REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 23 de julio de 2018
208º y 158º
ASUNTO: AH1C-V-2000-000025
PARTE DEMANDANTE: BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil de éste domicilio, inscrita originalmente ante el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgadote Comercio del Distrito Federal, el día tres (03) de abril de 1.925, bajo el Nº 123, cuyos actuales Estatutos Sociales, modificados y refundidos en un solo texto, constan de asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el Veintinueve (29) de marzo de 1.999, bajo el Nº 20, Tomo 61-A Pro.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: GERARDO A. CASO SANTELLI y ADRIANA ANZOLA de CASO, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 39.098 y 39.164, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ILIANA MATILDE CORREA DE BUSTAMENTE, extranjera, mayor de edad, de este domicilio y titular de las Cédula de Identidad No. V-81.681.916.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación alguna.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (Perención)
I
ANTECEDENTES
Se inició la presente causa por distribución que hiciera en fecha 10 de marzo de 2000 el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole conocer a este Juzgado del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, incoara la institución bancaria BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ciudadana ILIANA MATILDE CORREA DE BUSTAMENTE, antes identificados, correspondiéndole conocer de la misma a este tribunal.
En fecha 27 de marzo del 2000, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia consignó recaudos.
Posteriormente, por autos de fecha 06 de abril del 2000 se admitió la presente demanda y consecuencialmente se ordenó el emplazamiento de la parte demanda.
En fecha 11 de abril del 2000, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia consigno fotostatos, a los fines de la elaboración de la compulsa.
En fecha 02 de mayo del 2000, se libró compulsa de citación a la parte demandada.
En fechas 11 de mayo, 30 de junio y 08 de agosto del 2000, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó del ciudadano alguacil informar sobre sus diligencias respecto de la citación personal de la demandada.
En fecha 06 de febrero de 2001, compareció el ciudadano JOSÉ GREGORIO APONTE, alguacil adscrito a éste Tribunal en esa oportunidad y por diligencia consignó resulta de citación infructuosa.
Posteriormente, por auto de fecha 1° de marzo de 2001, a petición de la parte interesada, consecuencialmente, se ordenó y se libró oficio a la Oficina Nacional de Identificación del Ministerio de Relaciones Interiores (ONIDEX), a los fines de ley.
Posteriormente, por auto de fecha 11 de julio de 2001, se dio por recibido oficio Nº 1-0501-937, proveniente del Ministerio del Interior y Justicia.
En fecha 20 de julio de 2001, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó citación personal de la demandada en la dirección suministrada por el precitado ente.
En fecha 19 de septiembre de 2001, compareció el ciudadano JOSÉ GREGORIO APONTE, alguacil adscrito a éste Tribunal en esa oportunidad y por diligencia consignó resulta de citación infructuosa.
En fecha 20 de septiembre de 2001, el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó citación por cartel de la parte demandada
Posteriormente, por auto de fecha 19 de octubre del 2001, se libró cartel de citación a la parte demandada.
En fecha 14 de noviembre del 2001, compareció la apoderada judicial de la parte demandada y mediante diligencia solicitó oficiar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Posteriormente, por auto de fecha 30 de noviembre del 2001, se libró oficio Nº 1874 al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En fecha 15 de enero del 2002, se recibió oficio Nº 0084, proveniente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Posteriormente, por auto de fecha 25 de septiembre del 2003, se instó a la parte actora a consignar la publicación del cartel de citación, a los fines legales consiguientes.
En fecha 28 de octubre de 2003, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia consignó ejemplar de publicación de cartel de citación y solicitó librar uno nuevo.
Posteriormente, mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2003, se libró cartel de citación.
En fecha 08 de enero de 2003, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó publicaciones de cartel hechas en los diarios El Nacional y El Universal.
Posteriormente, en fecha 11 de marzo de 2004, la Secretaria en esa oportunidad dejó constancia de haberse cumplido con la formalidad del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30 de marzo de 2004, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó nombrar defensor judicial a la parte demandada.
Posteriormente, por auto de fecha 20 de abril de 2004, se declaró nula la fijación del cartel practicada por la Secretaria en fecha 11 de marzo de 2004.
En fecha 03 de mayo de 2004, compareció el apoderado judicial de la parte actora y señaló dirección a los fines legales consiguientes.
Posteriormente, en fecha 24 de mayo de 2004, la Secretaria titular para esa oportunidad estampó nota dejando constancia de haberse cumplido con la formalidad del artículo 223 del Código de procedimiento Civil.
En fecha 10 de junio de 2004, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó designar nombrar defensor judicial a la parte demandada.
Posteriormente, por auto de fecha 02 de julio de 2004, se designó a la abogada MARÍA CANDELARIA DOMÍNGUEZ, como defensora judicial de la parte demandada. Se libró boleta de notificación.
Posteriormente, por auto de fecha 28 de julio de 2004, a petición del apoderado judicial de la parte actora y en virtud de la imposibilidad de cumplir con el cargo recaído en su persona de la precitada defensora judicial, se designó como defensora judicial a la abogada THAMARA SANGUINO. Se libró boleta de notificación.
Posteriormente, por auto de fecha 02 de septiembre de 2004, a petición del apoderado judicial de la parte actora, se designó como nuevo defensor judicial a la abogada OMAIRA WORD FIEUJEAN. Se libró boleta de notificación.
En fecha 19 de octubre de 2004, compareció el alguacil adscrito al Tribunal en esa oportunidad y estampó notificación positiva.
En fecha 22 de octubre de 2004, compareció la precitada defensora judicial y por diligencia aceptó el cargo recaído en su persona y prestó juramento de ley.
En fecha 26 de octubre de 2004, compareció la defensora judicial de la parte demandada y presentó escrito de contestación a la demanda.
En fecha 08 de noviembre de 2004, compareció el apoderado judicial de la parte actora y promovió pruebas.
Posteriormente, por auto de fecha 11 de noviembre de 2004, emitió pronunciamiento sobre las pruebas promovidas. Se libró oficio Nº 4671 al Comité de Finanzas Mercantil.
En fecha 11 de enero de 2006, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó al tribunal acordar la pretensión del vehículo comparado por la demandada y se libre oficio correspondiente al organismo respectivo.
En fecha 17 de abril de 2006, se dio por recibido oficio S/N, proveniente del Comité de Finanzas del Banco Mercantil.
En fechas 08, de mayo, 11 de octubre y 07 de noviembre de 2006, 27 de febrero, 16 de mayo, 26 de junio de 2007, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencias solicitó al Tribunal dictar sentencia en la presente causa.
En fechas 02 de octubre de 2007 y 29 de enero de 2008, compareció el apoderado judicial de la parte actora y mediante diligencia solicitó avocamiento en la presente causa.
Posteriormente, por auto de fecha 14 de febrero de 2008, el Juez constituido en esa oportunidad se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba.
En fecha 26 de marzo de 2008, compareció la apoderada judicial de la parte actora y se dio por notificada del precitado auto y solicitó notificar a la defensora judicial de la parte demandada.
Posteriormente, por auto de fecha 04 de abril de 2008, se libró boleta de notificación a la defensora judicial de la parte demandada.
En fecha 04 de junio de 2008, compareció el apoderado judicial de la parte actora y ratificó el contenido de sus diligencias anteriores a los fines de que se dictara decisión en la causa.
En fecha 07 de abril de 2009, compareció el apoderado judicial de la parte actora y ratificó solicitudes de sentencia.
En fecha 15 de mayo de 2009, compareció la apoderada judicial de la parte actora y solicitó abocamiento en la presente causa.
Posteriormente, por auto de fecha 19 de mayo de 2009, la Juez constituida en esa oportunidad se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 25 de mayo de 2009, compareció la apoderada judicial de la parte actora y por diligencia se dio por notificada y solicitó la notificación de la parte demandada.
Posteriormente, por auto de fecha 08 de junio de 2009, se libró boleta de notificación a la defensora judicial de la parte demandada.
Posteriormente, por autos de fecha 06 de junio de 2010, se instó a la representación judicial de la parte actora a gestionar la notificación de la defensora ante la Unidad de Alguacilazgo.
Posteriormente, por auto de fecha 28 de septiembre de 2010, se libró nueva boleta de notificación a la defensora judicial de la parte demandada.
En fecha 09 de agosto de 2011, compareció el apoderado judicial de la parte actora y por diligencia solicitó dejar sin efecto la referida boleta de notificación librada y se libre cartel de notificación.
Posteriormente, por auto de fecha 14 de febrero de 2012, se ordenó la remisión del presente asunto a los Juzgados itinerantes de conformidad con la resolución Nº 062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Se libró oficio Nº 423-2012, a la Unidad de Reopción y Distribución de Documentos (URDD), de éste Circuito Judicial.
Posteriormente, por auto de fecha 18 de enero de 2013, el Juez constituido ante el Juzgado Segundo de Municipio Ejecuto de Medidas E Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de ésta Circunscripción Judicial se abocó al conocimiento de la presente causa.
Posteriormente, por auto de fecha 05 de junio de 2014, se dio por recibida la presente causa, proveniente del Juzgado Segundo de Municipio Ejecuto de Medidas E Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de ésta Circunscripción Judicial, quien dictó sentencia por medio de la cual repuso la causa al estado de que sea designado un nuevo defensor Ad-Litem a la parte demandada, en acatamiento a la decisión dictada por el precitado Tribunal. Se libró boleta de notificación a las partes inmersas en el presente proceso.
En fecha 17 de noviembre de 2015, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó fotostatos respectivos a los fines de la citación de la defensora Judicial de la parte demandada.
Posteriormente, por auto de fecha 27 de noviembre de 2015, se designó como defensora judicial de la parte demandada a la abogada INÉS MARTÍN MARTELL y se libró boleta de notificación.
En fecha 16 de marzo de 2017, compareció el alguacil titular de éste circuito y consignó boleta de notificación librada, por cuanto la defensora judicial no se había dado por notificada.
En esta misma fecha, quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba.
II
MOTIVACIÓNES PARA DECIDIR
Vista la secuencia de los actos de impulso procesal efectuados por la parte diligenciante, este órgano jurisdiccional para decidir hace las siguientes consideraciones:
“…La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...” (Vid sentencia numero RC-01092, expediente número 06-673 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”. (Negrillas de este Tribunal).
En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.
En este sentido, y siguiendo el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Y tal señalamiento se dejó sentado mediante sentencia Nº 2.148 de fecha 14 de septiembre de 2004, indicando a tal efecto lo siguiente:
“El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.’.
Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión”. (Subrayado del texto y Resaltado de esta).-
De igual modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 853 de fecha cinco (05) de mayo de dos mil seis (2006), señalo:
“Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nada luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo I, del título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señalo:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa se sentencia (…) (Subrayado del texto y resaltado de este Despacho)”
El anterior criterio fue ratificado, por la misma Sala Constitucional, de nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia número 66 de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), Expediente No. 2014-11, al analizar la decadencia y extinción de la acción por falta de interés procesal en las causas paralizadas o inactivas, en la cual señaló:
“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.
El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma por más de (1) un año ha sido ratificado por esta Sala Constitucional, en sentencias nros. 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras”.
Igualmente resulta necesario traer a colación el criterio pacifico y reiterado de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en relación a la naturaleza de orden público que reviste a la institución procesal de la perención de la instancia, observándose de su sentencia N.° 80 del 27 de enero de 2006 (caso Yván Ramón Luna Vásquez), ratificada entre otras mediante fallo de fecha 10 de junio de 2010, dictado por la misma Sala en el expediente 09-0700, lo siguiente:
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil-.
Ahora bien, acogiendo este Sentenciador, el criterio sostenido por nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, recogido en las Jurisprudencias antes transcritas, y realizado un minucioso estudio de las actas procesales, que conforman el presente expediente, constata quien aquí decide, que en el presente Juicio, que desde el día fecha 17 de noviembre de 2015, fecha en al cual el apoderado judicial de la parte actora, consignó fotostatos a los fines de la elaboración de la compulsa de citación de la defensora judicial de la parte demandada hasta la presente fecha ha transcurrido mas de un (01) año, sin que hubiese actuación alguna por parte de la accionante tendente a impulsar la continuidad de la tramitación de la causa, con lo cual se evidencia, la falta actividad de la parte actora durante el transcurso de más de un (1) año, con lo cual resulta forzoso para este Sentenciador, declarar configurado así el supuesto de hecho previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia. Y así será declarado en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 y 26 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES, incoara Institución Bancaria BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ciudadana ILEANA MALTILDE CORREA DE BUSTAMENTE.
Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los 23 días del mes de julio del dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
EL JUEZ,
WILSON GERARDO MENDOZA PEDRAZA
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
JAN LENNY CABRERA PRINCE.
En esta misma fecha, siendo las 12:37 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
JAN LENNY CABRERA PRINCE
WGMP/JLCP
AH1C-M-2000-000025
