REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL PRIMERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL
EXPEDIENTE 9370
I
Mediante escrito de fecha 08 de julio de 2013, el abogado Antonio Callaos Farra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.935, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil “INVERSIONES REALTORS XXI, C.A.” inscrita el 13 de marzo de 2000 en el Registro Mercantil del Quinto Distrito Capital y Estado Miranda, bajo en Nº 13, Tomo 399-A, interpuso por ante el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, demanda de contenido patrimonial en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO MIRANDA, por cumplimiento de contrato de arrendamiento.
II
Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2016, tanto la parte actora como la demandada decidieron dar por terminado el juicio, efectuando el referido acto de auto composición procesal ante el funcionario secretario de este Juzgado. En dicha Transacción las partes establecieron, entre otros, lo siguiente:
“… CUARTO: El ciudadano David Smolansky Urosa, en nombre de su representada solicita a la demandante que, por vía de gracia, extienda hasta el 30-06-2017 el plazo que se tiene para desocupar el inmueble, y, en contraprestación, se obliga a pagar a la demandante, a título de justa indemnización, una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar el método establecido en el artículo 32.1 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para lo cual también se obliga, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente fecha, a efectuar y pagar un avalúo a dicho inmueble, que deberá ser realizado por un miembro de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, aceptado por la demandante. Una vez obtenido el valor del inmueble, me comprometo, dentro de los tres (3) días siguientes, a establecer el monto de la indemnización según el método antes indicado, y, una vez aceptado éste por la demandante mediante comunicación escrita, mi representada se obliga a pagarla para el lapso comprendido entre el 1-1-2016 y el 30-6-2017. Acepto expresamente que la extensión de la ocupación de dicho inmueble por parte de mi representada, que constituye un plazo de gracia, pueda considerarse que el contrato de arrendamiento hubiera sido prorrogado u operado tácita reconducción, ni implique el nacimiento de un nuevo contrato, verbal o escrito, ni se pueda generar prórroga legal alguna durante los dieciochos (18) meses de plazo de gracia que mi poderdante aquí solicita a la arrendadora, que va del 1-1-2016 al 30-6-2017. Durante ese período de gracia, permanecerán en toda su fuerza y vigor todas las demás disposiciones de contrato de arrendamiento objeto de este juicio, según lo alegado por la actora en su libelo, que aquí doy por reproducido. Es pacto expreso, igualmente, que la falta de cumplimiento oportuno por parte de mi poderdante de una cualquiera de las obligaciones que por este documento asume, dará derecho a la parte demandante a pedir la inmediata ejecución de esta transacción, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, a pedir sin más plazo, su ejecución y el inmediato desalojo de dicho inmueble.--------------------------------------------------
QUINTO: El ciudadano Antonio Callaos Farra, plenamente facultado declara que visto el ofrecimiento que en los términos que anteceden hizo la parte demandada, con el objeto de dar por terminado el juicio, en nombre de mi representada, acepto su oferta en las condiciones y términos que el propio demandado establece arriba, con la advertencia de que la falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que corresponden al demandado según este documento, dará derecho a mi mandante a pedir sin más plazo la inmediata ejecución de esta transacción como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, el inmediato desalojo de dicho inmueble.----------------------…”
En fecha 25 de abril de 2017, comparecen los abogados Samantha del Carmen Álvarez Zanotty, actuando en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio El Hatillo, y Antonio Callaos Farra, apoderado judicial de la parte actora, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 117.170 y 46.935, consignando escrito de “Adenda a la Transacción Judicial”, del 11 de agosto de 2016, en el que se estipula lo siguiente:
“(…) declaro: Que mi representado ha dado cumplimiento parcial a la transacción presentada por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capita., Así mismo, mi representado acepta pagar a la demandante, a título de justa indemnización, la cantidad de Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,00) mensuales por cada uno de los meses del año 2016, y la cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00) por cada uno de los seis meses que van de enero a junio de 2017. Así mismo, mi representado solicita a la demandante que, por vía de gracia, le extienda hasta el 31-12-2018 el plazo que tiene para desocupar el inmueble, y, en contraprestación, mi representado, a título de justa indemnización, se obliga a realizar las respectivas previsiones presupuestarías en el segundo semestre de 2017 y en el año 2018 a los fines de contar con la disponibilidad oportuna de los recursos, sin que lo aquí convenido pueda entenderse como la adquisición de compromisos sin la debida asignación presupuestaría, ni la ordenación de pagos respecto a obligaciones efectivamente causadas, para pagar a la demandante las siguientes cantidades: a) Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000.00) por cada uno de lo seis meses que van de julio a diciembre de 2017; b) Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.00) por cada uno de los seis meses que van de enero a junio de 2018; c) Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 4.000.000,00) por cada uno de los seis meses que van de julio a diciembre de 2018. Mi representado acepta expresamente que la extensión constituye un plazo de gracia, pueda considerarse que el contrato de arrendamiento hubiera sido prorrogado u operado tácita reconducción, ni implique el nacimiento de un nuevo contrato, verbal o escrito, ni se pueda generar prórroga legal alguna durante los dieciochos (18) meses de plazo de gracia adicionales que mi poderdante aquí solicita a la demandante, que va del 1-7-2017 al 31-12-2018. Igualmente, se deja constancia que lo aquí convenido no obsta para que mi representado realice la entrega material del inmueble antes de la fecha prevista, a saber 31-12-2018, cancelando los pagos correspondientes al tiempo efectivo de ocupación, y sin que ello genere obligaciones de cancelar indemnizaciones adicionales. Durante ese período de gracia, permanecerán en toda su fuerza y vigor todas las demás dispocisiones de contrato de arrendamiento objeto de este juicio, según lo alegado por la actora en su libelo, que aquí doy por reproducido. Es pacto expreso, igualmente, que la falta de cumplimiento oportuno por parte de mi poderdante de una cualquiera de las obligaciones que por este documento asume, dará derecho a la parte demandante a pedir la inmediata ejecución de esta transacción, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, a pedir sin más plazo, su ejecución y el inmediato desalojo de dicho inmueble. Y yo, Antonio Callaos Farra, abogado en ejercicio de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.935, con cédula de identidad N° 4.237.169, actuando en mi carácter apoderado de la actora, Inversiones Realtors XXI, C.A. que tengo suficientemente acreditado en autos, declaro: Que visto el ofrecimiento que en los términos que anteceden hizo la parte demandada, con el objeto de dar por terminado el juicio, en nombre de mi representada, acepto su oferta en las condiciones y términos que el propio demandado establece arriba, con la advertencia de que la falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que corresponden al demandado según este documento, dará derecho a mi mandante a pedir sin más plazo la inmediata ejecución de esta transacción como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, el inmediato desalojo de dicho inmueble. (...)
Ambas partes solicitan al Tribunal la homologación de esta adenda a la transacción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, y que expida dos copias certificadas del presente escrito con sus resultas, y del auto que la provea. (…)”.
En fecha 5 de febrero de 2019, comparecen los abogados Manuel Camacho Sirvent, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 269.370, actuando en su condición de apoderado judicial del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, parte demandada, y Karina Hernández Soto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.895, en su carácter de mandataria judicial de Inversiones Realtors XXI, C.A, parte actora, y consignan original de “Adenda a la Transacción Judicial”, la cual fue celebrada en forma privada entre el ciudadano Elías Sayegh Franco, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.868.750, en su carácter de Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, parte demandada, y el abogado Antonio Callaos Farra, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.935, obrando con el carácter de representante judicial de la sociedad mercantil “INVERSIONES REALTORS XXI, C.A.”, parte actora, en fecha 20 de diciembre de 2018, en la que se estipula lo siguiente:
“(…) El arrendatario acepta que el 31-12-2018 vence el plazo de gracia que la arrendadora le había concedido para la entrega material a la arrendadora del inmueble Nº NA-30, ubicado en el Nivel Avenida del Centro de Servicios Plaza la Boyera, ubicado en la Urbanización la Boyera, en la Avenida Intercomunal La Trinidad – El Hatillo, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, como consecuencia de lo cual debe desalojarlo antes de esa fecha, por lo que ofrece a la arrendadora entregárselo en las mismas buenas condiciones en que lo recibió, libre de bienes y personas, y solvente en el pago de las pensiones de arrendamiento y de los gastos de condominio, así como en el pago de los servicios públicos de teléfono, luz, aseo urbano, agua, etc., lo que comprobará con la entrega de cada uno de los respectivos recibos oportunamente cancelados, dentro del plazo de un (1) año siguiente al 1-1-2019, sin que por esa extensión de la ocupación de dicho inmueble por parte del arrendatario, que constituye un segundo plazo que está solicitando a la arrendadora, pueda considerarse que el contrato de arrendamiento hubiera sido prorrogado o hubiera operado la tácita reconducción , ni implique el nacimiento de un nuevo contrato, verbal o escrito, ni se pueda generar prórrogas legal alguna. Por el plazo de gracias que el arrendatario solicita a la arrendadora que le concede para desalojar el inmueble se obliga a pagarle dentro del plazo de los siguientes siete (7) días la cantidad de Dos Millones de Bolívares Soberanos (Bs.S 2.000.000,00), por concepto de justa indemnización. Excepto por lo aquí pactado, durante ese período de gracia, permanecerán en toda su fuerza y vigor todas las demás disposiciones del contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes, que se da por reproducido. Es pacto expreso igualmente, que la falta de cumplimiento oportuno por parte del arrendatario de una cualesquiera de las obligaciones que por este documento asume, dará derecho a la arrendadora a pedir la inmediata ejecución de la transacción, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, a pedir sin más plazo, su ejecución y el inmediato desalojo del arrendatario de dicho inmueble.Y yo, Antonio Callaos Farra, antes identificado, actuando en nombre y representación de la arrendadora, declaro: Que visto el ofrecimiento que en los términos que anteceden hizo el arrendatario, en nombre de mi representada acepto su oferta de desalojar dicho inmueble y entregarlo en las misma buenas condiciones en que lo recibió, libre de bienes y personas, completamente solvente con los gastos de condominio, así como en el pago de los servicios públicos de teléfono, luz, aseo urbano, agua, etc., lo que comprobará con la entrega de cada uno de los respectivos recibos oportunamente cancelados, dentro del plazo de gracias de un (1) año siguiente al 1-1-2019 que mi representada concede al arrendatario, con la advertencia de que la falta cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que corresponden al arrendatario según este documento, y, especialmente, la falta de oportuno cumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que aquí asume, en los términos y condiciones que el mismo arrendatario establece arriba, dará derecho a mi representada a pedir sin más plazo la inmediata ejecución de esta transacción como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consecuencia, el inmediato desalojo de dicho inmueble, así como el pago de los servicios de teléfono, agua, luz, aseo urbano y las cuotas condominiales, correspondientes a dicho inmueble. Adicionalmente, será por la única y exclusiva cuenta del arrendatario el pago de todos los gastos judiciales y extrajudiciales que su incumplimiento ocasionare, incluyendo las costas, costos y los gastos de ejecución de la respectiva sentencia. (…)
Ambas partes solicitan al Juez del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que en el Expediente Nº 9370 que cursa ante ese tribunal, le imparta la respectiva homologación a esta transacción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, y que expida dos copias certificadas del presente escrito con sus resultas, y del auto que la provea (…)”.
Efectuado el estudio pormenorizado del referido escrito de “Adenda a la Transacción Judicial”, este Tribunal pasa a emitir su pronunciamiento sobre la solicitud de homologación de la referida extensión del plazo para el cumplimiento de la Transacción del 11 de agosto de 2016, presentada en esta oportunidad por las partes en la sede de este Tribunal, el día 5 de febrero de 2019, en este sentido se observa:
Que en la presente demanda de contenido patrimonial se ha verificado la solución de la misma mediante uno de los medios alternativos de resolución de conflictos, como lo es la Transacción, prevista en los artículos 258 constitucional, y 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que este Juzgado de conformidad con el artículo 31 eiusdem, debe invocar el contenido de los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones adjetivas de aplicación supletoria en la tramitación de la presente causa, que señalan textualmente lo siguiente:
“…Artículo 255: La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.
Artículo 256: las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.
Así mismo, el artículo 1714 del Código Civil, dispone lo siguiente:
“…para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendida en la transacción…”
De manera que conforme a lo solicitado por ambas partes, quien decide debe indicar que la Transacción es un medio alternativo de resolución de conflictos que, en virtud de concesiones recíprocas entre las partes, pone fin al litigio pendiente antes del pronunciamiento definitivo del Juez en el proceso, y tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia definitivamente firme.
Para su eficacia, el ordenamiento jurídico vigente impone el cumplimiento de varios requisitos cuya inobservancia podría configurar causales que el Código Civil sanciona con nulidad. Así mismo, este tipo de contrato está supeditado a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general; en especial, aquellas que se refieren a la capacidad y al poder de disposición de las partes que las suscriben.
En cuanto a la capacidad y poder de disposición, esta Juzgadora observa en primer lugar, que la representación judicial de las partes, abogada Karina Hernández Soto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.895, quien actúa como apoderada judicial de la parte demandante, y el abogado Ricardo Ramón Araujo Bravo, inscrito por ante en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 274.197, como Síndico Procurador de la Alcaldía del Municipio El Hatillo, del Estado Bolivariano de Miranda, en representación del Alcalde, ciudadano Elías Sayegh Franco, titular de la cédula de identidad Nº V-17.868.750, manifiestan su interés de que se homologue este acto, extra judicial, consistente en una extensión del plazo de cumplimiento de la ejecución del referido acto de auto composición procesal, según se evidencia del escrito denominado “Adenda a la Transacción Judicial” suscrita por ambas partes en fecha el 20 de diciembre de 2018, de forma privada,(folios 246 al 247 del expediente).
De igual modo, se evidencia a los folios 246 y 247 del expediente, Transacción extra judicial celebrada en forma privada entre el ciudadano Elías Sayegh Franco, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.868.750, en su carácter de Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, parte demandada, y el abogado Antonio Callaos Farra, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.935, obrando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil “INVERSIONES REALTORS XXI, C.A.”, parte actora, observándose que ambos tienen capacidad y se encontraban facultados para celebrar la Transacción celebrada en fecha 20 de diciembre de 2018, cumpliendo así con el primer requisito para la homologación de esta extensión del plazo para el cumplimiento de la ejecución a la transacción denominada “Adenda a la Transacción Judicial”.
De seguidas se pasa a verificar el segundo y tercer requisito; esto es, que el referido acto de auto composición procesal verse sobre derechos y materias disponibles para las partes, y que no se trate de materias en las que esté involucrado el orden público. Al respecto, observa este Tribunal Superior que el asunto es disponible entre las partes conforme al artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, y que este no afecta el orden público.
Así, al no evidenciarse en actas que dicha “Adenda a la Transacción Judicial” vulnere o sea contraria al orden público; que asimismo, la materia sobre la cual recae tal actuación es disponible para las partes y que estas últimas tienen facultad para realizar la misma, este Juzgado Homologa el referido acto de auto composición procesal presentado ante de este Tribunal en fecha 5 de febrero de 2019, por la representación judicial de la parte demandada, ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, mediante su apoderado judicial, el abogado Manuel Camacho Sirvent, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 269.370, y la abogada Karina Hernández Soto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.895, actuando como mandataria judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES REALTORS XXI, C.A. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: HOMOLOGADA la extensión del plazo para el cumplimiento de la ejecución a la Transacción denominada “Adenda a la Transacción Judicial”, celebrada en forma privada entre el ciudadano Elías Sayegh Franco, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.868.750, en su carácter de Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, parte demandada, y el abogado Antonio Callaos Farra, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.935, obrando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil “INVERSIONES REALTORS XXI, C.A.”, parte actora, en fecha 20 de diciembre de 2018, en la presente demanda de contenido patrimonial, y consignada ante este Juzgado Superior en fecha 5 de febrero de 2019, por los abogados Manuel Camacho Sirvent, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 269.370, actuando como mandatario judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, parte demandada, y la abogada Karina Hernández Soto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.895, actuando como patrocinante de la sociedad mercantil “INVERSIONES REALTORS XXI, C.A.”, parte actora, ello con fundamento en la motiva del presente fallo.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los once (11) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia y 159º de la Federación.
LA JUEZA,
ANA VICTORIA MORENO
LA SECRETARIA ACC,
LOIS SANZ BARRETO
En esta misma fecha, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº
LA SECRETARIA ACC,
LOIS SANZ BARRETO
Exp. Nº 9370
AVM/lbs/ljbg.-
