REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 5 de mayo de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-O-2017-000041
PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO. RIF: J- 404641823
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos MILAGRO DEL CARMEN MENA GONZALEZ Y GUSTAVO PINDARO FERNANDEZ GONZALEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajos los números 177.026 y 177.027, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 2.770.287.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No ha constituido apoderado judicial a los autos.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento mediante solicitud de amparo constitucional presentado en fecha 03 de Mayo de 2017, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, y previo sorteo respectivo le correspondió conocer de la presente causa a este Juzgado.
La parte accionante en la presente causa, alega entre otras cosas en su libelo de la demanda lo siguiente:
“(…) Desde hace 35 años, hemos estado ocupando la bienhechuria ubicada en el barrio San Andrés Sector Cañicito parte bajo Parroquia el Valle Municipio Libertador Área Metropolitana de Caracas, Terrenos e Inmuebles propiedad del Estado Venezolano, en estas instalaciones funcionó en su momento la fabrica de refresco, LA DUMBO, la cual fue adquirida por la Nación según se puede constatar en la gaceta oficial Nº 28.221, Decreto 681 de fecha 09-12-1966, y cuyo inmueble fue adjudicado al banco obrero y luego al Instituto Nacional para la Vivienda, afín de dar continuidad a un proyecto habitacional en su segunda etapa San Andrés II, el cual no se ejecutó en su totalidad quedando baldío un lote de terreno alrededor del inmueble, estos fueron habitados al igual que el inmueble conformado por lo que hoy conocemos como cañicito parte baja del Barrio San Andrés, la infraestructura que en su momento fue la fabrica de refresco la Dumbo, ha sido habitada como vivienda y como área de trabajo de carpinteros, herreros, mecánicos, y una panadería socialista, que han formados sus familias y vidas durante todos estos años, siendo sometidos y vulnerados en sus derechos a la estabilidad laboral y el derecho de estas familias a vivir en paz (…) ”
“(…) El ciudadano JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.770.287; quien inicialmente manifestó ser victima de los propietarios de la empresa de refresco, quienes vendieron el inmueble al estado y presuntamente no le liquidaron, este propuso crear un pago de condominio para manutención de las instalaciones y en el área de carga de la fabrica improviso un estacionamiento y comenzó a cobrar para guardar carros en ese lugar, así paso el tiempo y este se fue abrogando la cualidad de administrador, de allí pasó a represor a amenazar con desalojar a quien se negara hacer su voluntad, alegando tener presunto amparo a su favor, donde le otorgaba la custodia del inmueble, así comenzaron los atropellos de este señor, vale resaltar que nadie ha visto este documento nuca, y este conjuntamente con el ciudadano ILDELFONSO CHACON PEREZ; titular de la cédula de identidad, Nº V-6.550.641, quienes mantienen amenazados a todo los que hacen vida dentro de las instalaciones (…)”
“(…) cuyo únicos pisatarios somos los que hacemos vida allí, hemos sido engañados amenazados con el desalojo forzoso, por parte de este seño, quien ahora pretende se le cancelen aportes mensuales con un aumento del mil por ciento, tanto en el área de parqueo de vehiculo como local productivo y vivienda, violentos nuestros derechos haciendo presión limitando el libre tránsito del derecho al trabajo y vivir en paz y dignamente la angustia de estas familias de estos trabajadores se vio más vulnerada este pasado domingo 19 de marzo cuando quienes hacen vida durante 35 años allí, y quienes usan el estacionamiento vecino y miembros de la comunidad, y la presencia y representación de la comuna Cañicito Y miembros del Frente Movimiento Socialista Comisión Danilo Anderson, fundación de los derechos Humanos, estaban reunidos en el apoyo al CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO, ya que la agudeza de las amenazas se hacían tangibles, que se les vulneraba su derecho al libre tránsito y a salir o entrar en el caso de los que residen allí, y el cierre del acceso a las instalaciones vulnerando el derecho al trabajo ya que estos cambiaron los horarios y ordenaron a los vigilantes impedir el acceso, es así como este el ciudadano ILDELFONSO CHACON PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-6.550.641, manifestó que si no se cancela serán desalojados y el acceso estará restringido a su criterio y disposición en tal sentido los que allí de forma pacifica reclamaba su derecho al libre tránsito y a entrar a su sitio de habitad y de trabajo, estos fueron amenazados y agredidos física y verbalmente por ILDELFONSO CHACON PEREZ, quien cumple ordenes de JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ. (…)”
“(…) Este amenaza y asedia mandando a su mano derecha el ciudadano ILDELFONSO CHACON PERES, titular de la cédula de identidad Nº V-6.550.641, quien mantiene bajo amenaza permanente a todos los y las trabajadoras que hacen vida en estas instalaciones, tan grave situación que golpeo y empujo al ciudadano Fabiano Montilla Productor de la Panadería Socialista, lo que ameritó la participación y mediación de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, ya que en otras ocasiones este había ejercido la violencia física con otros trabajadores incluso esgrimiendo armas de fuego, el acoso la amenaza vulnera el derecho de estos ciudadanos y ciudadanas al trabajo a vivir en paz (…)”
Señalando igualmente que: “Estos mencionados ciudadanos vulneran los derechos establecidos en el siguiente articulo de nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
AMPARO POR LA VIOLACION DE LOS SIGUIENTES
DERECHOS CONSTITUCIONALES.”
Citando y transcribiendo a este respecto los artículos 19, 50, 89, 112 ,113, 114, 118 y 115, indicando al respecto que estos prohíben el acceso libre a sus viviendas y lugares de trabajo, que pretende desalojar las instalaciones ocupada por los trabajadores y trabajadoras desde hace 35 años, que el ciudadano Juan Agustin Paez Gomez se pretende abrogar la propiedad de un inmueble del estado y abusa y lucra ilegalmente a expensas de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras, que estos niegan el derecho de existencia de esta organización del poder popular organizado como FUNDACION CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO. RIF: J- 404641823, invocando el derecho a la propiedad y su cualidad de ocupantes durante 35 años; estableciendo como petitorio el siguiente:
“(…) PETITORIO
SOLICITAMOS DE MANERA INMEDIATA LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES
1- Se admita este recurso en cada una de sus partes conforme a la ley y se restituyan el derecho constitucional vulnerado en los artículos constitucionales 50, 89, 112, 113, 114,118.
2- UNA MEDIDA DE ALEJAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LOS CIUDADANOS, JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ titular de la cédula de identidad Nº 2.770.287, e IDELFONSO PEREZ CHACON titular de la cédula de identidad Nº 6.550.641
3- Se otorgue el resguardo administración y coordinación del espacio EL CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO. PARA LA CUAL ANEXO COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA CONSTITUTIVA CON LETRA (a).
4- Se prohíba ENAJENAR GRAVAR, y lucrarse de este inmueble al ciudadano JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.770.287, Y ILDELFONSO PEREZ CHACON titular de la cédula de identidad Nº 6.550.641, debidamente antes identificados.
5- Se notifique al MINISTERIO PÚBLICO afín de que sea garante de esta solicitud y tome las medidas civiles y penales que sean necesarias.
6- Solicitamos inspección judicial y evacuación de testigos afín de sustanciar sustentar lo expresado en este recurso.
7- Una vez culminado el proceso se otorgue la titularidad y resguardo de las instalaciones de manera firme y permanente a su legitimo ocupante de 35 años EL CONSEJO DE TRABAJDORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO. RIF: J-404641823., (…)”
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a este Tribunal pronunciarse en cuanto a la admisión o no de la presente acción de Amparo Constitucional, razón por la cual considera realizar las siguientes consideraciones:
La Acción de amparo Constitucional prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ampliamente desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a través de sentencias como la del 1° de febrero de 2.000 (Caso: Emery Mata Millán), está concebida como una Acción Extraordinaria destinada a proteger a toda persona natural habitante de la República o jurídica domiciliada en ésta, de los actos, hechos u omisiones provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho acto u omisión originados por los ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley.
Está concebida como un medio de protección de los derechos y garantías constitucionales, aún contra las amenazas de lesión de los mismos.
Así lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en sentencias como la dictada el 19 de Mayo de 2.000, caso Centro Comercial Las Torres C.A, fallo Nro. 401, en el cual se estableció:
“…La situación que permite el amparo, radica en que una persona natural o jurídica debido a que otra le infringe sus derechos constitucionales, le lesiona o le amenaza la situación jurídica en que se encuentra, haciéndose irreparable tal lesión o concreta la amenaza, si no se restablece de inmediato la lesión o se detiene la amenaza.
Para que el amparo proceda es necesario:
1.- Que el actor invoque una situación jurídica;
2.- Que exista una violación de derechos o garantías constitucionales;
3.- Que tal situación afecte su situación jurídica de manera tal que se sepa cuál era el estado de las cosas antes de la violación o antes de la amenaza;
4.- Que sea necesaria la intervención judicial inmediata para que restablezca la situación, ya que de no ser así el daño se haría irreparable. Estos caracteres surgen de los numerales 2 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Es la inmediatez una de las claves del amparo. La necesidad de precaver la lesión irreparable proveniente de la amenaza o de la lesión dañosa.
Por ello, cuando se puede acudir a las vías judiciales ordinarias, sin que la situación a la lesión se haga irreparable, es a éstas vías a las que hay que acudir. Este es el criterio decisivo en la materia. (sic)”
Este Juzgador considera prudente traer a colación el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales el cual señala lo siguiente:
“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado…”
En este sentido, el autor Rafael J. Chavero Gazdik, en su obra “El Nuevo Régimen de Amparo Constitucional en Venezuela, respecto del citado ordinal del artículo 6, señala lo siguiente:
“(…) Ante esta eficacia, la jurisprudencia ha tenido que romper con los esquemas tradicionales y consolidados de interpretación jurídica, al punto de tener que interpretar en forma extensiva una causal de inadmisibilidad (la prevista en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo). En efecto, en este ordinal se dispone como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo cuando “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de medios judiciales preexistentes”. Como puede observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos en que el particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario.” (Negritas del Tribunal)
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 122/01, de fecha 06.02.2001, dejó sentado el siguiente criterio:
”(…) Ahora bien, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario, la vía para reparar la lesión y no la acción de amparo, pues, no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si hubiese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento inmediato de la situación violentada”.
En el mismo orden ideas, este Tribunal trae a colación la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente Nº 13-0243, con ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, de fecha 26 de junio de 2013, la cual se trascribe de manera parcial:
“…Ahora bien, quien Juzga acoge al criterio fijado por el Máximo Tribunal de la República y la doctrina (…) observando que en el presente caso existe la vía civil interdictal (restitución de la posesión), para solventar la presunta violación alegada por la parte presuntamente agraviada (...).
De tal manera, que la presente acción de amparo constitucional no debe verse como un remedio postrero para el reestablecimiento del presente estado posesorio, ya que los procedimientos interdictales ostentan preferencia ante las acciones de amparo constitucional, máxime cuando el propio tratamiento del procedimiento interdictal restitutorio se caracteriza por ser breve, eficaz y expedito, resguardando la protección del querellante por actos de hechos (desposesión, desalojos arbitrarios) emanados de los particulares.
Por último, tomando en cuenta la jurisprudencia citada, esta Superioridad concluye que en el presente caso la acción propuesta resulta inadmisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el accionante no agotó la vía ordinaria (…).
Por tanto, debe declararse inadmisible la presente acción de amparo constitucional interpuesta (…).
De lo expuesto, aunado a la revisión exhaustiva efectuada de las actas del presente expediente y de la decisión impugnada, la Sala observa que no le asiste la razón a la accionante en amparo, ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, ya que la decisión dictada fue producto del análisis del caso sometido al conocimiento del aludido Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta en la acción de amparo ejercida por la ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, quien denunció como hecho lesivo el desalojo por vías de hecho de un inmueble que ocupaba en virtud de un contrato de arrendamiento, el cual arrendó, según alegó, por cuanto cursaba estudios de odontología en la Universidad Central de Venezuela, hecho ocurrido el día 03 de octubre de 2012, cuando, según señaló, la ciudadana Alcira Maldonado Escalante arrendadora irrumpió en el apartamento con su cónyuge, una niña y otras personas, cambió la cerradura y no la dejó sacar sus pertenencias, momento en el cual se encontraban en el inmueble, a su decir, unos familiares. A lo que alegó la parte accionada que: (…) “las ciudadanas Violeta y Alcira convinieron en que ésta última se metiera a vivir en el apartamento con su menor hija; que el 03.10.2012, mientras Alcira se encontraba en el inmueble, entraron en el apartamento dos personas ajenas a la relación arrendaticia, por lo que esta se vio obligada a cambiar la cerradura por protección personal y de su menor hija”.
Ahora, en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo primigenia a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales todo juez está obligado a revisar, esta Sala estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el supuesto de hecho contenido en el numeral 5 de dicha disposición normativa, la cual establece:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado (…).
Al respecto, cabe señalar que esta Sala ha interpretado la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, en el siguiente sentido:
(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…). (Sentencia n° 2369 de esta Sala, del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García y otro…).
Tomando en cuenta el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, esta Sala aprecia que, en el caso de autos, la ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión previsto en el artículo 783 del Código Civil, el cual representa un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, respecto al interdicto restitutorio de despojo, la Sala de Casación Civil estableció, en la sentencia n.° RC000652, del 10 de octubre de 2012, caso: “José Dorta Martín contra José Demetrio Martínez García y Otro”, lo siguiente:
Con respecto a la interpretación del artículo 783 del Código Civil y sus supuestos de procedencia, esta Sala en su fallo N° RC-515, del 16 de noviembre de 2010, expediente N° 2010-221, caso: Guillermo Segundo Castro Barrios contra Francisco Antonio González Ruíz (…), determinó lo siguiente:
“…Ahora bien, el artículo 783 del Código Civil, dispone expresamente lo siguiente:
“Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.”
Todo lo cual determina, que cuando se demanda la restitución de la posesión, debe ocurrir el despojo del poseedor, que puede ser legítimo o un simple detentador, y procede contra bienes muebles e inmuebles; esta querella debe intentarse contra el autor del despojo aunque fuere el propietario, y dentro del año en que éste se produce, bajo pena de caducidad. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-1151 del 30 de septiembre de 2004, expediente N° 2003-1173).
De dicha norma se desprenden los supuestos de procedencia de la acción interdictal restitutoria, que el juez debe analizar indefectiblemente de forma concurrente, al momento de decidir, que son los siguientes:
1) Que el querellante sea el poseedor del bien objeto de litigito, sea ésta posesión de cualquier naturaleza. Que exista posesión.
2) Que el querellante haya sido despojado de la posesión, bien sea de una cosa mueble o inmueble. Que se haya producido el despojo.
3) Que el querellado sea el autor de los hechos calificados como despojo.
4) Que exista identidad entre el bien detentado por el querellado y el bien señalado como objeto del despojo por parte del querellante.
5) Que no haya transcurrido el lapso de caducidad de la acción, vale decir, que la acción se intente dentro del año siguiente al despojo.
(…omissis…)
Por lo tanto, no puede pretender la accionante, con la demanda de amparo, en el presente caso, la sustitución de los medios judiciales preexistentes, pues aquella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías, o bien que, ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De modo que, el amparo será admisible cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado (Vid. s. S.C. N° 1496/2001, caso: “Gloria América Rangel Ramos”; n.° 2198/2001, caso: “Oly Henríquez de Pimentel” o cuando se justifique el uso del amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación, tal como lo ha exigido la Sala en su decisión del 9 de agosto de 2000, caso: “Stefan Mar C.A”….”
Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han sido concordantes en afirmar que el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone que debe resguardarse la acción de amparo, como lo que es, una vía especialísima, para solventar las violaciones y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y no acudiendo a este tipo de acciones, cuando existen vías ordinarias a las que se pueden acudir, sin que esto conlleve a la materialización de la presunta violación alegada, y siendo en el presente caso que la situación jurídica señalada como infringida por el presunto agraviante se corresponde a hechos pertubatorios contra la posesión que viene ejerciendo la querellante, considera este Juzgador que la misma puede ser resuelta ejerciendo las defensas que se consideren pertinentes mediante la acción Interdictal correspondiente o la acción de cumplimiento de contrato, existiendo en consecuencia vías ordinarias mediante las cuales pueden ser satisfechas las pretensiones expuestas por la accionante de amparo, tal y como lo dejo sentado la sentencia dictada por nuestro máximo Tribunal el 26 de junio de 2013, siendo necesario agotar de esta manera las vías o procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, antes de acudir a una acción especial de amparo, razón por la cual es forzoso para este Juzgador declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional, ello de conformidad con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se establece.-
DISPOSITIVA
Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SE DECLARA INADMISIBLE la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por EL CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CONGLOMERADO EMPRESARIAL SOCIALISTA LA DUMBO, contra el ciudadano JUAN AGUSTIN PAEZ GOMEZ, ambos anteriormente identificados, conforme los lineamientos explanados en el fallo.
SEGUNDO: NO HAY condenatoria en costas dada la naturaleza de esta decisión.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
EL JUEZ
Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO
ABG. MUNIR SOUKI URBANO
En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 2:39pm
EL SECRETARIO
ABG. MUNIR SOUKI URBANO
Asunto: AP11-O-2017-000041
