REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 11 de Abril de 2018
207º y 159º
ASUNTO: AH1B-V-1997-000020
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva
PARTE ACTORA: GRACE BEATRIZLAMB RIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-4.393.911.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ISAAC RAFAEL LEWIS CASTILLO, EVELYN AGUILAR y EDY SIBONEY CALDERÓN, abogados en ejercicio, de este domicilio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 13.277, 29.605 y 35.075.
PARTE DEMANDADA: SIMÓN ANTONIO CASTELLANOS BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. 936.914.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LUIS EDUARDO CAMPOSANO GÓMEZ, OVER ARNESTO CIPRIANI GONZALEZ, LINO MARTÍNEZ SALAZAR, JACQUELINE CLARET CARMONA SANCHEZ, MORRELLA LEZAMA DE GONZALEZ y OSWALDO MARQUINA SANCHEZ, abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.31, 13.941, 14.642, 15.826, 47.222 y 52.672.
MOTIVO: NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL.
I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inició el presente juicio por ante el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (Distribuidor de Turno), en fecha 6 de febrero de 1997, incoado por los abogados ISAAC RAFAEL LEWIS CASTILLO y EDY SIBONEY CALDERÓN, de este domicilio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 13.277 y 35.075, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GRACE BEATRIZLAMB RIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-4.393.911, contra el ciudadano SIMÓN ANTONIO CASTELLANOS BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. 936.914, siendo asignada la causa al Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 3 de marzo de 1997, el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declinó su competencia en razón de exceder la demanda incoada la cuantía respectiva, ordenando su remisión para el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, mediante oficio Nº 97-6991, de esa misma fecha.
Seguidamente en fecha 10 de marzo de 1997, se efectuó la Distribución de Ley por parte del Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 11 de marzo de 1997, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, recibe la causa proveniente de la distribución de Ley.
Posteriormente en fecha 25 de marzo de 1997, el Tribunal de la causa admitió la demanda.
En fecha 29 abril de 1997, el Secretario del Tribunal de la causa dejó constancia de haber librado la respectiva compulsa, y habérsele entregado al Alguacil de dicho Juzgado.
Seguidamente en fecha 13 de mayo de 1997, el Alguacil del Tribunal de la causa dejó constancia de haber citado a la parte demandada.
En fecha 19 de mayo de 1997, la parte demandada con asistencia de abogado, consignó diligencia alegando presuntos oficios y quebrantamiento de orden publicó sin especificar alguno y consignó instrumento de Poder a favor de profesionales del derecho.
Posteriormente en fecha 10 de junio de 1997, la representación accionante consignó escrito de alegatos y solicitó que se declare la convalidación tacita de la parte demandada.
En fecha 19 de junio de 1997, la representación accionada consignó escrito de las cuestiones previas fundadas en el ordinal 2º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Seguidamente en fecha 26 de junio de 1997, la representación legal de la parte actora dio contestación a las cuestiones previas opuestas.
En fecha 11 de julio de 1997, la representación legal de la parte demandada, consignó escrito de promoción de pruebas de las cuestiones previas opuestas, en la oportunidad prevista en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.
Posteriormente en fecha 14 de julio de 1997, se avocó a la causa nueva Jueza Provisional, y se dicto auto de admisión de pruebas, siendo la oportunidad para el nombramiento del experto; también ordenó con motivo de la prueba de informes, librar oficio al Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del antes Distrito Federal, y al Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal de este Circuito Judicial, según oficios números 5794 y 5795. En esa misma oportunidad, el Tribunal de la causa subsanó la omisión de de la falta de fijación de hora, para la oportunidad del nombramiento de experto.
En fecha 18 de septiembre de 1997, se avocó a la causa nuevo Juez Temporal.
En esa misma fecha anterior, el Tribunal de la causa declaró Desierto el acto de nombramiento de expertos.
Seguidamente en fecha 16 de febrero de 1998, el Tribunal de agrega a los autos oficio Nº 1400-0415, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de este Circuito Judicial, fecha 9 de febrero de ese mismo año en respuesta al oficio Nº 5795 que le enviara el Tribunal de la causa, con motivo de la evacuación de la prueba de informes.
En fecha 29 de abril de 1998, el representación legal de la parte demandada, consigno escrito de cuestiones previas alegando la no convalidación del juicio y que se decidieran las cuestiones preveías opuestas.
Posteriormente en fecha 20 de julio de 1998, el Tribunal de la causa dictó sentencia interlocutoria, a través de la cual declaró SIN LUGAR la cuestión previa establecida en el ordinal 2º del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, y CON LUGAR la cuestión previa establecida en el ordinal 8º del articulo ejusdem, ordenando la continuación del juicio previa notificación a las partes.
En fecha 10 de agosto de 1998, la representación judicial de la parte accionada pidió se librara notificación a la parte o a su representación legal.
Seguidamente en fecha 5 de octubre de 1998, el Secretario del Tribunal de la causa dejó constancia de haber librado boleta de certificación a la parte actora, previa entrega de la misma al Alguacil de ese Juzgado.
En fecha 19 de octubre de 1998, el apoderado actor se dio por notificado de la decisión interlocutoria de fecha 20 de julio de ese mismo año.
Posteriormente en fecha 18 de 1998, la representación actora consignó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 30 de noviembre de 1998, ordenó agregar a los autos las pruebas promovidas por la representación legal de las parte.
Seguidamente en fecha 9 de diciembre de 1998, el Tribunal de la causa provee a la admisión.
En fecha 3 de febrero de 1999, el Tribunal de la causa libro oficio Nº 1224-99, de esa misma fecha, dirigida a la Secretaria General de la Oficina Nacional de Identificación (ONIDEX) con motivo de haberse admitido la prueba de experticia promovida por la representación accionada.
Posteriormente en fecha 5 de febrero de 1999, el Tribunal de la causa oficio Nº 1238-98, de esa misma fecha, dirigida a la Dirección de Registros y Notarios del Ministerio de Justicia, con motivo de haberse admitido la prueba de informes promovida por la representación accionada.
En fecha 4 de marzo de 1999, la representación accionada pidió se le autorizara para el retiro de las resultas vinculadas con los prenombrados oficios Nros. 1224-99 y 1238-98.
Seguidamente en fecha 15 de marzo de 1999, el apoderado actor consignó copias certificas, original y copias simples de documentos.
En fecha 6 de abril de 1999, el Tribunal de la causa, ordenó agregar a los autos oficios Nº RIEE-1-0103-99-0365, emanado de la Oficina Nacional de Identificación, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, a través del cual dicha Oficina dio respuesta a ese Juzgado, según oficio Nº 1224-99, fecha 3 de febrero de 1999.
Posteriormente en fecha 3 de mayo de 1999, el apoderado actor solicitó se le librara copias certificadas de la documental que riela al folio 89.
En fecha 8 de diciembre de 1999, el apoderado actor solicitó avocamiento en la causa.
Seguidamente en fecha 13 de diciembre de 1999, se avoco a la causa nueva Jueza Temporal. En esa misma fecha, se ordenó la expedición de la copia certificada solicitada en fecha 3 de mayo de 1999, por el apoderado actor.
En fecha 13 de julio de 2000, el apoderado demandada pidió avocamiento a la causa.
Posteriormente en fecha 20 de julio de 2000, se avoco a la causa nueva Jueza provisora.
En fecha 11 de junio de 20001, el apoderado actor se dio por notificado del avocamiento anterior, y solicito se notificara a la contraparte, lo cual ratificó el 12 de diciembre de ese mismo.
En fecha 1º de febrero de 2002, el Tribunal de la causa ordenó notificar del avocamiento de fecha 20 de julio de 2000, que por error involuntario indicó como año del avocamiento el 2001.
Seguidamente en fecha 26 de febrero de 2003, el apoderado actor solicitó avocamiento en la causa.
Posteriormente en fecha 20 de junio de 2005, el apoderado actor solicitó se declare la perención de la Instancia.
En fecha 28 de junio de 2005, El Tribunal de la causa Negó la solicitud de declaratoria de perención anterior, establecido para que la causa se encuentra en fase de sentencia, además, que la actora no había impulsado la notificación del avocamiento de fecha 14 de marzo de 2003, a su contraparte.
Seguidamente en fecha 9 de febrero de 2012, se avoco a la causa nuevo Juez Provisorio.
En esa misma fecha, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, a fin de que se diera cumplimiento a la Resolución Nº 2011-0062, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, remitido bajo oficio Nº 21848-12 este expediente para su distribución, a la Unidad de Recepción Distribución de Documento del Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial.
Posteriormente en fecha 23 de marzo de 2012, el Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, le dio entrada expediente, previa distribución de fecha 13 de febrero de 2012.
En fecha 16 de enero de 2013, ese Tribunal dejo constancia del abocamiento de la suscrita Jueza, mediante Acta Nº 31 de fecha 6 de diciembre de 2011-0062 y 2012-0033, dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo, en fecha 30 de noviembre 2011 y 28 de noviembre de 2012, respectivamente.
Seguidamente en fecha 1º de abril de 2013, se agregó a los autos el cartel único publicado en fecha 10 de enero de 2013, se dejó constancia por nota de Secretaria de haber cumplido la formalidad de Ley.
En fecha 6 de junio de 2013, es Tribunal dicto decisión ordenando la remisión y devolución al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines de que continué conociendo la causa. Asimismo en otro auto de esa misma fecha se libro oficio al Juzgado antes mencionado.
Posteriormente en fecha 12 de junio de 2013, se dicto auto ordenando darle entrada al presente expediente mediante oficio No. 129-13 de fecha 06 de junio de 2013, proveniente del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas E Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, constante de una (1) pieza de ciento veintisiete (127) folios útiles.
Por ultimo en fecha 11 de abril de 2018, se dictó auto mediante el cual la Juez de éste Juzgado Dra. MARITZA BETANCOURT, se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra.
-II-
MOTIVA
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal de Instancia pasa a hacerlo y al efecto considera trae a colación el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que se refiere al derecho que tiene todo ciudadano al acceso a los órganos de administración de justicia, que es ejercido mediante la acción.
Teniendo así, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
En relación al interés procesal el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973) señalo lo siguiente:
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
Asimismo, el Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330,
“… El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber:
a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad.
b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
En este sentido, considera quien suscribe que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
Así pues, establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes....”.-
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
En relación a la perención de la instancia, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, mediante sentencia dictada en fecha 08 de febrero de 2002, Exp. 1985, en la cual estableció:
“…En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos…”.
Dicha Jurisprudencia, dispone que la Perención de la Instancia opera de pleno derecho, al transcurrir un tiempo sin impulso procesal, y que esa falta de impulso procesal produce el efecto de extinción del proceso.
En cuanto a la pérdida del interese procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 1 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. Nº: 00-1491, s. Nº 956), estableció lo siguiente:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...).
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.)
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (...)
La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído.
...(omisis)...
(…)¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor... (omisis)..., tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción.” Sentencia reiterada por la Sala Constitucional el 19 de diciembre de 2001 con la ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, Exp. 00-206, (Subrayado del Tribunal).
Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, expresó lo siguiente:
“…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”
A mayor abundamiento, nuestro máximo Tribunal de Justicia Sala Política Administrativa, mediante sentencia de fecha 24 de Septiembre de 2.009, con Ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini, juicio que sigue Francisco A. Álvarez, en el Exp. Nº 00-0528, Sentencia Nº 1337, estableció lo siguiente:
“…la perdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que dice “visto” y comienza el lapso para dictar sentencia de mérito…”
De conformidad con la doctrina y criterios jurisprudenciales antes transcritos, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
Así pues, este sentenciador observa, que el presente caso, se encuentra en espera de una sentencia interlocutoria, en virtud que la parte demandada en fecha 17 de agosto de 2004, opuso cuestiones previas, en este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 00702 de fecha 10 de agosto de 2007 (Exp. 2006-001089), estableció lo siguiente:
“...De lo que se desprende que a criterio de esta Sala de Casación Civil, la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester que el Juez dicte para la prosecución del juicio.
Con lo cual, se hace evidente la contradicción entre los criterios de procedencia de la perención de la instancia en estos dos fallos, dado que la Sala Constitucional admite la procedencia de la perención de la instancia en las causas que están en espera de una sentencia interlocutoria y la Sala de Casación Civil, que no es procedente la perención de la instancia en ese supuesto, en consecuencia esta Sala de Casación Civil, con el fin de unificar los criterios interpretativos restrictivos de las normas, con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, deja establecido que la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica sólo a la sentencia definitiva que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
De esta manera, la Sala abandona expresamente el criterio plasmado en su sentencia Nº RC-0217 de fecha 2 de agosto de 2001, expediente Nº 2000-535, en el juicio de Luís Antonio Rojas Mora y otros contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLÍVAR LOS FRAILEJONES, y cualesquiera otras que se opongan a la doctrina sentada en este fallo, y por ser materia de orden publico, el mismo se hace aplicable a este caso, y a cualquier otro en que la perención sea declarada luego de publicado este fallo, dada la especialidad de la materia que se debate, la cual conforme al fallo de la Sala Constitucional antes citado Nº 853, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente Nº 02-694, opera de pleno derecho y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva. Así se decide...”
(Omisis)
“...La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...”
De la jurisprudencia antes parcialmente transcrita, se puede deducir claramente, el castigo creado por el Legislador, en virtud de la inactividad de las partes por el transcurso de un tiempo determinado expuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la perención de la instancia, se extiende a toda inactividad, aún cuando el expediente se encuentra en etapa de dictar sentencia interlocutoria, pues el criterio jurisprudencial aludido, abandona “el criterio plasmado en su sentencia Nº RC-0217 de fecha 2 de agosto de 2001, expediente Nº 2000-535, en el juicio de Luís Antonio Rojas Mora y otros contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLÍVAR LOS FRAILEJONES,...” y UNIFICÓ criterio con la Jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional en decisión Nº 853, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente Nº 02-694, en la cual se dejó asentado que la perención de la instancia por ser de orden publico, procede en las causas que están en espera de una sentencia interlocutoria, la cual opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de partes.
Decisión esta que comparte quien aquí decide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y la aplica al caso que nos ocupa, en virtud que el presente expediente se encuentra en espera de una sentencia interlocutoria, sin embargo, se constató que la parte interesada, no ha demostrado el más mínimo interés procesal en proseguir el juicio, puesto que desde el 20 de junio de 2005 la parte actora solicitó la Perención de la Instancia, hasta la presente fecha, ha transcurrido mas de doce años, sin que se produzca ninguna actuación procesal de la parte actora, evidenciándose una absoluta ausencia de actividad procesal durante el periodo señalado o un abandono del proceso o lo que se puede describir como una clara pérdida de interés en que el juicio llegue a su fin o de que se le sentencie, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con la sentencia vinculante del Tribunal Supremo de Justicia, que castiga la inactividad de las partes por más de doce (12) años, aún cuando el expediente se encuentra en etapa de dictar sentencia interlocutoria, en consecuencia se da por terminado.
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia extinguido el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018). Años: 208° y 159°.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA
DRA. MARITZA BETANCOURT,
ABG. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, siendo las 3:24 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
ABG. ISBEL QUINTERO.
Asunto: AH1B-V-1997-000020
