REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 03593
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
PARTE RECURRENTE: JESUS SUAREZ RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº V-2.375.113, debidamente representado por su apoderada judicial Felicia Katiusha Hernandez, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 32.172.-
PARTE RECURRIDA: CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.-
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CON AMPARO CAUTELAR.
II
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Mediante escrito presentado en fecha 08 de agosto de 2002, ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) y recibido por este Tribunal en fecha 09 de agosto de 2002, por Felicia Katiusha Hernández, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 32.172, actuando en representación de JESUS SUAREZ RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº V-2.375.113, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con Amparo Cautelar, contra los Actos Administrativos aprobados por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fechas 25 de abril de 2002 y 30 de julio de 2002, contentivos de las suspensiones de las funciones como Concejal electo y contra la omisión de trato justo e igualitario a los demás concejales de la Cámara Municipal del Municipio Libertador.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para dictar sentencia, corresponde a este Juzgado Superior Cuarto Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital pronunciarse sobre el asunto planteado y a tal efecto observa, que en la presente causa se reclama la nulidad de los Actos Administrativos aprobados por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fechas 25 de abril de 2002 y 30 de julio de 2002, contentivos de las suspensiones de las funciones como Concejal electo y contra la omisión de trato justo e igualitario a los demás concejales de la Cámara Municipal del Municipio Libertador.-
La parte recurrente fundamentó su recurso en los siguientes alegatos:
Que: “…En fecha 3 de diciembre de 2000 fui electo como Concejal Principal del Municipio Libertador del Distrito Capital antes Distrito Federal...”
Que: “…en la sesión siguiente celebrada el 25 de abril de 2002, al momento de leer la minuta de la Sesión anterior para su aprobación, pedí la palabra para manifestar mi desacuerdo con el Acuerdo aprobado por cuanto yo me había retirado de la misma cuando terminó la sesión ordinaria y, el presidente € me manifestó que no había más puntos pendientes y resulta que aparece un comunicado, en la Prensa Nacional el mismo 25/04/2002 donde inclusive pareciera que yo estoy votando y participando en el mismo (…), cuando en el texto del Acuerdo, se me inculpa írritamente por supuesta responsabilidad en los hechos acaecidos en el Municipio Libertador durante el mes de Abril del año en curso …”
Que: “… Versión taquigráfica referida de fecha 25 de abril de 2002 (…), se evidencia que sin mediar ningún tipo de observación, consideración, motivación, fundamentación, base legal alguna o procedimiento previo sobre los planteamientos relativos a la minuta, directamente el Presidente (e) del Concejo Municipal sólo se limita a proponer mi suspensión de la Cámara Municipal e inmediatamente se aprueba, sin mediar debate u opinión alguna y se me solicita me retire de la Cámara Municipal…”
Que: “…En fecha 30 de julio de 2002, se celebró la sesión ordinaria de Cámara Municipal del Concejo del Municipio Libertador del Distrito Capital (…). En la Referida sesión ordinaria de Cámara Municipal entre los puntos 24 y 25 del orden del día, se trato una Moción de Urgencia II, mediante la cual se aprueba mi suspensión por cinco (5) Sesiones Ordinarias de la Cámara Municipal…”
Que: “…En fecha 31 de julio de 2002, se celebró sesión ordinaria de la Cámara Municipal, que a pesar de no estar para esa fecha aprobada la minuta de la sesión anterior (…), se me negó el acceso a la sesión de cámara de esa fecha y las siguientes…”
Que: “…Trato desigual por parte de los Concejales integrantes de la Cámara Municipal del Concejo Municipal identificado, hacia mi condición de Concejal Electo del Municipio en iguales circunstancias y en las mismas elecciones en las cuales se realizó la elección de todos los concejales que integramos la Cámara Municipal referida, que se ha manifestado no solo en la omisión de asignarme la presidencia de una Comisión Permanente sino también, en la omisión de la asignación de insumos básicos para el desarrollo de las múltiples funciones que como Concejal electo me corresponden, vale decir, se me ha excluido de la asignación de teléfono celular, vehículo, oficina, personal administrativo, lo cual si se ha asignado a todos y cada uno de los concejales del Municipio Libertador…”
Que: “…Clara e indubitablemente, las actuaciones de la Cámara Municipal constituyen una violación notoria al artículo 18 del texto constitucional en cuanto a la potestad legislativa de la organización de la capital de la República, y a los intereses difusos y colectivos de todos los habitantes del Municipio, con mi actuación como representante popular electo en las elecciones de concejales solo manifesté mi punto de vista sobre la ilegalidad del Acuerdo sobre el cambio de los Símbolos del Municipio y exprese mi opinión sobre los referidos hechos fuera del seno o recinto de la Cámara Municipal, en ejercicio de los derechos que como ciudadano y concejal me corresponden…”
Que: “…ahora bien es a través del presente recurso que impugno: 1. El acto administrativo contenido en la Versión taquigráfica del día 25 de abril de 2002, en el cual al momento de discutir la minuta o acta de sesión anterior (…), se evidencia que sin mediar ningún tipo de observación, consideración, motivación, fundamentación, base legal alguna o procedimiento previo sobre los planteamientos relativos a la minuta de la sesión anterior, directamente el presidente (e) del Concejo Municipal solo se limita a proponer mi suspensión de la Cámara Municipal e inmediatamente se aprueba la misma por cinco (5) sesiones, sin mediar debate u opinión alguna, se me solicita que me retire del recinto de la Cámara Municipal. 2. Igualmente impugno el acto administrativo contentivo de la sanción de suspensión por cinco (5) sesiones de Cámara Municipal contenido en la moción de urgencia II, aprobada en la sesión ordinaria del concejo Municipal del Municipio Libertador celebrada en fecha martes 30 de julio de 2002 (…). 3. la omisión de la Cámara Municipal del Municipio Libertador de darme un trato igualitario a los demás Concejales Electos al impedírseme el cabal cumplimiento de mis funciones por no asignarseme celular, vehículo, Comisión Permanente, oficina y personal administrativo, como se ha asignado a cada uno de los Concejales integrantes de ese ayuntamiento Capitalino, según se evidencia de original de la comunicación No. 3845-2002, de fecha 27 de junio de 2002, mediante el cual se me informó que en la sesión de fecha 25 de junio de 2002, se me aprobó la conformación de Comisiones Permanentes del Concejo del Municipio libertador…"
Finalmente, esta representación solicita se declare la Nulidad de los Actos que se impugnan.
IV
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha 13 de noviembre de 2002, este Juzgado admitió el presente recurso contencioso administrativo y declara procedente la solicitud de amparo cautelar. (Ver folios 229 al 239 del expediente judicial).-
En fecha 21 de mayo de 2003, este Juzgado declara abierto el lapso de pruebas a partir de la misma fecha de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (Ver folio 262 del expediente judicial).-
En fecha 06 de agosto de 2003, este Juzgado deja constancia del inicio de la primera etapa de la relación de la causa. (Ver folio 303 del expediente judicial).-
En fecha 20 de agosto de 2003, este Juzgado deja constancia de haber concluido la primera etapa de la relación de la causa. (Ver folio 304 del expediente judicial).-
En fecha 22 de agosto de 2003 este Juzgado deja constancia del inicio de la segunda etapa de la relación de la causa. (Ver folio 316 del expediente judicial).-
En fecha 23 de septiembre de 2003 este Juzgado deja constancia de la conclusión de la segunda etapa de la relación de la causa, declara “VISTOS” y procederá a dictar sentencia dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes al de hoy, tomando en consideración la complejidad y la naturaleza del asunto debatido. (Ver folio 317 del expediente judicial).-
En fecha 31 de enero de dos mil diecisiete (2017), se abocó al conocimiento de la causa EMERSON LUIS MORO PÉREZ, en virtud de su designación como Juez de este Juzgado Superior, mediante sesión de la Comisión Judicial de fecha 23 de enero de 2015, quien con tal carácter suscribe la presente decisión (Ver folio 337 del expediente judicial).-
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Advierte quien aquí decide, que de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente judicial, se puede evidenciar que desde la fecha 23 de abril de 2003, la representación judicial del recurrente abogada Felicia Katiusha Hernandez, consigna ejemplar del diario El Universal donde consta la fijación del Cartel de Notificación de las partes, siendo esta su última actuación procesal, existiendo un tiempo hasta la presente fecha de más de 13 años y 09 meses.-
A partir de esa fecha, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada y por cuanto han transcurrido un tiempo prudencial (13 años y 09 meses) sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción.
El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual exteriorizado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia.
No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Para Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, pag. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973):
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal emana de la necesidad que tiene una persona natural o jurídica, por una situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía jurisdiccional para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal se manifiesta en la demanda y se mantiene a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción.
Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
En atención a lo antes expuesto, estima oportuno traer a colación el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00075, dictada en fecha 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), donde se delimitó el concepto procesal de interés para accionar, en los dichos siguientes:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:
(…Omissis…)
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por la Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico’…”
De igual manera en sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de 01 de junio de 2001 caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, Expediente. Nº: 00-1491, se pronuncio:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.”(Subrayado de la Sala)
Nuestra Sala Constitucional, en sentencia N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), sentó lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
(…)
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia…”
Conforme a los criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En el caso sub iudice, se advierte que sustanciado en su totalidad el presente asunto, en fecha treinta y uno (31) de enero de 2017, este Juzgado mediante auto otorgó a las partes actora un lapso de 03 días a de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En armonía a lo antes expuesto este Juzgador, atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes invocados, declara extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Ver, entre otras, sentencias de la Sala Constitucional Nros. 01139, 00094 y 00275, del 5 de agosto de 2009, 28 de enero de 2010 y 2 de marzo de 2011, respectivamente). Así se decide.
Por ultimo, de conformidad con la motiva del presente fallo, este Juzgado deja sin efecto la medida cautelar que versa sobre la presente demanda y en consecuencia se declara extinguida la medida de amparo cautelar decretado mediante sentencia de fecha 13 de noviembre de 2002, y así se decide.
VI
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por JESUS SUAREZ RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº V-2.375.113, debidamente representado por su apoderada judicial Felicia Katiusha Hernández, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 32.172, contra los Actos Administrativos aprobados por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fechas 25 de abril de 2002 y 30 de julio de 2002, contentivos de las suspensiones de las funciones como Concejal electo y contra la omisión de trato justo e igualitario a los demás concejales de la Cámara Municipal del Municipio Libertador.-
En consecuencia pasa este juzgador a precisar el contenido del presente fallo en los siguientes términos:
PRIMERO: Se DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo nulidad con amparo cautelar interpuesto por el apoderado judicial de JESUS SUAREZ RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº V-2.375.113, contra los Actos Administrativos aprobados por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fechas 25 de abril de 2002 y 30 de julio de 2002, contentivos de las suspensiones de las funciones como Concejal electo y contra la omisión de trato justo e igualitario a los demás concejales de la Cámara Municipal del Municipio Libertador.-
SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, Se REVOCA la medida de amparo cautelar dictada en fecha 13 de noviembre de 2002
TERCERO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EMERSON LUIS MORO PÉREZ
EL JUEZ
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
En la misma fecha, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento número ___ dando cumplimiento a lo ordenado en el dispositivo del presente fallo.-
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
Expediente. N° 03593
E.L.M.P./G.J.R.P./S.v.a.e.-
