REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 31 de enero 2018
Años: 207º y 158º
ASUNTO: AP11-V-2017-000736
Sentencia Definitiva.
PARTE ACTORA: Ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-7.223.002.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474.
PARTE DEMANDADA: ciudadanos EHINGER RAMON ESCALONA MARIN, EMPERATRIZ ESCALONA HENANDEZ y REBECA ESCALONA HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-12.210.523, V-16.218.917 y V-24.636.369, respectivamente.
MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE UNION CONCUBINARIA.
-I-
NARRATIVA
Se inició el presente juicio, incoado por la ciudadana GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474, asistiendo en este acto a la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-7.223.002, contra los ciudadanos EHINGER RAMON ESCALONA MARIN, EMPERATRIZ ESCALONA HENANDEZ y REBECA ESCALONA HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-12.210.523, V-16.218.917 y V-24.636.369, respectivamente, la cual fue presentada en fecha 26 de mayo de 2017, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este circuito Judicial, correspondiéndole conocer a éste Tribunal, luego de la distribución de Ley respectiva.
Consignados como fueron los recaudos fundamentales de la demanda, este Juzgado mediante auto dictado en fecha 05 de junio de 2017, procedió admitirla, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada y librándose edicto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 507 parte in fine del Código Civil.
Mediante diligencia presentada en fecha 09 de junio de 2017, la parte actora consignó los fotostátos necesarios para la elaboración de las compulsas, por lo que mediante auto de fecha 14 de junio de 2017 se insto a la representación judicial de la parte actora a señalar la dirección de la parte demanda y asimismo se libró la respectiva boleta de notificación al Ministerio Publico.
Seguidamente, en fecha 26 de junio de 2015, el ciudadano JOSE CENTENO, Alguacil de este Circuito Judicial, consignó boleta de notificación, dirigido al Fiscal del Ministerio Público, debidamente firmado.
En fecha 27 de junio de 2017, la secretaria de este Juzgado dejo constancia de que se habían cumplido las formalidades exigidas en el articulo 507 del Código d Procedimiento Civil.
Asimismo, en fecha 14 de julio de 2017, la representación del Fiscal del Ministerio Publico se dio por notificado en la presente causa y dijo estar atenta a la causa.
Mediante diligencias presentadas en fecha 08 de agosto de 2017, los ciudadanos EHINGER RAMON ESCALONA MARIN, MONICA YOLISRAM ESCALONA MARIN, EMPERATRIZ ESCALONA HENANDEZ y REBECA ESCALONA HERNANDEZ, debidamente asistidos, dieron contestación a la demanda.
En fecha 16 de enero de 2018 la abogada GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474, solicito pronunciamiento.
-II-
PLANTEAMIENTO DE LA LITIS
Ahora bien, narradas como han sido sucintamente las actas procesales que integran el presente expediente y estando en la oportunidad procesal para emitir un pronunciamiento de fondo a la causa sometida a su conocimiento, este Tribunal pasa a hacerlo y al efecto observa:
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA:
Alegó la parte actora ciudadana GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474, actuando en representación de la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-7.223.002, en el escrito libelar que su representada contrajo matrimonio civil con el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA (de cujus) venezolano, mayor de edad, hoy fallecido, titular de la cedula de identidad Nro. V-3.238.100, en fecha 12 de abril de 1984 ante la Oficina Subalterna de Registro Civil de la Parroquia la Pastora, Municipio Libertador del Distrito Capital, suscrita con el número de Acta 58 del año 1984, que de esa unión procrearon dos hijas hoy mayores de edad.
Que el matrimonio comenzó a presentar diferencias irreconciliables y en fecha 29 de abril de 2014 deciden poner fin al vinculo matrimonial e interpusieron una demanda de divorcio que culmino Con Lugar a la solicitud en fecha 11 de agosto del año 2014, registrado bajo sentencia emanada del Tribunal Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según expediente Nro. AP31-S-2017-003479, sin embargo a pesar de estar separados de derecho la pareja antes identificada inicia a partir del 15 de octubre del año 2014 una unión concubinaria, estable y de hecho, en forma ininterrumpido, pacífica, pública y notoria entre familiares, amigos y comunidad en general, como si continuara sin interrupción el matrimonio socorriéndose mutuamente hasta el día 12 de abril de 2017, fecha en la cual el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, perece tras sufrir una insuficiencia cardiaca letal.
Que la residencia donde se llevo a cabo la Unión Concubinaria fue: la Avenida José Antonio Páez, Residencias Panorama, Torre A, Piso 1, Apartamento 13-A de la Parroquia el Paraíso del Distrito Capital.
Que su patrocinada en el transcurso de su convivencia matrimonial y posteriormente concubinaria con el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA obtuvieron un bien inmueble constituido por un apartamento ubicado en Avenida José Antonio Páez, Residencias Panorama, Torre A, Piso 1, Apartamento 13-A de la Parroquia el Paraíso del Distrito Capital.
Que solicitaron que la presente demanda de DECLARACIÓN DE CONCUBINATO sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA.
En fecha 08 de agosto de 2017, los ciudadanos EHINGER RAMON ESCALONA MARIN, MONICA YOLISRAM ESCALONA MARIN, EMPERATRIZ ESCALONA HENANDEZ y REBECA ESCALONA HERNANDEZ, debidamente asistidos, reconocieron la condición de ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, como concubina del precitado ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, aun después de su divorcio en el mes de agosto del 2014 hasta el día 12 de abril de 2017, fecha en la cual su padre perece tras sufrir una insuficiencia cardiaca letal.
-III-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Corresponde a esta sentenciadora, verificar si de las actas procesales se evidencian pruebas suficientes para declarar la existencia de la unión concubinaria entre la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, como concubina del ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, desde el año 2014 hasta el día 12 de abril de 2017, ambos identificado en ab initio del presente fallo, y para ello, primeramente hace el siguiente pronunciamiento:
Constituye el principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos que no fuesen demostrados conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, lo que significa que él está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial, está circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la misma, debiendo en consecuencia atenerse a sus dichos para decidir conforme el Ordinal 5° del Artículo 243 eiusdem, quedando de esta manera trabada la litis; razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada.
A tal efecto establece la carta Magna que:
“Artículo 77.- Se protege el matrimonio entre un Hombre y una Mujer, fundado en el libre consentimiento y en la libertad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. (Subrayado del Tribunal)
Por su parte el Código Civil, establece:
“Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”.
“Artículo 767.- Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado”.
En torno al tema que se desarrolla, el Código de Procedimiento Civil, determina:
“Artículo 507.- A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”.
“Artículo 509.- Los Jueces deben analizar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas”.
“Artículo 510.- Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos”.
De seguidas pasa este Tribunal de Instancia a examinar las pruebas aportadas por las partes, como fundamento de sus contrapuestas posiciones en la litis, considerando así que las reglas sobre la carga de la prueba no solamente operan respecto a los hechos de la pretensión y la excepción, esto es, para los efectos sustanciales, sino también en muchas cuestiones procesales, durante el trámite del proceso, pues siempre que se trate de aplicar una norma jurídica de carácter procesal que suponga presupuestos de hecho, debe recurrirse a la regla sobre la carga de la prueba para imponer la consecuencia desfavorable de la falta de la prueba a la parte que resulte beneficiada con los efectos jurídicos consagrados en el artículo 1.354 del Código Civil, concatenado con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 1354 del Código Civil: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.”
Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.”
Al respecto Couture en su obra Fundamentos, señala que probar consiste en demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación:
“En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar, y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas, un método de averiguación, búsqueda, procura de algo. La Prueba Civil es normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio.”
La carga de la prueba no es una obligación que el legislador impone caprichosamente a cualquiera de las partes. Esa obligación se tiene según la posición del litigante en la litis y así, al demandante toca la prueba de los hechos que alega, según el conocido aforismo “incumbit probatio qui dicit, non qui negat”, es decir, que incumbe probar a quien alega la existencia de un hecho, no a quien lo niega, más al demandado le puede corresponder la prueba de los hechos en que basa su excepción, en virtud de otro principio de derecho “reus in excipiendo fit actor, al tornarse el demandado en actor de su excepción.
Hechas las consideraciones precedentes, procede este jurisdicente a analizar y emitir juicio sobre la valoración de los medios probatorios que fueron aportados al proceso:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
La parte actora acompañó al escrito libelar, los siguientes documentos:
• Copia simple del poder otorgado por la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA a la abogada GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474.
Dicho documento no fue tachado, desconocido, ni impugnado por la parte demandada, por lo que quien aquí decide le otorga todo el valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil de Venezuela, siendo que acredita que la abogada antes mencionada tiene la facultad para actuar en el presente juicio.
• Copia simple del Acta de Matrimonio, signada con el Nº 58, expedida por ante la Oficina Subalterna de Registro Civil de la Parroquia la Pastora en fecha 12 de abril de 1984.
Dicho documento no fue tachado, desconocido, ni impugnado por la parte demandada, por lo que quien aquí decide le otorga todo el valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil de Venezuela, siendo que acredita que el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA estuvo legalmente casado con la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA. ASI SE ESTABLECE.
• Copia certificada de la Sentencia de Divorcio, dictada por el Tribunal Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, por lo que quien aquí decide le otorga todo el valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil de Venezuela, siendo que acredita que se declaró con lugar la solicitud de divorcio formulada por los ciudadanos RAMON GODOFREDO ESCALONA y ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA. ASI SE ESTABLECE.
• Original del Acta de Defunción, signada con el Nº 200 expedida por ante la Oficina o Unidad de Registro Civil, Parroquia Caricuao del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, de fecha 10 de abril de 2017.
Dicho documento no fue tachado, desconocido, ni impugnado por la parte demandada, por lo que quien aquí decide le otorga todo el valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil de Venezuela, siendo que acredita que el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, falleció el día 10 de abril de 2017. ASI SE ESTABLECE.
• Copia simple del documento de compra-venta celebrado entre los ciudadanos ANTONIO DENIZ DA SILVA LOURENCO y AURINDA DE JESUS DE DENIS con el ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, sobre el inmueble constituido por un apartamento destinado a vivienda, un (01) puesto de estacionamiento y un (01) maletero que forma parte de la Torre A del edificio bajo régimen de propiedad horizontal denominado “PARQUE RESIDENCIAL PANORAMA” ubicado en la Avenida José Antonio Páez, sitio denominado El Bambual, Urbanización el Paraíso Jurisdicción de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolizado el 05 de febrero de 1999, por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital) bajo el Nº 13, Tomo 06, Protocolo Primero.
Dicho documento no fue tachado, impugnado ni desconocido, por su contraparte, por lo este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, y 1359 del Código Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
• Copia simples de las Cedulas de Identidad de las ciudadanas ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, MARIANELA CISNEROS FILARDI y JULIA MILAGRO ZOGHSI ESCOBAR, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-7.223.002, V-11.918.447 y V-6.945.453, respectivamente.
Dicho documento cual no fue tachado, desconocido, ni impugnado por la parte demandada, por lo que quien aquí decide le otorga el valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1.357 y 1359 del Código Civil de Venezuela, siendo que acredita la identidad de las ciudadanas ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, MARIANELA CISNEROS FILARDI y JULIA MILAGRO ZOGHSI ESCOBAR. ASI SE ESTABLECE.
Ahora bien, analizados como han sido los recaudos consignados por la parte demandante conjuntamente con el libelo de la demanda, estima pertinente ésta Juzgadora antes de emitir cualquier pronunciamiento, precisar previamente la figura pretendida por la demandante de autos, tomando en consideración la naturaleza de tal acción; ello a los efectos de determinar si es procedente o no, en el caso particular bajo estudio, la declaratoria de concubinato solicitada, y a tales efectos observa:
La Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal mediante Sentencia de fecha 15 de Junio de 2005, ha sostenido en lo que respecta a la interpretación del Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que debe entenderse como unión estable de hecho, cuáles son los derechos que nacen de los mismos, entre ellos, los patrimoniales, y los efectos que ocasionan.
Así, la unión concubinaria no es más que la relación permanente no matrimonial entre un hombre y una mujer que gozan de soltería, regida por la estabilidad de una vida en común cuya fecha de inicio de la unión debe ser cierta.
Al respecto, la Sala Constitucional ha establecido que: “Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común” (Negritas y subrayado del Tribunal).
Esto es, que requiere el reconocimiento previamente de la declaración de un Órgano Jurisdiccional a fin que surta los efectos consagrados en el citado Artículo 77 eiusdem, y que a continuación se explica.
El derecho principal que se le reconoce a quien ha incurrido en una unión concubinaria necesariamente tiene que ser los bienes comunes, pues con esto se les concede el derecho de administrar bienes en comunidad, obtener un beneficio y provecho económico, tener un patrimonio común durante la relación concubinaria, puesto que así lo dispone el Artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, cuya comunidad se presumirá en aquellos casos de unión no matrimonial.
Bajo estas premisas, la Sala en ese mismo fallo consideró lo siguiente:
“Ahora bien, al equipararse al matrimonio, el genero “unión estable” debe tener, al igual que éste, un régimen patrimonial, y conforme al artículo 767 del Código Civil, correspondiente al concubinato pero aplicable en la actualidad por analogía a las uniones de hecho, éste es el de la comunidad en los bienes adquiridos durante el tiempo de existencia de la unión. Se trata de una comunidad de bienes que se rige, debido a la equiparación, que es posible en esta materia, por las normas del régimen patrimonial-matrimonial”.
Así las cosas, debe determinarse entonces que se presume la comunidad de bienes durante la relación concubinaria y que la misma les pertenece, salvo que exista prueba que demuestre lo contrario.
No obstante lo anterior, para que el pedimento de la actora sea posible, es necesario la declaración por parte de los Órganos Jurisdiccionales en primer término y mediante sentencia definitivamente firme por la cual de certeza que, efectivamente, se llevó a cabo esa unión estable de hecho.
En efecto, la Sala estableció que:
“En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato (…)”. (Negritas y subrayado del Tribunal).
Por ello, es que el accionante acude ante este Órgano Judicial, a fin que se le reconozca la unión estable de hecho. Para que sea procedente la misma se hace necesaria la sentencia declarativa por parte del Tribunal correspondiente, donde se reconozca la filiación entre los concubinos, generando así como consecuencia la inmediatez de los efectos posibles referidos al matrimonio, en atención del Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siendo así, el concubinato es reconocido en Derecho y produce, según la Constitución vigente, cada uno de los efectos del matrimonio en cuanto le sean aplicables. Sin embargo, calificar una relación de hecho entre un hombre y una mujer como concubinaria, no resulta de la simple afirmación de uno de los sujetos que se postula en tal carácter, ya que el concubinato es una institución que requiere llenar ciertos presupuestos para afirmar su existencia. Tales presupuestos son:
1. La notoriedad de la comunidad de vida, consistente en la apariencia de vida de los concubinos que comporte confundir su convivencia con la vida llevada por los cónyuges, es decir, lo concubinos deben vivir como marido y mujer;
2. Unión monogámica, que implica que el concubinato debe estar conformado por un solo hombre y una sola mujer, con obsequio recíproco de fidelidad;
3. El concubinato está conformado por individuos de diferente genero, es decir, entre un hombre y una mujer, no siendo posible reconocer efectos jurídicos a las uniones estables de hecho existentes entre sujetos del mismo sexo;
4. Carácter de permanencia, este carácter, con importancia neurálgica para la determinación de esta institución, está determinado por la intención de los concubinos en formar una unión estable y perseverante, evidenciándose de las manifestaciones externas de los sujetos, el deseo de vivir y compartir junto el uno al otro, por lo que un romance temporal, no podría considerarse elemento suficiente para determinar la permanencia, no obstante la concurrencia de los presupuestos antes mencionados y
5. Ausencia de impedimentos para contraer matrimonio, que se aplican mutatis mutandis al concubinato.
Así, el concubinato implica el desenvolvimiento de una vida intima semejante a la matrimonial, pero sin las formalidades de esta y con sus efectos jurídicos. Es por esta última afirmación, que el operador jurídico debe ser minucioso al momento de analizar una presunta relación concubinaria, y así se debe decidirse.
De igual manera, con vista al resultado obtenido del análisis probatorio efectuado Ut Supra, solo se pudo constatar el fallecimiento del ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA.-
En tal sentido, se hace necesario para quien suscribe la presente sentencia realizar una breve explicación de la fundamentación legal de la Acción Mero Declarativa, en nuestro ordenamiento jurídico el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”.
La norma transcrita precedentemente, se refiere a las llamadas acciones mero declarativas o acciones de mera certeza, las cuales consisten en la activación de la función jurisdiccional del Estado en la búsqueda de un pronunciamiento de Ley que permita despejar la duda o incertidumbre a cerca de si se está en presencia o no, de una relación jurídica determinada o de un derecho. Expresamente, señala la norma citada que dicha acción, no podrá proponerse cuando el interesado pueda conseguir que su interés sea satisfecho íntegramente mediante una vía distinta.
El procesalista patrio Arístides Rengel Romberg, en su tratado Derecho Procesal Civil Venezolano señala:
“…La pretensión de mera declaración o declarativa, o de declaración de simple o mera certeza, como también se le denomina, es aquella en la cual no se pide al juez una resolución de condena a una prestación y mucho menos la nulidad de cualquier acto, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica. Aquí no se trata del incumplimiento de una obligación o trasgresión del derecho sino de la declaración de una relación jurídica que existe con anterioridad a la sentencia, pero que se encuentra en estado de incertidumbre. En general se admite que esta forma de tutela jurídica tiende a conseguir la realización más acabada del orden jurídico objetivo y la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos, sin esperar a que el equilibrio que aquel orden establece y ordena respetar se halle de hecho menoscabado y roto, porque el daño puede originarse tanto de la falta de una prestación como de la incertidumbre del derecho…”.
De manera, que el fin que se pretende obtener con una sentencia de naturaleza mero declarativa, se circunscribe a la obtención del reconocimiento por parte de un Órgano de Administración de Justicia del Estado, de la existencia o inexistencia de un vínculo jurídico o derecho, pero sin que tal fallo sea condenatorio en esencia. Lográndose en consecuencia, la protección a la posible lesión que puede sufrir un derecho o vínculo jurídico en virtud del desconocimiento o duda de su existencia. Esta incertidumbre debe ser también objetiva en el sentido de que no basta que el titular de un derecho esté incierto respecto del propio derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad la Ley en la conciencia del titular de los terceros.
De lo anterior se infiere que uno de los requisitos para interponer la acción mero declarativa, estriba en el hecho de que el proponente sufriría un daño o perjuicio si no se consigue la declaración del ente Administrador de Justicia, pero considerando previamente como elemento de inadmisibilidad, que el actor pueda conseguir la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente. Motivado a lo expuesto y dando cumplimiento al Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y definida como ha sido la naturaleza de la acción que originó este proceso, el Tribunal observa tal como se ha dejado establecido, que el concubinato como relación de hecho debe ser acreditado de manera que aparezca clara y pública la unión estable y permanente de un hombre y una mujer. En este sentido, es necesario destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en la Sentencia indicada Ut Supra, que:
“…la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad…”.
En el caso bajo estudio considera esta Juzgadora, que de las pruebas aportadas al presente juicio, solo quedó demostrado el fallecimiento del ciudadano RAMON GODOFREDO ESCALONA, el cual tuvo lugar en fecha 10 de abril de 2017, según certificado de acta de Defunción que cursa al folio dieciséis (16) del presente expediente.
En el caso de marras la parte actora no aportó medio probatorio alguno a fin de demostrar la permanencia o estabilidad en el tiempo de la unión concubinaria entre los ciudadanos ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA y RAMON GODOFREDO ESCALONA, y tampoco demostró los signos exteriores de la existencia de la unión, es decir, no demostró la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato reconocida por el grupo social donde se desenvolvían como pareja, ni el carácter de permanencia de dicha relación, siendo que este carácter es de suma importancia para la determinación de esta institución, ya que está determinado por la intención de los concubinos en formar una unión estable y perseverante, ya que de él se evidencia las manifestaciones externas de los sujetos, el deseo de vivir y compartir junto el uno al otro, siendo que un romance temporal, no podría considerarse elemento suficiente para determinar la permanencia.
En caso bajo estudio considera esta Juzgadora, que los medios de pruebas aportados por la parte actora en el presente juicio, no llevan al convencimiento respecto al cumplimiento de los presupuestos que deben cumplir los cónyuges a fin de que sea procedente la presente Acción Mero Declarativa de reconocimiento de Unión Concubinaria, por lo que al no haber cumplido la parte actora con su carga de demostrar los elementos constitutivos de su pretensión, lleva a concluir que la presente acción no debe prosperar en derecho, ya que no existe plena prueba (Art. 254 CPC) de los hechos alegatos en el libelo y que fueron base de su acción, siendo así la presente acción no puede prosperar.- Así se decide.-
-IV-
DISPOSITIVA
Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO interpuesta por la abogada GLENDA JOSEFINA PADILLA ÁVILA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 204.474, actuando en representación de la ciudadana ZORAIDA ANTONIA HERNANDEZ DE ESCALONA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-7.223.002, contra los ciudadanos EHINGER RAMON ESCALONA MARIN, EMPERATRIZ ESCALONA HENANDEZ y REBECA ESCALONA HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-12.210.523, V-16.218.917 y V-24.636.369, respectivamente, puesto que a los autos no quedaron demostradas las características necesarias que permitieran despejar la duda o incertidumbre referente a la relación jurídica determinada de hecho.
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civi.-PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
DRA. MARITZA BETANCOURT MORALES
Abg. ISBEL QUINTERO
En esta misma fecha, siendo las 2:59 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en el copiador de sentencia de este Tribunal la copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
Abg. ISBEL QUINTERO
MBM/IQ/iris
Asunto Nº AP11-V-2017-000736
Sentencia Definitiva
