REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 26 de enero de 2017
206º y 157º
ASUNTO: AF48-U-1998-000110
ASUNTO ANTIGUO: 1998-1059
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA: Nº PJ0082017000017.
RELACIÓN CRONOLÓGICA
Se inicia el presente proceso mediante distribución efectuada el veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario Juzgado Distribuidor para esa época, del recurso contencioso tributario subsidiario al jerárquico interpuesto mediante Oficio Nº HGJT-J-98-462 de fecha 29 de mayo de 1998, los recaudos contentivos del Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Furiati Pérez, titular de la cédula de Identidad Nº 7.362.397, actuando en su carácter de Director Principal encargado de la Presidencia de la contribuyente “BANCO CAPITAL C.A.”, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 22 de diciembre de 1980, bajo el No. 19, Tomo 1-I, reformada su Acta Constitutiva y Estatutos Sociales en diversas oportunidades, constando la ultima de ellas de documento inscrito en el mismo Registro Mercantil, el 12 de noviembre de 1992, bajo el Nº 13, Tomo 12-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-0850998-0, debidamente asistido por los abogados, Manuel Eugenio De La Trinidad Govea Leininger y Carolina Luisa Furiati Pérez, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-1.636.873 y V-9.611.674, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo los Nros. 2.267 y 44.892, respectivamente, contra la Resolución Nros HRCO-S-000404 de fecha 01 de diciembre de 1995 y HRCO-S-000008 de fecha 01 de enero de 1996, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.
En fecha 14 de julio de 1998, se dictó auto mediante el cual se le dio entrada al presente recurso contencioso tributario y se ordenó librar las notificaciones de Ley.
En fecha 2 de marzo de 1999, se comisiona al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción judicial del Estado Lara para que practique la notificación del contribuyente.
En fecha 22 de marzo de 1999, se recibe Oficio Nº 99-63, del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción judicial del Estado Lara con la resulta de la boleta de notificación librada a la contribuyente, la cual fue positiva.
En fecha 3 de mayo de 1999, se consignó en el expediente las resultas de la boleta de notificación librada al Contralor General de la República, la cual fue positiva.
En fecha 18 de mayo de 1999, se consignó en el expediente las resultas de la boleta de notificación librada al Procurador General de la República, la cual fue positiva.
En fecha 11 de junio de 1999, se dictó auto, mediante la cual se admite el recurso contencioso tributario interpuesto por la representación judicial de la Sociedad Mercantil “BANCO CAPITAL C.A.”, contra el acto administrativo previamente señalado.
En fecha 14 de julio de 1999, se dictó auto mediante el cual este Tribunal dejó constancia de que la causa quedó abierta a pruebas.
En fecha 15 de julio de 1999, se dictó auto mediante el cual se dio inicio al lapso probatorio en la presente causa.
En fecha 4 de agosto de 1999, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia de la conclusión del lapso de promoción de pruebas en la presente causa.
En fecha 5 de agosto de 1999, se dicto auto mediante el cual se agrego al expediente el escrito de promoción de pruebas, que estaba reservado por secretaria.
En fecha 2 de diciembre de 1999, se dictó auto mediante el cual este Tribunal dejó constancia de la preclusión del lapso probatorio en el presente asunto.
En fecha 6 de diciembre de 1999, se dictó auto mediante el cual este Órgano Jurisdiccional ordenó proceder a la vista del presente caso.
En fecha 7 de diciembre de 1999, se dictó auto mediante el cual se fijó la oportunidad para presentar los informes al décimo quinto (15º) día de despacho siguiente a la publicación de dicho auto.
En fecha 1 de febrero de 2000, se dictó auto mediante el cual se fijó la oportunidad para presentar observaciones escritas, dentro de los ocho (8) días continuos de despacho, sobre la contraria.
En fecha 17 de febrero de 2000, este Tribunal dejó constancia de la conclusión de la vista de la presente causa.
En fecha 31 de julio de 2013, este Tribunal dictó auto mediante la cual la Dra. Doris Isabel Gandica Andrade, en su carácter de Jueza Superior Titular de este Órgano Jurisdiccional, se abocó al conocimiento de la presente causa y en esa misma fecha se ordenó librar boleta de notificación a la contribuyente.
En fecha 30 de marzo de 2016, se dictó auto mediante el cual se ordenó notificar a dicha sociedad mercantil para verificar si conserva su interés procesal en la presente causa, en un plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación y librándose de esa misma forma, la respectiva boleta.
En fecha 26 de abril de 2016, se consignó en el expediente las resultas de la notificación librada a la contribuyente, la cual fue negativa.
En fecha 24 de octubre de 2016, este Tribunal dictó auto mediante la cual la Abogada Lorena Jaquelin Torres Lentini, en su carácter de Juez Suplente de este Órgano Jurisdiccional, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 3 de noviembre de 2016, se dictó auto mediante el cual este Tribunal ordenó librar cartel de notificación dirigido a la contribuyente a los fines de que la misma manifestara su interés procesal.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Antes de emitir el pronunciamiento de fondo en el presente asunto, quien sentencia observa que se dijo “Vistos” el 17 de febrero de 2000, y que la última actuación en el caso bajo examen se produjo el 22 de septiembre de 2010, cuando la representación judicial de la Sociedad Mercantil “BANCO CAPITAL C.A.”, introdujo escrito solicitando se dicte sentencia en la presente causa, en consecuencia, esta Juzgadora considera necesario analizar si se han verificado los extremos legales para declarar la pérdida del interés procesal en el presente asunto y en tal sentido observa lo siguiente:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, ha reiterado el criterio según el cual:
“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia Nº 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala Nº 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: ‘DHL Fletes Aéreos, C.A.’), en el que se señaló lo siguiente:
‘(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido’.” (Resaltado del Tribunal).
De conformidad con el criterio jurisprudencial antes trascrito, la pérdida de interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia. No obstante, se advierte que dicha pérdida de interés debe ser verificada antes de que proceda la extinción de la acción, razón por la cual, resulta imperativo notificar al recurrente concediéndole un lapso prudencial para que manifieste su interés o no en que se sustancie y decida su causa, todo en aras de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En sentencia No. 1139 del 05 de agosto de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado lo siguiente:
“Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que se dijo “Vistos” el 26 de abril de 2001, y que la última actuación en el caso bajo examen se produjo el 10 de febrero de 2005, cuando la representación judicial de las asociaciones civiles solicitó a esta Alzada dictar la sentencia.
Como corolario de lo antes expuesto, concluye esta Sala que en el presente caso hay inactividad procesal, toda vez que la causa entró en estado de dictar sentencia en fecha 26 de abril de 2001 y que desde el 10 de febrero de 2005 no existe actuación alguna de la parte actora a los fines de impulsar el proceso; razón por la cual se declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide”.
De los fallos parcialmente transcritos se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia o iii) que la misma puede ser declarada de oficio, ya que el interés procesal debe mantenerse a lo largo del proceso.
En el caso concreto, de la revisión del expediente se evidencia que desde el 22 de septiembre de 2010, no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente; y visto que en fecha 26 de abril de 2016, se consignó la boleta de notificación de la contribuyente mediante la cual se le requirió a la misma el interés procesal en la presente causa, en forma negativa, por lo que en fecha 3 de noviembre de 2016 se libró cartel de notificación dirigido a la contribuyente, concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de su publicación, a cuyo término se entiende que la contribuyente se encuentra notificada y no habiendo manifestado dicho interés; este Tribunal Superior considera que en el caso bajo análisis se verificó la inactividad procesal, por lo que, en consecuencia, se declara extinguido el recurso de nulidad por pérdida del interés. Así se decide.
Visto el pronunciamiento anterior, este Tribunal considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia. Así se decide.
III
DECISIÓN
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara la PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL Y, EN CONSECUENCIA TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Furiati Pérez, titular de la cédula de Identidad Nº 7.362.397, actuando en su carácter de Director Principal encargado de la Presidencia de la contribuyente “BANCO CAPITAL C.A.”, debidamente asistido por los abogados, Manuel Eugenio De La Trinidad Govea Leininger y Carolina Luisa Furiati Pérez, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-1.636.873 y V-9.611.674, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo los Nros. 2.267 y 44.892, respectivamente, contra la Resolución Nros HRCO-S-000404 de fecha 01 de diciembre de 1995 y HRCO-S-000008 de fecha 01 de enero de 1996, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.
Costas: no hay condenatoria en costas en razón del carácter de la presente decisión.
Notifíquese al Procurador General de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y a la Sociedad Mercantil “BANCO CAPITAL C.A.”, de conformidad con lo establecido en el artículo 284 del Código Orgánico Tributario vigente. Líbrense boletas.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador de sentencias interlocutorias con fuerza definitivas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).
Juez Superior Titular,
Dra. Doris Isabel Gandica Andrade.
La Secretaria Titular,
Abg. Rossyluz Melo de Caruso.
En la fecha de hoy, veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017), se publicó la anterior Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva Nº PJ0082017000017, siendo las dos y dieciocho minutos de la tarde (2:18 p.m.)
La Secretaria Titular,
Abg. Rossyluz Melo de Caruso.
Asunto: AF48-U-1998-000110
Asunto Antiguo: 1998-1059
DIGA/rmc/oegm.-
