Decisión Nº 5586 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 11-01-2018

EmisorJuzgado Superior Primero Agrario
PonenteJohbing Richard Alvarez Andrade
PartesLOURDES AZALIA RIVEROL URBINA VS. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)
Tipo de procesoRecurso Cont. Adm.N Coj. Solic Med.Caut.Susp.Efect
Número de expediente5586
TSJ Regiones - Decisión
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JIUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Y LOS ESTADOS MIRANDA Y VARGAS
207° y 158°

Caracas, once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Visto el escrito presentado en fecha 20 de diciembre de 2017, por el ciudadano JOSÉ RAMÓN RUMBOS MORILLO, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de éste domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.578.076, inscrito en el inpreabogado bajo el N°151.076, en condición de Defensor Público de la Defensoría Segunda en Materia Agraria del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy. Actuando en nombre y representación de la Ciudadana, LOURDES AZALIA RIVEROL URBINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.628.411,quien procede a interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, contra el presunto acto administrativo emanado por el Instituto Nacional de Tierras contentivo del TÍTULO DE ADJUDICACIÓN SOCIALISTA AGRARIA Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, de fecha 15 de noviembre de 2016, a favor del Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, titular de la cédula de identidad N° V-17.226.729, sobre un lote de terreno presunta propiedad de su representada, ubicado en el sector Los Grifales, Parroquia Santa Bárbara, Municipio Tomas Lander del Estado Miranda, terreno denominado “Parcela 17-B”, constante de una superficie de aproximada de DOS HECTÁREAS (2 ha), alinderada de la siguiente manera Norte: Con parcela N° 15 y 16 Sur: Con parcela N° 18, Este: con parcela N° 17, Oeste: Con parcela N°17.

En tal sentido, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente Recurso de Nulidad, conjuntamente con solicitud de Medidas Cautelares interpuesto, prescindiendo de los antecedentes administrativos, no sin antes hacer las siguientes consideraciones:

El presunto acto administrativo objeto del presente Recurso Contencioso de Nulidad, conjuntamente con solicitud de Medidas Cautelares, presuntamente ha sido dictado por el Instituto Nacional de Tierras, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual goza de las prerrogativas y privilegios que la ley le otorga, cuyos actos están sometidos al control de los órganos del sistema jurisdiccional contencioso administrativo en materia agraria.

En este sentido, conforme a lo estatuido la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, específicamente en el artículo 156 de, el cual establece que “…son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: 1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia”, y el artículo 157 eiusdem, el cual dispone que “las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios…”

Como puede evidenciarse de las citadas disposiciones legales se verifica una competencia específica, que comprende al conocimiento de los recursos o
acciones que se intenten contra cualesquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común, razón por la cual, quien decide observa, que el presente recurso de nulidad, conjuntamente con solicitud de Medidas Cautelares es intentado contra un acto administrativo, emanado del Instituto Nacional de Tierras, el cual a su vez se encuentra ubicado dentro de los límites políticos-territoriales del estado Miranda, por lo que, a tenor de lo estatuido en los artículos 156 y 157 eiusdem, este Juzgado Superior Primero Agrario, se declara competente para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad. Así se declara.

Ahora bien, este sentenciador observa que el presente recurso se encuentra estipulado y regulado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual establece los supuestos violatorios para su interposición, así como la procedencia de algún recurso interpuesto con ocasión a cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos administrativos originados por diversas situaciones acaecidas con los particulares, grupos u organizaciones, que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquier etapa del procedimiento administrativo.

Bajo esa perspectiva, es oportuno delimitar que el presente auto, sólo se dicta a objeto de pronunciarse sobre la admisión del presente recurso y no sobre el fondo del mismo, por lo que quien aquí decide en atención al orden público procesal agrario, se circunscribirá únicamente a dilucidar las causales taxativas de admisibilidad de inadmisibilidad contenidas en los artículos 160 y 162, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, haciendo la salvedad que en el fallo definitivo podrá nuevamente de oficio o a petición de parte, dado el estricto orden público que ostenta el recurso que hoy nos ocupa, volver a revisar dichos requisitos, pudiendo declarar inadmisible el mismo, de ser el caso.

En este orden de ideas, es fundamental aclarar, que dada la naturaleza jurídica de la jurisdicción contenciosa administrativa agraria, la misma es distinta de la ordinaria, cuyo objeto no es otro que el de conocer y resolver el mérito de anulación de actos administrativos, la declaratoria de la responsabilidad de la Administración y el restablecimiento de los derechos subjetivos lesionados por la actividad administrativa. Por ello, el Juez Contencioso-Administrativo ostenta a través de la norma rectora como lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, amplios poderes, que le permiten intervenir directamente en el juicio, controlar el procedimiento y sus actos, dentro de los cuales encontramos uno muy especial, del que adolece el Juez Civil, como lo es el de examinar de oficio, in limine litis, las demandas y por consiguiente rechazarlas si observa que no se cumplen los presupuestos procesales o no se llenan los requisitos de la acción.

De tal manera que la función de Justicia, del contencioso administrativo, consistente en procurar la seguridad jurídica constitucional, cuya inobservancia constituye una violación del principio de la legalidad que él está llamado a garantizar, cumplimiento que está obligado a constatar desde el primer momento en que se le solicita su intervención como Juez Contencioso Administrativo.

Establecido lo anterior, pasa este juzgador a examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad, Conjuntamente Con Solicitud De Suspensión De Los Efectos Y Medida Restitutiva A La Posesión Agraria interpuesto, para lo cual observa lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual es del tenor siguiente:

“…Artículo 160: Las acciones y recursos contemplados en el presente título deberán interponerse por escrito por ante el tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.
2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.
3. Identificación de las disposiciones constitucionales o legales cuyas violaciones denuncia.
4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificara el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.
5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

“Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos, por los siguientes motivos:
1. Cuando así lo disponga la ley.
2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el tribunal competente.
3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.
4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.
5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.
7. Cuando exista un recurso paralelo.
8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.
10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.
11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.
12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.
13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva. …”

Ahora bien, de los textos normativos supra transcritos se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad e inadmisibilidad del recurso de nulidad interpuesto, y en ese sentido pasa este juzgador a examinar el cumplimiento de los mismos, y en efecto determina:

Sobre el requisito previsto en el numeral primero del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, referido a la “determinación del acto cuya nulidad se pretende”, este sentenciador observa:

Que al señalar el recurrente, que el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES contra el acto administrativo presuntamente dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 15 de noviembre de 2.016, a través del cual se otorgó TÍTULO DE ADJUDICACIÖN SOCIALISTA AGRARIA Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, a favor del Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, portador de la cédula de identidad N° V-17.226.729, sobre un lote de terreno presunta propiedad de sus representados, ubicado en el sector Los Grifales, Parroquia Santa Bárbara, Municipio Tomas Lander del Estado Miranda, terreno denominado “Parcela 17-B”, constante de una superficie de aproximada de DOS HECTÁREAS (2 ha), alinderada de la siguiente manera Norte: Con parcela N° 15 y 16 Sur: Con parcela N° 18, Este: con parcela N° 17, Oeste: Con parcela N°17, por lo que se evidencia el cumplimiento del primero de los requisitos. Así se decide.

Sobre el requisito previsto en el numeral segundo del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario referido al “deber de acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende”, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen, al respecto este sentenciador observa que del escrito libelar se desprende que el acto administrativo hoy recurrido, fue presuntamente dictado por el Instituto Nacional de Tierras, contentivo del TÍTULO DE ADJUDICACIÓN SOCIALISTA AGRARIA Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, emanado por el Instituto Nacional de Tierras , en reunión ORD 722-16, de fecha 15 de noviembre de 2016, a favor del Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, portador de la cédula de identidad N° V-17.226.729, sobre un lote de terreno presunta propiedad de su representada, ubicado en el sector Los Grifales, Parroquia Santa Bárbara, Municipio Tomas Lander del Estado Miranda, terreno denominado “Parcela 17-B”, constante de una superficie de aproximada de DOS HECTÁREAS (2 ha), alinderada de la siguiente manera Norte: Con parcela N° 15 y 16 Sur: Con parcela N° 18, Este: N° 17, Oeste: Con parcela N°17., siendo el caso, que la recurrente en su escrito recursivo indicó la oficina publica donde presuntamente se encuentra el físico del dicho acto administrativo, pues a su decir, la administración no le proporciono de forma tempestiva el mismo. Quedando satisfecho a juicio de este sentenciador, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 eiusdem. Y así se declara.

Sobre el requisito previsto en el numeral tercero del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario referido a “la indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia”, quien decide observa, que el recurrente estableció de forma clara y expresa, que el acto administrativo cuya nulidad pretende, viola presuntamente lo establecido en los artículos 25, 26, y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 19, 4 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como el contenido del artículo 59 y 37 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que este sentenciador considera que se dio cumplimiento del tercer requisito establecido en el artículo 160. Así se declara.

Sobre el requisito previsto en el numeral cuarto del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, referido a “acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa”, en caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

Al respecto, quien decide observa que la parte recurrente, consignó anexo al libelo en copia simple documentos relacionados con derechos hereditarios de la sucesión CESAR ENRRIQUE GONZALEZ MEDINA, específicamente un (01) acta, emanada por el Circuito Judicial Del Niño Y Del Adolecente Del Área Metropolitana De Caracas, de fecha 21 de junio de 2007 donde se declara TITULO DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS DEL DE cujus CESAR ENRRIQUE GONZALEZ MEDINA. Así mismo consignó copia simple del TITULO SUPLETORIO a favor de los ciudadanos LOURDES AZALIA RIVEROL URBINA y CESAR DAVID JONAS ENRRIQUE GONZALES RIVEROL, emanado por el Tribunal Tercero De Municipio Ordinario Y Ejecutor De Medidas De Los Municipios Cristóbal Rojas Y Urdaneta De La Circunscripción Judicial Del Estado Bolivariano De Miranda, de fecha 17 de junio de 2.016.

Por lo que en principio, cumplió con el cuarto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar su solicitud con el instrumento que demuestre el carácter con el que se actúa. Así se declara.

Sobre el requisito previsto en el numeral quinto del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario referido a “acompañar los documentos o instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente”.

En relación a lo anterior, este sentenciador observa, que los recurrentes acompañaron su solicitud, con los documentos que el estimó pertinentes como lo son: 1.- Copia simple del acta de matrimonio del de cujus con la recurrente, identificado con la letra “B” en el folio 11 adjunto al libelo de demanda, 2-.Copia simple del levantamiento topográfico del lote, elaborado en fecha enero 1998, constante de un área de 13.950 m2 escala 1/500, identificado con la letra “C” en el folio 12 del escrito libelar. 3-. Copia simple emanadas por el Circuito Judicial Del Niño Y Del Adolecente Del Área Metropolitana De Caracas, de fecha 21 de junio de 2007 donde se declara TITULO DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS DEL DE cujus CESAR ENRRIQUE GONZALEZ MEDINA. 4-. Copia simple del TITULO SUPLETORIO a favor de los ciudadanos LOURDES AZALIA RIVEROL URBINA y CESAR DAVID JONAS ENRRIQUE GONZALES RIVEROL, declarado por el Tribunal Tercero De Municipio Ordinario Y Ejecutor De Medidas De Los Municipios Cristóbal Rojas Y Urdaneta De La Circunscripción Judicial Del Estado Bolivariano De Miranda, de fecha 17 de junio de 2.016. Todos ellos consignados en copias como anexos al Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad, Conjuntamente Con Solicitud De Medidas Cautelares, con lo cual quedó satisfecho el quinto requisito establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.

Por último, y determinadas las causales de admisibilidad, del presente recurso, y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:

En cuanto al particular primero, del artículo en análisis, quien decide observa que la admisión del presente recurso no es contraria a ninguna disposición de ley, por lo que la acción se entiende como “reconocida y tutelada” por el derecho agrario. Y así se establece.

En cuanto al particular segundo, del artículo en análisis, quien decide determina, que el conocimiento de la acción del presente recurso corresponde a este organismo jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156, numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y por cuanto se trata de un recurso intentado contra un presunto acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras de efectos particulares y siendo que el mismo, recayó sobre un lote de terreno ubicado en el estado Miranda, razón por la cual, este Juzgado es competente por el territorio para conocer del presente recurso. Y así se establece.

En cuanto al particular tercero, del artículo en análisis, en lo referente a la caducidad del recurso de nulidad, quien decide observa, que en virtud a que el acto administrativo del cual pretende los recurrentes sea declarado nulo, se encuentra constituido por una presunta decisión del Instituto Nacional de Tierras dictada en fecha 15 de noviembre de 2.016, mediante la cual otorgó TÍTULO DE ADJUDICACIÓN SOCIALISTA AGRARIA Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, en reunión ORD 722-16, a favor del Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, portador de la cédula de identidad N° V-17.226.729, sobre un lote de terreno presunta propiedad de su representada, ubicado en el sector Los Grifales, Parroquia Santa Bárbara, Municipio Tomas Lander del Estado Miranda, terreno denominado “Parcela 17-B”, constante de una superficie de aproximada de DOS HECTÁREAS (2 ha), alinderada de la siguiente manera Norte: Con parcela N° 15 y 16 Sur: Con parcela N° 18, Este: N° 17, Oeste: Con parcela N°17 Siendo el caso, que la caducidad del recurso, se encuentra prevista en el Titulo V, Capitulo IV, articulo 179, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual establece lo siguiente:
“…el lapso de caducidad de los recursos contenciosos administrativos contra cualquiera de los actos administrativos agrarios será de sesenta días continuos, contados a partir de la notificación del particular o de su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional..…”
(Negrita, subrayada y cursiva por el Tribunal).

Al respecto este Tribunal observa que el acto administrativo en cuestión,
fue dictado en fecha 15 de noviembre de 2.016, sin embargo se desprende de autos que la parte recurrente presuntamente se dirigió ante la sede central del (INTI) , a solicitar respuesta del escrito enviado a la administración en fecha 14 de noviembre de 2.016, donde le solicitaba detener el tramite del cual se iba a ver perjudicada, en respuesta a ello, a su decir, se dio por enterada en fecha 23 de noviembre de 2.017 de manera verbal del acto impugnado, que se había adjudicado el terreno a favor de el ciudadano señalado anteriormente, por lo que considera este juzgador que dicho recurso salvo prueba en contrario, se reputa como tempestivo, en virtud, que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil para ello, es decir, dentro de los sesenta (60) días continuos establecidos para la caducidad del recurso, a todo evento en lo que se refiere a la tempestividad de su interposición, ESTE TRIBUNAL SE PRONUNCIARÁ NUEVAMENTE EN LA DEFINITIVA DE APARECER NUEVAS CONSIDERACIONES QUE DESVIRTÚEN LO AQUÍ EXPUESTO. Y así se establece.

En cuanto al particular cuarto, del artículo en análisis, quien decide observa, a la cualidad o interés del recurrente, se evidencia que el mismo fue resuelto con el análisis del numeral cuarto del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y así se establece.

En cuanto al particular quinto, del artículo en análisis, quien decide observa, que revisado como ha sido el presente recurso, no se evidencia que el recurrente haya acumulado pretensiones que se excluyan mutuamente, ni contrarias entre sí, por lo que, no se encuentra incursa en la causal prevista en el presente numeral. Y así se establece.

En cuanto al particular sexto, del artículo bajo estudio, quien decide observa, que tal como se determinó en el análisis de los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, específicamente en sus particulares dos (2) y cuatro (4), se verificó efectivamente que el recurrente acompaño con su escrito recursivo en copia simple los documentos indispensables para verificar la admisibilidad del recurso.

En cuanto al particular séptimo, del artículo en análisis, quien decide observa, que revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente recurso, por lo que salvo prueba en contrario no existe algún recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción. Y así se establece.

En cuanto al particular octavo, del artículo en análisis, quien decide observa, de la lectura realizada al escrito libelar, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictoria o irrespetuosa a la Majestad del Poder Judicial y la pretensión se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico vigente. Y así se establece.

En cuanto al particular noveno, quien decide observa que del escrito libelar se desprende, que la parte recurrente está debidamente asistida en éste acto por el ciudadano abogado José Ramón Rumbos Morillo, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 151.076, quien actúa como Defensor Público de la Defensoría Segunda en materia Agraria del estado Bolivariano de Miranda, tal y como se evidencia en el folio (01) al momento de la interposición del presente recurso. Y así se establece.

En cuanto al particular décimo, del artículo en análisis, este Tribunal observa que del escrito libelar se desprende, que los recurrentes en vía administrativa, vale decir, que según el día 31 de octubre de 2.016, el técnico de la Oficina Regional de Tierras de los Valles del Tuy, mediante una inspección realizada en el predio aquí citado, se percato al cargar el informe que el ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, titular de la cedula de identidad V-17.226.726, solicito la adjudicación del mismo terreno, en este mismo orden presuntamente según la parte recurrente se dirige ante la oficina de atención al ciudadano donde le corroboran la información suministrada anteriormente por el técnico, seguidamente la recurrente procedió a introducir sendos escritos, solicitando a la administración detener el tramite de adjudicación solicitado por el ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, titular de la cedula de identidad V-17.226.726, sin recibir respuesta alguna a sus escritos, en fecha 23 de noviembre de 2017, a su decir se traslada hasta la sede central del instituto nacional de tierras en el cual le informan de manera verbal que en reunión ORD 722-16, en fecha 15 de noviembre de 2.016, otorgó titulo de adjudicación socialista y carta de registro agrario al ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, portador de la cédula de identidad N° V-17.226.729, sobre un lote de terreno ubicado en el sector Los Grifales, Parroquia Santa Bárbara, Municipio Tomas Lander del Estado Miranda, terreno denominado “Parcela 17-B”, constante de una superficie de aproximada de DOS HECTÁREAS (2 ha), alinderada de la siguiente manera Norte: Con parcela N° 15 y 16 Sur: Con parcela N° 18, Este: con parcela N° 17, Oeste: Con parcela N°17, entiéndase la notificación a partir de la fecha 23 de noviembre de 2.017, cuando la parte recurrente se dirige a la sede del inti a pedir respuesta de la solicitud hecha y en respuesta a ello le dijeron que ya había sido adjudicada la parcela al ciudadano antes mencionado. Y visto asimismo, que el artículo 162 numeral tercero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, le otorga expresamente la posibilidad al recurrente de ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de los treinta (60) días continuos siguientes por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras ocupadas, es por lo que, a juicio de este sentenciador el presente recurso, no se encuentra incurso en la causal prevista en este numeral. Y así se establece.

En lo que se refiere a los particulares décimo primero y décimo segundo del artículo 162 eiusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión, por cuanto los mismos van dirigidos a las demandas patrimoniales. Y así se establece.

Por último, en cuanto al particular décimo tercero, del artículo en análisis, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia especial contenciosa administrativa agraria. Y así se establece.

De esta forma se observa, que en principio, se cumplió a cabalidad con todos los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 160 y no incurrió en las causales de inadmisibilidad contenidas en el 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Superior Jurisdiccional, ADMITE EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES por cuanto ha lugar en derecho, y ordena su correspondiente sustanciación, de conformidad con lo establecido artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con los artículos 110 del Decreto con fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

En este sentido, es importante destacar que dada la naturaleza del proceso contencioso administrativo especial agrario, una vez admitido el recurso, debe indefectiblemente el tribunal que lo conozca realizar unos actos procesales de capital importancia para encausar el proceso en sede contenciosa a objeto de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, como son las notificaciones a las partes intervinientes en el presente recurso, la Procuraduría General de la República a objeto de salvaguardar algún interés de la Nación, así como aquellos que si bien no se encuentran definidamente como parte integrante del proceso, podrían eventualmente ver afectados su esfera de derechos.

Por ello, en estricto apego al orden público procesal agrario, a la normativa que rige la materia y a la jurisprudencia patria relacionada con la materia, pasa de seguidas a establecer quién o quienes deben ser llamados al presente juicio, tal como se señala a continuación:

En este orden de ideas, este tribunal observa la sentencia proferida por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 0131, de fecha quince (15) de Febrero de 2011, Expediente Nro. 09-1470, con ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, la cual establece:

…Sic… “(OMISSIS) ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE La representación judicial del Instituto Nacional de Tierras intentó recurso de apelación contra la decisión emitida por el tribunal de la causa, aduciendo que la misma le violó su derecho a la defensa y el debido proceso, violando normas de rango constitucional, al infringir lo que establece el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto debió suspender el proceso por noventa días continuos, como lo establece la norma, y por el contrario permitió el curso de los actos procesales subsiguientes. …(OMISSIS)…La Sala observa que la controversia se circunscribe a determinar si la recurrida infringió principios y normas de rango constitucional y legal; en tal sentido, se pasa a decidir con base a las siguientes consideraciones:
Aduce el recurrente en su escrito que: El Tribunal Superior (…) violó normas de rango constitucional como son el debido proceso y el derecho a la defensa de mi representado (…), al infringir lo que establece el artículo 96 del (…) Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría Nacional de la República, (…) por cuanto es obligatoria la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, y como consecuencia de ello debió suspender el proceso `por noventa (90) días continuos como lo establece la citada norma, y por el contrario, permitió el curso de los actos procesales subsiguientes. …(OMISSIS)… y la falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa. …(OMISSIS)… por tal motivo esta representación judicial le solicita a esta Honorable Sala (…) declare con lugar la reposición de la causa al estado de que el Tribunal a quo deje cumplir el lapso de suspensión del proceso contado a partir del día siguiente de la respuesta de la Procuraduría General de la República consignada en autos en fecha 06 de abril de 2009, y vencido éste cumpla con el lapso que dispone el artículo 96 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. … (OMISSIS)… Ahora bien, de acuerdo a lo pautado anteriormente por el recurrente en su escrito de apelación, este alto Tribunal en desarrollo del texto legal, estima que el auto de admisión de las demandas patrimoniales contra la República o entes del Estado, debe ordenar además de la citación del demandado, la notificación de la Procuraduría General de la República; y su omisión, acarrea reposición de la causa de oficio o a instancia de parte. En efecto, el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece la obligación por parte de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales del Estado, así como la declaratoria de suspensión del proceso por un lapso de noventa días continuos, contados a partir de la fecha de consignación en el expediente de la notificación practicada, a cuyo vencimiento se tendrá por notificada la Procuraduría General de la República. En el caso concreto, la Sala observa que en fecha 10 de febrero de 2009, el a quo remitió notificación a la Procuraduría General de la República de la admisión de la causa, de acuerdo al artículo 94, hoy 96, del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del artículo 174, hoy 163, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; siendo recibida en fecha 9 de marzo de 2009 por la supervisora de la Oficina Regional Occidental de la Procuraduría General de la República.
No obstante, no consta en las actas del expediente, la suspensión de noventa días continuos que debió acordar el tribunal para que la Procuraduría, en este caso, contestara la misma, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del referido lapso, como lo establece el citado artículo 96. (OMISSIS) En consecuencia, la Sala deberá declarar con lugar el recurso de apelación, revocando la sentencia apelada, y ordenara reponer la causa al estado en que el aquo suspenda el proceso por un lapso de 90 días continuos de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se establece. (NEGRITAS Y CURSIVA DEL TRIBUNAL).

Del contenido de la sentencia parcialmente transcrita, al cual este Órgano Jurisdiccional se acoge plenamente, se evidencia que nuestro Máximo Tribunal, estableció el carácter obligatorio de la notificación de la Procuraduría General de la República, una vez admitido el recurso contencioso por parte de los Jueces Superiores, a objeto de evitar la reposición de la causa por la omisión de dicha notificación. Debiendo en consecuencia suspender la causa por noventa (90) días continuos siguientes a que conste en actas el recibido de la misma, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del criterio jurisprudencial antes transcrito.

Por lo antes expuesto, y a los fines de evitar dilaciones innecesarias y posteriores reposiciones que atenten en contra de la celeridad procesal y de la estabilidad del proceso, este Tribunal indica a las partes que una vez conste en actas el recibo de la notificación efectuada a la Procuraduría General de la República, la causa se SUSPENDERÁ por NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS de conformidad con lo establecido en el antes Artículo 96 hoy Artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y así será ordenado en la parte dispositiva de la presente providencia. ASÍ SE DECIDE.

Del mismo modo, este Juzgado Superior Primero Agrario, debe observar la decisión emanada de la Sala Constitucional de fecha 16 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, expediente Nº 09-0695, la cual estableció:
“…Por tal razón, esta Sala siguiendo los lineamientos contenidos en su sentencia Nº 1.238/06 y en orden a garantizar los principios y derechos contenidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fija interpretación constitucionalizante del contenido del artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual deberá a los fines de su correcta aplicabilidad por los jueces competentes, asumir los siguientes principios a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso: (i) El auto que declare admisible el recurso ordenará la notificación del Procurador o Procuradora General de la República y mediante cartel a los terceros, incluyendo a quienes hayan sido notificados o participado en la vía administrativa; (ii) El cartel de emplazamiento será publicado por la parte recurrente en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación; (iii) La parte recurrente tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado y; (iv) Si la parte recurrente incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el tribunal que conoce la causa…” Negrillas y resaltado de este tribunal.

En aplicación a la jurisprudencia parcialmente trascrita, este tribunal ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés en el presente asunto, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en autos la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa. Aunado a lo anterior se apercibe que la parte recurrente tendrá un lapso de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO, contados a partir del momento en que se haya librado dicho cartel, a los fines de retirarlo, publicarlo y consignar por ante este Juzgado Superior Primero Agrario, el ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado; y dado el caso que la parte recurrente incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente. Así se decide.

En este orden de ideas, es menester resaltar que entre los deberes del Juez Agrario, se encuentra la búsqueda de la justicia en el medio rural, el cual “debe ser un instrumento dirigido a promover el bienestar social, a garantizar la democratización, la participación en igualdad de condiciones, con equilibrio social. Se busca una mayor satisfacción del interés general, una mayora actuación de la justicia en el caso concreto, para lograr una verdadera igualdad sustancial…”. (vid. Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 2012, p.368). Dr. Enrique Ulate Chacón.

Entendida la ruralidad como una de las bases estratégicas para el desarrollo integral, se deben garantizar todas las condiciones de los campesinos con el propósito de lograr un nivel adecuado de su bienestar tal y como lo establece los artículos 304 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; razonado lo anterior, resultaría excesivo esperar de un beneficiario o trabajador rural directamente afectado en la nulidad de su título agrario, que comprara diariamente todos los periódicos de alta circulación nacional, para así dar con el diario específico, en el día específico en que se publicó el cartel que pueda afectar sus derechos como trabajador del campo o la posesión de las tierras que trabaja. En este contexto, es menester resaltar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N° 438, de fecha cuatro (4) de abril de 2001, (caso: “C.V.G. Siderúrgica del Orinoco Sidor. C.A.”), expresó lo siguiente:
…omissis…
Es evidente que no, ya que el emplazamiento mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, implica la necesidad de la parte interesada de comprar todos los periódicos de alta circulación nacional, para así dar con el diario específico en el día específico en que se publicó el cartel, y, además, descubrir, más que informarse, de la revisión exhaustiva del periódico, que existe un cartel relacionado con el acto de cuyo procedimiento previo fue parte directamente involucrada, tal como consta en el expediente llevado en sede administrativa. En otras palabras, las personas tendrían que estar comprando a diario varios periódicos, y examinarlos prolijamente para enterarse si se ha solicitado la nulidad del acto, proveniente del procedimiento administrativo cuasi-jurisdiccional. Pretender que una parte se encuentra notificada mediante un cartel de emplazamiento publicado en un diario, cuando esa parte en forma evidente para el propio tribunal, según se evidencia del expediente administrativo, posee interés en un proceso, es totalmente errado. La protección al derecho a la defensa contemplado en la Constitución de 1961 debió prevalecer en este sentido. Y así, con mayor énfasis, debe interpretarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, la Constitución vigente al establecer el derecho a la tutela judicial efectiva en su artículo 26, así como una mayor amplitud en lo que respecta al derecho a la defensa, tal como lo disponen los numerales 1 y 3 del artículo 49, obliga al Juez a buscar los medios eficaces y ciertos que permitan el acceso de las partes a la justicia para proteger sus intereses…”. (Negrillas y Resaltado de Tribunal).


En igual orden de ideas, el juez agrario en la búsqueda del equilibrio social, debe ser garante del derecho a la defensa de las partes, de la seguridad jurídica y, particularmente, velar por el respeto al debido proceso, procurando el crecimiento de la actividad agrícola, que se concretan en la declaratoria del propio constituyente de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, y para ello atender primordialmente la justicia como lo expone el autor Manuel Ramos Bermúdez, al expresar

…omissis…
El juez agrario debe tener en cuenta que la finalidad básica de la jurisdicción en la consecución de la justicia en el campo ‎y, que, ‎para ello además de apoyarse en la reglas generales de la hermenéutica jurídica debe considerar los principios generales del derecho agrario sustancial…”. (vid. “La Construcción Histórica de la Jurisdicción Agraria en Colombia”, Cuaderno Técnico Nro. 32, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (I.I.C.A.) p. 26).

En ese mismo sentido, los autores Antonio Carrozza y Ricardo Zeledón Zeledón, expusieron:
…omissis…
Siendo el derecho agrario un derecho de tutela de alto contenido social los sujetos deben estar garantizados procesalmente para la protección de sus derechos…” (vid. "Teoría General en Institutos de Derecho Agrario", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990. p. 398).


En consonancia con lo anteriormente expuesto y con las normas contenidas en los artículos 7, 26, 49 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las disposiciones contenidas en los artículos 154 y 155 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, atendiendo el carácter social y tuitivo del proceso agrario, este Juzgado Superior Agrario considera que es necesario además de notificar por carteles a los terceros interesados que hayan sido notificados o participado en vía administrativa, notificar personalmente al tercero o terceros que directamente están interesados en las resultas del proceso, siendo el caso que nos ocupa, el presunto beneficiario del acto administrativo hoy recurrido, constituido por el Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, titular de la cédula de identidad N° V-17.226.729, quien actúa como tercero interesado en la vía administrativa.

DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO HOY IMPUGNADO.

En cuanto al pedimento realizado por la parte recurrente en donde solicita la MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO dictado por el Directorio Del Instituto Nacional De Tierras, en sesión ORD 722-16 del 15 de noviembre de 2.016, el cual aprobó otorgar “Título de Adjudicación Socialista y Carta de Registro Agrario”, a favor del Ciudadano DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, interpuesto por el Ciudadano JOSÉ RAMÓN RUMBOS MORILLO antes identificado, actuando en su carácter de apoderado Judicial de la Ciudadana LOURDES AZALIA RIVEROL URBINA, por lo que al momento de invocar la referida tutela cautelar expresó en síntesis lo siguiente:

“(omissis)… En este sentido, y en función del artículo 167 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, esta Defensa Pública invoca esta suspensión ante los perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, es decir, la existencia del periculum in mora, pues una amenaza de daño irreparable por cuanto mi defendida fue despojada de manera ilegal de sus bienhechurías, lo que puede generar perdida total de su bien y como resultado de un daño económico al patrimonio familiar. Asimismo, alego la prueba de la apariencia del buen derecho alegado (fumus boni iuris), en este sentido, se consignan medios de pruebas que constituyen presunción grave de la circunstancia ya mencionada y del derecho que se reclama. Además, solicito a este Digno Tribunal no se le imponga caución alguna a mi patrocinada, por ser una persona de la tercera edad, de escasos recursos económicos, pensionada, asistida por un Defensor Público y no cuenta con ningún otro respaldo económico para cumplir con la misma.

En consecuencia, y de conformidad con los artículos 167 y 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo esta la vía idónea para enervar los presuntos efectos lesivos del acto en cuestión, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre las pretensiones cautelares de suspensión de los efectos antes indicada, ordena abrir cuaderno separado a objeto de proveer sobre la misma, anexándole copia certificada del presente auto, del libelo de la demanda y copia del acto administrativo impugnado. Así se decide.

En consecuencia, con lo señalado anteriormente, este Juzgado Superior Primero Agrario, acuerda lo siguiente:

PRIMERO: Notificar por oficio de la admisión del presente recurso al ciudadano(a) Procurador(a) General de la República Bolivariana de Venezuela, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del auto de admisión, en los términos establecidos en el presente auto. Y así se decide.-

SEGUNDO: Citar mediante boleta al ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, para que comparezca ante este Tribunal Superior dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de la última cualesquiera de la citación y/o notificaciones ordenadas en el presente auto de admisión, para que procedan a oponerse al presente recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos y medida restitutiva de la posesión agraria, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del auto de admisión, en los términos establecidos en el presente auto. Y así se decide.-

TERCERO: Con base a lo dispuesto en el in fine del artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se insta al mencionado Órgano a consignar los antecedentes administrativos del caso sub-iúdice, incluyendo las notificaciones de las partes interesadas en el procedimiento administrativo en su forma original. Y así se decide.-

CUARTO: Se ordena la emisión de un CARTEL DE EMPLAZAMIENTO, una vez cumplidas todas las citaciones y notificaciones ordenadas en el presente auto, dirigido a todas aquellas personas que detenten algún interés sobre el asunto en litigio, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los fines de ejercer su defensa, exponiendo lo que a bien tengan. Y así se decide.-

QUINTO: Citar mediante boleta a la, DAIRO GABRIEL HERNANDEZ BLANCO, titular de la cédula de identidad N° V-17.226.729, para que comparezca ante este Tribunal Superior dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de la última cualesquiera de la citación y/o notificaciones ordenadas en el presente auto de admisión, para que proceda a oponerse al presente recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con solicitud de Medidas Cautelares, remitiéndole a tal fin copia certificada del libelo de demanda con sus anexos y del auto de admisión, en los términos establecidos en el presente auto. Y así se decide.-

EL JUEZ,

Dr. JOHBING RICHARD ÁLVAREZ ANDRADE.
EL SECRETARIO,


ABG. ALEJANDRO PRIETO.

En la misma fecha, y siendo las diez y cincuenta y cinco de la mañana (10:55 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión, asimismo se deja constancia que se libraron las respectivas boletas, cartel y oficio aquí acordados.

EL SECRETARIO,


ABG. ALEJANDRO PRIETO.
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JRAA/AP/DDSB
Expediente N° 5586