REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 14 de marzo de 2018
207º y 159º
ASUNTO: AP11-M-2013-000100
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva
PARTE ACTORA: BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil, domiciliada en la Ciudad de Caracas, debidamente constituida según consta de documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de enero de 1956, bajo el No. 5, Tomo 7-A; siendo la ultima reforma de sus Estatutos Sociales inscrita por anta la citada Oficina de Registro Mercantil, el día 11 de junio de 2010, bajo el No. 34, Tomo 127-A; inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-00002950-4.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos RAFAEL ÁLVAREZ VILLANUEVA, RAFAEL ÁLVAREZ LOSCHER, GUIDO PUCHE FARIA, GHISELLE BUTRON REYES, ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ LOCHER y JULIBET VALDERRAMA NAVARRO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 11.246, 109.643, 19.643, 41.739, 187.781 y 141.573, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SERVICIOS Y SUMINISTROS H.Y, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la Ciudad de Cagua , Estado Aragua, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 25 de mayo de 2009, bajo No. 30, Tomo 33-A, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-29775478-4 y el Ciudadano YRAN PAUL HERNÁNDEZ MARCANO, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en Cagua, Estado Aragua y titular de la Cédula de Identidad No. 12.597.237.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial alguno acreditado en autos.
MOTIVO: Cobro de Bolívares.
-I-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inició el presente juicio, incoado por el profesional del derecho RAFAEL ÁLVAREZ VILLANUEVA y ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ LOSCHER, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 11.246 y 187.781, en su carácter de Apoderados Judiciales del BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL contra la sociedad mercantil SERVICIOS Y SUMINISTROS H.Y, C.A. y el ciudadano YRAN PAUL HERNÁNDEZ MARCANO, la cual conoce este Juzgado por haberle correspondido el conocimiento por distribución de Ley.
Por auto dictado en fecha 01 de marzo de 2013, este Juzgado procedió admitir la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada.
El día 1 de abril de 2013, la abogada GISELLE BUTRINO REYES, antes identificada consigno los emolumentos necesarios para elaboración de la compulsa
En fecha 03 de abril de 2013, se elaboro boleta de intimación a la parte demandada, ordenándose comisionar al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que sea practicada la citación de la parte demandada
En fecha 06 de mayo el Alguacil JOSE RUIZ, deja constancia que el 29 de abril de 2013 fue enviado por MRW un oficio dirigido al ciudadano Juez del Juzgado Distribuidor del Municipio de la Circunscripción Judicial Del Estado Aragua.
El 23 de octubre de 2013 se recibió la comisión remitida mediante el oficio signado con el No. 13-462, proveniente del Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, constante de treinta y tres (33) folios útiles los cuales indicaban que en fecha 21 de junio de 2013 el alguacil RAUL NUÑES ALONSO del Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, comunico que le fue imposible la entrega de la citación a la Empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS H.Y,C.A. y el ciudadano YRAN PAUL HERNÁNDEZ MARCANO.
En fecha 10 de diciembre de 2014, el abogado ALEJANDRO JOSÉ ÁLVAREZ LOCHER, antes identificada, presento diligencia mediante la cual solicito el desglose de la compulsa de citación y señala la dirección donde debe practicarse la citación de la parte demandada.
En fecha 13 de enero de 2015, este Tribunal ordeno dejar sin efecto las compulsas libradas en fecha 3 de abril de 2013; y acordó librar nuevas compulsas de citación a la sociedad mercantil SERVICIOS Y SUMINISTROS H.Y,C.A. y al ciudadano YRAN PAUL HERNÁNDEZ MARCANO, ordenando librar comisión y oficio, dirigido al Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua a los fines de que se practique la citación de la parte demandada.
Por auto de fecha 10 de Abril de 2015, fueron agregadas las resultas de la citación de la parte demandada, remitida a este Tribunal por el Tribunal comisionado, en virtud de la falta de impulso procesal por parte del interesado.
A solicitud de la parte actora, por auto de fecha 17 de Noviembre de 2016, se ordenó librar nuevamente comisión a los fines de la práctica de la citación de la parte demandada.
En fecha 01 de diciembre de 2016, presentó diligencia el abogado GERARDO QUINTERO, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó las resultas de comisión.
Por auto de fecha 02 de Diciembre de 2016, me aboque al conocimiento de la presente causa.
-II-
MOTIVA
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)”. (Negrita del Tribunal)
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el Juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el Juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”
Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora en el proceso se circunscribe el 1 de diciembre de 2016, de lo cual claramente se desprende, que transcurrió mas de un (01) años, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento.
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.
-III-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018). Años: 207° y 159°.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA.,
DRA. MARITZA BETANCOURT
ABG. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, siendo las 2:49 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA.,
ABG. ISBEL QUINTERO.
ASUNTO: AP11-M-2013-000100
MB/IQ/*
