REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 13 de marzo de 2018
207º y 159º
ASUNTO: AP11-M-2015-000068
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva
PARTE ACTORA: Sociedad mercantil, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. (Antes Corp. Banca, c.a Banco Universal), domiciliada en el municipio autónomo de Maracaibo del estado Zulia, cuya ultima modificación del acta constitutiva estatuaria está inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 2 de junio de 2014, bajo el Nº33, tomo 16-A RM1; e identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-30061946-0.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos JESÚS EDUARDO ESTEVEZ, FRANCRIS PEREZ GRAZIANI y RAÚL REYES REVILLA abogados en ejercicio, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 65.584, 65.168 y 206.031 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil, CAUCHOS YULE, c.a, domiciliada en Higuerote Municipio Brión del Estado Miranda, constituida inicialmente con domicilio en el Municipio Autónomo Acevedo del Estado Miranda, según documento inserto en el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 10 de septiembre de 2002, bajo el Nº 7, Tomo 294-A-VII, cambiado su domicilio al actual y modificados de forma parcial sus estatutos sociales según se evidencia en acta inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, el 25 de junio de 2008, bajo el Nº 46, Tomo 891-A, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-30946099-4, representada por su presidente YULDRIN JOSÉ RIQUEZEZ POLEO, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 11.665.968.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en auto apoderado judicial alguno.
MOTIVO: COBRO DEBOLIVARES (VIA EJECUTIVA).
-I-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inició el presente juicio, incoado por JESÚS EDUARDO ESTEVEZ, FRANCRIS PEREZ GRAZIANI y RAÚL REYES REVILLA abogados en ejercicio, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 65.584, 65.168 y 206.031 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. (Antes Corp. Banca, c.a Banco Universal), domiciliada en el municipio autónomo de Maracaibo del estado Zulia, cuya ultima modificación del acta constitutiva estatuaria está inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 2 de junio de 2014, bajo el Nº 33, tomo 16-A RM1; e identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-30061946-0, contra La Sociedad Mercantil, CAUCHOS YULE, c.a, domiciliada en Higuerote Municipio Brión del Estado Miranda, constituida inicialmente con domicilio en el Municipio Autónomo Acevedo del Estado Miranda, según documento inserto en el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 10 de septiembre de 2002, bajo el Nº 7, Tomo 294-A-VII, cambiado su domicilio al actual y modificados de forma parcial sus estatutos sociales según se evidencia en acta inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital, el 25 de junio de 2008, bajo el Nº 46, Tomo 891-A, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-30946099-4, representada por su presidente YULDRIN JOSÉ RIQUEZEZ POLEO, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 11.665.968, la cual conoce este Juzgado por haberle correspondido el conocimiento por distribución de Ley.
En fecha 20 de Septiembre de 2015, este Juzgado dictó auto mediante el cual se admitió la presente demanda.
Por auto de fecha 23 de Febrero de 2015, este Tribunal instó al apoderado judicial de la parte actora a consignar copia simple del libelo de la demanda y del auto de admisión a los fines de ordenar la apertura del cuaderno de medidas, lo cual fue consignado mediante diligencia de fecha 06 de marzo de 2015.
En fecha 09 de marzo de 2015, este Tribunal previa solicitud de la parte actora libró compulsa de citación a la parte Demandada, asimismo libró oficio y comisión.
En fecha 03 de junio de 2015, se dejó constancia de la apertura de cuaderno de medidas signado con el Nº AH1B-X-2015-000012, decretándose mediada de Embargo Ejecutivo en esa misma fecha.
Por auto de fecha 15 de diciembre de 2016, este Tribunal dio por recibidas resultas de comisión provenientes del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Brión y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
Mediante diligencia de fecha 14 de diciembre de 2016, el apoderado judicial de la parte actora solicito de desglose de compulsa y nueva comisión para la citación del demandado, lo cual fue acordado por este Tribunal en fecha 15 de diciembre de 2016.
En fecha 20 de enero de 2017, se recibió diligencia presentada por el apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual retiró comisión librada en fecha 15/12/2016.
-II-
MOTIVA
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)”. (Negrita del Tribunal)
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el Juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el Juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”
Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora en el proceso se circunscribe el 20 de enero de 2017, de lo cual claramente se desprende, que transcurrió mas de un (01) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento.
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.
-III-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° y 159°.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
DRA. MARITZA BETANCOURT
ABG. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, siendo las 3:21 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
ABG. ISBEL QUINTERO.
ASUNTO: AP11-M-2015-000068
MB/IQ/l***
