REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 05601
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
PARTE DEMANDANTE: Las abogadas Evelyn Spinosa Brea y Noemí Rondón La Rosa, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.785 y 26.437, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), creada por Decreto Ejecutivo Nº 1.827 de fecha 5 de septiembre de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 34.808, de fecha 27 de septiembre de 1991, e inscrito su Documento Constitutivo ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 30 de diciembre de 1991, bao el N.º 38, Tomo 48 del Protocolo Primero.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 18 de octubre de 1996, bajo el N.º 53, tomo A-3.-
MOTIVO: DEMANDA POR COBRO DE BOLIVARES.-
II
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Mediante escrito presentado en fecha 15 de febrero de 2007, ante este Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital actuando en funciones de distribuidor, proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y recibido por este Juzgado en fecha 16 de febrero de 2007, las abogadas Evelyn Spinosa Brea y Noemí Rondón La Rosa, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.785 y 26.437, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), interpusieron demanda por cobro de bolívares, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para dictar sentencia, corresponde a este Juzgado Superior Cuarto pronunciarse sobre el asunto planteado y a tal efecto observa, la parte demandante fundamentó su en los siguientes alegatos:
Que: “…FONTUR, y actuando como fiduciario de ésta en virtud del Contrato de Fideicomiso autenticado ante la Notaria Pública Séptima de Caracas, en fecha 12/06/1996, bajo el No. 16, Tomo 61, celebró siete (07) Contrato de Crédito con la sociedad mercantil “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”… omissis… a los fines que la referida sociedad mercantil “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”, con los referidos créditos otorgados con recursos provenientes del Fondo Fiduciario de acuerdo con el Plan Nacional de Modernización del Transporte Terrestre, adquiriera (medianute Contrato de Venta con Reserva de Dominio) de la Sociedad Mercantil “AUTO MUNDIAL S.A”,…”.
Que: “…, la “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”, antes identificada, se comprometió a pagar a la Sociedad Mercantil “AUTO MUNDIAL S.A.”, antes identificada, el precio de adquisición de cada uno de los vehículos…omissis…, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENITO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 44.135.000); precio que el comprador, la empresa “RANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.” convino a pagar en un plazo de cinco (05) años, mediante sesenta (60) cuotas, mensuales y consecutivas incluyendo capital e intereses, más una cuota estra; cincuenta y nueve (59) cuotas a razón de seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco bolivares con setenta y nueve céntimos (Bs. 646.655,79), la cuota sesenta (60) por dieciséis millones ciento sesenta y seis mil trescientos noventa y cuatro bolivares con setenta y cinco céntimos (Bs. 16.166.394,75) y la cuota extraordinaria por CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 4.413.500,00),…”.
Que: “… Como consecuencia del flagrante incumplimiento por parte de la empresa “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”, a sus compromisos contractuales de pago, no obstante los plazos y beneficios que le fueron concedidos, y en vista de la imposibilidad de lograr el pago de las cantidades de dinero adeudadas, habiéndose agotado sin ningún éxito todas las gestiones previas en consecución de tal objetivo,…”
Que: “… la “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”, antes identificada, hasta la fech ha incumplido en forma continua y reiterada obligaciones contractuales pactadas en los precitados Contratos de Reserva de Dominio, los Contratos de Créditos para la adquisición de unidades de transporte público (autobuses), adeudando a nuestra representada FONTUR,…”.
Finalmente solicita: “…las siguientes cantidades: PRIMERO: La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (BS. 152.059.138,06), correspondiente a la sumatoria de saldos deudores de capital de los préstamos otorgados para la adquisición de los siete (07) vehículos… SEGUNDO: La cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS. 35.471.454,49), por concepto de INTERESES COMPENSATORIOS generados por la falta de pago de las cuotas que amortizaban los prestamos para la adquisición de los vehículos plenamente identificados, calculados a la tasa del doce por ciento (12%) anual sobre saldos deudores al 14/09/2006. … TERCERO: La cantidad de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (BS. 30.231.543,22), que comprende la sumatoria total correspondiente a los INTERESES DE MORATORIOS generados del incumplimiento de las obligaciones de pago antes señalada, calculados a la tasa de un tres por ciento (3%) anual, al 14/09/2006. …”.
IV
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha 20 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo de Primera en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la presente demanda cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden publico, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. (Ver folios 108 del expediente judicial).-
En fecha 27 de febrero de 2007, este Juzgado dio por recibido el expediente contentivo de la demanda por cobro de bolívares incoada, dándole entrada a los fines de continuar el juicio. (Ver folio 131 del expediente judicial).
En fecha 17 de enero de 2008, tuvo lugar la admisión de las pruebas promovidas. (Ver folio 157 del expediente judicial).-
En fecha 21 de abril de 2008, tuvo lugar la presentación de informes en la presente causa. (Ver folio 160 del expediente judicial).-
En fecha 22 de abril de 2008, este Juzgado estableció un lapso de 60 días continuos para dictar sentencia. (Ver folio 164 del expediente judicial).-
En fecha nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se abocó al conocimiento de la causa EMERSON LUIS MORO PÉREZ, en virtud de su designación como Juez de este Juzgado Superior, mediante sesión de la Comisión Judicial de fecha 23 de enero de 2015, quien con tal carácter suscribe la presente decisión (Ver folio 171 del expediente judicial).-
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Advierte quien aquí decide, que de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente judicial, se puede evidenciar que desde el 04 de diciembre de 2009, la presente causa se encuentra paralizada, siendo que en esa fecha se realizó el último acto de impulso procesal.-
A partir de esa fecha, las partes no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida del interés por parte del demandante y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada, por cuanto han transcurrido un tiempo prudencial (superior a 7 años) sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.-
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción.-
El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual exteriorizado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia.-
No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.-
Para Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, pag. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973):
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal emana de la necesidad que tiene una persona natural o jurídica, por una situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía jurisdiccional para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.-
El interés procesal se manifiesta en la demanda y se mantiene a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción.-
Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.-
En atención a lo antes expuesto, estima oportuno traer a colación el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00075, dictada en fecha 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), donde se delimitó el concepto procesal de interés para accionar, en los dichos siguientes:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:
(…Omissis…)
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por la Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico’…”
De igual manera en sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de 01 de junio de 2001 caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, Expediente. Nº: 00-1491, se pronuncio:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.”(Subrayado de la Sala)
A mayor abundamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la decisión N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
(…)
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia…”
Conforme a los criterios antes expuestos, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.-
En armonía a lo antes expuesto, este Juzgador atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes invocados, declara extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Ver, entre otras, sentencias de la Sala Constitucional Nros. 01139, 00094 y 00275, del 5 de agosto de 2009, 28 de enero de 2010 y 2 de marzo de 2011, respectivamente). Así se decide.-
VI
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la demanda por cobro de bolívares, interpuesta por las abogadas Evelyn Spinosa Brea y Noemí Rondón La Rosa, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.785 y 26.437, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), contra la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”.- En consecuencia pasa este juzgador a precisar el contenido del presente fallo en los siguientes términos:
PRIMERO: Se DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la demanda por cobro de bolívares, interpuesta por las abogadas Evelyn Spinosa Brea y Noemí Rondón La Rosa, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.785 y 26.437, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), contra la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A.”.-
SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EMERSON LUIS MORO PÉREZ
EL JUEZ
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
En la misma fecha, siendo las nueve horas y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento número ___ dando cumplimiento a lo ordenado en el dispositivo del presente fallo.-
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
Expediente. N° 05601
E.L.M.P./G.JRP/Y.ard.-
