REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 30 de Junio de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-O-2017-000046
PARTE ACCIONANTE: Ciudadano FERDINAND A. SENIOR GUILHEM, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-961.366 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 33.488.
PARTE ACCIONADA: JUNTA ADMINISTRADORA DE LA URBANIZACIÓN DEYBER y la ciudadana TEODORA ELISA CASTRO FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.086.087.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONADA: Abogada SOL ARIAS DE RIVAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 10.615.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
- I -
SÍNTESIS DEL PROCESO
Este proceso judicial se inició mediante acción de amparo constitucional incoada en fecha 16 de mayo del 2017 por la parte accionada. Dicha acción de amparo correspondió ser conocida por este juzgado, el cual la admitió en fecha 17 de mayo del presente año.
En fechas 24 de mayo y 8 de junio de 2017 se libraron boletas de notificación dirigidas a la presuntamente agraviante y al Ministerio Público, repectivamente.
En fecha 12 de junio del año en curso, el alguacil designado dejó constancia de haber notificado a la parte presuntamente agraviante. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2017, el alguacil designado dejó constancia de haber notificado a la representación del Ministerio Público.
En virtud de lo anterior, verificada la notificación de las partes involucradas en el proceso, así como de la representación fiscal del Ministerio Público, este juzgado fijó las 10:00 a.m. del día lunes veintiséis (26) de junio de 2017, para que tuviere lugar la celebración de la audiencia constitucional respectiva.
Finalmente, la referida audiencia se efectuó en la oportunidad fijada, concluyendo con la decisión que declaró INADMISIBLE la acción de amparo.
- II –
ALEGATOS DE LAS PARTES
Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
La parte presuntamente agraviada alegó lo siguiente en su escrito de amparo, ratificando tales alegatos en la audiencia:
1. Que demanda a la Junta Administradora de la Urbanización Deyber, asumiendo que existe, pese a desconocer la identidad de sus integrantes y eventuales datos de creación, pero que se puede demandar a personas determinadas y determinables;
2. Que los presuntos agraviantes cerraron la calle de la Urbanización Deyber, alegando al efecto la situación de inseguridad que aqueja al país, lo que se tradujo en fuente de desagüe de dinero, en virtud de los sucesivos aumentos experimentados en la cuota cobrada a los vecinos;
3. Que los vecinos se encuentran aterrorizados y han decidido pagar, pese a no estar de acuerdo con las decisiones impuestas arbitrariamente por la parte presuntamente agraviante;
4. Que decidió no seguir pagando las cuotas periódicas que terminaron siendo equivalentes a las cuotas de condominio;
5. Que se ha negado a pagar la suma de dos mil quinientos bolívares (Bs. 2.500,00), para la re-codificación de los controles remotos que le permiten acceder a la urbanización, por lo que en la actualidad sus tres (3) controles remotos se encuentran inoperativos, luego que fuera cambiada la tarjeta de los motores de la puerta eléctrica de acceso vehicular;
6. Que la calle de la urbanización es de uso público y que las indicadas circunstancias se traducen en violación a su derecho constitucional al libre tránsito, consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
7. Que considera que se ha cometido el delito de extorsión, por lo que solicita que se “pase” (sic.) a los presuntos agraviantes a la jurisdicción penal, haciendo constar que era abogado dedicado a la materia penal;
8. Que no le puede dar una llave a sus hijos sin pagar treinta y cinco mil bolívares (Bs. 35.000,00), correspondientes al costo de cada control remoto; y,
9. Que solicita que le sean re-codificados sus controles remotos sin pagar cantidad alguna.
En la oportunidad de la réplica, el quejoso insistió en que se siente agredido, poniendo de manifiesto que constantemente se pretenden constituir asociaciones para cobrarle dinero ilícitamente.
Por su parte, la representación judicial de la parte presuntamente agraviante, en la audiencia de amparo, manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Que la acción de amparo que originó este proceso es inadmisible, por cuanto el quejoso debió acudir a la vía ordinaria;
2. Que existe falta de legitimidad activa, por cuanto el quejoso se abroga la representación de otros afectados, sin contar con poder que lo faculte para tal fin;
3. Que existe falta de cualidad pasiva, toda vez que el mismo accionante afirma que no tiene idea de quienes conforman la JUNTA ADMINISTRADORA DE LA URBANIZACIÓN DEYBER, la cual no existe;
4. Que la garita de seguridad y el portón eléctrico de acceso vehicular fueron instalados en marzo de 2012, siendo que el quejoso adquirió tres (3) llaves para el acceso peatonal, así como tres (3) controles remotos para el acceso vehicular, pagando la cuota establecida desde marzo de 2012 hasta abril de 2015, todo lo cual implica la configuración de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el ordinal 4º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales;
5. Que en virtud del desgaste lógico del motor eléctrico del portón de acceso vehicular, en el año 2017 hubo necesidad de sustituir la tarjeta y que cada residente debía pagarle al proveedor la re-codificción de cada uno de sus controles remotos, haciendo constar que se le daría acceso a la calle incluso a quienes decidieran no pagar por el indicado servicio, siendo que esto último implica la verificación de la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo prevista en el ordinal 2º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales;
6. Que el quejoso debió acudir a la vía ordinaria, ante la Justicia de Paz Comunal o ante los tribunales penales;
7. Que el quejoso pretende una indemnización por daños y perjuicios, lo que revela su total desconocimiento de la materia de amparo constitucional, cuyos efectos son meramente reestablecedores y no pueden tener alcance constitutivo de nuevas situaciones jurídicas;
8. Impugna y desconoce cada una de las pruebas acompañadas junto a la acción de amparo, indicando que el accionante debió promover todos los elementos de prueba junto al escrito que originó este proceso de amparo constitucional;
9. Solicita que se tomen las medidas que correspondan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales;
10. Que lo mas probable es que se le re-codifique sus controles remotos, sin pago alguno, para lo cual deberá formular la correspondiente solicitud al presidente de la junta de condominio del edificio donde reside.
Posteriormente, en ese mismo acto, la representación de la parte presuntamente agraviante insistió en que la acción de amparo fuera declarada inadmisible, sin lugar o improcedente, poniendo de manifiesto que resulta vergonzoso que la acción de amparo fuera utilizada para tratar una circunstancia tan banal, como la descrita por el accionante.
Finalmente, se dio el derecho de palabra a la representación fiscal, abogado JOSÉ LUIS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, en su carácter de Fiscal Octogésimo Cuarto del Ministerio Público con Competencia en Derechos y Garantías Constitucionales de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Estado Vargas, quien manifestó que en virtud del consabido carácter extraordinario la acción de amparo, el quejoso tenía la posibilidad de dilucidar la problemática planteada a través de la vía interdictal ordinaria o en sede penal, razón por la cual solicitó que la acción de amparo fuera declarada inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
- III -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Este tribunal hace constar que la situación jurídica infringida alegada por la quejosa consiste en una vía de hecho que le impide dificulta el acceso y libre tránsito a la calle donde se encuentra situado el edificio donde reside.
Ahora bien, en vista de lo anterior, resulta pertinente la cita de la decisión Nº 825, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de junio de 2013, la cual desarrolló la siguiente declaración de principios:
“Ahora, en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo primigenia a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales todo juez está obligado a revisar, esta Sala estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el supuesto de hecho contenido en el numeral 5 de dicha disposición normativa, la cual establece:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(...)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado (…).
Al respecto, cabe señalar que esta Sala ha interpretado la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, en el siguiente sentido:
(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…). (Sentencia n° 2369 de esta Sala, del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García y otro…).
Tomando en cuenta el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, esta Sala aprecia que, en el caso de autos, la ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión previsto en el artículo 783 del Código Civil, el cual representa un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, respecto al interdicto restitutorio de despojo, la Sala de Casación Civil estableció, en la sentencia n.° RC000652, del 10 de octubre de 2012, caso: “José Dorta Martín contra José Demetrio Martínez García y Otro”, lo siguiente:
Con respecto a la interpretación del artículo 783 del Código Civil y sus supuestos de procedencia, esta Sala en su fallo N° RC-515, del 16 de noviembre de 2010, expediente N° 2010-221, caso: Guillermo Segundo Castro Barrios contra Francisco Antonio González Ruíz (…), determinó lo siguiente:
“…Ahora bien, el artículo 783 del Código Civil, dispone expresamente lo siguiente:
“Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.”
Todo lo cual determina, que cuando se demanda la restitución de la posesión, debe ocurrir el despojo del poseedor, que puede ser legítimo o un simple detentador, y procede contra bienes muebles e inmuebles; esta querella debe intentarse contra el autor del despojo aunque fuere el propietario, y dentro del año en que éste se produce, bajo pena de caducidad. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-1151 del 30 de septiembre de 2004, expediente N° 2003-1173).
De dicha norma se desprenden los supuestos de procedencia de la acción interdictal restitutoria, que el juez debe analizar indefectiblemente de forma concurrente, al momento de decidir, que son los siguientes:
1) Que el querellante sea el poseedor del bien objeto de litigito, sea ésta posesión de cualquier naturaleza. Que exista posesión.
2) Que el querellante haya sido despojado de la posesión, bien sea de una cosa mueble o inmueble. Que se haya producido el despojo.
3) Que el querellado sea el autor de los hechos calificados como despojo.
4) Que exista identidad entre el bien detentado por el querellado y el bien señalado como objeto del despojo por parte del querellante.
5) Que no haya transcurrido el lapso de caducidad de la acción, vale decir, que la acción se intente dentro del año siguiente al despojo.
(…omissis…)
Por lo tanto, no puede pretender la accionante, con la demanda de amparo, en el presente caso, la sustitución de los medios judiciales preexistentes, pues aquella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías, o bien que, ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De modo que, el amparo será admisible cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado (Vid. s. S.C. N° 1496/2001, caso: “Gloria América Rangel Ramos”; n.° 2198/2001, caso: “Oly Henríquez de Pimentel” o cuando se justifique el uso del amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación, tal como lo ha exigido la Sala en su decisión del 9 de agosto de 2000, caso: “Stefan Mar C.A”.
(...)
Por ello, y en virtud de que no existe la vulneración de los derechos denunciados, además de que resultaría inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final previsible es la declaratoria sin lugar, esta Sala estima que la presente demanda de amparo debe declararse improcedente “in limine litis”, y así se decide.”
Ahora bien, antes de entrar a decidir sobre la procedencia de la acción propuesta, este juzgado debe referirse a las posibles causas de inadmisibilidad de la misma, pues aún cuando la acción de amparo fue originalmente admitida, según jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las causas de inadmisibilidad son de orden público, y pueden ser objeto de revisión en cualquier momento, aún después de admitida la acción (entre otras, sentencia número 41 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26/01/2001, Caso Belkis Astrid González Obadía).
Habida cuenta del carácter eminentemente extraordinario de la acción de amparo, corresponde a este juzgador examinar si existe otra vía a través de la cual los accionantes en amparo podrían obtener la satisfacción de la pretensión deducida en este proceso. Para tales fines, es necesario enfatizar que el derecho presuntamente infringido por el presunto agraviante, que de acuerdo con lo afirmado por en la solicitud de amparo se refiere al derecho a acceder y transitar libremente por la calle donde se encuentra situado el edificio donde reside.
Sobre el punto de la residualidad o carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, se ha pronunciado Hildegard Rondón de Sansó en su conocida obra “Amparo Constitucional”, en los términos siguientes:
"La tesis del carácter subsidiario residual de la acción de amparo puede sintetizarse así:
a) La vía del amparo sólo procede cuando no existen otras a través de las cuales se obtenga el restablecimiento de los derechos subjetivos violados, por cuanto el efecto que se aspira alcanzar con el mismo debe ser logrado con el medio específico establecido para la protección del sujeto;
b) La aceptación general e ilimitada del amparo haría inútil e inoperante los remedios jurídicos que la Constitución y las leyes establecen por vía ordinaria. (...) de admitirse la acción de amparo sin que el recurrente haya utilizado la indicada vía ordinaria, se eliminaría de un solo golpe todo el sistema establecido de control de la legalidad.
c) (...)
d) La consagración absoluta e ilimitada del amparo sacudiría todo el sistema jurídico, hasta el punto de que ante una decisión firme de cualquier autoridad que ha causado estado no habría seguridad ni certeza alguna;
e) Si no se admite el carácter subsidiario del amparo se estarían eliminando instancias ordinarias y los trámites normales que deben seguir los órganos naturales para revisar las decisiones de sus subalternos y sus propias decisiones;
f) Si no se admite el carácter subsidiario se estaría consagrando como regla general un régimen de excepción en materia jurisdiccional, representado por un juicio breve y sumario y por una acción extraordinaria."
La característica que ha sido atribuida al amparo, con mayor insistencia, es la de su naturaleza de medio especial y subsidiario, esto es, el de ser una modalidad de garantía jurídica que difiere de los medios ordinariamente establecidos y, que como tal, tiene también carácter residual, por cuanto –en principio- sólo es ejercible cuando no existan recursos ordinarios o extraordinarios aplicables en el caso específico, previstos por el sistema procesal. Ha apuntado el autor Rafael Chavero Gazdik, en su obra titulada “El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela”, lo siguiente:
“El último requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional, es sin duda el más complejo de determinar, el más subjetivo o discrecional y claramente el punto de discusión más frecuente en toda acción de amparo constitucional. Nos referimos a la relación del amparo constitucional con el resto de los remedios judiciales que coexisten en nuestro ordenamiento jurídico, o para decirlo con la acepción más manejada, el carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional.
Como lo ha advertido la jurisprudencia desde los propios inicios de la institución del amparo constitucional, es necesario para su admisibilidad y procedencia, además de la denuncia de derechos fundamentales, que no exista ‘otro medio procesal ordinario y adecuado’.
Sin duda alguna, la consagración de un remedio judicial expedito capaz de proteger todos los derechos y garantías constitucionales contenidos en la Constitución y además de aquellos otros que a pesar de no estar recogidos en el Texto Fundamental pueden considerarse como inherentes a la persona humana, trae al foro jurídico una irresistible tentación de abandonar los remedios judiciales largos y engorrosos para tratar de canalizarlos a través de una institución que, mal que bien, produce decisiones en un lapso de tiempo (sic.) bastante decente.
Lógicamente, no hace falta acudir a un análisis jurisprudencial minucioso para poder afirmar que con el amparo constitucional se corre el riesgo de eliminar o reducir a su mínima expresión el resto de los mecanismos judiciales previstos en nuestras leyes. De allí la importancia de establecer un sistema equilibrado de convivencia entre el amparo y el resto de las acciones o recursos judiciales. Así, afirmaba la profesora Rondón de Sansó, en una frase que resumía claramente una problemática, el amparo ‘es una carga explosiva. Usado bien, para los buenos fines, es la vía rápida para llegar a la justicia. Usado mal, puede hacer estallar todo el sistema procesal’.”
No resulta razonable concebir la posibilidad de interponer la acción de amparo existiendo la posibilidad de intentar una acción ordinaria, que constituye el mecanismo legalmente establecido para dilucidar la misma cuestión. La jurisprudencia patria inicial estableció el carácter residual como una condición de admisibilidad, con base en el criterio de que su mantenimiento como principio, era la única garantía de que el amparo no se convertiría en el medio general de protección jurisdiccional y llegase a desplazar a los existentes sobre cada materia concreta, permitiendo que pudieran ventilarse por tal vía situaciones en las cuales falten requisitos para el ejercicio de los medios acordados en vía ordinaria.
En el caso sometido al juzgamiento de este tribunal actuando en sede constitucional, encuentra este juzgador que -en abstracto- quien reclame judicialmente el acceso y libre tránsito por la calle donde se encuentra situado el edificio donde reside, necesariamente debe acudir a las vías ordinarias existentes en el ordenamiento civil, vale decir, la típica acción interdictal o plantear una solicitud ante las autoridades administrativas municipales o policiales, o ante los órganos de justicia de paz comunal, entre otras, según el caso. De otra parte, en caso de que el presunto agraviante haya cometido algún ilícito penal, existen también las vías procesales ordinarias para calificar y sancionar el supuesto hecho punible. Lo anterior, obviamente, sin prejuzgar sobre la eventual procedencia o improcedencia de tales acciones en el caso que concretamente nos ocupa.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, resulta imperativo declarar que en este caso efectivamente se ha verificado la indicada causal de inadmisibilidad, y así se decide.
- IV -
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado FERDINAND A. SENIOR GUILHEM, en contra de la ciudadana TEODORA ELISA CASTRO FERNÁNDEZ, así como contra la JUNTA ADMINISTRADORA DE LA URBANIZACIÓN DEYBER, por encontrarse comprendida en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo prevista en el ordinal 5º del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.-
No hay especial condenatoria en costas, por cuanto este tribunal no considera que la parte accionante procedió con temeridad.
Se hace constar que luego del anterior pronunciamiento resulta inoficioso el análisis y valoración de las pruebas promovidas por las partes.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de junio de 2017. 207º y 158º.
EL JUEZ,
ABG. LUIS R. HERRERA G.
EL SECRETARIO,
ABG. JONATHAN A. MORALES J.
En esta misma fecha, siendo las 2:21 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,
ABG. JONATHAN A. MORALES J.
Asunto: AP11-O-2017-000046
LRHG/JM/GEDLER R.
