REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 16 de junio de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-V-2017-000839
SOLICITANTE: Ciudadana MARISOL PATRICIA CASTILLO OBRIEN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-7.785.609.
APODERADO JUDICIALE DE LA SOLICITANTE: No consta en autos representación judicial alguna, se hizo asistir por LUISA MAGDALENA PÈREZ RIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-3.987.034, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 32004.
MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO.
-I-
SÍNTESIS DEL PROCESO
Inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha 14 de junio de 2017, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana MARISOL PATRICIA CASTILLO O`BRIEN, quien asistida por la abogada LUISA MAGDALENA PÈREZ RIVAS, mediante la cual solicitó la declaración de unión concubinaria.
Ahora bien, corresponde a esta Juzgadora pronunciarse respecto a la admisión de la presente solicitud y en tal sentido se observa:
-II -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Alegó la parte actora en el escrito de solicitud que inició una unión concubinaria con el de cujus JESÚS MANUEL MAYORA, quien fue venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-1.898.232, y que la misma fue pública, notoria, pacifica y de manera ininterrumpida, como si hubieran estado casados, desde el 10 de octubre de 1993, socorriéndose mutuamente hasta el día 5 de septiembre de 2015, fecha en que falleció el prenombrado ciudadano, según acta de defunción anexa marcada con letra “B”. Que procrearon una hija, de nombre MARINEL TEOLINDA MAYORA CASTILLO, actualmente mayor de edad, conforme Partida de Nacimiento marcada “B”. Que fijaron su domicilio en la Avenida La Floresta, Edificio San José, apartamento 21, piso PH, Urbanización La Candelaria, conforme Constancia de Residencia otorgada por el Registrador Civil de la Parroquia El Recreo, anexa marcada “B”. Fundamentó su pretensión en lo dispuesto en el artículo 767 del Código Civil y 77 de la Constitución, entre otros, en virtud de lo cual solicita que se declare la unión concubinaria alegada por vía de jurisdicción voluntaria
Así las cosas, considera oportuno esta Juzgadora citar el contenido del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que prevé:
Artículo 16.- Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…”.
Del contenido de dicha norma se desprende que la misma está referida a la necesidad del proceso como único medio para obtener la garantía jurisdiccional del Estado, el reconocimiento o satisfacción de un derecho que no ha sido reconocido o satisfecho por el titular de la obligación jurídica.
La doctrina ha señalado que las condiciones del interés para intentar la acción mero declarativa son, a saber:
a) Una incertidumbre objetiva sobre la existencia o inexistencia de una relación jurídica;
b) Que la incertidumbre o falta de certeza al respecto sea de tal alcance que sin la sentencia declarativa el actor sufriría un daño; y,
c) Que la sentencia mero declarativa sea apta como tal para eliminar la incertidumbre e impedir el daño.
Se trata pues de una acción por la cual una parte (demandante) que afirma que otra (demandado) le niega la existencia de un derecho, acude ante el órgano jurisdiccional a través de un juicio de cognición, dado que no puede obtener la satisfacción de su derecho por otra vía, recayendo la carga de la prueba sobre el demandante, para que, luego de trabada la litis y de oír a las partes, el juez haga cesar la incertidumbre a través de la sentencia por medio de la cual se reconoce el derecho o la existencia de la relación jurídica invocada.
De tal manera que la acción mero declarativa no fue concebida para que las partes con la sola manifestación de voluntad obtengan del juez una sentencia; por el contrario, además de la voluntad de la ley de la cual se pide la declaración y de la legitimatio ad causam, debe existir el interés en obrar. Ese interés en obrar consiste en una condición de hecho tal, que el actor sufriría un daño sin la declaración judicial. Esta condición de hecho no consiste en una violación en el derecho que es el presupuesto corriente de las sentencias de condena, sino más bien de la incertidumbre del derecho ante la opinión común por lo que se precisa no sólo que el derecho sea satisfecho por el obligado, sino también que sea cierto como derecho en la sociedad.
Se requiere además que la incertidumbre sea objetiva, en el sentido que no basta que el titular de un derecho esté incierto acerca de su propio derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad de la ley en la conciencia del titular o los terceros. Ese hecho exterior a que se alude puede consistir en una actividad del demandado que, por ejemplo, haya realizado actos encaminados a una violación del derecho, o haya afirmado ser su acreedor, siendo el objeto de la mero declaración, en este caso, remover la incertidumbre jurídica derivada del hecho del demandado
En consecuencia, en las acciones mero declarativas se requiere que el demandante tenga una incertidumbre respecto de un derecho o una relación jurídica y llama a juicio a un demandado que ha de reconocer o no sobre la existencia del derecho o la relación jurídica invocada, y siendo aquél quien pide la actuación de la ley, deberá asumir la carga de la prueba conforme a las reglas generales sobre el particular, a través de un procedimiento de cognición pleno, para que finalmente el juez a través de la sentencia haga cesar la incertidumbre.
En el presente caso, de la lectura efectuada al escrito de solicitud, se evidencia que la ciudadana MARISOL PATRICIA CASTILLO OBRIEN pretende se declare que existió una relación concubinaria con el de cujus JESUS MANUEL MAYORA, fundamentando su pedimento en sus dichos e invocando las diferentes leyes en las cuales se prevé derechos a los concubinos, sin dirigir la acción contra quien pudiera negarse a reconocer tal derecho, requiriendo que con las solas afirmaciones realizadas, las documentales aportadas, el Tribunal de oficio declare el supuesto concubinato, evidenciándose del acta de defunción aportada por la solicitante (inserta al folio 6) que el mencionado ciudadano, tuvo cinco (5) hijos, quienes deberán ser llamados al juicio de cognición que se instaure atendiendo a los parámetros establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 1682, de fecha 15 de julio de 2005. ASÍ SE ESTABLECE.-
No habiendo sido propuesta la acción mero declarativa contra sujeto alguno, debe esta Directora del Proceso forzosamente concluir que no existe incertidumbre alguna, ni sujeto pasivo que la cause, o que se niegue a reconocer la existencia de un derecho o de una relación jurídica, todo lo cual lleva a este Juzgado a declarar INADMISIBLE la solicitud de mera declaración de relación concubinaria propuesta. ASÍ SE DECLARA.-
-III-
DECISIÓN
Por los argumentos antes expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley SE DECLARA: INADMISIBLE la presente SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA presentada por la ciudadana MARISOL PATRICIA CASTILLO O`BRIEN, ampliamente identificada.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZ,
CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.
EL SECRETARIO,
CARLOS TIMAURE ÁLVAREZ.
En esta misma fecha, siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p..m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,
CARLOS TIMAURE ÁLVAREZ.
Asunto: AP11-V-2017-000839
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
