REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, dieciocho (18) de abril de 2017
206º y 158º
ASUNTO: AH1B-X-2010-000042
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva
PARTE ACTORA: Sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la ciudad de Caracas, originalmente inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el día 3 de abril de 1925, anotado bajo el No. 123, cuyos Estatutos refundidos en un solo texto se encuentran inscritos ante el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 2 de febrero de 2006, anotado bajo el No. 45, Tomo 11-A-Pro.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos CARLOS LEPERVANCHE MICHELENA, ROBERTO YEPES, YESENIA PIÑANGO y MANUEL LOZADA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 21.182, 25.305, 33.981 y 111.961, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil AUTOVE LA FLORIDA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 25 de febrero de 1994, anotada bajo el Nro. 89, Tomo 607-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial alguno constituido en autos.
MOTIVO: TERCERIA
-I-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inició el presente juicio, incoado por los abogados CARLOS LEPERVANCHE MICHELENA, ROBERTO YEPES, YESENIA PIÑANGO y MANUEL LOZADA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 21.182, 25.305, 33.981 y 111.961, respectivamente, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Sociedad Mercantil AUTOVE LA FLORIDA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 25 de febrero de 1994, anotada bajo el Nro. 89, Tomo 607-A, mediante escrito presentado en fecha 17 de mayo de 2010.
Por auto dictado en fecha 16 de junio de 2010, este Juzgado ordenó la apertura del cuaderno de tercería a los fines de proveer sobre la cita en garantía propuesta el 17 de mayo de 2010. Asimismo, por auto separado en el cuaderno de tercería, este Tribunal procedió admitir la cita en garantía, ordenándose el emplazamiento de la Sociedad Mercantil Autote La Florida C.A., en la persona de su Director- Gerente ciudadano MOISES HERRERA CAMARÁN. Igualmente, de conformidad con el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil se ordenó suspender la causa principal por un terminó de noventa (90) días continuos, a contar de la presente fecha exclusive, siendo que si el citado en garantía no propusiera nuevas citas, la causa se reanudara y seguirá su curso el día siguiente a la constancia en autos de su contestación, aunque dicho terminó no se encuentre vencido quedando abierto a pruebas el juicio principal y la cita.
Mediante diligencia de fecha veintiocho (28) de junio de 2010, el abogado MANUEL LOZADA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 111.961, en su carácter de acreditado en autos, consignó copias de la contestación de la demanda, del auto que admitió la cita en garantía y solicitó se libre la comisión a los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Por auto de fecha tres (3) de agosto de 2010, este Juzgado instó a la parte interesada a consignar a los auto los fotostátos respectivos para la elaboración de la compulsa. En esa misma fecha, la abogada GINA HERNANDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 118.254, solicitó se declare la pérdida del interés en la cita de garantía propuesta.
Por auto dictado en fecha dieciséis (16) de septiembre de 2010, se acordó y se libró la comisión y compulsa correspondiente, a los fines de practicar la citación de la referida Sociedad, asimismo, se designó a la abogada YESENIA PIÑANGO MOSQUERA, como Correo especial a los fines de que entregue el oficio y comisión para lo cual deberá dejar constancia en el expediente. En esa misma fecha, compareció el abogado MANUEL LOZADA GARCÍA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 111.961, actuando en su carácter de acreditado en autos, solicitó se acuerde una prórroga del lapso a que se refiere el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil.
El veintitrés (23) de septiembre de 2010, el apoderado judicial de la parte actora, dejó constancia de haber retirado el oficio y la comisión dirigido al Juzgado Distribuidor de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Asimismo, solicitó se acuerde la prórroga del lapso a que se refiere el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha ocho (8) de octubre de 2010, el representante legal de la parte actora en la presente tercería, ratificó diligencias de fecha de 30 de octubre de 2010, 16 de septiembre de 2010 y 23 de septiembre de 2010.
Mediante diligencia de fecha 14 de octubre de 2010, la parte actora solicitó prorroga del lapso que se refiere el articulo 386 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, en fecha 1 de abril de 2011, se le concedió a la parte demandada un lapso de treinta (30) días continuos como prórroga única y exclusiva, para que la parte actora en la presente tercería cite a la Sociedad Mercantil Autote La Florida C.A., en la persona de su Director- Gerente ciudadano Moisés Herrera Camarán. Asimismo, se ordenó la notificación de las partes.
Por auto dictado en fecha 27 de junio de 2011, se ordenó agregar las resultas de la comisión de citación proveniente Juzgado Primero de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sin cumplir por falta de impulso procesal.
Igualmente, en fecha 18 de abril de 2017, quien suscribe el presente fallo se aboco al conocimiento de la presente causa.
-II-
MOTIVA
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)”. (Negrita del Tribunal)
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el Juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el Juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”
Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora en el proceso se circunscribe el 14 de octubre de 2010, de lo cual claramente se desprende, que transcurrió mas de un (01) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento.
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.
-III-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206° y 157°.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA.,
DRA. DRA. MARITZA BETANCOURT
ABG. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, siendo las 2:57 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA.,
ABG. ISBEL QUINTERO.
ASUNTO: AH1B-X-2010-000042,
MB/IQ/**
