REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 9 de marzo de 2018
207º y 159º
ASUNTO: AP11-V-2011-000140
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva
PARTE ACTORA: Ciudadano CARLOS RAFAEL RAMÍREZ NORIEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-584.867.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano JUAN CARLOS RAMIREZ PAESANO, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 61.695.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos JESUS ANTONIO RAMIREZ NORIEGA, JOSE MARIA RAMIREZ NORIEGA, LUIS ALBERTO RAMIREZ NORIEGA, JACINTO RAMIREZ NORIEGA, DELFÍN LUIS NORIEGA LEONET, ELVIA MARTINEZ NORIEGA, LEA BENSHIMOL NORIEGA, BENARDO BENSHIMOL NOREIGA, ABRAHAM BENSHIMOL NOREIGA y LILIBETH CRISTINA TAVARES DE OLIVEIRA, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad de la última No. 16.970.937, de los demás no consta en auto el número de cedula de identidad.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constan datos de abogados en auto.
MOTIVO: PARTICION DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA.
-I-
NARRATIVA
Se inició el presente juicio, mediante escrito presentado en fecha 2 de febrero de 2011, por el abogado JUAN CARLOS RAMIREZ PAESANO, quien actúa como apoderado judicial del ciudadano CARLOS RAFAEL RAMÍREZ NORIEGA, debidamente asistido por contra los ciudadanos JESUS ANTONIO RAMIREZ NORIEGA, JOSE MARIA RAMIREZ NORIEGA, LUIS ALBERTO RAMIREZ NORIEGA, JACINTO RAMIREZ NORIEGA, DELFÍN LUIS NORIEGA LEONET, ELVIA MARTINEZ NORIEGA, LEA BENSHIMOL NORIEGA, BENARDO BENSHIMOL NOREIGA, ABRAHAM BENSHIMOL NOREIGA y LILIBETH CRISTINA TAVARES DE OLIVEIRA, la cual conoce este Juzgado por haberle correspondido el conocimiento por distribución de Ley.
En fecha 1º de abril de 2011, se dictó auto mediante el cual se instó a la parte demandante a consignar a los autos, acta de nacimiento o datos filiatorios de los ciudadanos JESUS ANTONIO RAMIREZ NORIEGA, JOSE MARIA RAMIREZ NORIEGA, LUIS ALBERTO RAMIREZ NORIEGA, JACINTO RAMIREZ NORIEGA, DELFÍN LUIS NORIEGA LEONET, ELVIA MARTINEZ NORIEGA, LEA BENSHIMOL NORIEGA, BENARDO BENSHIMOL NOREIGA, ABRAHAM BENSHIMOL NOREIGA.
En fecha 21 de junio de 2011, la representación judicial de la parte actora, mediante diligencia consignó los documentos solicitados en auto dictado en fecha 01 de abril de 2011, y solicitó pronunciamiento en cuanto a la admisión del presente juicio.
En fecha 8 de agosto de 2011, se dictó auto mediante el cual se ratificó el auto de fecha 1º de abril de 2011.
El día 4 de octubre de 2011, la representación judicial de la parte actora, solicitó se oficie al SAIME, en virtud del auto en fecha 08 de agosto de 2011.
En fecha 06 de marzo de 2018, se dictó auto mediante el cual quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa.
-II-
MOTIVA
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente asunto, y por cuanto existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo, éste Juzgado pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
Consta en a las actas del presente expediente que la última actuación realizada por la parte actora en el presente asunto, data del día 4 de octubre de 2011.-
De lo antes narrado, se evidencia que desde octubre del año 2011, la parte demandante no ha efectuado actuación procesal alguna, donde manifieste su interés en que la presente causa siga su curso legal.
En tal sentido, si bien es cierto que no puede declararse la perención de la instancia en aquellos procesos donde no se ha admitido la demanda, no es menos cierto que debe surgir de las actas, la necesidad fehaciente de la parte accionante, el impulso procesal para que se llegue a fin.-
Ahora bien, en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el Legislador patrio consagró el Derecho que tiene todo ciudadano al acceso a los órganos de administración de justicia, que es ejercido mediante la acción. Teniendo así el requisito del interés procesal como elemento de la acción, que deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.-
En relación al interés procesal el maestro Italiano PIERO CALAMANDREI, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973), señaló lo siguiente:
“…El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional…”.-
En este sentido, considera quien suscribe que el interés procesal surge de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Al ser el interés procesal un requisito de la acción, constatada la falta de éste, se puede declarar de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.-
De igual manera, éste Tribunal debe señalar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que reza:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”.-
En consecuencia, observar ésta Juez que el interés procesal constituye requisito sine qua non para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como la necesidad de quien interpone una acción de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se reconozca una situación de hecho a su favor; convirtiéndose así dicho interés en la razón de ser de todo proceso.-
Por cuanto se desprende de una revisión de las actas procesales, que no se ha verificado ninguna actuación de la parte intimante desde el día 26 de marzo de 2007, fecha en la cual interpuso la demanda, sin haber constancia alguna de diligencia o escrito capaz de impulsar el proceso, dicha inactividad hace presumir a quien se pronuncia la pérdida de interés procesal, cuyos efectos son expuestos por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 1º de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, a saber:
“…Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.-
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.-
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.-
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse…”.-
La citada jurisprudencia distingue dentro de las modalidades de la extinción del proceso la pérdida sobrevenida del interés procesal, la cual puede ser aprehendida por el juez sin que las partes la aleguen, y que tiene lugar cuando el parte actora no quiere que se resuelva el asunto, lo que se concreta mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Sus efectos consistirán en la extinción de la acción, los cuales vienen a estar justificados por la conducta del actor o el solicitante, la cual denota una profunda falta de interés del que se le administre una justicia oportuna y expedita.-
Decisión ésta que comparte quien aquí decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y las aplica al caso que nos ocupa, dado que vista la inactividad procesal de la solicitante a los efectos de impulsar su acción, se evidencia el total desinterés procesal, puesto que nos encontramos con una causa paralizada, donde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales data del día 4 de octubre de 2011, de lo cual resulta es evidente que la parte actora no ha demostrado el más mínimo interés procesal en proseguir la presente acción, ni mucho menos en que se le dicte el fallo correspondiente, aun cuando el día 8 de agosto de 2011, se dictó despacho exhortándola a consignar unos documentos necesarios para la admisión, sin que la parte intimante insistiera de alguna manera con la continuación del proceso. Así se decide.-
En consecuencia, concluye ésta administradora de justicia, con arreglo a lo previsto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con una interpretación progresiva de dicho articulado y la jurisprudencia y doctrina antes expuestas, siendo que efectivamente en el caso de marras se pudo comprobar que han transcurrido seis (6) años y cinco (5) meses de inactividad procesal y por ende la inminente pérdida del interés en las resultas del presente proceso, mal podría este Tribunal continuar tramitado un asunto en el cual la parte intimante ha perdido el interés, en razón de ello le es forzoso para éste Juzgado declarar el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, por pérdida del interés procesal, en consecuencia, se declara TERMINADO el presente procedimiento en virtud del abandono del trámite. Así se decide.-
-III-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:
Primero: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal, la cual fue incoada por el ciudadano CARLOS RAFAEL RAMÍREZ NORIEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-584.867, en consecuencia, se da por terminado el presente procedimiento en virtud del abandono del trámite.-
Segundo: En virtud de lo antes decidido, no hay especial condenatoria en costas.-
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de éste Tribunal.-
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los nueve (9) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 159° de la Federación.-
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
Dra. MARITZA BETANCOURT.
Abg. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, siendo las 3:25 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-
LA SECRETARIA,
ABG. ISBEL QUINTERO.
Asunto: AP11-V-2011-000140
MB/IQ/LGV*
