha en la cual lo despidieron.

Asegura que a pesar de que el salario se le cancelaba por las empresas contratistas, su patrono siempre fue DESURCA, pues estaba bajo la dependencia de ésta y los equipos de trabajo eran suministrados por la misma empresa demandada. Que sus Prestaciones Sociales deben ser canceladas conforme a la Contratación Colectiva que ampara a los trabajadores de DESURCA, y no conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que todo lo pagado por concepto de Prestaciones Sociales se debe tener como adelanto o anticipo, y es procedente demandar el pago de la diferencia de las mismas, en virtud de que la demandada, a través de sus contratistas, procedió a disimular la relación de trabajo sostenida con el demandante, no permitiendo en el momento del cálculo de las prestaciones sociales, que se efectuaran según lo dispuesto en la Convención Colectiva que suscribió la empresa demandada para con sus trabajadores.

Que por las razones expuestas procede a demandar a la Empresa DESARROLLO URIBANTE CAPARO C.A. (DESURCA), para que cancelen o a ello sea condenado por el Tribunal, la cantidad SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs.7.261.318,04) por concepto de DIFERENCIA de Prestaciones Sociales, correspondientes a los siguientes conceptos:

• Preaviso: artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 60 días a razón de Bs.5.980,00 diarios, para un total de Bs. 358.800,00.

• Antigüedad: artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 150 días a razón de Bs. 5.980,00 diarios, para un total de Bs.897.000,00.

• Vacaciones: Cláusula 18 de la Convención Colectiva, que arroja un total de Bs. 580.130,46,

• Vacaciones Fraccionadas: Cláusula 18 de la Convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas filiales 1994-1997 y artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, que arroja un total de Bs. 350.607,40

• Utilidades: Cláusula 29 de la convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas Filiales 1994-1997, la cantidad de Bs. 1.193.155,20 adeudados desde el año 1994 hasta el año 1999.

• Diferencia por P.d.S.; según Convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas filiales 1994-1997, para un total de Bs. 1.602.925,00.

• Por Acta Convenio de fecha 20 de mayo de 1998, le adeudan:

Aumento salarial 25%: 300.000,00.

• Cancelación para todos los Trabajadores al 01-06-98: Bs. 500.000,00

• Cancelación para todos los Trabajadores para el 01-03-99; Bs. 300.000,00

• Pago de 5 días adicionales de vacaciones: Bs. 39.166,65

• Pago de 20 días adicionales de utilidades: Bs. 202.933,33

• Cláusula 18 Bono Vacacional: Bs. 220.000,00

• Prórroga de convención Colectiva: Bs. 1.000.000,00

Para un total de Bs. 7.611.318,04, menos la cantidad de Bs. 350.000,00 que ya le fueron cancelados, por lo cual reclama el monto de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 7.261.318,04), cantidad a la cual pide le sean calculados los intereses de mora correspondientes y la corrección monetaria.

Llegada la oportunidad para contestar al fondo la demanda, la parte accionada negó, rechazó y contradijo que el demandante haya mantenido una Relación Laboral con la demandada, pues lo cierto es que mantuvo relación laboral con las empresas SINCO, OCASA, CIMELCA y SAPCA.

Además, rechaza que el actor estuviese sujeto a un horario de trabajo, que fuera despedido por Representante de DESURCA, que la demandada haya tenido relaciones mercantiles con la empresa SERVI, que al personal de la demandada se le cancele el sueldo a través de las empresas OCASA, SINCO, CIMELCA y SAPCA.

Finalmente, niega, rechaza y contradice todos y cada uno de los montos demandados especificados en el libelo de la demanda.

DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Conforme a reiterada jurisprudencia patria, el demandante tiene la carga de probar sus respectivas alegaciones, pero quedará relevado de dicha obligación, si su contraria no niega la existencia de la vinculación laboral invocada, o si negándola, argumentare a su favor hechos nuevos traídos a juicio exclusivamente en la oportunidad de enervar los dichos del escrito libelar. De tal forma que tendría la carga de demostrar la certeza de estos hechos nuevos, porque en caso contrario quedaría tácitamente reconocida la relación de trabajo, y con ella los demás elementos argüidos por el demandante.

En el presente caso, en virtud de la alegación de la existencia de otros entes patronales diferentes a la demandada, ésta ha tenido la carga de demostrar la veracidad de sus argumentos en el presente juicio, y para corroborar el cumplimiento de la misma, pasa quien decide a estudiar los diversos elementos probatorios aportados al proceso, así:

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

• Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales canceladas al demandante por la empresa OCAS.A., por la cantidad de Bs. 338.082,90 (f.13). Se valora conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

• Convención Colectiva del Trabajo Nacional de CADAFE, años 1994 – 1997 (fs. 14 al 61). Se valora conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

• El mérito favorable de los autos.

• Confesión de la demandada DESURCA, la cual no consta en autos y por tanto no es valorada.

• CARNET de A.D., con el logotipo de DESURCA (f.97). Se valora como prueba indiciaria conforme al artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.

• Planilla de control de suministro de alimentación de Desurca al ciudadano A.D., correspondiente a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1999. Se valora conforme al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

• Fotocopia simple de listados de personal que laboraron para Desurca correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997, en los cuales figura A.D., suministrados por SINCO Y SAPCA. (f. 103 al 108). De los mismos se pidió su exhibición, y ante la ausencia de la misma, este Tribunal les concede pleno valor probatorio conforme al artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.

• Comunicación de la empresa SINCO a A.D., por medio de la cual le informa que sus servicios culminarán para la empresa por cuanto terminó el contrato entre Desurca y Sinco en fecha 15/12/1995 (folio 109).

• Solvencia emitida por Desurca en donde dice que el trabajador suministrado por SINCO C.A. cumplió con todos los requisitos de egreso. Se valora conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

• Valor probatorio de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y de los artículos 89 y 94 de la Constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales, en tanto que constituyen fuentes de derecho, no pueden ser promovidos como pruebas por la parte correspondiente.

• Testimonial de L.A.S.V., J.D.C.S., los cuales no comparecieron a rendir sus respectivas declaraciones.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

• Mérito favorable de los autos, lo cual no se desecha por no ser prueba conducente en la presente causa.

• Liquidación de prestaciones realizada por la empresa OCASA. La misma ya ha sido valorada.

• Contratos N° UC-029/98, UC-030/98, UC-031/98 y UC-032/98, celebrados entre DESURCA y las empresas CIMELCA, SAPCA, OCASA y SINCO C. A. Se valoran conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

• Resoluciones de Junta Directiva Nos. 9, 13, 20 al 24, 65, 08, 13, 32, 03, y 20, contentivas de solicitud de autorización para requerir ofertas a las empresas suministradoras de personal. Se valora conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

• Copia simple de transacción laboral celebrada entre la Empresa ORINOCO CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO S.A. (OCASA). Se valora conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

• Exhibición de los originales de los preavisos dirigidos a A.D. durante el tiempo que laboró en la empresa, uno de los cuales consta en original se valora conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y el segundo no fue presentado, pero no existe prueba fehaciente de que dicho documento esté en poder del demandante y por tanto tal prueba es desechada.

• Testimoniales: Ing. H.S., identificado con la cédula Nro. V-4.255.817. Por cuanto trabaja para la demandada no merece valor probatorio y por tanto su declaración es desechada.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, debe indicarse que del material probatorio aportado a los autos, este juzgador aprecia que en principio el demandante laboraba para una empresa distinta a la demandada, pero que tenía con ésta un vínculo contractual muy estrecho, cual era el suministro de personal para distintas tareas propias del giro de la empresa hidroeléctrica, siendo que en el caso del demandante, éste era considerado al inicio de la relación laboral como operador de fotocopiadora en las oficinas de DESURCA, y aparecía en nóminas de alimentación y de personal que hacían referencia directa principal a dicha empresa y en un segundo plano, a la empresa contratista.

Esta estrecha relación crea en el criterio de quien decide, la idea de solidaridad entre una y otra empresa, siendo pertinente por tanto, considerar el dispositivo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 54. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o más trabajadores.

El intermediario será responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la Ley y de los contratos; y el beneficiario responderá además, solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados directamente por el patrono beneficiario

La anterior disposición estipula que tanto el intermediario como el beneficiario de la obra, son responsables solidarios frente a los trabajadores del primero, el cual es definido por el legislador, como la persona que utiliza los servicios de trabajadores en nombre propio, aunque en beneficio de otro.

En el caso de autos, se observa que dicho trabajador estaba bajo una contratación a través de personas interpuestas, las suministradoras de personal, quienes actúan en nombre propio pero en beneficio de otra persona, para que le presten servicios a ésta, pero sin que tenga necesariamente que involucrarse en la dirección de dichos trabajadores ni en la gestión de las actividades que realizan.

Acogiéndose al criterio reiterado de este Juzgado Superior, considera quien aquí decide que la vinculación entre el demandante y la accionada puede incluirse entre las mencionadas “Relaciones Triangulares”, ya que en la práctica laboral venezolana, se puede encontrar que un número importante de trabajadores, además de estar vinculados jurídicamente con la relación laboral mantenida con su patrono, están indirectamente relacionados con una o más empresas con las cuales éste ha realizado contratos.

Por tanto, concluye quien aquí decide que el demandante laboró para empresas suministradoras de personal, pero que del fruto de su trabajo no eran éstas quienes se beneficiaban, sino la propia empresa DESURCA, la cual, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, es responsable solidaria de los pasivos laborales reclamados por el trabajador, los cuales deberán ser honrados conforme a la Convención Colectiva que ampara a los trabajadores de la empresa DESURCA, por no estar permitidas en nuestro ordenamiento jurídico discriminaciones laborales de ningún tipo. Así se establece.

Seguidamente pasa este juzgador a determinar los conceptos laborales que le corresponde. En este orden de ideas, siendo facultad de este juzgador ajustar de oficio las reclamaciones de la parte actora a la realidad de los hechos por el principio de primacía de la realidad sobre las formas y de acuerdo a las condiciones en que se desenvolvió la relación laboral, así como de las pruebas valoradas, y con el propósito de garantizar una justicia equitativa e igualitaria, todo de conformidad con los artículos 89 y 92 de nuestra Constitución Nacional, pasa quien decide a determinar la cuantía de los conceptos que le corresponden a la demandante en base a la duración de la relación laboral:

• Preaviso: artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 60 días a razón de Bs.5.980,00 diarios, para un total de Bs. 358.800,00.

• Antigüedad: artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, 150 días a razón de Bs. 5.980,00 diarios, para un total de Bs.897.000,00.

• Vacaciones: Cláusula 18 de la Convención Colectiva, que arroja un total de Bs. 580.130,46,

• Vacaciones Fraccionadas: Cláusula 18 de la Convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas filiales 1994-1997 y artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, que arroja un total de Bs. 350.607,40

• Utilidades: Cláusula 29 de la convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas Filiales 1994-1997, la cantidad de Bs. 1.193.155,20.

• Diferencia por P.d.S.; según Convención Colectiva Nacional de Trabajo de CADAFE y sus Empresas filiales 1994-1997, para un total de Bs. 1.602.925,00.

• Por Acta Convenio de fecha 20 de mayo de 1998, le adeudan:

• Aumento salarial 25%: 300.000,00.

• Cancelación para todos los Trabajadores al 01-06-98: Bs. 500.000,00

• Cancelación para todos los Trabajadores para el 01-03-99; Bs. 300.000,00

• Pago de 5 días adicionales de vacaciones: Bs. 39.166,65

• Pago de 20 días adicionales de utilidades: Bs. 202.933,33

• Cláusula 18 Bono Vacacional: Bs. 220.000,00

• Prórroga de convención Colectiva: Bs. 1.000.000,00

Para un total de Bs. 7.544.718,04, menos la cantidad de Bs. 350.000,00 que ya le fueron cancelados, por lo cual reclama el monto de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 7.194.718,04), monto al cual deberá agregársele los intereses y la indexación correspondiente. Así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 25 de enero de 2006.

SEGUNDO

CON LUGAR LA DEMANDA interpuesta por el ciudadano A.J.D.C. contra la empresa mercantil DESARROLLO URIBANTE CAPARO C.A. (DESURCA).

En consecuencia, se condena a la demandada a cancelar la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 7.194.718,04).

La cantidad antes mencionada deberá ser indexada a la actualidad monetaria de hoy, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la ejecución de la presente sentencia, en los términos establecidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; y deberán calcularse los intereses de mora que correspondan desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la efectiva ejecución de la presente decisión. La experticia complementaria del presente fallo que determine tales montos se hará por un solo perito nombrado por el Tribunal.

TERCERO

SE REVOCA EL FALLO APELADO.

CUARTO

Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Bájese el expediente en la oportunidad correspondiente.

Dado, firmado, sellado y refrendado, en la Sala de despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los siete (07) días del mes de junio de 2006, años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

J.G.H.B.

Juez Superior Primero del Trabajo

N.M.

Secretaria

En la misma fecha, siendo las tres de la tarde, se publicó, registró y se dejó copia certificada en el libro correspondiente.

N.M.

Secretaria

Exp. SP01-R-2006-000064

JGHB/Edgar

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