Decisión Nº 1.361 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-03-2018

Número de sentenciaSent.Int.Nº25-2018
Fecha19 Marzo 2018
Número de expediente1.361
Distrito JudicialCaracas
Partes"INVERSIONES SASHA DE CARACAS, C.A."
EmisorJuzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario
Tipo de procesoRemisión A La Administración Tributaria Para Que Proceda Con La Ejecución Forzosa
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 19 de marzo de 2018.
207º y 159º

ASUNTO: AF46-U-1999-000038. SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº: 25/2018.-
Asunto Antiguo: 1.361.
En fecha veinticinco (25) de Julio de 1999, la abogada Carmen Gloria Figueroa Valenzuela, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 49.739, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente “INVERSIONES SASHA DE CARACAS, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda (hoy Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda) de fecha seis (6) de noviembre de 1997, bajo el N° 4, Tomo 4-A-VII y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-30486592-2, contra el acta de reconocimiento levantada en fecha catorce (14) de mayo de 1999, por la Fiscal Nacional de Hacienda Nancy González, actuando con el carácter de funcionaria reconocedora, adscrita a la Aduana Principal de La Guaira del hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a las mercancías llegadas en el buque Tijereto el trece (13) de marzo de 1999, amparada con el conocimiento de embarque N° LAG-001 y procedente del puerto de Willemstaad, confrontado bajo el N° 17086 de fecha veintitrés (23) de marzo de 1999 y consignado a la recurrente, representada por la agencia de aduanas Aduanera Equiluz, C.A.; así como contra las Resoluciones de Multa identificadas con los Nros. APLG/DO/99-1 de fecha catorce (14) de mayo de 1999, expedida por la mencionada funcionaria, por el monto de Bs. 33.137.926,24, y APLG/AAJ/471-99 de fecha diecisiete (17) de mayo de 1999, emanada de la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira del SENIAT por el monto de Bs. 19.502.104,49 y la correlativa Planilla de Liquidación de Gravámenes (pagable), formulario N° H-98-0083623, número de Liquidación LGP99-1-07072 de fecha dieciocho (18) de mayo de 1999, por el monto total de Bs. 118.329.633,13 actualmente equivalente a Bs. 118.329,63 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de enero de 2008, según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de marzo de 2007.
El mencionado Recurso fue declarado parcialmente con lugar, mediante Sentencia Definitiva N° 1.465 dictada y publicada por este Tribunal en fecha veinticinco (25) de enero de 2012, la cual fue apelada por medio de diligencia de fecha trece (13) de Abril de 2012 por la representación judicial del Fisco Nacional y mediante Sentencia N° 01296 dictada y publicada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se declaró:
“1.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° 1.465 del 25 de enero de 2012, dictada y publicada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se REVOCA en cuanto a la declaratoria de Procedencia de la atenuante contenida en el numeral 3 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994.
2.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario incoado con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad mercantil INVERSIONES SASHA DE CARACAS, C.A. En consecuencia, quedan FIRMES los actos administrativo (sic) siguiente (sic): 1) Acta de Reconocimiento de fecha 13 de mayo de 1999. 2) Resolución de Multa N° APLG/DO/99-1 del 14) (sic) de mayo de 1999. 3) Resolución de Multa N° APLG/AAJ/471-99 emitida en fecha 18 de mayo de 1999. 4) Planilla de Liquidación de Gravámenes (pagable) Forma 81, Formulario N° H-98-0083623, N° de Liquidación LGP99-1-07072 del 18 de mayo de 1999.
3.- Se CONDENA EN COSTAS a la contribuyente en el equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, según lo previsto en el articulo (sic) 327 del Código Orgánico Tributario Vigente”. (Sic). (Resaltado de la referida Sala).
Mediante diligencia de fecha dieciocho (18) de enero de 2017, la abogada Adda Almanzar, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 68.313, actuando en su carácter de Abogada sustituta del ciudadano Procurador General de la República, solicitó el cumplimiento voluntario de la Sentencia Definitiva Nº 01296, ordenándose el cumplimiento de la misma el veintitrés (23) de enero de 2017, mediante la Sentencia Interlocutoria N° 07/2017, de la cual fue notificada la recurrente, sin que conste en autos que haya procedido con lo peticionado.
Ahora bien, vista la diligencia suscrita en fecha siete (07) de marzo de 2018, por la abogada antes mencionada, mediante la cual solicitó la remisión del presente Expediente signado con el Nº AF46-U-1999-000038 (Asunto Antiguo: 1.361), a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) “con el objeto de proceder a la ejecución forzosa de la sentencia”; este Tribunal observa:
El artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, consagra el principio de irretroactividad de la Ley en los términos siguientes:

“Artículo 24.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. (Negrillas de este Tribunal).

El citado precepto constitucional, a su vez se encuentra desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario de 2014, en cuyo texto indica:
“Artículo 8.- Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo” (Negrillas del Tribunal).
De los artículos anteriormente transcritos, se desprende que las leyes tributarias entran en vigencia a partir del vencimiento del término previo que ellas establezcan y, con relación a las normas adjetivas o de procedimiento, las mismas tendrán aplicación inmediata aun durante los procesos que se encuentren en curso.
Así las cosas, y de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Nº 1434, del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.152, de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2014, el cual entró en vigencia el dieciocho (18) de febrero de 2015, concediendo la competencia para el cobro ejecutivo a la Administración Tributaria y de la ejecución de los fallos a través de ese procedimiento administrativo conforme a los artículos 288 y 290 del prenombrado Código, y en concordancia con el criterio de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a través de la decisión número 00543 de fecha catorce (14) de mayo de 2015, en el cual se estableció lo que sigue:
“… corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente. Por lo tanto, esta Sala advierte la imposibilidad de los Jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.” (Destacado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Este Tribunal observa que el presente asunto se encuentra en fase de ejecución forzosa de sentencia y visto que la jurisdicción para dicha fase del proceso esta atribuida exclusivamente a la Administración Tributaria recurrida, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DE JURISDICCIÓN en la presente causa, y ORDENA remitir el expediente a la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, a los fines de su ejecución, obligándose a notificar a este Órgano Jurisdiccional una vez logre la referida ejecución, a los fines del cierre informático del asunto.
Líbrese oficio, acta y remítase el expediente a la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas para su entrega definitiva a través de la Unidad de Actos de Comunicación (UAC).
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.-
El Juez Suplente,


Danny Benjamín Mejía Maldonado.
La Secretaria,


Dorelys Dayarí Blanco Malavé.

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) ----------------------- La Secretaria,

Dorelys Dayarí Blanco Malavé.
ASUNTO: AF46-U-1999-000038.
Asunto Antiguo: 1.361.
DBMM/Ddbm/nctc.-

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