REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 12 de Septiembre de 2018
208º y 159º
ASUNTO: AP11-O-2018-000085
Por recibido el presente escrito, previo cumplimiento de las formalidades de distribución de causas ante la Unidad de Recepción de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial contentivo de la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano DENIS FRANCISCO PEREZ AGUERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.267, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos LUISA MARINA ARCOS DE ORDOÑEZ, FRANYENIA DEL ROSARIO MONTILLA S., ANAPAULA GOMES DE SOUSA, ROBERTO JOSE SALAZAR LUGO y ALESKA JOSE HERMOSO RODRIGUEZ, titulares de las Cédulas de identidad Nros. V-10.547.584, V-15.940.308, V-14.586.542, V-10.522.364 y V-17.148.841, respectivamente, este Tribunal le da entrada acordando su anotación y numeración en los libros respectivos.
Observa esta juzgadora, que la solicitante comparece ante este ente jurisdiccional-constitucional para interponer amparo constitucional fundamentado en los artículos 19, 27, 49 ordinal 3° y 6° y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 29 y 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Entre las argumentaciones fácticas que sustentan el escrito de tutela constitucional, la parte accionante alega una lesión al Derecho Fundamental Universalmente Reconocido Por La Asamblea General De Las Naciones Unidas De Acceso Al Agua Potable (Resolución A/64/L.63/ Rev. N° 1, de fecha 26 de julio de 2010), y dirige su acción contra los ciudadanos NAPOLEON ENRIQUE MARQUEZ GORRIN, THOR JABAL MARQUEZ GAGO, KATIUSKA PRIMERA y ABEL DAVID MARQUEZ GORRIN, respectivamente.
II
DE LA COMPETENCIA
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra como norma rectora que fija la competencia por razón del grado, materia y territorio para conocer de las acciones de amparos constitucionales al señalar:
“Artículo 7.- “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia a fin con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren los hechos, acto u omisión que motivaren al solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Sin un Juez se considera incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.
Así mismo, ha quedado esclarecido por distintas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el cómo se distribuirá la competencia del conocimiento de los Amparos Constitucionales en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, puntualmente a través de la decisión dictada en fecha 20-01-2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, expediente N° 00-002 que textualmente establece:
“…Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por otra parte, debido a su condición de Juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la creación de una Sala con competencia, origina un criterio orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitución)..
Por las razones expuestas, esta Sala declara que la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la Ley antes citada, se distribuirá así:
1.- Corresponde a la Sala Constitucional…
2.- Asimismo, corresponde a esta Sala…
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionado o a fin de amparo, el conocimiento de los amparos que interpongan distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.” (Resaltado de este Tribunal de Instancia)
En congruencia con lo anteriormente expresado, aprecia este Tribunal que, siendo los actos denunciados como presuntamente lesivos de preceptos constitucionales, éste Juzgado resulta claramente competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional y ASÍ SE DECLARA.
III
MERITOS DE LA ADMISION
Dicho lo anterior, y previo análisis de los requisitos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se desprende, sin que ello implique un adelanto de opinión respecto a los hechos denunciados como lesivos hasta los actuales momentos, circunstancia alguna que la haga incursa en cualquiera del condicionamiento especificados en la señalada norma, por lo que al verificarse los requisitos de forma establecidos en el artículo 18 ejusdem la presente acción debe admitirse, prima facie, cuanto ha lugar en derecho y ASÍ SE DECLARA.
IV
Por todo lo antes expuesto y las consideraciones de hecho y de derecho expresadas, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por los ciudadanos LUISA MARINA ARCOS DE ORDOÑEZ, FRANYENIA DEL ROSARIO MONTILLA S., ANAPAULA GOMES DE SOUSA, ROBERTO JOSE SALAZAR LUGO y ALESKA JOSE HERMOSO RODRIGUEZ de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01-02-2000 con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO por mandato constitucional vinculante para todos los Tribunales de la República.
Notifíquese mediante boleta a los ciudadanos NAPOLEON ENRIQUE MARQUEZ GORRIN, THOR JABAL MARQUEZ GAGO, KATIUSKA PRIMERA y ABEL DAVID MARQUEZ GORRIN, titulares de las Cédulas de identidad Nros. V- 2.944.031, V-13.112.494 y V-14.898.567, respectivamente. Asimismo. Anéxese copia certificada del escrito que encabeza este expediente y de la presente providencia una vez sean suministrados los fotostatos requeridos a fin de que tengan un conocimiento exacto de los alegatos del accionante.
Se deja constancia que el día y la hora en que se celebrará la audiencia constitucional y pública se fijará por auto expreso, para efectuarse dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la constancia en autos de la última notificación que se efectúe.
Particípese, mediante oficio, de la presente admisión a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines previstos en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2018. 208º Años de Independencia y 159º Años de Federación.
LA JUEZ,
FLOR DE MARIA BRICEÑO BAYONA
LA SECRETARIA
NANCY MARILIN BRAVO
En esta misma fecha, siendo las 3:04 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria
Asunto: AP11-O-2018-000085
